Mar. 01 Diciembre 2020 Actualizado ayer a las 4:57 pm

La semilla conuquera venezolana significa lucha por la identidad y la resistencia

El conuco como sistema y concepto trae consigo el cuidado y multiplicación de semillas de rubros tradicionales y nuevos. La vida, la cultura, los saberes, la salud, los sistemas tradicionales de agricultura y hasta las preguntas de los pueblos y comunidades se fundamentan en las semillas nativas y criollas, son sus bienes comunes.

Su circulación libre es ancestral, no ha habido mayor restricción ni control externo para su producción, uso y difusión desde hace diez mil años, cuando nuestra especie descubrió la agricultura e inició una nueva relación con el resto de la naturaleza.

Cada pueblo ha mejorado y cultivado sus semillas en cada región, observando, seleccionando, haciendo cruces y pruebas en terreno, conversando, conservando, proponiendo diversas estrategias de cuidado del territorio, sistemas productivos comunitarios y familiares que permitieron conexiones estructurales satisfactorias e historias compartidas entre cada cultura y su entorno.

Clave germinal de nuestra evolución con la naturaleza

En el libro Ecología política de la agricultura. Agroecología y posdesarrolloOmar Felipe Giraldo va más allá de la visión darwiniana que mira a la evolución como la adaptación óptima de la especie humana a un mundo preexistente, plantea más bien "un proceso satisfactorio de codeterminación más o menos satisfactoria en la que coevolucionaron las culturas, los animales y los cultivos domésticos".

Afirma, basándose en planteamientos de Maturana y Varela, que la coevolución entre sociedades y naturaleza existe debido a una historia común en la que una "conexión estructural" entre ambas ha aportado estabilidad a la relación.

La naturaleza humana depende de la cultura y esta a su vez se ha formado, creado y recreado en un acoplamiento permanente con la naturaleza, con éxitos y fracasos. De allí que nuestra especie domesticara algunas semillas y animales y que la agricultura sea un proceso coevolutivo y ecocultural dependiente de la memoria popular, un acoplamiento estructural.

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La milpa en México y Centroamérica, sistema ancestral de cultivo como el conuco también es una estrategia de resistencia que defiende la diversidad de lo que se siembra (Foto: Archivo)

Mientras habitaban una naturaleza transformada por la agricultura, las poblaciones nativas desarrollaron una comprensión profunda de los ecosistemas y un conocimiento que les permitió contribuir a la biodiversidad del planeta domesticando 5 mil cultivos, 1,9 millones de variedades de hortalizas y 40 especies de ganado sin que ningún dueño concentrara o controlara los patrones o procesos involucrados.

La agricultura dinamizó ese proceso de co-creación: los entornos han sido modificados por culturas y las culturas modificadas por entornos. La técnica utilizada para transformar los ecosistemas facilita la continuidad e integridad del agroecosistema; en el caso del conuco se acopla la intervención agrícola y los ciclos ecológicos con un éxito que es demostrado por la resistencia de nuestros pueblos a una historia de más de 500 años de asedio, persecución y desposesión histórica.

La globalización del capitalismo y su tecnología enfocada en el saqueo absoluto interrumpe el acoplamiento estructural, por lo que se pierde la continuidad sistémica.

¿Cómo se privatiza la vida y la memoria biocultural?

Las "reformas estructurales" impuestas por Estados Unidos a través del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) a finales de los 80 exigían que los países estandarizaran sus diversos modos de proceder ante diversos temas y abandonaran muchas de sus regulaciones para adoptar otras, supuestamente equivalentes para todos.

Ese proceso de "globalización", que fue llamado Consenso de Washington y tuvo como eslogan "No hay alternativa", buscaba "facilitar el intercambio comercial" desdibujando las fronteras solo para estandarizar el comercio en función de los países "desarrollados" y de las corporaciones allí establecidas.

En lo que pudieron comenzaron a controlar la producción, la alimentación, la salud, al desarrollo de la ciencia, al cuidado de los bienes comunes, al trabajo, a las capacidades individuales y colectivas mediante tratados de libre comercio (TLC): Acuerdos de "comercio", "inversión" y "asistencia técnica", que comprometen a los países firmantes (siempre periféricos) a cumplir con lo exigido por los países que fijan las reglas de tales acuerdos junto con los organismos internacionales.

