La política venezolana ha estado marcada por profundas polarizaciones y confrontaciones, en las que ciertas figuras opositoras han adoptado estrategias que trascienden el debate democrático con el objetivo de alcanzar el poder por medios criminales.
Es el caso de María Corina Machado, representante de la línea más radical de la oposición, quien ha construido una trayectoria pública caracterizada por la promoción de acciones desestabilizadoras, la solicitud abierta de intervenciones extranjeras y el desconocimiento sistemático del marco institucional venezolano.
Adicta a la simulación de hechos
Un elemento recurrente en el repertorio político de María Corina Machado es la utilización de puestas en escena diseñadas para generar crisis de percepción y movilizar a su base de apoyo. Estas acciones, a menudo desmentidas por evidencias posteriores, buscan proyectar una imagen de victimización y crear narrativas de "crackdown" gubernamental.
Distintas fuentes han documentado antecedentes similares, incluyendo un supuesto "autoatentado" y un "autosecuestro", estrategias conocidas en el ámbito de la guerra política como "falsos positivos".
Uno de los episodios más recientes —y reveladores— ocurrió el 9 de enero pasado, cuando su entorno denunció su "detención violenta" por parte de cuerpos de seguridad venezolanos durante una concentración opositora en Chacao. Instantes después, diversas fuentes opositoras y medios internacionales replicaron la noticia como si se tratara de un hecho verificado.
Sin embargo, horas más tarde, se difundió un video en el que Machado aparece negando haber sido detenida, afirmando que se encontraba "bien y a salvo" y una fotografía posterior mostró su salida del acto a bordo de una motocicleta, en plena libertad. La rapidez con la que se difundió la noticia de su captura y su posterior aparición sin explicaciones sobre el supuesto evento generaron serias dudas.
El fiscal general Tarek William Saab calificó el episodio como una operación de falsa bandera destinada a "sembrar el caos y la violencia" en vísperas de la juramentación del presidente Nicolás Maduro para el periodo 2025–2031. Saab recordó que este no era un hecho aislado: en julio de 2024, Machado denunció un atentado contra su caravana en Barquisimeto, del cual resultó que fue un montaje orquestado con un colaborador suyo que confesó haber sido contratado para cometer los daños.
Aún antes, en noviembre de 2011, un audio filtrado mostraba cómo Machado le advertía a su madre: "Vas a oír que me atentaron, pero no te preocupes, es parte del plan". Estos patrones recurrentes —denuncias sensacionalistas seguidas de desmentidos documentales— indican una táctica deliberada de utilizar la victimización como recurso político para movilizar apoyos internacionales y justificar la escalada.
Respecto a la supuesta captura, el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello resumió que "lo tenían preparado desde hace tiempo. Sabían que no tenían convocatoria, y dijeron: 'vamos a inventar que la metieron presa'". La marcha del 9 de enero contó con una escasa asistencia —inferior a 10.000 personas en todo el país, según Cabello—, lo que refuerza la hipótesis de que el supuesto secuestro buscaba desviar la atención del fracaso organizativo de la oposición. El propio Saab denunció que "sectores de la extrema derecha internacional se plegaron automáticamente" a la campaña, evidenciando una coordinación transnacional para instrumentalizar la narrativa.
Este patrón de simulación responde a una lógica clara: crear mártires instantáneos, galvanizar el apoyo internacional y justificar llamados a sanciones o intervenciones bajo el falso pretexto de la represión política.
Obsesiva con la guerra
Más allá de las simulaciones, la trayectoria de Machado revela un patrón consistente de promoción de la intervención militar extranjera y del boicot económico contra Venezuela:
- A partir de 2018, Machado comenzó a invocar públicamente la Responsabilidad de Proteger (R2P), una doctrina criticada por su instrumentalización en intervenciones como Libia (2011).
- En diciembre de 2018, escribió una carta al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pidiendo una “intervención militar” en Venezuela.
