Si bien el debate anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) se presenta como la actividad principal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en ella intervienen los 193 Estados miembros, las organizaciones regionales no participan como tal. No obstante, es lógico que siendo estas organizaciones reflejo de los Estados que las integran, exista una correspondencia en el posicionamiento de los países regional y mundialmente.

En la actualidad no hay duda de que la crisis climática, los altos flujos migratorios, la creciente desigualdad social, el fuerte endeudamiento que compromete las finanzas públicas, la necesidad de reformar la arquitectura financiera y de gobernanza internacional y la consolidación de liderazgos que cuestionan la dignidad del ser humano, representan los principales desafíos que debe afrontar la humanidad, en especial los que deben asumir de forma más urgente los países del Sur Global –y, dentro de éstos, América Latina y el Caribe– por las consecuencias que generan para sus poblaciones.

No obstante, en estos primeros días de debate general, donde ya han participados varios países latinocaribeños, la referencia a estos problemas ha estado incluida en los discursos pronunciados por las autoridades de los países y seguro estará en la de los jefes de Estado y de gobierno o representantes nacionales que participen en los próximos días, a pesar de que tal práctica se ha convertido en una especie de tradición que no mejora la credibilidad de una institución desprestigiada por ese diálogo entre sordos que desarrolla.

El problema, más allá de lo declarativo e inocuo de lo expresado en dichos discursos, es que demuestra una constante que debe llamar a la reflexión: son posiciones nacionales aisladas que no representan el sentir general de la región latinocaribeña. No es que lo expresado no sea importante, al contrario, los llamados a contrarrestar la crisis climática del presidente Gustavo Petro, la exigencia por reformar la arquitectura financiera actual del presidente Lula da Silva y la denuncia contra las sanciones a países como Cuba o Venezuela del presidente Alberto Fernández asumen el timing internacional, que sólo quedarán en declaraciones individuales si no se consensúa una posición regional sobre estos y otros temas de interés para, por ejemplo, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Pero, ¿debería reflejarlo? Indiscutiblemente sí. América Latina y El Caribe en su conjunto representa aproximadamente el 17% de los votos de la Asamblea General, el 24% del G77+China, El Caribe representa casi la mitad de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo; como colectividad, nuestra región tiene un peso geopolítico importante que solo se manifiesta cuando se presenta como bloque. En ciertos espacios internacionales el llamado Grupo América Latina y el Caribe (o Grulac) sirve de articulador, si se quiere administrativo, pero sigue sin existir una coordinación cierta que permita presionar en grupo sobre aspectos que pudieran ser considerados líneas rojas para la región.

Algunas propuestas concretas ya consensuadas

Sería interesante escuchar dentro de las intervenciones de los jefes de Estado y de gobierno, en materia de deuda y transformación de la arquitectura financiera internacional, alguna mención sobre la Iniciativa Bridgetown que plantea, entre otras cosas, la posibilidad de que los Estados tengan mayor espacio fiscal para afrontar la crisis climática y la transición energética sin endeudarse más. Esta posibilidad implicaría, entre otras cosas, la suspensión de intereses, la ampliación de créditos de tipo multilateral, hacer expedita la entrega de los financiamientos y la reducción de las condiciones aparejadas con dicho otorgamiento.

Insistir, en el marco de esa misma iniciativa, en que los países del G20, pero en especial los más desarrollados del G7, se comprometan a implementar una Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda que implicaría que los préstamos otorgados por la Banca Multilateral de Desarrollo (BMD) a las naciones más desfavorecidas (con desempeños económicos afectados por el cambio climático o la implementación de sanciones económicas), así como todos los préstamos relacionados con la Covid-19 destinados a los países de ingresos medios, sean suspendidos.

Asimismo, con miras al fortalecimiento de la salud pública y teniendo presente los estragos de la pandemia y las implicaciones que tuvo en materia política, económica y social, sobre todo en el abordaje y control que se realizó a nivel internacional, y recordando el comportamiento dubitativo del Norte global para compartir los recursos de manera equitativa y la poca voluntad mostrada para tratar a los países del Sur Global (y en especial a América Latina y El Caribe) como socios iguales en el abordaje, se hace necesario retomar y exponer en estos foros internacionales el Plan de Autosuficiencia Sanitaria de la Celac que permita un abordaje conjunto ante situaciones críticas y exigir ante el sistema de Naciones Unidas y otros organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud la asistencia técnica y cooperación necesaria para lograr tal objetivo.

Asimismo, continuar diseñando la Estrategia de abordaje de compra de medicamentos de alto costo (punto 20) de forma colectiva exigiendo facilidades en materia de patentes e inversión en ciencia y tecnología aplicada a la salud. La idea es que la región logre desarrollar capacidades propias que le permitan sortear de mejor manera las dificultades que nuevas pandemias y enfermedades endémicas asociadas a la geografía y el clima (dengue, chikungunya, solo citar algunas) nos presenten.

Los países de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), en su reunión de agosto, acordaron entre otras cosas crear fondos a partir de diferentes fuentes de financiamiento (no retornables) que permitan, desde perspectivas que privilegien el papel rector y central de los Estados (la soberanía nacional), la protección de la cuenca amazónica de forma integral, propuesta que debería incorporarse de forma explícita en las intervenciones durante el 78° periodo de sesiones de la AGNU exigiendo colaboración en el marco de la cooperación para la acción climática.

Incluso en el llamado Consenso de Brasilia surgido del encuentro de jefes de Estado y de gobierno de Sudamérica en mayo de 2023, se reconoce que la integración debe tributar o ser parte de las soluciones para afrontar los desafíos compartidos que la humanidad y la región en especial enfrenta.

El meollo está en cómo lograr pasar de esos discursos individuales a acciones colectivas que permitan su abordaje.

La coordinación regional, una tarea pendiente y urgente

Es importante señalar que estas iniciativas ya cuentan con un consenso mínimo en la región y han sido incorporadas en las distintas declaraciones, como la VII Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), la Declaración Presidencial con ocasión de la Cumbre Amazónica – IV Reunión de Presidentes de los Estados Parte en el Tratado de Cooperación Amazónica, o en el Consenso de Brasilia; no obstante, aún falta camino para su implementación.

La región debe seguir apostando por la consolidación de los procesos de integración que, estando aún vigentes, permita y facilite el abordaje conjunto de los problemas que nos afectan, pues de nada servirá posicionamientos individuales si no se asumen los problemas de forma colectiva. ¿Desde América Latina y El Caribe nos preocupa la actual arquitectura financiera internacional, por no reflejar los intereses de países como los de la región? Empecemos por reformar los principales bancos de desarrollo como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CAF o, por imposibilidad de origen, planteémonos la creación de una nueva banca que nos permita generar financiamiento propio.

¿Queremos como región contrarrestar el impacto de las sanciones económicas, comerciales y financieras contra países puntuales, porque hoy son unos los sancionados y mañana pueden ser los otros? Fomentemos como lo están haciendo otras regiones del planeta sistemas de pago con monedas nacionales que nos alejen de la dependencia de una sola moneda hegemónica y no lo hagamos partiendo de puntos de vistas ideológicos, sino desde lo estratégico para la región y los países que la componen.

Los discursos contestatarios, necesarios en espacios como los de Asamblea General, deben ir acompañados de acciones concretas que nos permitan ir construyendo soberanía regional de cara a la consolidación de un mundo que cada vez más va adquiriendo rasgos pluricéntricos y multipolares. América Latina y El Caribe debe apostar por consolidarse en una de ellas.