Muchos de sus artículos imponen a todos los países los derechos de propiedad intelectual (DPI), medios "legales" que obligan a los pueblos, comunidades y personas en general a ceder el control del acceso y explotación de su riqueza biológica domesticada (como las semillas conuqueras), silvestre (como los productos no cultivados de bosques, lagos y mares), saberes y conocimientos asociados, además de las tradiciones culturales emparejadas en el concepto "folklore".

Los mencionados pactos, convenios, regulaciones y políticas derivadas de los TLC se intentaron imponer en las leyes nacionales de semillas para "registrarlas" y "certificarlas" violentando el derecho, adquirido y tradicional, a la libre circulación de semillas en manos de los pueblos indígenas y campesinos que las han producido, vendido o intercambiado por siglos.

Las semillas han evidenciado una disputa entre derechos que son asumidos como consuetudinarios, colectivos, inalienables, inembargables, imprescriptibles e incluso transfronterizos y los de Propiedad Intelectual que son individuales, territoriales y temporales, es decir, que se terminan en unos años.

El registro, catalogación o certificación, privatización y patentamiento de semillas y cultivares rompe con siglos de co-creación entre culturas y cultivos dada por técnicas siempre cambiantes de custodia, selección, cruzamiento, intercambio y siembra.

La oleada de la Revolución Verde impuesta a la agricultura a mediados del siglo XX por parte de gobiernos, empresas y organismos internacionales privilegió el monocultivo tecnificado enfocándose en la producción masiva de pocas especies alimenticias y materias primas.

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En distintos países de América Latina, Asia y África se han impuesto leyes que permiten que las empresas cobren regalías cada vez que un productor vuelva a utilizar las semillas sujetas a derechos de obtentor que ellos mismos hayan cosechado (Foto: Archivo)

Ello profundizó la pérdida de la agrobiodiversidad en el mundo y el despojó a comunidades indígenas y campesinas, sobre todo de regiones tropicales y subtropicales de América Latina, África y Asia, de las formas tradicionales de sustento para hacerlas dependientes de técnicas y tecnologías centralizadas, cartelizadas y controladas.

Una minoría asociada a la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV ) y apoyada por la Organización Mundial de Comercio (OMC) dio pie para el despliegue de leyes, decretos y regulaciones que incluyen patentes sobre eventos biotecnológicos, normas sanitarias, normas de comercialización, leyes de certificación, registros varios, reglas tributarias, mal llamadas "buenas prácticas agrícolas", programas de investigación, políticas de establecimiento de mercados de semillas y otros artificios legales que apuntalaron el reconocimiento e imposición de propiedad intelectual sobre las semillas.

Además, otras leyes, de registro y certificación, que promueven el control de la producción y el comercio de semillas “uniformes” mientras marginan y penalizan las semillas campesinas buscando restringir el uso ancestral, libre y responsable de las semillas para consolidar la agricultura industrial y sus modos de producción y expansión mediante semillas híbridas, de la Revolución Verde y, en los últimos veinte años, con los organismos genéticamente modificados (o transgénicos) de la Revolución Biotecnológica.

Las leyes impuestas a varios países permiten la privatización de variedades "descubiertas" por empresas o centros de investigación, quienes en realidad se han apropiado de las semillas campesinas que circulan por circuitos locales campesinos definiéndolas como "nuevas".

Esas mismas leyes expanden la propiedad otorgando a toda variedad "similar", sin importar cuánto tiempo ella haya existido y establecen sanciones contra quienes no obedezcan el marco legal. Esto ha derivado en la confiscación no solo de las semillas que se consideraran "ilegales", sino también de los cultivos, plantaciones, cosechas y productos elaborados que provinieran de tales semillas con procedimientos judiciales sumarios.

Todas estas arbitrariedades han desatado conflictos socioambientales con protestas y movilizaciones populares en las que las comunidades y movimientos han alcanzado relativo éxito.

