En medio de una compleja coyuntura interna marcada por escándalos, protestas y creciente desgaste institucional, el presidente guyanés Irfaan Ali continúa subiendo el tono confrontativo contra Venezuela al reactivar su ofensiva jurídica internacional ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), decisión que rechaza de plano cualquier posibilidad de negociación bilateral.

Esta postura, que rompe con el marco histórico del Acuerdo de Ginebra —el único instrumento válido reconocido por Venezuela para resolver la controversia sobre el Esequibo—, no es casual ni aislada. Llega justo cuando su administración lidia con una ola de cuestionamientos debida a la corrupción, a tensiones preelectorales y al reciente escándalo por la muerte de Adrianna Younge.

El comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores guyanés, publicado el 2 de mayo, exigió a Venezuela "cumplir" con las medidas provisionales de la CIJ, reafirmadas un día antes, que buscan impedir la celebración de elecciones en el territorio del Esequibo. Sin embargo, lejos de ejercer un rol neutral, la Corte ha sido instrumentalizada como punta de lanza de los intereses petroleros angloestadounidenses, con ExxonMobil como operador que busca consolidar la apropiación ilegal de un territorio históricamente venezolano, rico en hidrocarburos. 

El 3 de mayo la vicepresidenta Delcy Rodríguez denunció a través de sus redes sociales que Guyana actúa como "continuismo del despojo colonial" y reiteró que Venezuela no reconoce la jurisdicción de la CIJ. Señaló, además, que ningún fallo amañado por el lobby petrolero en la ONU forzará a Caracas a renunciar a su legítima soberanía sobre el Esequibo. En esa línea, reafirmó que el país elegirá el próximo 25 de mayo a sus autoridades regionales en la Guayana Esequiba, en ejercicio pleno de su soberanía.

Bajo la fachada de proteger supuestos intereses nacionales, Irfaan Ali revela una maniobra de distracción orquestada para silenciar las voces críticas dentro de su propio país. Esta huida hacia adelante, con ropaje diplomático, no solo instiga al conflicto sino que confirma una estrategia: usar la disputa territorial para tapar las grietas de un gobierno en crisis.

El crimen que hizo arder Georgetown 

La muerte de Adrianna Younge, una niña de 11 años hallada sin vida en la piscina de un resort costero, encendió un conjunto de protestas y cuestionamientos que han expuesto la incapacidad del gobierno guyanés para manejar situaciones de gravedad con transparencia y firmeza. Aunque las autoridades atribuyeron su fallecimiento a un ahogamiento accidental, el contexto del caso y la respuesta institucional han generado sospechas de encubrimiento, negligencia y abuso policial, lo que llevó al Ejecutivo a imponer un toque de queda nocturno en Georgetown. 

Amigos y familiares de Adrianna sostienen que la niña fue secuestrada y asesinada como parte de un ritual religioso. Acusan de ello a empleados del complejo turístico, a quienes también responsabilizan de obstaculizar la búsqueda, aparentemente con respaldo policial. Las críticas se agravaron al conocerse que las fuerzas de seguridad impidieron el ingreso de los equipos de búsqueda y de los familiares al recinto donde, posteriormente, se halló el cuerpo. Si bien la policía informó que está interrogando al personal del resort, ni la empresa ni los voceros oficiales han dado respuestas públicas convincentes.

La actuación de las autoridades guyanesas en el caso de Adrianna ha sido cuestionada por su evidente falta de rigor: tras su desaparición, el hotel no fue clausurado ni revisado con el cuidado requerido, y solo la presión ciudadana logró que se encontrara su cuerpo. Posteriormente, el inmueble fue destruido por un incendio cuyas causas aun no se han aclarado. Además, la policía difundió información inexacta sobre el paradero de la niña, lo cual alimentó las dudas sobre un posible encubrimiento y alteración de la escena.

El 28 de abril, mientras tres patólogos realizaban una autopsia en el principal hospital de la capital, estallaron protestas frente al edificio. La policía respondió con gases lacrimógenos y balas de goma, en una jornada que terminó con dos civiles muertos, acusados de saqueo, y decenas de comercios cerrados. 

Ante las movilizaciones y la indignación nacional, el presidente Ali las ha tildado de "acciones instigadas políticamente", sin enfocarse en la investigación. Pese a anunciarse una comisión especial, no se precisaron ni los nombres de sus integrantes ni los mecanismos que aseguraran su autonomía e imparcialidad.

Corrupción institucional como norma, no como excepción 

“Desde que Irfaan Ali asumió la presidencia en agosto de 2020, bajo la sombra de 19 cargos por fraude, muchos esperaban que pudiera dejar atrás ese lastre y ofrecer el liderazgo que Guyana necesitaba”.