- En abril de 2019, durante el intento del llamado "gobierno interino" de Juan Guaidó, Machado exigió que la Asamblea Nacional activara el artículo 187.11 de la Constitución, que —según su interpretación— permitiría autorizar el ingreso de tropas extranjeras bajo el pretexto de una "misión humanitaria".
- En mayo de 2019, en entrevista con la Voz de América, declaró: “Las democracias occidentales tienen que entender que un régimen criminal solo saldrá del poder ante la amenaza creíble, inminente y severa del uso de la fuerza”.
- En junio de 2020, en un artículo titulado "Venezuela: el desafío ineludible de Occidente", planteó la necesidad de una "Operación de Paz y Estabilización" liderada por una coalición internacional, apoyada en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). Dicha propuesta implicaba, en la práctica, la ocupación militar de Venezuela bajo una fachada humanitaria.
- En una carta abierta del 31 de agosto de 2020, reprendió a Guaidó por no haber aprobado dicha medida, a la que calificó como "marco jurídico para el apoyo internacional".
- A comienzos de este noviembre defendió la estrategia del presidente estadounidense, Donald Trump, contra Venezuela, que ha incluido el hundimiento de embarcaciones en el Caribe y la autorización de operaciones encubiertas de la CIA en territorio venezolano, al respecto dijo que "es absolutamente correcta".
Además de esta permanente postura, ha mantenido vinculaciones estrechas con think tanks financiados por el gobierno estadounidense y ha promovido sanciones económicas que han impactado en las condiciones de vida de la población venezolana.
Por todo ello, la Fiscalía venezolana abrió en noviembre de 2024 una investigación por los delitos de traición a la patria, conspiración con países extranjeros y asociación para delinquir, tras su apoyo a un proyecto de ley en Estados Unidos que buscaba endurecer las sanciones contra Venezuela.
Ejemplo claro de chantaje y crueldad sancionatoria
A continuación una relación de sus solicitudes de sanciones y las motivaciones:
- 2014: Inició los llamados públicos a sanciones y medidas internacionales contra el Estado venezolano, con énfasis en supuestas violaciones de derechos humanos. Dijo a Reuters que "las sanciones extranjeras podrían ser útiles".
- Ese año perdió la investidura como diputada a la Asamblea Nacional luego que aceptara la acreditación como representante alterna de la delegación de la República de Panamá ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
- En 2015, aseguró que la decisión de imponer sanciones a presuntos violadores de derechos humanos es "un fallo soberano de cada Estado".
- En agosto de 2017, celebró las sanciones económicas anunciadas por Estados Unidos contra Venezuela, argumentó que "son quirúrgicas y efectivas; con fuerte impacto financiero, comercial y político".
- En diciembre de ese año, junto al ex alcalde de Caracas Antonio Ledezma y el ex embajador Diego Arria, de la alianza opositora Soy Venezuela, pidieron al presidente Donald Trump que aplicara más sanciones contra el gobierno venezolano.
- En enero de 2018 fue entrevistada por Fernando del Rincón en CNN en Español respecto al diálogo entre el gobierno y la oposición en República Dominicana. Exigió más sanciones contra Venezuela y convocó a protestas durante la visita del entonces secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, a varios países de Latinoamérica.
- En octubre de ese año acudió a la embajada de España a consignar un documento en el que rechazaba la posibilidad de un diálogo con el gobierno y declaró que la comunidad internacional debía mantener las sanciones contra los funcionarios venezolanos porque "sí han funcionado".
- En octubre de 2019, luego de que Venezuela lograra un escaño en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, indicó en rueda de prensa que "queda claro que de la ONU no va a salir la colación liberadora. Las sanciones han funcionado pero hay que usar la fuerza. Si quieren que la gente salga y hable duro, entonces que cierren los falsos diálogos".