Más que monopolios, control político y hegemonía cultural

Si la naturaleza determina la cultura y es determinada por ella, al controlar la naturaleza las élites determinan el curso de decisiones humanas, por lo que detrás del control de las semillas se aloja un plan político. Las corporaciones han avanzado en su proceso de acumulación no solo controlando los mercados de las semillas a nivel global, sino uniformando la diversidad biocultural.

El control monopólico, basado en derechos de propiedad, fue reemplazando al intercambio y se asumió como nuevo sistema de distribución de semillas, convirtiéndolas en una materia prima global al servicio de la agricultura industrial y las grandes corporaciones. Su hegemonía estandarizadora obvia la adaptación local a los distintos métodos, ecosistemas y necesidades específicas de los predios familiares, mucho más cualquier forma de acoplamiento estructural.

En los últimos 40 años, las empresas agroquímicas más grandes del mundo han utilizado leyes de patentes, fusiones y adquisiciones (F&A) y nuevas tecnologías para tomar el control del sector comercial de semillas.

Los diferentes sectores del sistema alimentario mundial acumulan hoy más de 8 billones de dólares, según analistas del Banco Mundial. El grupo ETC reporta, con datos de la consultora de agronegocios Phillips McDougall, que el valor del mercado mundial de semillas de cultivos comercializados aumentó un 1.3% en 2018 hasta alcanzar los 41 mil 670 millones de dólares.

En 2018:

  • Las 3 empresas más grandes representaron el 49% del mercado mundial de semillas comerciales.
  • Las 4 empresas más grandes representaron el 53%.
  • Las 6 empresas más grandes representaron el 58%.

En 2017:

  • Las 4 empresas de semillas más grandes del mundo controlaban dos tercios.
  • Las 6 empresas más grandes controlaban el 72% del mercado mundial de semillas

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La concentración del mercado de semillas lleva consigo un plan de dominación política global que intervenga las decisiones de cada persona o país (Foto: Archivo)

Con toda la exclusión de las semillas conservadas por los agricultores y las suministradas por los gobiernos/instituciones, la mayoría de los agricultores del mundo se autoabastecen y las redes de semillas controladas por los agricultores siguen representando entre el 80% y el 90% de las semillas y el material de siembra a nivel mundial.

Decir "cadena alimentaria" es cada vez menos real, nunca lo ha sido en la naturaleza donde lo que existen son redes tróficas. Dice el reporte de ETC que en el mercado alimentario funcionan estrategias intersectoriales que aprovechan las tecnologías genómicas y de datos masivos (Big Data) y difuminan las fronteras de los sectores porque los intereses de las empresas coinciden.

Los dueños de los fertilizantes invierten en semillas y agroquímicos; las compañías de maquinaria agrícola están aliados con grandes carteles de semillas-pesticidas-fertilizantes y a su vez todas buscan dominar las plataformas Big Data de agricultura digital.

En 2016, las cinco mayores firmas de gestión de activos del mundo poseían colectivamente entre el 12.4% y el 32.7% de las acciones de las principales compañías de semillas/agroquímicos (Bayer, Monsanto, DuPont, Syngenta y Dow, antes de las recientes fusiones).

Las firmas de gestión de activos no solo invierten en empresas individuales, sino que adquieren participación de capital en todas las empresas más grandes de un sector del mercado, una práctica conocida como "participación accionaria horizontal (o común)", lo que hace que las empresas competidoras estén en manos de los mismos accionistas institucionales con pocas ganas de competir entre sí.

En promedio, el 14.6% de los precios de las semillas de soya, maíz y algodón en ese período de 20 años puede atribuirse a la participación accionaria horizontal de cinco firmas de gestión de activos de las que la mayoría de nosotros nunca ha oído hablar como BlackRock, Vanguard Group, State Street Corporation, Fidelity y Capital Group, casi todas de Estados Unidos.

La ruta venezolana hacia la semilla libre

Las semillas híbridas o transgénicas funcionan en monocultivos industriales y dependen de insumos externos (pesticidas y fertilizantes) que provocan impactos ambientales negativos; y aunque presenten mayor rendimiento por área en ambientes controlados, son mucho más susceptibles a las condiciones climáticas cambiantes y extremas como las que empezamos a vivir a medida que avanza el cambio climático.

