En el contexto global, determinado por las corporaciones y sus tentáculos políticos, las vacunas no con cualquier cosa, además de las carreras que preceden a su fabricación y distribución, están los eventos inesperados como pandemias, estados de emergencia y excepción que forman parte de la llamada “doctrina del shock” con la que los poderes fácticos determinan movidas políticas y financieras que expanden su control mundial.

A continuación el caso de Biosoluciones Emergentes (antes Bioport), el ántrax y sus vacunas, investigado por la periodista estadounidense Whitney Webb:

Fort Detrick, la centrífuga del desastre

De la principal instalación de investigación sobre guerra biológica de los Estados Unidos, el Instituto de Investigación Médica de Enfermedades Infecciosas del Ejército de los Estados Unidos (USAMRIID, por sus siglas en inglés) en Fort Detrick, Maryland, desaparecieron varias muestras de ántrax, ébola, hantavirus y una variante del SIDA. Además, dos muestras desaparecidas etiquetadas como "desconocidas".

Iniciaban los 90 y también el gobierno de George Bush padre. En 1992, aunque la mayoría de las muestras nunca fue encontrada, una investigación interna del Ejército reveló que el teniente coronel Philip Zack había sido captado por una cámara entrando secretamente al laboratorio para realizar “investigaciones no autorizadas, aparentemente relacionadas con el ántrax”.

Ese mismo laboratorio de Fort Detrick fue identificado diez años después como la fuente de las esporas responsables de los ataques con ántrax de 2001, de los que altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos y medios de comunicación principales culparon inicialmente a Saddam Hussein y a Irak. Esos ataques mataron a 5 estadounidenses y enfermaron a 17.

Aquellos mismos medios luego acusaron al FBI de sabotear la investigación para proteger al atacante, que luego identificaron como un investigador "trastornado" y que la CIA y la inteligencia militar de los Estados Unidos se habían negado a cooperar para aclarar el "Amerithrax" hasta 2010 y algunos aspectos de esa investigación siguen siendo secretos.

Ese mismo laboratorio fue cerrado en julio de 2019 por el Centro de Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) por numerosas infracciones de los protocolos de seguridad biológica y, por presión del Pentágono, fue reabierto parcialmente en noviembre pasado antes de que se resolvieran todas las cuestiones de seguridad biológica identificadas, ese mismo día sufrió "dos infracciones de contención".

Fort Detrick ha colaborado estrechamente con virólogos y laboratorios de Wuhan (China), donde surgió el primer epicentro de los actuales casos del Covid-19. Desde entonces, un diplomático del gobierno chino alegó de manera no oficial que el virus había sido llevado a China por miembros del ejército estadounidense, cuyos miembros asistieron a los Juegos Militares Mundiales en el país el pasado mes de octubre.

"Invierno Oscuro" y los juegos que no son juegos

Puede que sea casual que unos juegos o ejercicios de guerra predigan un escenario trágico en el que gire violentamente el curso de los hechos respecto al mercado farmacéutico. El de junio de 2001, conocido como "Invierno oscuro", predijo aspectos de la respuesta del gobierno a la pandemia que reaparecieron en el simulacro "Evento 201" del pasado mes de octubre de 2019, basado en una supuesta pandemia mundial causada por un novedoso virus, justo meses antes del brote de Covid-19.

La amenaza de un ataque con ántrax en 2001 fue incubada por voceros del gobierno de Bush Jr. en los días posteriores al 11 de septiembre de ese año, uno de ellos fue Jerome Hauer, quien afirmó que el gobierno tenía un "nuevo sentido de urgencia" en relación con las amenazas bioterroristas y afirmó que "Osama Bin Laden quiere adquirir estos agentes [biológicos] y sabemos que tiene vínculos con Saddam y que Saddam Hussein los tiene".

El supuesto de que Hussein poseía armas biológicas era falso, pertenecía a un escenario inventado durante el ejercicio ficticio de “Invierno Oscuro” en el que Hauer había participado activamente.

El 4 de octubre de 2001, el diagnóstico de intoxicación por ántrax del fotoperiodista Bob Stevens, primer infectado por ántrax, se dio a conocer al FBI, a los CDC y al público mediante una conferencia de prensa. El segundo caso de ántrax se declaró poco después y fue un compañero de trabajo de Stevens, que había trabajado para The Sun, periódico de Florida. Dos días antes, cuando Stevens solo presentaba síntomas, sucedieron dos hechos curiosos:

• Se publicó un nuevo libro co-escrito por la periodista Judith Miller del New York Times, titulado “Gérmenes: armas biológicas y la guerra secreta de Estados Unidos” que afirmaba que dicho país se enfrentaba a una amenaza bioterrorista sin precedentes por parte de grupos terroristas como Al Qaeda asociado con Irak y Rusia, entre otros.
• El Dr. Ayaad Assaad, odiado desde los 90 por sus excompañeros del laboratorio de Fort Detrick, recibió una llamada del FBI luego de que “alguien” lo acusara anónimamente de ser un "terrorista biológico potencial". El FBI nunca investigó quién la remitió, el Teniente Coronel Philip Zack, ya ex científico del mismo laboratorio, acosaba a Assaad.