- En febrero de 2020 celebró las sanciones petroleras por parte de Estados Unidos contra la estatal rusa Rosneft —entonces socia de Pdvsa— diciendo que "es un mensaje inequívoco de que no hay vuelta atrás en la lucha por el rescate de la democracia en Venezuela".
- En diciembre de ese año, declaró que existía "una gran operación comunicacional que busca culpar a las sanciones del horror que vive Venezuela", y agregó que "todos sabemos que las sanciones que fueron diseñadas a mi modo de ver inteligentemente, fueron identificando personas y cerrando los mecanismos del financiamiento criminal del régimen".
- En agosto de 2021, de nuevo en CNN en Español, declaró que "tenemos bajas, pero también sabemos dónde están las debilidades del régimen". Aseguró que lo que necesita Venezuela son "más sanciones".
- En diciembre de ese año, durante una entrevista para CNN, declaró: "Este país está secuestrado, debe ser rescatado desde afuera para impedir que continúen la destrucción (…). Necesitamos que Estados Unidos corte los insumos que sostienen el gobierno de Nicolás Maduro".
- En julio de 2023, sus asesores en política internacional criticaron a la Unión Europea por haber permitido a la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, pisar territorio europeo a pesar de estar sancionada e instaron a mantener las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro.
- En enero de 2024, Estados Unidos reimpuso sanciones contra Venezuela debido a que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) confirmó la inhabilitación de Machado para ejercer por 15 años cargos públicos. La Casa Blanca decidió no renovar la Licencia General 44 que había otorgado en apoyo al acuerdo de Barbados, firmado en octubre de 2023.
- Durante la campaña electoral para la elección presidencial de ese no se registraron solicitudes directas de medidas coercitivas contra el país por parte de Machado, esto sugiere una estrategia de mercadeo asumida por la candidatura de Edmundo González Urrutia.
- En noviembre de 2024, reiteró su apoyo al proyecto de Ley Bolívar, un instrumento legal que ampliaría las sanciones contra Venezuela y las haría virtualmente irrevocables.
- En marzo pasado celebró el retiro de la licencia a Chevron en entrevista concedida a Financial Times. A pesar de las cifras de recuperación económica venezolana, afirmó que "el régimen utilizó el dinero que pertenecía al pueblo venezolano para financiar la represión contra el pueblo venezolano".
- Ese mismo mes, en un debate organizado por la delegación para las Relaciones con el Mercosur del Parlamento Europeo, Machado junto al excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, exigió "cortar las fuentes de financiamiento del régimen, provenientes de actividades ilícitas y corrupción".
- En mayo pasado, criticó a la transnacional Chevron por intentar persuadir a la administración Trump de que le permitiera seguir produciendo petróleo en Venezuela. En declaraciones a Fox News argumentó que tal medida sería contraproducente. Al respecto dijo: "Creo que las decisiones y la estrategia del presidente Trump son absolutamente correctas y efectivas. Ya está funcionando... Maduro se encuentra en la posición más débil de su historia".
- En junio pasado reclamó a Estados Unidos, Canadá y países europeos aplicar "medidas más duras" contra Venezuela, esto incluye sanciones adicionales, investigación de supuestas redes criminales vinculadas al chavismo y transparencia sobre sus "vínculos ilícitos".
Como es evidente, los motivos por los que ha pedido sanciones se han adecuado a los falsos positivos que el gobierno estadounidense y los medios globales han dispuesto en los diversos intentos de cambio de régimen. Los relatos van desde las supuestas violaciones a los derechos humanos han pasado por la crisis humanitaria, "crimigración", fraude electoral hasta el "narcogobierno".
En todos los casos ha mostrado su conocimiento de los impactos de estas medidas sobre la población, sin embargo, ha optado por culpar al gobierno venezolano tanto de las causas como de las consecuencias.