El llamado "mejoramiento genético" y centralizado que las produce también las homogeneiza y hace que vayan perdiendo su valor nutricional, también que sean propensas a debilitarse y disminuir su base genética y biodiversa. Son semillas que funcionan en sistemas que provocan alteraciones climáticas, aumentan la deforestación, la desertificación y el consumo de agua, lo que profundiza la crisis ambiental global.

El modelo rentista ya descrito estimuló la importación de insumos, maquinaria e implementos agrícolas haciéndonos dependientes desde los años cincuenta. Abordando la historia de las leyes de semillas y la modernidad en la agricultura, en el libro Semillas del pueblo. Luchas y resistencias para el resguardo y reproducción de la vida” Ana Felicién describe cómo las élites económicas, políticas y técnicas planificaron, en busca de la tecnificación, una agricultura caracterizada por una alta intervención en inversión gubernamental.

Además, configuraron una estructura operativa que definió patrones de ocupación de la tierra y manejo de semillas libres del campesinado decretados desde arriba. Dicha estructura se conformó a partir de una élite técnica con conocimientos que respondían a intereses más orientados a la agroextracción que a la soberanía alimentaria, la creación de colonias agrícolas orientadas a la actividad agroindustrial y la permanencia del latifundio con su consecuente desaparición de poblados y desplazamiento de miles de trabajadores sin tierra.

Los programas de producción de semillas certificadas para ampliar la superficie cultivada bajo el modelo de la modernización agrícola fueron acompañados por una institucionalidad que seguía los principios de agencias estadounidenses. Hasta que en 1999 la Constitución bolivariana prohibió las patentes sobre el genoma de los seres vivos, se declaró al latifundio como contrario al interés social, se reconoció el derecho a la seguridad alimentaria a través de la agricultura sustentable y se prohíbieron los derechos de propiedad intelectual sobre conocimientos y prácticas de los pueblos indígenas.

En 2004, el presidente Hugo Chávez declaró que las semillas transgénicas son una amenaza para la salud y soberanía de los pueblos y se creó el Plan Nacional de Semillas que impulsó otras leyes, planes y políticas públicas orientadas a promover un nuevo modelo productivo sustentable hacia la agroecología.

En este sentido, se establece la lucha contra el latifundio, el principio de precaución, el control por parte del Estado de los Organismos Genéticamente Modificados, la conservación de las variedades locales y los conocimientos tradicionales, el reconocimiento del conuco como fuente de agrobiodiversidad y la promoción del uso de insumos biológicos.

La semilla no certificada, invisibilizada por el estamento agroalimentario, constituye una parte importante de los sistemas agrícolas del país y, por tanto, un elemento clave para la soberanía alimentaria. Un marco legal robusto ha permitido reconocer los derechos de los agricultores y promueve la conservación de la agrobiodiversidad y la agroecología fundadas en la postura chavista de defensa de la soberanía y el derecho de los pueblos.

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El debate popular por la Ley de Semillas se basó en el rechazo a los transgénicos y la defensa de la soberanía y derecho al resguardo y uso de la semilla (Foto: Archivo)

La Ley de Semillas, surgida de un amplio debate popular, fue construida y aprobada en 2015 y Felicien resume sus elementos centrales:

La diferenciación de dos sistemas:  el sistema de las semillas sujetas al régimen de certificación; y  el sistema de la semilla local, campesina, indígena y afrodescendiente.

  • Reconocimiento del Poder Popular organizado en diferentes instancias como el Consejo Popular de Resguardo y Protección de la Semilla Local, Campesina, Indígena y Afrodescendiente, los sistemas participativos de garantía de calidad, centros de acopio y resguardo de semillas, así como las maestras y maestros-pueblo y las formas tradicionales de organización popular.
  • Creación de las licencias de semilla libre como un mecanismo legal que protege los conocimientos e innovaciones asociados a la semilla de las patentes y derechos de propiedad intelectual. Las licencias libres creadas en la nueva Ley de Semillas tienen como finalidad proteger las semillas de la apropiación privada que restringe los derechos de mejorarlas, utilizarlas y compartirlas a través de un contrato de derechos no exclusivos, es decir, estas licencias de semilla libre garantizan el carácter antipatente del Proyecto de Ley de Semillas.
  • La prohibición y sanción de la producción, importación, comercialización, distribución, liberación, uso y multiplicación de semillas transgénicas, reconocidas como una amenaza para la agrobiodiversidad, para la salud de los pueblos y para la soberanía del Estado.
  • El reconocimiento y revitalización de los conocimientos tradicionales asociados con las semillas indígenas, campesinas y afrodescendientes como patrimonio de los pueblos y de la nación.
  • La promoción de los sistemas de producción, distribución, circulación, intercambio y consumo de las semillas indígenas, campesinas y afrodescendientes, bajo el principio de corresponsabilidad.
  • El reconocimiento de la semilla sujeta al régimen de certificación, así como la creación de un instituto que vele por la calidad de la semilla certificada e importada.

