Cada vez son más los argumentos que suman al planteamiento de un Derecho Internacional en crisis y en franco debilitamiento. En términos generales, la ineficacia e ineficiencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para dar respuesta concertada a los principales desafíos que se le presentan a la humanidad son síntomas elocuentes de su decadencia, la que exige su refundación profunda con urgencia.

No obstante, los problemas van más allá del lugar común que pretende exculpar a algunos Estados de tal erosión. La inobservancia de la normatividad, que había sido forjada internacionalmente, por parte de las principales potencias, o de quienes se amparan en su cobijo, se ha consolidado en una práctica viciosa que ha terminado socavando los cimientos del relacionamiento transnacional.

El proceso se despliega como dosis pequeñas de veneno que van desacreditando los modos y costumbres, ya multiseculares, en la manera como los Estados se han vinculado. Y eso es relevante porque si bien los únicos actores en el escenario internacional no han sido ellos, sí se han erigido como los factores más importantes en virtud de que concentran una legitimidad y soberanía con las que no cuentan otras entidades políticas en nuestro planeta. 

Según ese escenario, la ONU, Estados Unidos y los países de la Unión Europea hacen caso omiso a las exigencias de la comunidad internacional en cuanto poner fin al genocidio israelí sobre el pueblo palestino; se produjo el ataque al consulado iraní en Damasco, capital de Siria, por parte del ejército sionista; y ocurrió el allanamiento de la embajada de México en Quito perpetrado por las fuerzas de seguridad del Estado ecuatoriano, lo que en conjunto suma nuevos elementos, impredecibles e inéditos, que abonan al descrédito al que Occidente está sumergiendo el Derecho Internacional y con lo que instan con más fuerza la urgente refundación del sistema de Naciones Unidas.

LA REFUNDACIÓN DE LA ONU EN ESTE CONTEXTO VISTO DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

La necesidad de una refundación profunda de la ONU es un tema que ha cobrado especial relevancia en los últimos años, particularmente desde la perspectiva de los países emergentes y del Sur Global, y dentro de esta diversidad de Estados, los de América Latina y el Caribe.

En un contexto donde el número de miembros de dicha ecumene se ha multiplicado casi por cuatro desde sus inicios, hasta llegar a 193 Estados, y donde los países del Sur Global exigen un mayor reflejo en todos sus órganos, su reformulación se convierte en un imperativo para adaptarla a las nuevas realidades geopolíticas. El mundo actual ya no está marcado por la bipolaridad de la Guerra Fría ni por la unipolaridad estadounidense de las últimas tres décadas. La multipolaridad emerge como un orden internacional en ciernes, por lo que la ONU debe evolucionar en aras de responder a las necesidades y desafíos de este nuevo escenario.

Desde la perspectiva de América Latina y el Caribe, la recomposición debería ir más allá de la suma de otros miembros permanentes —incluidos algunos de la región, quizás Brasil o México— en el Consejo de Seguridad, o del empoderamiento de la Asamblea General como órgano más "representativo" de la realidad mundial, y tiene que ver con dos vectores que por la tradición de la región parecieran ser transversales.

El primero se refiere a la democratización de la ONU, que implicaría una eliminación del veto que poseen los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que tanto estorba y entorpece las respuestas de la instancia ante retos como los que representa el genocidio en Gaza. El segundo está relacionado con el fortalecimiento del Derecho Internacional, que contempla revertir las pretensiones de sustitución de la arquitectura jurídica internacional centrada en la ONU, formada después de la Segunda Guerra Mundial, por el "orden basado en normas" que nade conoce.

No obstante, el principal reto que tiene la región, por encima de la exigencia de la refundación del sistema de Naciones Unidas desde una voz común —como bloque—, consiste en superar la ideologización de la política exterior que está caracterizando la actuación internacional de los gobiernos recientemente electos (Milei o Noboa) y que terminan acercando a estos países a posturas abiertamente contrarias al respeto por la normativa internacional.

Como dijimos anteriormente, la urgencia es detener y condenar un comportamiento que sienta precedentes nefastos para la consolidación del diálogo y la estabilidad regional. La praxis ecuatoriana no debería quedar impune, como tampoco la brutalidad israelí en su ejercicio de ocupación de territorios palestinos. Condenar tal acción se ata necesariamente a la censura de sus patrocinadores, a saber, Estados Unidos y la Unión Europea, así como al repudio de la postura ambivalente de la ONU .

GARANTIZAR EL RESPETO DEL DERECHO INTERNACIONAL, TRABAJO EXCLUSIVO DE LA ONU

La convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961 constituye, luego de la Carta de las Naciones Unidas, el documento más importante de la diplomacia moderna, convertida en la piedra angular de las relaciones internacionales actuales. En ella se logra aglutinar un quehacer acumulado de siglos en el que el leitmotiv es el reconocimiento y garantía de la legación extranjera. Por eso, uno de los avances, y si se quiere logros, que se alcanzó con este instrumento es lo establecido en su artículo 22, el cual expresa taxativamente que:

1. Los locales de la misión son inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión.

2. El Estado receptor tiene la obligación especial de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad.

3. Los locales de la misión, su mobiliario y demás bienes situados en ellos, así como los medios de transporte de la misión, no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución.

La idea es permitir el desenvolvimiento de la misión diplomática de forma óptima, basada en los principios de buena fe y fomento de las relaciones de amistad entre las naciones que contempla el mismo instrumento.

La reciente agresión israelí al consulado iraní en Damasco y el allanamiento a la embajada mexicana en Quito constituyen no solo violaciones flagrantes de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, sino un desprecio absoluto hacia la costumbre y tradición diplomática de siglos. Estas acciones representan un ataque directo a la inviolabilidad de los agentes diplomáticos y sus recintos, incluidos su mobiliario, bienes y medios de transporte, protección que ha sido fundamental para el desarrollo de las relaciones internacionales a lo largo de la historia.