Así lo expresa Lincoln Lewis, secretario general del Congreso de Sindicatos de Guyana, en una columna publicada en WiredJa en la que recordó que Ali prometió durante su campaña renegociar el contrato ilegal con ExxonMobil, mejorar los salarios del sector público, reabrir los ingenios azucareros, reducir los sueldos del presidente y de sus ministros, erradicar la corrupción y restablecer la educación universitaria gratuita. A casi cinco años de su mandato, estas promesas se han evaporado.

Uno de los focos es la corrupción dentro de la Policía Nacional. Según Village Voice News, altos mandos están implicados en esquemas de lavado de dinero y malversación de fondos públicos, incluidas compras fraudulentas de bienes cotidianos como sal y papel higiénico, revendidos a través de empresas creadas por los propios oficiales. Los fondos del Fondo de Bienestar Central y el Fondo Benevolente también habrían sido abusados, sin que el presidente Ali haya emitido comentario alguno pese a las crecientes demandas por una investigación independiente.

La corrupción no se limita al ámbito policial. Transparency International señaló en febrero de 2024 sobre el estancamiento de Guyana en el Índice de Percepción de la Corrupción, en el que obtuvo un preocupante 39/100 que lo lleva a ocupar el puesto 92 entre 180 países. La organización denunció nepotismo, opacidad en la administración de los ingresos petroleros y favoritismo en la asignación de contratos. Casos como la renuncia del exCEO de la Autoridad Central de Vivienda, Sherwyn Greaves, o el despido del comisionado Asistente Calvin Brutus —acusado de más de 250 delitos—, reflejan una tendencia sistémica.

El abogado y parlamentario opositor Roysdale Forde también ha criticado la gestión de Ali señalando un "favoritismo descarado" en la asignación de contratos y la existencia de concesiones petroleras ilegales excesivamente favorables para compañías extranjeras como ExxonMobil. Forde sostiene que miles de millones de dólares de fondos públicos asignados a proyectos de infraestructura se han malversado o desviado, con el clientelismo político y la corrupción como principales causas. Alega que los contratos de construcción de carreteras y reparación de puentes se adjudican rutinariamente a leales al partido, muchos de los cuales carecen de la competencia para ejecutar las obras.

Forde afirma que esto no es un mero accidente de ingeniería deficiente. "Es el resultado de decisiones políticas impulsadas por sobornos, favoritismo y robo descarado".

La situación cobra una gravedad aun mayor cuando se contrasta con la llamada maldición de los recursos. Mientras empresas como ExxonMobil registran ingresos globales astronómicos —equivalentes a 28 veces el PIB guyanés—, millones de ciudadanos no perciben mejoras reales en su calidad de vida. En 2022, 43% de la población seguía viviendo con menos de 5,50 dólares diarios, según datos del Ecosoc (Consejo Económico y Social de la ONU).

A esto se suma la negativa del presidente Ali a renegociar contratos petroleros desventajosos e ilegales, a pesar del apoyo de la oposición y la presión pública. Como reporta WiredJa, su mandato ha estado marcado por la falta de decisión política y la incapacidad de canalizar los ingresos petroleros hacia políticas de desarrollo sostenible e inclusivo.

La sombra del Esequibo como estrategia electoral 

Las elecciones generales están previstas para 2025, aunque todavía sin una fecha oficial confirmada. Además de la presidencia estarán en juego los 65 escaños de la Asamblea Nacional.

El gobernante Partido Popular Progresista (PPP/C), que en 2020 obtuvo una ajustada mayoría parlamentaria —33 de 65 escaños—, teme perder terreno frente a una oposición que llega más cohesionada y agresiva. El Congreso Nacional del Pueblo Reformado (PNCR), liderado por Aubrey Norton, y la Alianza para el Cambio (AFC), encabezada por Nigel Hughes, han hecho de la corrupción su principal bandera y apuntan directamente a la administración de Ali.

Bharrat Jagdeo, vicepresidente de Guyana, reconoció que el PPP ha tenido que pasar a la ofensiva. En declaraciones reseñadas en Demerara Waves en septiembre de 2024, dijo que en 2015 subestimaron el poder de las denuncias anticorrupción. "Tenemos que luchar contra esto, no hicimos lo suficiente en 2015", respondió al ser interrogado sobre si los análisis del partido indicaban un posible fracaso electoral en 2025 debido a este tipo de acusaciones.

Es en este contexto donde utiliza la disputa sobre el Esequibo como una cortina de humo, reactivando la idea de una amenaza externa para intentar unir a la población en torno a un enemigo común. Este movimiento apunta a deslegitimar las críticas internas y posicionar al oficialismo como defensor del país, mientras los problemas estructurales continúan sin resolverse.

La CIJ, lejos de mantener una postura imparcial, termina avalando esta estrategia al alinearse con un gobierno que responde a intereses corporativos como los de ExxonMobil.

Así, Guyana sufre las consecuencias de una trágica farsa: sus autoridades se victimizan en nombre de la "soberanía" mientras autorizan ilegalmente la rapiña extranjera de recursos en un territorio legítimamente reclamado por Venezuela.