Mar. 23 Julio 2024 Actualizado 5:42 pm

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La disputa global entre Estados Unidos y China pudiera estar agudizando las crisis políticas tras bastidores (Foto: Archivo)
Casos Guatemala y Honduras

Las sombras del lawfare en Centroamérica

Algunos indicios crean la sospecha de que las sombras del lawfare se extienden por Centroamérica, en Guatemala y Honduras, donde se ha comenzado a forzar, desde los estamentos políticos tradicionales, el cambio de régimen contra las propuestas progresistas que han irrumpido en la escena de ambos países.

El término lawfare se refiere al uso de múltiples procesamientos y demandas judiciales para intimidar, silenciar, desacreditar o encarcelar a disidentes u opositores, pero ha sido utilizado en la región latinoamericana sobre gobiernos que no se alinean totalmente con Estados Unidos. Las experiencias de Brasil, Ecuador, Argentina, y la misma Venezuela, muestran que no hay un solo método sino que su despliegue es multimodal, tanto en lo que lo origina como en sus resultados.

Guatemala: Un ambiente electoral permanentemente enrarecido

Quizás el caso más curioso es el de Bernardo Arévalo de León, hijo de un expresidente, sorpresa electoral y candidato del Movimiento Semilla, quien fue elegido como Presidente de Guatemala el pasado 20 de agosto.

El clima enrarecido del proceso empezó desde que, a pocos meses del evento, fueron inhabilitados tres candidatos y sus respectivos partidos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Esto encendió las alarmas y la desconfianza en el proceso, pero no pasó de declaraciones de algunas ONG, como Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y Human Rights Watch (HRW).

La primera vuelta electoral de los comicios generales en Guatemala se realizó el 25 de junio, 9,3 millones de ciudadanos podían elegir un presidente por cuatro años, 340 alcaldes, 160 diputados al Congreso y 20 representantes al Parlamento Centroamericano (Parlacen). Para el cargo presidencial los más votados, entre 22 aspirantes, fueron la exprimera dama Sandra Torres (15,86%) por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Bernardo Arévalo (11,77%).

De un 60% de participación en las elecciones, ningún candidato superó el porcentaje de votos nulos (17,4%). Torres, la más votada y candidata en 2015 y 2019, fue inhabilitada en 2011 al intentar postularse recién divorciada del presidente saliente, Álvaro Colom. La novedad fue el resultado obtenido por Arévalo, su partido surgió de las protestas sociales anticorrupción promovidas por Estados Unidos en 2015.

En los días siguientes hubo incertidumbre debido a que fueron presentados múltiples recursos de amparo por parte de nueve partidos disconformes con el conteo y la revisión de las actas. El 1º de julio la Corte de Constitucionalidad ordenó a las Juntas Electorales suspender el conteo, pero la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió declarar improcedentes los recursos presentados.

Washington no se pronunció respecto a las inhabilitaciones, pero sí ante la suspensión del conteo.

Un proceso electoral judicializado

Arévalo resultó triunfador tras la segunda vuelta del 20 de agosto, pero el proceso de adjudicación fue estancado en los tribunales por impugnaciones legales, a pesar de que los resultados fueron claros: el candidato progresista ganó alrededor de 61% de los votos frente a 39% de Torres. Después de más semanas de incertidumbre, el máximo tribunal electoral finalmente lo certificó como ganador el lunes 28 de agosto.

El TSE entregó el 5 de septiembre sus credenciales al presidente electo y a su compañera de fórmula, Karin Herrera, quienes asumirán el mando del país a partir del próximo 14 de enero. Pero los fiscales federales han tratado de suspender su partido, lo que pone en duda si tendrá algún apoyo en el Congreso.

Por su parte, Torres ha presentado impugnaciones judiciales para anular el resultado de las elecciones mediante el alegato de fraude en el recuento de votos, algo que ninguno de los grupos independientes de observadores electorales informó.

La nueva incertidumbre se debe a la judicialización del proceso electoral por parte del Ministerio Público (Fiscalía), dirigido por Consuelo Porras, quien ha sido sancionada desde Estados Unidos por corrupción y ha buscado cancelar Semilla. La Fiscalía acusa al partido del presidente electo de un supuesto caso de firmas falsas durante su proceso de creación en 2018, lo cual ha generado protestas populares pidiendo su renuncia.