Simbólicamente, estos hechos equivalen a la infame imagen, presente en películas y series históricas, del regalo que llega al rey: la cabeza decapitada de su enviado, negociador o embajador. Un mensaje inequívoco que, en el contexto actual, solo puede interpretarse como un casus belli.

Las consecuencias de estas acciones son de suma gravedad y no deben tomarse a la ligera. Se corre el riesgo de desmantelar el sistema diplomático internacional, un pilar fundamental para la paz y la seguridad globales. De allí el imperativo de que la comunidad internacional condene enérgicamente estas vulneraciones y exija a los responsables que rindan cuentas por sus actos.

En Asia Occidental ya estamos asistiendo al escalamiento de las tensiones entre Israel y la República Islámica de Irán producto de la misma inobservancia del Derecho Internacional, lo que podría convertirse, con el pasar de los meses, en un conflicto abierto de dimensiones regionales y globales por sus consecuencias geopolíticas.

Otras consideraciones deben ser valoradas con respecto a la violación del recinto diplomático mexicano en Ecuador, ya que se suman algunos elementos que no deben pasar desapercibidos y que complejizan la ya delicada situación de las relaciones interestatales en América Latina y el Caribe, ya no solo expresadas en el poco dinamismo de los procesos de integración regional, sino en la proliferación continua de roces diplomáticos con impactos diferenciados.

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE COMO ZONA DE PAZ

Más allá del cliché que pudiera esconderse tras la frase "zona de paz", agregada al léxico diplomático latinoamericano y caribeño y que es usada hasta retóricamente por las autoridades nacionales, la misma refleja un simbolismo que resalta y privilegia los modos y quehaceres diplomáticos en la resolución de los problemas que surjan a lo interno de la región, como con relación a otras zonas geográficas del planeta, en el entendido de que solo consolidando canales de comunicación directa y favoreciendo el diálogo y la negociación entre los Estados se consolidará la paz en América Latina y el Caribe.

El asalto a la embajada de México realizado por Ecuador el pasado 5 de abril a mano de comandos militares y policiales, más que una bravuconada aislada, es un acto de desprecio al Derecho internacional y a la susodicha tradición de diálogo que considera la región como "zona de paz", la cual debería privar entre los países latinoamericanos y caribeños, y en cuyo detrimento han surgido los modelos de comportamiento que Estados parias como Israel aplican en su relacionamiento cotidiano.

Como se ha comentado anteriormente, el problema subyace en los terribles precedentes que se sientan con este tipo de acciones unilaterales que ignoran el régimen diplomático internacional existente y que siguen sumando descréditos a un Derecho Internacional y un relacionamiento regional de por sí bastante debilitado. Al caso de Ecuador deben agregarse las medidas implementadas por la Colombia uribista cuando el bombardeo a Sucumbíos (Operación Fénix), las de Estados Unidos cuando permitió el asalto de la sede diplomática venezolana en Washington y la violación de la inmunidad diplomática del embajador Álex Saab detenido en Cabo Verde y deportado hacia Estados Unidos.

Así, se socava la confianza entre los Estados y se erosiona una forma civilizada de llevar la comunicación entre países latinoamericanos y caribeños, y se fijan antecedentes que puedan ser copiados por otros países.

Por ejemplo, actualmente en la embajada de Nicaragua en Panamá se encuentra asilado el expresidente Ricardo Martinelli, a quien su país le seguía una investigación por casos de corrupción —muy parecido al caso de Jorge Glas en Ecuador—. Imaginemos que Panamá reclame el mismo derecho que Ecuador y asalte la embajada de Nicaragua en Ciudad de Panamá esgrimiendo que el expresidente es un delincuente y que no debería ser considerado un asilado/perseguido político: ¿A qué nivel de fractura llegarían las relaciones entre los países latinoamericanos y caribeños?

Con estas acciones no solo se afecta el Derecho Internacional de forma general en su conjunto, sino que específicamente se violan las garantías diplomáticas contenidas en la Convención de Viena y el derecho de asilo que contempla la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático y las garantías futuras de actuación.

DERECHO INTERNACIONAL Y EL MUNDO MULTIPOLAR EN CIERNES

Ante el cambiante panorama geopolítico que se inclina hacia un mundo multipolar, se hace evidente la necesidad de reestablecer un sistema de normas jurídicas claras y firmes que se fundamenten en el orden jurídico preexistente. El actual mecanismo de las Naciones Unidas ofrece una base sólida para la renovación de un orden jurídico que regule las relaciones entre Estados soberanos o comunidades de Estados.

El fortalecimiento del Derecho Internacional es crucial para prevenir el estallido de nuevos conflictos globales de consecuencias impredecibles. El vacío legal y la falta de mecanismos efectivos para la resolución pacífica de controversias solo abonan el terreno para la escalada de tensiones y la violencia. En este contexto, la refundación de la ONU adquiere una importancia capital. La organización debe adaptarse a las nuevas realidades geopolíticas y fortalecer su rol como garante del orden jurídico internacional. Es necesario ampliar la participación de todos los Estados en la toma de decisiones y reforzar los mecanismos de control y sanción para aquellos que incumplan las normas establecidas.

Hay que blindar los compromisos que subyacen en la observancia del Derecho Internacional. La comunidad mundial debe asumir la responsabilidad de promover el respeto a las normas jurídicas y fortalecer las instituciones que las sustentan, incluidos los principios de inviolabilidad diplomática, el derecho de asilo y el respeto a las soberanías nacionales, entre muchos otros.