En el momento en que el FBI recibió la carta, ni ellos ni el público conocían algún caso de ántrax pero Zack trabajaba para la big pharma Gilead Sciences reclutado por Donald Rumsfeld, quien presidió la empresa desde 1997 hasta que se convirtió en el Secretario de Defensa de George W. Bush a principios de 2001. Esos no son juegos.

Amerithrax: La espiral de miedo y culpa

Senadores y periodistas en Estados Unidos recibían cartas con ántrax falso o verdadero durante las semanas posteriores, también en Japón, Kenya, Israel, China y Australia. Entre el 12 de septiembre de 2001 y el día antes de que Stevens fuera diagnosticado con envenenamiento por ántrax, Miller y otros periodistas del New York Times escribieron hasta 27 artículos sobre el ántrax y su posible uso como arma biológica.

Expertos, "investigadores estadounidenses" y funcionarios de defensa sin nombre fueron la base de la narrativa que forjó el vínculo entre los ataques con ántrax e Irak, entre ellos el ex oficial de inteligencia militar israelí Dany Shoham, quien resurgió recientemente en enero pasado para afirmar que el Covid-19 fue desarrollado por el gobierno chino como un arma biológica.

El abordaje por parte del gobierno presentó contradicciones como las que se evidencian en el manejo del Covid-19 por parte de Trump y su equipo. Mientras miembros de la administración Bush habían estado tomando Cipro semanas antes de conocerse los ataques con ántrax (por recomendación de Hauer) nunca se hizo tal recomendación a los trabajadores postales, además esperaron un tiempo extremadamente largo para cerrar las oficinas postales para las pruebas de ántrax, lo que ocasionó muertes innecesarias.

Respecto a la investigación, el FBI instó a la Universidad de Iowa a destruir la base de datos sobre la cepa de ántrax de Ames, que luego resultó ser la utilizada en los atentados, para “impedir su posible utilización por terroristas en el futuro”, obstaculizando así casi toda la capacidad de investigación para determinar sus orígenes hasta que, por presiones políticas y mediáticas para que al menos nombraran a un sospechoso, el FBI comenzó a centrarse en personal de la USAMRIID, Stephen Hatfill primero y luego en Bruce E. Ivins, quien terminó suicidándose.

BioThrax: La permanente solución fallida

La vacuna contra el ántrax del Instituto de Productos Biológicos de Michigan (MBPI), fundado en 1926, se conocía como Vacuna contra el Ántrax Adsorbida (AVA) o BioThrax, esta bacteria, Bacillus anthracis, se convirtió en una amenaza debido a una narrativa fabricada, en gran parte, por las historias de los desertores soviéticos.

En los 80 el MBPI se mantuvo como el único fabricante de esta vacuna con licencia de la nación en los Estados Unidos luego de quiebras seriadas de fabricantes privados por reglamentaciones en los 70. Fue vendido por el gobernador de Michigan, John Engler, debido a pérdidas financieras endémicas instado por los hermanos Koch.

Bioport fue una compañía formada con el único propósito de adquirir el MBPI y buscó expandir rápidamente el tamaño y el alcance de sus contratos con el ejército de Estados Unidos gracias al ex jefe del Estado Mayor Conjunto, y entonces embajador en el Reino Unido, el Almirante William Crowe. Adquirió dichas instalaciones mediante un paquete de préstamos de 25 millones de dólares, dinero en efectivo y promesas de pagar más al estado de Michigan por la empresa en el futuro, promesas que más tarde se incumplieron.

La nueva administración no gastó el dinero en renovar la planta y sus asuntos sanitarios, probablemente debido al hecho de que el trato requería que el Pentágono comprara las vacunas de ántrax de BioPort, incluso si la planta y las vacunas que había producido carecían de licencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).

Poco después de conseguir estos contratos multimillonarios y asegurar el monopolio de las vacunas contra el ántrax, BioPort afirmó que estaban flaqueando financieramente y que posteriormente serían rescatados por valor de 24 millones de dólares a petición del Pentágono, que citó como justificación las "preocupaciones de seguridad nacional".