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Ante la posibilidad de un golpe al presidente electo, Bernardo Arévalo, se han organizado protestas populares contra el estamento político guatemalteco (Foto: La Prensa)

La mano de Estados Unidos no está lejos de este conflicto. La excandidata del partido de Arévalo, Thelma Aldana, ha estado exiliada en el país norteamericano desde que, en las elecciones de 2018, Semilla intentó postularla a la presidencia. Entonces su candidatura no fue aceptada sino que, por el contrario, se dictó una orden de aprehensión por razones reservadas.

Como fiscal general, Aldana y la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), abrieron investigaciones de graves casos de corrupción que actualmente tienen en prisión al expresidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti. También inició un proceso para retirar el fuero al expresidente Jimmy Morales, que no prosperó.

El ente de la ONU funcionó por 15 años y fue expulsado por Morales y gran parte de la élite política guatemalteca. Bajo el gobierno actual, el presidente Alejandro Giammattei y Consuelo Porras han dirigido investigaciones penales no contra la corrupción sino contra quienes la investigaban y castigaban.

Washington ha mantenido relaciones fluidas con los últimos gobiernos de Guatemala, los mismos que han sido rechazados o menospreciados por la población debido a la alta desigualdad y entramados de corrupción que han inducido a la emigración de pobladores hacia sus fronteras buscando oportunidades de trabajo.

El estamento político guatemalteco del que forma parte Giammattei ha cooperado en el asedio contra Venezuela, y hoy obstaculiza una transición presentándose como dispuesto a colaborar, pero instrumentando todo tipo de trabas para que no se lleve a cabo lo que la mayoría ha expresado en las urnas electorales.

El mismo presidente Joe Biden propuso un plan "para construir seguridad y prosperidad en asociación con el pueblo de Centroamérica", basado en el reforzamiento de las mismas políticas económicas neoliberales que han destruido las economías locales en toda la región.

El presidente electo de Guatemala es considerado por analistas como un izquierdista moderado. Su votación es atribuida no tanto a su posicionamiento ideológico sino al rechazo al sistema político e institucional, como lo han demostrado los votos nulos y en blanco. Es posible que Arévalo, quien ha denunciado la posibilidad de un golpe de Estado que evite su toma de posesión el próximo 14 de enero, se inscriba en estas políticas en búsquedas de amortiguar sus efectos en la población y poner orden en la estructura corrupta que ha minado el Estado.

Honduras: Conflictos de Xiomara Castro con el Congreso Nacional

Entretanto, la presidenta de la vecina Honduras, Xiomara Castro de Zelaya, ha rechazado los hechos denunciados por Arévalo. La mandataria no acaba de cerrar otro capítulo crítico en su relación con el Congreso hondureño, cuya saga empezó en febrero pasado cuando el diputado Jorge Calix, en medio de una reunión de la plataforma Zoom, se autoproclamó presidente de un Congreso paralelo.

Castro llegó a la presidencia del país al frente de una coalición conformada entre su partido Libertad y Refundación (Libre) y Salvador de Honduras (PSH), partido del vicepresidente Salvador Nasrallá. Lograron más de 50% de los votos en las elecciones ejecutivas y legislativas del año pasado; la alianza se hizo con 60 de las 128 bancas parlamentarias del país, 10 para PSH y 50 para Libre.

En febrero pasado, mientras se instalaba el nuevo congreso, algunos diputados del partido Libre se aliaron con diputados de los partidos de derecha Nacional (PNH, saliente) y Liberal (PL, protagonista del golpe a Manuel Zelaya en 2009). Esa crisis, que incluyó la expulsión de algunos diputados del partido de gobierno, fue resuelta mediante un proceso de diálogo liderado por el mismo Zelaya.

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La conflictividad en el Legislativo hondureño comenzó desde su instalación y ha aumentado luego de que la coalición en torno a Castro se rompió (Foto: Archivo)

En agosto pasado el Congreso debía elegir al Fiscal General y al Fiscal Adjunto, dado que el actual fiscal, Óscar Fernando Chinchilla, cumpliría 10 años el pasado 31 de agosto al frente del Ministerio Público (MP). En 2013 asumió el cargo por cinco años luego de haber sido magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y, en 2018, fue reelecto en medio de una escogencia irregular porque no formaba parte de los aspirantes.

