La conmoción por la muerte de Adrianna Younge, una niña de once años cuyo cuerpo fue hallado el 23 de abril en la piscina del Hotel Double Day en Tuschen, ha detonado un conjunto de protestas en múltiples localidades de Guyana, incluída la capital.

La indignación de la población se desbordó en las calles con bloqueos, incendios y enfrentamientos con la policía, mientras la familia de la menor denunciaba irregularidades en la investigación y rechazaba rotundamente la versión oficial de los hechos.

Subrian Younge, padre de la víctima, dejó ver su frustración al conocer que una supuesta autopsia independiente había determinado la muerte por ahogamiento: "Para mí, esto no es un resultado", declaró ante los medios, dejando claro que ni su familia ni la comunidad aceptarían respuestas vagas ante un caso plagado de contradicciones.

Las protestas reflejan un rechazo generalizado al gobierno de Ali. La población cuestiona la capacidad de la autoridad para proteger a sus ciudadanos y, en redes sociales, también se ha evidenciado una fuerte desconfianza en la versión oficial, con comentarios como: "Era una piscina, no un río" o "¿Dónde estuvo su cuerpo durante 12 horas?".

El caso de Adrianna evidencia una crisis de confianza, marcada por años de negligencia, impunidad sistemática y desconexión de la administración de Ali. Como reza el dicho, "la soga se rompe por el lado más débil". 

Fallos institucionales

Desde el inicio la actuación de la Policía de Guyana (GPF, según siglas en inglés) fue errática, contradictoria y, en muchos aspectos, irresponsable.

Tras la desaparición de la niña el hotel nunca fue cerrado ni sometido a una inspección exhaustiva. Según algunos medios de comunicación, algunas habitaciones ni siquiera fueron registradas.

No fue sino hasta que un grupo de manifestantes ingresó por la fuerza al recinto que el cuerpo fue hallado en la piscina. Luego, el hotel fue destruido por un incendio que, hasta ahora, no se tiene certeza si fue provocado por la gerencia.

La omisión flagrante de un procedimiento básico revela no solo negligencia sino una grave falta de protocolos operativos ante situaciones de esta categoría.

A esto se suman las declaraciones oficiales confusas e, incluso, falsas. En un primer momento la policía aseguró que Adrianna había sido vista abordando un vehículo, basándose supuestamente en imágenes de una cámara de seguridad externa.

Dicha versión fue refutada por la familia, que vio el mismo video y afirmó que la niña jamás abandonó el hotel. Posteriormente, la propia policía reconoció que su afirmación era incorrecta, sin ofrecer explicación alguna sobre cómo o por qué se divulgó semejante mentira.

Este hecho trasciende la torpeza institucional; sugiere la posible fabricación deliberada de pruebas falsas desde dentro del aparato estatal, es decir, un indicio de encubrimiento.

El gobierno de Ali ha manejado la situación con ineptitud; en lugar de priorizar el esclarecimiento del caso y el consuelo a la familia, el mandatario centró su discurso en responsabilizar a la oposición política por las manifestaciones.

El presidente calificó las protestas como "acciones instigadas políticamente", ignorando el sufrimiento auténtico de una nación que clama por justicia.

La creación de una comisión especial para investigar el caso fue anunciada sin mayores detalles, mientras la población reclama apoyo de un patólogo extranjero que garantice transparencia en el proceso.

La familia de Adrianna rechazó desde el inicio la autopsia propuesta por el gobierno. Exigieron la participación del FBI o la Real Policía Montada de Canadá, y solo aceptaron que se realizara un examen forense independiente.

Aun después de que el patólogo designado por el gobierno de Barbados, Dr. Shubhakar Karra Paul, concluyera que la causa de muerte fue ahogamiento, las dudas persistieron debido a los hematomas e hinchazón visibles en el rostro y las extremidades de Adrianna, signos que sugieren que pudo haber sufrido agresiones antes de morir.

Los padres y vecinos se niegan a aceptar que una niña haya podido permanecer "desaparecida" durante medio día en una piscina sin ser vista por nadie. Las muestras han sido enviadas al extranjero para una revisión adicional, pero la incredulidad permanece.

Las protestas continúan

A medida en que se acercan las elecciones generales en Guyana (diciembre 2025), el escenario se complica para Ali, cuya administración enfrenta una grave pérdida de credibilidad pública. Las protestas, lejos de diluirse, se han intensificado en distintos puntos del país, lo cual refleja un hartazgo profundo con su gobierno.

Esta crisis ha revelado una fisura mucho más profunda: el contraste entre los ingresos millonarios que genera la explotación petrolera ilegal, liderada por la transnacional ExxonMobil, y la persistente pobreza que golpea las zonas rurales y periurbanas del país.

Mientras el gobierno celebra proyecciones de crecimiento económico sostenido con las paupérrimas regalías recibidas de la expoliación ilícita, millones de guyaneses en comunidades como Tuschen siguen enfrentando carencias estructurales.

Según el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), tres de cada cuatro personas en el medio rural de Guyana viven en condiciones de pobreza. Sus habitantes conviven con servicios públicos precarios, empleo informal y limitada presencia del Estado.

La muerte de la niña y la errática gestión del caso han profundizado el desprestigio del gobierno de Irfaan Ali, que enfrenta crecientes cuestionamientos sobre su capacidad de responder con transparencia ante una tragedia que ha conmocionado Guyana.