Breve resumen

Este martes 17 de mayo, en una publicación de Associated Press (AP), trascendió que la administración de Joe Biden autorizó un alivio parcial de las "sanciones" ilegales que recaen sobre Venezuela y su sector petrolero.

La información de AP fue confirmada posteriormente por Juan González, director sénior del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, y también por la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, quien afirmó en horas de la tarde:

Esta medida anunciada por Estados Unidos se traduce en permitir que la empresa petrolera Chevron negocie directamente con Caracas el reinicio de las operaciones de explotación petrolera en Venezuela, a través de una licencia destinada para tal fin, a cambio de que se reanude el proceso de negociación en México, paralizado tras el secuestro del diplomático venezolano Alex Saab, integrante de la mesa de diálogo, a mediados de octubre de 2021.

El cabildeo de Chevron

Son varios los movimientos que han forzado a Washington a dar este paso, que implica la reconsideración de su política de agresiones contra Venezuela y el reconocimiento de una situación de desventaja marcada por el alza global de los precios del petróleo a causa de la escalada de coerción económica contra Rusia.

Primero, los intereses de la propia Chevron. La empresa petrolera, aprovechando el espacio de negociación abierto por el viaje de una delegación estadounidense a Caracas el pasado mes de marzo, elevó su apuesta de presión a lo interno de la Casa Blanca para un levantamiento parcial de las medidas punitivas contra PDVSA que le permita operar en el país.

The Wall Street Journal confirmó en su momento estas presiones. La empresa ofreció duplicar la producción petrolera venezolana en poco tiempo, lo que le permitiría a Estados Unidos sustituir, al menos, 700 mil barriles diarios de crudo de origen ruso que ya no entran al torrente energético norteamericano después de una prohibición impuesta por la Casa Blanca.

La presión de Chevron parece estar teniendo resultado; sin embargo, un levantamiento de las medidas coercitivas de forma unilateral que le permita reiniciar sus operaciones en Venezuela traería consigo costos políticos insoportables para Biden, sobre todo en año electoral con las midterm en noviembre próximo.

Para evitarlos, Washington ha encubierto su maniobra como un "acto de buena fe", cuyo objetivo aparente es reanudar el diálogo en México, una coartada con la cual busca, mediante una narrativa de apoyo a las negociaciones, diluir su imperiosa necesidad de acceder al petróleo venezolano. Lo que confirma este cálculo interesado es que el primer paso dado en marzo con el viaje a Caracas ocurrió en paralelo a la prohibición de importar crudo y gas ruso.

De esta manera, presionado por las circunstancias, Washington utiliza la mesa de diálogo en México como un mecanismo de ahorro de costos políticos que le permita tramitar un levantamiento parcial de las "sanciones" con el telón de fondo de las negociaciones con la Plataforma Unitaria.

El movimiento de Washington también describe la posición de ventaja táctica que tiene el Gobierno Bolivariano en medio del trastorno actual de la economía mundial, donde el petróleo venezolano, desconectado del circuito de las refinerías estadounidenses desde 2017 en adelante, ahora es demandado por la administración Biden en un intento de reequilibrar el mapa energético del imperio.

Rebelión en la granja: convergencia anti-sanciones

A principios de abril pasado, el denominado Foro Cívico, una plataforma que vincula a ONG, activistas y personas del mundo empresarial, se reunieron con el presidente Maduro en el Palacio de Miraflores. El encuentro fue interpretado como un desafío al protagonismo de la remasterizada Plataforma Unitaria que representa a las oposiciones en México.

El enfurecimiento del G4 se agravó días después con el envío de una carta pública dirigida al presidente Biden, en la cual 25 opositores ligados a los medios y a la empresa privada exigieron el levantamiento de las "sanciones" debido a su impacto negativo en el bienestar de la población.

Ambos hechos resonaron en la política nacional y descuadraron a la Plataforma Unitaria, que se vio sin iniciativa y con el monopolio de la agenda antichavista arrebatado por varios días. El motín, sin embargo, tuvo un impacto superior: se evidenció que la política de Estados Unidos ha perdido respaldo en el ecosistema de las oposiciones, lo que hace de su continuidad un hecho insostenible en el mediano plazo.

Hay una convergencia política y social contra las medidas de coerción de Washington que obliga a Biden a una revisión inmediata mientras la insatisfacción y las distancias crecen. Muestra de esto es que la Plataforma Unitaria negó que pidió el “alivio” a las sanciones petroleras, como indicó AP.

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Tumulto en el partido

Hace pocos días, 18 congresistas del Partido Demócrata, ubicados en el ala más a la izquierda de la organización, enviaron una carta al presidente estadounidense en la que exigieron un levantamiento, sin condiciones, de las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela y continuar el diálogo con Caracas.

