En "Washington y la política de las drogas", el académico y exdiplomático canadiense Peter Dale Scott plantea que la llamada "guerra contra las drogas" de Estados Unidos debe entenderse más allá del discurso oficial. Sostiene que, mientras se hablaba de reducir la oferta en los países productores y la demanda en las ciudades estadounidenses, se fueron tejiendo alianzas con redes de narcotráfico, ejércitos y agencias de inteligencia para operaciones anticomunistas y contrainsurgentes en distintas regiones del mundo.

Scott lo resume así: "La conexión protegida entre inteligencia y narcotráfico —lo que llamo la simbiosis gobierno-droga— ha sido responsable de los mayores cambios en los patrones y niveles del tráfico de drogas".

A partir de esta premisa, su investigación recorre distintos escenarios donde la política exterior de Washington, bajo la bandera de la seguridad nacional, se entrelazó con los intereses del narcotráfico. Desde la posguerra europea hasta las guerras en Asia y América Latina, Scott propone mirar estos procesos como un fenómeno estructural.

Expansión global y complicidad estatal

El núcleo de la investigación de Scott se centra en mostrar cómo la política exterior de Estados Unidos, bajo la bandera de la seguridad nacional y la guerra contra las drogas, terminó fortaleciendo al propio narcotráfico. Para el autor, el verdadero quiebre en el mapa mundial de las drogas provino más bien de la "simbiosis gobierno-droga" que de los cárteles por sí solos, donde servicios de inteligencia y fuerzas armadas usaron a traficantes y redes criminales como aliados en sus campañas anticomunistas.

Durante la posguerra, la CIA respaldó a la mafia siciliana en Italia y a la mafia corsa en Marsella, lo cual consolidó rutas de heroína hacia Europa y Estados Unidos. Luego, durante la guerra en Vietnam, la epidemia de heroína en territorio estadounidense se disparó y descendió al mismo ritmo que aumentaba o disminuía la presencia militar en el sudeste asiático. Como señala Scott, "la conexión protegida entre inteligencia y narcotráfico ha sido responsable de los mayores cambios en los patrones y niveles del tráfico de drogas".

El fenómeno alcanzó otra dimensión en los años ochenta. En 1984, 52% de la heroína consumida en Estados Unidos provenía de la frontera afgano-pakistaní, dominada por los muyahidines aliados de la CIA contra la ocupación soviética. El narcotráfico constituía parte estructural de la operación: "Los mismos actores que abastecían la insurgencia estaban moviendo la mayor parte de la heroína que entraba a Estados Unidos", señala el texto.

Paralelamente, en Centroamérica, al menos una quinta parte de la cocaína que ingresaba en Estados Unidos llegaba vía Honduras, donde los militares locales, vinculados con el narcotráfico, eran piezas centrales del apoyo encubierto de Washington a los Contras nicaragüenses.

El patrón se repitió en Colombia y Perú, donde las alianzas con fuerzas armadas supuestamente antidrogas terminaron financiando campañas contrainsurgentes en las que los principales capos no eran el objetivo, sino aliados tácticos. El caso de Vladimiro Montesinos en Perú es paradigmático: jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, entrenado por la CIA, usó recursos destinados a operaciones antidrogas para consolidar redes de poder y represión interna. En 1996, un traficante acusó a Montesinos de recibir decenas de miles de dólares en sobornos, mientras la policía peruana decomisaba un solo cargamento del cártel López-Paredes con 3,5 toneladas de cocaína valoradas en 600 millones de dólares.

Lo mismo ocurrió en México, donde la Dirección Federal de Seguridad (DFS), creada con apoyo estadounidense, entregaba credenciales oficiales a capos del narcotráfico que la DEA describía como "una licencia para traficar". El cártel de Guadalajara, protegido por la DFS y su jefe Miguel Nassar Haro —un activo de la CIA—, llegó a ser clave en el abastecimiento de la insurgencia nicaragüense financiada por Washington.

En todos estos casos, las campañas antidrogas servían de cobertura para objetivos políticos y militares, mientras el narcotráfico crecía bajo protección oficial.

Finanzas, política y la red del BCCI

El caso del Bank of Credit and Commerce International (BCCI) es, para Scott, la muestra más clara de cómo la "guerra contra las drogas" se entrelazó con intereses financieros, militares y políticos al más alto nivel. Este banco, con sede en Pakistán y operaciones globales, fue durante años un nodo central para el lavado de dinero del narcotráfico, ventas de armas y financiamiento de operaciones encubiertas en Asia, América Latina y Asia Occidental.

La investigación señala que el BCCI manejaba tanto fondos del narcotráfico afgano durante la guerra contra la URSS como estaba vinculado con gobiernos aliados de Washington y con redes de inteligencia como la CIA y el ISI pakistaní. "Con el pleno apoyo del ISI y la tolerancia tácita de la CIA, Hekmatyar se convirtió en el principal narcotraficante de Afganistán", dice Scott de Gulbuddin Hekmatyar, líder muyahidín que se convirtió en gran señor de la droga, fortalecido política y militarmente gracias a estas estructuras financieras.

Lo más significativo es que, pese a que en 1990 dos filiales del BCCI se declararon culpables de lavado de dinero y varios ejecutivos fueron encarcelados, el Departamento de Justicia de Estados Unidos intervino para frenar investigaciones más profundas. Entre 1988 y 1991, el Departamento "solicitó repetidamente retrasos o paralizaciones de las acciones del Senado sobre el BCCI, se negó a colaborar con la Subcomisión Kerry y, en ocasiones, emitió declaraciones engañosas sobre el estado de las investigaciones", escribe el autor.

El escándalo también salpicó a figuras políticas de alto nivel. El BCCI y sus aliados financieros tuvieron vínculos con gobiernos y presidentes como Carter, Reagan, Bush y Clinton, a través de donantes y operadores como el banquero Jackson Stephens.

Una "guerra" que nunca lo fue

La revisión de los casos presentados por Scott permite concluir que la política antidrogas de Estados Unidos ha estado atravesada por profundas contradicciones. Las pruebas reunidas muestran que el supuesto esfuerzo global contra las drogas funcionó, en la práctica, como un instrumento para consolidar intereses estratégicos antes que para frenar el poder de los cárteles.

"La mal llamada 'guerra contra las drogas' debe ser reemplazada por una campaña médica y científica orientada a sanar la enfermedad de las drogas", dice Scott, señalando la distancia entre el discurso oficial y los resultados obtenidos.

Todo esto sustenta la tesis de que la confrontación con el narcotráfico nunca ha sido genuina. Lo que sí opera es un manejo político de la violencia y del mercado ilegal, donde los aliados y enemigos se redefinen por mera conveniencia estratégica. Las políticas estadounidenses consolidan estas redes criminales, haciéndolas más complejas y resilientes. De este modo, queda patente que la verdadera prioridad radica en la instrumentalización del narcotráfico para servir a los propósitos de Washington.