Iniciativas para una vida abundante

A partir de la puesta en marcha de la Ley de Semillas el movimiento popular que la construyó se ha mantenido activo en el resguardo y cuidado de las semillas. En octubre pasado se realizó el Encuentro Virtual Semilleristas en Cayapa 2020 con la participación de campesinos y campesinas semilleristas de Lara, La Guaira, Mérida, Apure, Monagas,Anzoátegui, Trujillo, Miranda, Aragua, Distrito Capital, Táchira y Yaracuy, quienes compartieron sus experiencias conuqueras a pesar de los problemas de conectividad que impone el bloqueo contra el país.

El impulso de la "vida abundante" funge como motor de búsqueda de un camino que no esté construído sobre la base de la explotación de cuerpos y naturaleza, para ello se enfocaron en tres ejes de trabajo: 1) Experiencias de resguardo y protección de la biodiversidad; 2) Intercambio de semillas y conocimientos libres; y 3) Implementación de la Ley.

Las diversas propuestas radican en la realización de eventos de intercambios de semillas y la constitución de los Consejos Populares de Resguardo de la Semilla Local, Campesina, Indígena y Afrodescendiente, entre otras iniciativas tanto organizativas como de sistematización de las distintas experiencias.

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La actividad conuquera en el país siempre ha estado ligada al encuentro, la conversa y la desmercantilización de la vida mediante el intercambio libre de semillas (Foto: Archivo)

En este encuentro participaron miembros del Plan de Ensemillamiento "Sin maíz no hay país" que busca impulsar el ensemillamiento de las variedades de maíz Guanape y Cariaco como "estrategia fundamental para la unidad y organización del pueblo para la transformación estructural del sistema socioproductivo y el Estado".

Esta experiencia sinérgica entre la plataforma "Vida Comunal" (conformada por la Empresa de Producción Social Comuna de San Juan, Banco de la Mujer y la Universidad Bolivariana de Trabajadores) y la comunidad de Guanape, estado Anzoátegui, tiene como principios: 1) No vender la semilla, la semilla no es una mercancía; 2) La relación de trabajo se fundamenta en la unidad política con los más humildes (trabajadores y trabajadoras, campesinos y campesinas); y 3) Construir confianza y lealtad.

El plan parte del ensemillamiento (producción de semillas), escalamiento y el encadenamiento productivo para la satisfacción de la demanda nacional del nuevo sistema de producción de alimentos. La meta inicial es la siembra 2 mil hectáreas (Ha) de maíz en el ciclo de lluvias mayo-agosto con la intención de producir semillas para 200 mil Ha necesarias para el escalamiento.

Está presente en 20 estados del país, exhibiendo diferentes grados de desarrollo y entorno al mismo se están generando procesos de articulación, investigación, formación y organización del Poder Popular.

Estas iniciativas conciben a la semilla como un instrumento para contribuir a la organización popular necesaria para liberar la vida del secuestro globalizador que intentan perpetuar las élites. Venezuela, asediada y atacada por poderes hambreadores del mundo tiene el reto de lograr su soberanía alimentaria por la vía de la lucha sin descanso.

— Somos un grupo de investigadores independientes dedicados a analizar el proceso de guerra contra Venezuela y sus implicaciones globales. Desde el principio nuestro contenido ha sido de libre uso. Dependemos de donaciones y colaboraciones para sostener este proyecto, si deseas contribuir con Misión Verdad puedes hacerlo aquí<