En 1997, el entonces Secretario de Defensa de Estados Unidos, William S. Cohen, anunció un plan para vacunar a 2,4 millones de soldados contra el ántrax, lo que ocurrió en 2003, tiempo después muchos de esos soldados afirmaban que la vacuna producida en las problemáticas instalaciones les había dado dolores de cabeza permanentes, dolor en las articulaciones, pérdida de memoria y otros síntomas más severos. Algunos incluso quedaron discapacitados de por vida. las principales fuentes comenzaron a informar sobre afirmaciones que relacionaban al BioThrax con más de 20 muertes y más de 4 mil enfermedades, 347 de las cuales se consideraron "graves".

En el 2000 el Pentágono había ordenado cesar la fabricación del BioThrax, aun cuando BioPort siguió recibiendo dinero del gobierno para mantenerse a flote. Para agosto de 2001 seguía exigiendo dinero del gobierno para evitar irse a pique mientras Congreso y Gobierno comenzaron a discutir públicamente su abandono, pero los eventos del 11S y la espiral de miedo y culpa lo impidió.

En marzo de 2003, seis miembros del servicio militar y contratistas civiles del Departamento de Defensa demandaron al Pentágono, al HHS y a la FDA por la política de vacunación obligatoria contra el BioThrax, alegando que la forma en que se había administrado la vacuna en el decenio de 1990 y a principios del decenio de 2000 era experimental.

Esta demanda se basaba en el hecho de que la FDA no había aprobado el uso de BioThrax contra la exposición al ántrax por inhalación pero el Pentágono la estaba usando para ello, que es su forma convencional.

Biosoluciones Emergentes: ¿Arma o escudo?

En 2004 un juez federal dictaminó que el programa obligatorio de vacunación era ilegal, lo que golpeó a BioPort, que había cambiado su nombre a Biosoluciones Emergentes (EB). Sin embargo, en 2006 el Pentágono decidió reanudar las inmunizaciones obligatorias contra el ántrax entre los militares estadounidenses, poco después de que la FDA aprobara el BioThrax como tratamiento para la inhalación de ántrax.

Ese mismo año el Congreso aprobó la Ley del Proyecto BioEscudo (BioShield) escrita en gran parte por los grupos de presión de EB e influenciada por Robert Kadlec, entonces Director de Biodefensa del Consejo de Seguridad Nacional (hoy jefe del Departamento de Salud y Servicios Sociales, HHS) para asignar 5 mil millones de dólares a la compra de vacunas, incluyendo millones de dosis de vacuna contra el ántrax (de 3 a 4 años de duración), y almacenarlos en caso de un futuro ataque bioterrorista.

Luego EB cofundó un grupo de presión llamado Alianza para la Bioseguridad unido al Centro para la Bioseguridad de la Universidad de Pittsburgh dirigido por Tara O'Toole. A pesar de sus contactos con organizaciones y personas clave del complejo industrial de biodefensa, la administración Bush y el ejército, EB vio cómo el HHS decidió invertir en una nueva vacuna contra el ántrax que implicaba menos dosis y menos efectos secundarios adversos, y por lo tanto menos controversia.

En noviembre de 2004, el HHS, a través de BioShield, otorgó a VaxGen Inc. un contrato de 877,5 millones de dólares para producir una vacuna de ántrax recombinante y fue el primer contrato realizado a través de BioShield. En gran contraste con los contratos anteriores de EB con el gobierno, el contrato de VaxGen no proporcionó a la compañía dinero del gobierno hasta que la vacuna fue aprobada y posteriormente entregada.

La compañía invirtió mucho en lobby y gastó 5,29 millones de dólares en cabilderos entre 2004 y 2007 mientras VaxGen gastó 720 mil dólares en el mismo período. También empleó tácticas mafiosas, diciendo a los legisladores y funcionarios del gobierno que los civiles estadounidenses "corrían el riesgo de morir sin una reserva inmediatamente ampliada de la vacuna contra el ántrax [BioThrax]" y amenazando con "dejar de fabricar la vacuna si el gobierno decidía no comprar su producto para la reserva".

Jerome Hauer, el lobbista de vacunas cuya carrera ha ido desde “prevenir” desastres en la Oficina de Gestión de Emergencias de Nueva York (destruida el 11S) hasta presionar al Pentágono para que vacunara a las tropas con con la cuestionada BioThrax. (tapnewswire.com)

En 2006, el HHS rescindió el contrato de VaxGen debido a un problema de desarrollo con su vacuna, no le ofreció el mismo salvavidas que a BioPort, ahora EB. Cuando PharmAthene, otra compañía de biotecnología que había co-formado el grupo de presión de la Alianza para la Bioseguridad, anunció que desarrollaría