El anuncio del Gobierno venezolano comunicando al Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, la decisión firme e irrevocable de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su retirada definitiva de la Corte Penal Internacional (CPI) marca un hito histórico. La decisión, respaldada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y formalizada al amparo del artículo 127 del tratado fundacional, responde al agotamiento de las vías frente a un organismo que ha terminado por subordinar la administración de justicia a agendas geopolíticas en Occidente.
Esta medida es el resultado de un largo proceso de acumulación de asimetrías, presiones externas y un persistente sesgo político. Repasemos la cronología y los elementos de fondo de este caso que permiten comprender por qué Caracas señala que la CPI es una herramienta de lawfare e instrumentalización en perjuicio del Sur Global.
El detonante actual
El 24 de julio de 2026, el Estado venezolano notificó oficialmente su retiro definitivo de la CPI. La presidenta encargada dijo: "No creemos en ese tipo de instituciones. Creemos en un mundo nuevo de paz verdadera para los pueblos del mundo que hoy son víctimas de guerras y agresiones".
A nivel normativo, según lo dispuesto en el artículo 127 del Estatuto de Roma, el retiro surtirá efecto un año después de la recepción de la notificación formal. Durante este lapso de transición, Venezuela mantendrá su estatus formal, pero cesará su participación en los procedimientos del tribunal.
El anuncio formal del Ejecutivo tuvo su catalizador en el ámbito parlamentario. El 2 de diciembre de 2025, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó en primera discusión el proyecto de ley para derogar la adhesión al Estatuto de Roma.
En ese momento, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, expresó que la CPI "sirve para perseguir a países independientes que no se someten a los designios del hegemón", denunciando la transformación de la corte en un brazo punitivo contra aquellos Estados que no se alinean a las directrices de las potencias atlantistas.
La escalada de tensiones
A finales de 2025 se consumó la ruptura institucional tras dos hechos críticos.
El cierre de la oficina en Caracas. La Cancillería venezolana denunció que la Fiscalía de la CPI en ningún momento designó personal operativo para ocupar su sede en la capital, utilizando la presencia técnica solo como una fachada mediática antes de ordenar su cierre unilateral.
Declaraciones injerencistas en Buenos Aires. Durante una visita a Argentina en noviembre de 2025, las afirmaciones del fiscal adjunto Mame Mandiaye Niang fueron señaladas por el Estado venezolano como una muestra de "colonialismo jurídico", acusando a la Fiscalía de desentenderse de la cooperación genuina para priorizar la persecución política.
El sesgo procesal entre "Venezuela I" y "Venezuela II"
La pérdida de legitimidad de la CPI en el caso venezolano se fundamenta en el tratamiento desproporcionado y asimétrico de dos expedientes clave.
Por un lado, el Caso Venezuela I, impulsado en su momento por el extinto Grupo de Lima y sectores de la oposición extremista tras las guarimbas y eventos de violencia política.
Pese a que el Estado venezolano demostró que más del 50% de las víctimas fatales de 2017 no participaban en las protestas, e incluso fueron agredidas por los propios focos violentos, y solicitó pausar la causa para que actuara la justicia nacional, el fiscal Karim Khan forzó la continuidad de la investigación.
Por otro lado, el Caso Venezuela II (introducido en 2020), presentado por el Estado venezolano para investigar los crímenes de lesa humanidad derivados de las Medidas Coercitivas Unilaterales (sanciones) impuestas por Estados Unidos.
Las pruebas consignadas sobre el impacto devastador en la salud y la economía del pueblo venezolano son contundentes, sin embargo, este expediente transita en una lentitud glacial, detenido en fases preliminares sin avance sustantivo.
El contexto global
La decisión de Caracas se encuadra en una crisis generalizada del multilateralismo, donde la CPI opera con criterios diferenciados según la alineación geopolítica del acusado. A lo largo de su historia, el tribunal ha mantenido parálisis frente a crímenes de guerra cometidos por fuerzas de Estados Unidos y la OTAN en Irak, Afganistán, Libia o Siria.
En 2002, Estados Unidos promulgó la American Service-Members' Protection Act ("Ley de Invasión de La Haya"), que autoriza el uso de la fuerza militar si algún ciudadano estadounidense o aliado es detenido por la CPI. Además, Washington aplicó sanciones directas a exfiscales como Fatou Bensouda cuando intentaron investigar abusos en Afganistán.
La celeridad para procesar a líderes de naciones no alineadas (como la orden de captura contra el presidente ruso Vladimir Putin) contrasta con la "cautela" extrema y la inacción histórica frente a la agresión contra el pueblo palestino y las acciones del régimen israelí. Todos los casos cerrados o en instrucción por la corte se han concentrado exclusivamente en naciones del Sur Global.
El retiro formal de Venezuela de la Corte Penal Internacional representa el desconocimiento soberano de un mecanismo que mutó en un instrumento de lawfare al servicio de la unipolaridad.
Al denunciar el Estatuto de Roma, el Estado venezolano reafirma la primacía de su ordenamiento constitucional, la capacidad de sus órganos jurisdiccionales internos y su negativa a validar instancias internacionales que aplican un filtro colonial a los derechos humanos.
La salida de Caracas confirma que la pretendida "jurisdicción universal" solo ha servido para juzgar a los más débiles, mientras exime a los centros de poder occidental de toda responsabilidad.