El accionar de Chinchilla ha sido cuestionado por su cercana relación con el extraditado expresidente hondureño del PNH, Juan Orlando Hernández (2014-2022). En la actualidad no ejerce el cargo y está radicado en Nicaragua para integrar la Corte Centroamericana de Justicia hasta 2027, mientras el Congreso ha creado una comisión especial para investigar sus lazos y los de su adjunto, Daniel Sibrián, con el crimen organizado, el narcotráfico y esquemas de corrupción.

No hay consenso

Las postulaciones realizadas por el bloque aliado a Castro y por la oposición —de la que también forma parte el PSH— fueron motivo de conflicto porque el PNH condicionó y se mostró en contra de la derogación del decreto 116-2019, sugerida por la ONU para facilitar la llegada al país de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH). Durante dos sesiones legislativas ese partido se declaró en insurrección, lo que provocó incluso disturbios en el hemiciclo. En contraprestación, la coalición derechista buscaba derogar la absolución de dos exfuncionarios del gobierno de Zelaya acusados de corrupción.

El Parlamento ha requerido 86 votos para seleccionar a las nuevas máximas autoridades del MP, por lo que sin los 43 votos del Partido Nacional se hace imposible alcanzar la mayoría calificada requerida. Castro convocó una marcha multitudinaria el 29 de agosto para mostrar fuerza en la calle, pero las posiciones se mueven poco y el vacío de liderazgo en el MP ya existe.

La propuesta opositora es encabezada por el PSH y cuenta con 74 votos, mientras que la de Libre cuenta con 54. La oposición ha creado un ambiente de incertidumbre con resonancia en medios transnacionales entre acusaciones de querer elegir un fiscal "para desatar una atroz persecución política y judicial contra la oposición política a fin de desarticular las fuerzas que defiendan el estado de derecho", y de crear una crisis para "buscar la manera de instalar una Asamblea Nacional Constituyente a la medida del gobierno y del partido que respalde el gobierno".

El conflicto está vivo y abre las puertas hacia la desestabilización, lo que hace recordar los hechos de 2009 que, precisamente, se originaron en la propuesta de Zelaya de convocar a la población a decidir si quería o no un proceso constituyente.

Las consecuencias de aquel golpe impactaron la economía hondureña y aumentaron las emigraciones desde esa nación. En la actualidad, Honduras experimenta una crisis económica debido a los efectos de la pandemia y a una sequía que es producto del fenómeno de El Niño. Esta no solo amenaza la seguridad alimentaria sino también la salud, la educación de las poblaciones más vulnerables, lo cual incrementa también las migraciones.

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La región centroamericana, en particular Honduras, está sumida en una crisis económica agudizada por la sequía (Foto: Archivo)

¿Centroamérica en medio de la disputa global?

Las crisis políticas comienzan en Centroamérica de manera sospechosa. Recientemente el Parlamento Centroamericano, por iniciativa de Nicaragua, decidió expulsar a Taiwán después de más de dos décadas como observador permanente en el organismo y lo reemplazó con la República Popular China. Los seis países se basaron en que Taiwán es una región de China y no un país, por lo que otorgarle el estatus de observador es "ilegítimo por carecer de estatus legal".

Castro ha establecido relaciones con China mientras Arévalo prometió en su campaña expandir esta relación. A pocos días de que el guatemalteco triunfara en las elecciones, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China expresó su deseo de que el nuevo gobierno de Guatemala "tome la decisión correcta". Se trata de uno de los 13 países que reconocen a Taipéi en lugar de a Beijing.

El interés de Estados Unidos por disputarse la influencia en la región no solo tiene que ver con el tema migratorio, que eventualmente le afecta, aunque está claro que el motivo fundamental de las oleadas migratorias son las mismas políticas neoliberales instruidas desde Washington.

La corrupción, como variable común en los dos casos analizados, es un aspecto en el que la Casa Blanca influye a discreción. Tanto en Guatemala como en Honduras han patrocinado a gobiernos cuya transparencia ha sido cuestionable, sin que ello haya trascendido más allá de medidas de poca contundencia.

Queda por ver cómo avanza lo que pudiera constituir una maniobra de la Casa Blanca, el estilo ya es conocido y calza milimétricamente con pasadas experiencias hacia el sur del continente.

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