La secuencia de eventos y posicionamientos contra las "sanciones" en cuestión de pocas semanas han supuesto un quebradero de cabeza para la Casa Blanca, ya que la rebelión en la granja del Foro Cívico y la "carta de los 25", ahora se suma el choque dentro del propio partido gobernante en Estados Unidos.

El pantano actual en el que se encuentra Washington hace inviable que Estados Unidos pueda incrementar la presión sancionatoria, y ello implica el fracaso global de la estrategia de cambio de régimen mediante guerra económica, financiera y comercial.

Contexto: Cumbre de las Américas y el factor China

El reclamo generalizado en la región latinocaribeña y la apuesta de varios mandatarios de no asistir a la IX Cumbre de las Américas debido a la exclusión de Venezuela, Cuba y Nicaragua, también supone un desafío a la autoridad de la administración Biden, que se expone a una cumbre intrascendente si mantiene dicha postura, como ya se analizó en esta tribuna.

El paso dado respecto a Venezuela coincide con una relajación de las restricciones a las remesas, turismo y visados impuestas por Trump contra Cuba, que fue aprobada recientemente.

Estados Unidos busca zafarse de este escenario de vacío de hegemonía y autoridad recalibrando su política exterior en el continente, pivotando sobre el triángulo central de poder del ALBA, bajo el juego ya conocido del soft power, donde la narrativa pro-derechos humanos, la infiltración mediante ONG y las maniobras encubiertas de desestabilización amparadas en figuras "ciudadanas" y "civiles" sustituyen el ataque directo.

La administración Biden entiende que la influencia estadounidense en la economía, el comercio y la inversión en la región latinoamericana está siendo minada por China, que gana terreno con asociaciones estratégicas asertivas y una modalidad de pactos bilaterales que no condiciona los beneficios de la integración económica a una relación de vasallaje y subordinación geopolítica al estilo estadounidense.

Por ende, la apuesta ahora sigue estando en el atractivo de los valores estadounidenses de corte liberal, canibalizados en la actualidad por la deriva identitaria encabezada por el Partido Demócrata para contrarrestar a China, dividir a la región y realinear países en lo geopolítico, mediante métodos posmodernos de captación cultural que incluso puedan estar situados en el bloque progresista.

El paso dado por Washington respecto a Venezuela, en sincronía con el movimiento hacia Cuba, debe evaluarse dentro esa idea de reacomodo de perfil continental, donde el eje de gravedad pasa por la asimilación blanda en consonancia con la agenda de disolución antropológica del Foro de Davos.

La clave iraní: conclusiones provisionales

También, recientemente la empresa estatal iraní National Iran Oil Engineering and Construction Company suscribió un contrato de 110 millones de euros con PDVSA para repotenciar la refinería El Palito, en el estado Carabobo, en una señal de profundización de la alianza estratégica entre ambos países que tienen sus respectivos sectores petroleros atacados por Estados Unidos.

El acuerdo es clave a la luz de la trama diplomática para reactivar el acuerdo nuclear en Viena, cuyo desarrollo se ha estancado por parte de Estados Unidos. Esto mantiene en vigencia las restricciones ilegales que impiden a Irán comercializar internacionalmente su petróleo con normalidad; sin embargo, a principios de abril reciente la República Islámica aseveró que su capacidad productiva volvió a los estándares previos a la estrategia de "máxima presión" del expresidente Trump en 2018: más de 3 millones de barriles diarios.

Lo importante de esto es que la alianza entre ambos países le permite a Venezuela acceder a suministros, equipamientos tecnológicos y esquemas de triangulación para la comercialización de su petróleo evadiendo las acciones de guerra económica, financiera y comercial estadounidenses.

La normalización de estos mecanismos en el tiempo ha socavado el impacto del bloqueo, y ahora adquieren un mayor vigor en un contexto de altos precios del petróleo que contribuye a que Venezuela siga consolidando su recuperación económica interna. Ambos países trabajan en una alianza de cooperación y resistencia prolongada adaptada a una extensión temporal del bloqueo y embargo imperial.

Esto es de vital importancia, ya que la oferta hecha por Washington, el "gesto de buena fe" para algunos incautos, posiblemente pierda atractivo para extraer concesiones de importancia del Gobierno Bolivariano. Es ahí donde el acuerdo con Irán tiene una relevancia fundamental en los movimientos reportados este 17 de mayo.

El Gobierno Bolivariano tácticamente está en una posición de ventaja en la negociación, y puede aprovecharla para ampliar sus exigencias llevando a Washington hacia su terreno. Con la máquina sancionatoria en proceso de desgaste y recalentamiento, la administración Biden tiene mucho que ceder en términos de poder real y solo aspectos simbólicos que ganar.