El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), el británico Karim Khan, inició este domingo una visita de tres días a Venezuela, acto que realiza mediante una invitación que le hiciera el Gobierno Bolivariano.

Antes de su arribo al país, Khan tuvo previa visita a Colombia, donde manifestó en una entrevista: "Voy a escuchar y a entablar relaciones. Creo que es maravilloso. Venezuela debería estar orgullosa de haber invitado al fiscal de la CPI. No asisto sin invitación. No los visitaré como un agente clandestino. Fui invitado a Colombia por su presidente y fui invitado a Venezuela por su presidente y como Estado Parte que se ha comprometido a mantener los valores del Estatuto de Roma, creo que es un paso muy positivo".

Contexto: La visita del funcionario se da en el contexto de una agenda de colaboración institucional que el Estado venezolano ha entablado con la CPI para seguir las acciones en el terreno. Estas incluyen reforma institucional con énfasis en los cuerpos de seguridad y en el seguimiento de casos denunciados ante el organismo por presuntas prácticas abusivas.

Las denuncias contra Venezuela ante esta Corte corresponden al año 2018, y son posteriores al ciclo de violencia política detonado por la oposición venezolana en 2017.

Aunque la investigación todavía está en etapa preliminar y aunque en la escena política y comunicacional predominan los relatos apuntando a Venezuela como un "Estado fallido", esta colaboración parte de principios claros previamente refrendados por la República.

Según la analista y abogada Ana Cristina Bracho, "las normas del funcionamiento de la CPI están escritas en el mismo documento por el cual se ordenó su creación, conocido como el Estatuto de Roma, que se firmó el 17 de julio de 1998. Las formalidades de su incorporación al derecho nacional se hicieron en los meses siguientes, siendo suscrito por Venezuela y ratificado el 7 de junio del año 2000". Por tanto esto implica la colaboración entre las partes en caso de ser necesario, tal como lo demanda la investigación preliminar.

Colaboración: Al arribar a Venezuela, el fiscal se reunió con el presidente Nicolás Maduro, quien agradeció "su voluntad de reunirse" con las autoridades del país, en un encuentro en el Palacio de Miraflores.

Durante la reunión, el mandatario también le agradeció a Khan "haberse abocado a conocer en profundidad el caso Venezuela" y que tenga dichos encuentros "en el espíritu de cooperación con la CPI", según detalla un comunicado de la Presidencia.

Khan deberá decidir si pide a los jueces de la Corte abrir una investigación completa al respecto, lo que podría abrir la posibilidad de cargos criminales contra individuos vinculados a eventos irregulares en el año 2017.

Aunque un hipotético juicio podría tardar años en llegar y en Venezuela, la mayoría de los casos esclarecidos de abusos policiales de 2017 ya han sido procesados y sus responsables juzgados, la proporcionalidad del caso de Venezuela ante la CPI guarda enorme disparidades, entre los hechos en el terreno de lo real y la proyección política y comunicacional de estos, atizando un juicio contra el mismo presidente Maduro.

Por qué es importante: El desarrollo de las hojas de ruta violentas de los años 2014 y 2017, que fueron orquestadas por la derecha venezolana, no lograron sus objetivos de derrocamiento, pero sí tuvieron el "logro" de sustentar un falso expediente contra el país, criminalizando sus instituciones y sirviendo de pretexto para la ejecución de Medidas Coercitivas Unilaterales que han tenido un impacto brutal en la población venezolana.

Pero lo cierto es que no existen elementos objetivos de hecho en el ámbito judicial que señalen a Venezuela de prácticas lesivas a los Derechos Humanos.

La invitación de Venezuela, que también tiene como antecedente la colaboración con la exfiscal Fatou Bensouda, refiere una vez más que el país no tiene nada que esconder.

Reporte del Instituto Samuel Robinson del 2/11/2021.