Desconocedora de la institucionalidad y la soberanía
El abierto desprecio por las instituciones es una conducta recurrente de Machado. Desde al menos 2014, cuando asistió como representante de Panamá ante la OEA —violando el artículo 191 de la Constitución que prohíbe a diputados ejercer funciones diplomáticas—, Machado ha actuado al margen del marco legal.
En 2015, fue inhabilitada administrativamente por la Contraloría General por irregularidades en la gestión de fondos de la ONG Súmate, una decisión ratificada en enero de 2024 por el TSJ. Sin embargo, persistió en presentarse como candidata presidencial en los comicios de julio de 2024, a pesar de no cumplir con los requisitos legales.
En esa fecha, el órgano del Poder Moral ratificó la acción administrativa y agregó las siguientes causas:
- Se encontraron errores, así como omisiones en sus declaraciones juradas del patrimonio, evaluadas en el marco de la auditoría patrimonial.
- Se hallaron fondos administrados por justificar hasta en un 50 % en el período evaluado, "constituidos por depósitos y notas de crédito de origen no conocidos en bancos nacionales (…) y operaciones de depósitos y notas de crédito de origen no conocido en moneda extranjera".
- Fue partícipe de la trama de corrupción con Juan Guaidó, propiciando el bloqueo al país.
- Participó en el despojo de empresas y riquezas de Venezuela, destacándose casos de CITGO, Monómeros y 31 toneladas de oro en Londres.
- Llamó al bloqueo junto a Guaidó y así generó el secuestro de 4 mil millones de dólares, retenidos en el sistema bancario internacional.
- Pidió que se aplicaran sanciones y bloqueos en detrimento de la salud de los venezolanos.
Su discurso ha fomentado abiertamente la desobediencia civil y el desconocimiento de los resultados electorales. Tras las presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que fue ratificado el presidente Maduro, Machado promovió la idea de una "victoria opositora" basada en actas no certificadas, incitando a la población a "cobrarla en las calles".
En lugar de recurrir a los mecanismos jurídicos establecidos, Machado y sus aliados optaron por una campaña internacional para desacreditar la decisión, presentándola como "política" y desconociendo la autonomía de un órgano del Estado venezolano.
El fiscal Saab la acusó de manipulación electoral por presentar documentos fraudulentos. Además, en noviembre de 2025, Machado hizo un llamado directo a los militares venezolanos para que "rompan con la cúpula" y apoyaran a Edmundo González, desconociendo tanto la cadena de mando como la autoridad civil sobre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Machado ha vinculado su lucha con actores que atentan contra la integridad territorial de Venezuela. En su retórica, ha evitado condenar las pretensiones de Guyana sobre el Esequibo, una postura que contrasta con la defensa incondicional de la soberanía nacional por parte del Estado venezolano.
Al mismo tiempo, ha construido alianzas con grupos parapoliciales y delincuenciales, a los que el gobierno ha identificado como "Comanditos" responsables de actos violentos tras las elecciones de julio, que dejaron 25 muertos y 192 heridos. Incluso, según Cabello, Machado estaría vinculada al frustrado atentado contra la embajada de Estados Unidos en Caracas en octubre de 2025, con el objetivo de provocar una reacción militar extranjera.
La trayectoria política de María Corina Machado no puede analizarse fuera del marco de una estrategia de desestabilización prolongada. Lejos de constituir una alternativa democrática, su accionar se ha caracterizado por interconexión de los vectores que se han descrito. Estos elementos, documentados a lo largo de más de dos décadas, son componentes de un proyecto político que prioriza la toma del poder por medio de la confrontación y la subversión, antes que a través de los cauces pacíficos, constitucionales y soberanos que, muchas veces solo en la letra, exigen las democracias occidentales.
En un país con profundas heridas sociales, su discurso no construye paz, sino que instrumentaliza el dolor con el objetivo de acceder al poder y al control del país por parte de élites transnacionales. Asimismo, su desprecio ante dicho dolor se correlaciona de manera perfecta con su desprecio al orden jurídico nacional.