Erik Prince, fundador de Blackwater y uno de los principales promotores de la privatización de la seguridad, ahora quiere llevar su modelo de negocios al control migratorio.

Según el portal estadounidense POLITICO, Prince ha presentado un plan para deportaciones masivas en el que contempla métodos y estructuras de seguridad privada para expulsar migrantes de Estados Unidos. Esta iniciativa, alineada con políticas antiinmigrantes, evidencia el peligro de la tercerización (outsourcing) de asuntos de Estado y plantea serias preocupaciones sobre la militarización de la frontera y el creciente papel del sector privado en decisiones que deberían ser responsabilidad exclusiva del gobierno.

¿En qué consiste?

La militarización y la mercantilización de la migración ha tomado un nuevo giro con la propuesta de este empresario. El proyecto, delineado en un documento de 26 páginas, contempla una red de "campos de procesamiento" dentro de las bases militares, con el argumento de evitar el colapso de las instalaciones actuales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El esquema incluye una flota de 100 aviones privados y un contingente de ciudadanos autorizados para efectuar arrestos con el objetivo de deportar a 12 millones de personas antes de las elecciones de medio término de 2026. Para lograrlo, se necesitaría expulsar a casi 500 mil migrantes cada mes, con un costo estimado de 25 mil millones de dólares.

El plan sostiene que el gobierno federal carece de la capacidad para ejecutar deportaciones a gran escala y propone traspasar el proceso a empresas privadas. Entre sus medidas sugiere la formación de un "Equipo de rastreo de deportados", encargado de ubicar a las personas mediante registros existentes. Además, prevé la contratación de 2 mil abogados y asistentes jurídicos para agilizar audiencias de deportación y evaluar la elegibilidad de los individuos.

Además, se propone una base de datos pública en lugar del tradicional "Aviso de comparecencia" —documento legal que le notifica que el gobierno de Estados Unidos ha iniciado un proceso de deportación—, lo que podría vulnerar el debido proceso.

Asimismo plantean un "programa de recompensas" que ofrecería pagos en efectivo a ciudadanos que colaboren en la captura de migrantes indocumentados, aspecto que incentivaría la participación de agentes locales y estatales en estas tareas. Tal enfoque, sin embargo, genera preocupación por los posibles abusos y la falta de supervisión en un proceso tan sensible.

En conjunto, la iniciativa busca acelerar estas medidas migratorias mediante un enfoque agresivo y la intervención del sector privado, lo que plantea serias dudas en términos legales, éticos y sociales.

Una "solución" logística o un negocio controvertido

En una entrevista con NewsNation el 25 de febrero, Erik Prince defendió su propuesta de deportación masiva asegurando que no pretende crear un "ejército privado" sino ofrecer una estrategia logística para trasladar a las millones de personas que buscan expulsar.

También minimizó su historial con Blackwater bajo el alegato de que la empresa "ya no existe" y que ahora se dedica a la venta de municiones. Sin embargo, este intento de distanciarse de su pasado ignora su vinculación con escándalos como la Masacre de la Plaza Nisour en Irak, donde mercenarios de Blackwater asesinaron a 17 civiles.

Al ser cuestionado sobre la viabilidad de deportar a 12 millones de personas antes de noviembre de 2026, Prince respondió: "Si movilizas todo el ejército de Estados Unidos y utilizas todos los aviones de la Fuerza Aérea, tal vez sea posible". Insistió en que su plan es legal y ético, aunque evitó explicar cómo se garantizaría el debido proceso en deportaciones de tal magnitud.

Su argumento se centró en la organización operativa: "Todo esto se reduce a la cuestión de logística, ¿cómo hacer volar a tanta gente? Piensa en cómo hemos sido invadidos", señaló.

Prince retrató la migración como una crisis inminente y una invasión descontrolada utilizando un tono alarmista para justificar su iniciativa. Afirmó que "millones de personas han ingresado ilegalmente, pagando a cárteles para cruzar la frontera", una realidad que, según él, exige medidas drásticas e inmediatas.

Al presentar la situación como una situación crítica, Prince busca legitimar su plan como una "solución" urgente e indispensable.

Este enfoque no es casual: al enfatizar términos como "invasión" y "emergencia”, Prince construye un escenario de urgencia extrema que facilita la aprobación de su propuesta. La plataforma está diseñada para implementarse sin un proceso de licitación competitivo, lo que permitiría a la Casa Blanca activar una declaración de emergencia nacional.

Bajo este marco, el gobierno podría eludir los procedimientos burocráticos habituales, acelerar su ejecución y otorgar un papel central a empresas privadas como las de Prince.

De esta manera, el discurso de la crisis migratoria no solo justifica medidas extremas sino que también sienta las bases para una implementación rápida y sin supervisión, aprovechando el clima de emergencia en aras de garantizar la viabilidad del proyecto.

Ahora bien, en los últimos minutos de la corta entrevista también defendió la intervención de empresas privadas y aseguró que su propuesta permitiría actuar de manera "más rápida, eficiente y económica". No obstante, dicha visión pragmática ignora los riesgos jurídicos de delegar en contratistas privados un proceso tan sensible como la deportación masiva.

El periodista también cuestionó el uso de aviones privados. Señaló que el memorándum menciona solo 49 aeronaves disponibles. Prince respondió que el desafío radica en "escalar la operación" después de asegurar que la administración Biden facilitó la "invasión migratoria", que su propuesta busca revertir.

Uno de los puntos más polémicos es el "programa de recompensas" para ciudadanos que ayuden a identificar y detener migrantes. Al ser advertido sobre el rechazo que podría generar esta medida, Prince evadió la pregunta y se limitó a decir: "Somos una nación de leyes". No explicó cómo se evitarían abusos o violaciones de derechos humanos derivados de incentivar a civiles a participar en operativos de captura.

Finalmente, al ser interrogado sobre el interés del gobierno en su propuesta, admitió que no ha recibido respuesta. "Es un proceso burocrático", afirmó, sugiriendo que las autoridades probablemente intentarán primero agotar sus propios recursos antes de recurrir al sector privado.

No obstante, destacó que las deportaciones ya han sido gestionadas en el pasado por contratistas, para insinuar que su plan no es una idea completamente nueva.

Prince presenta su proyecto como una solución pragmática, pero sus vaguedades y el historial controvertido de Blackwater generan escepticismo. No se trata de resolver "un problema", es simplemente un negocio disfrazado de política migratoria.

la conexión "Ya Casi Venezuela"

El plan de Prince no se limita a Estados Unidos, sus implicaciones trascienden las fronteras y podrían afectar directamente los países receptores de deportados. Sin embargo, lo más llamativo es la coincidencia temporal entre esta propuesta que ronda los pasillos de la Casa Blanca desde diciembre 2024 y su anterior iniciativa, "Ya Casi Venezuela", lanzada en septiembre de 2024, señalada como un estafa y un plan opaco de captación ilegal de recursos.

En aquel momento Prince utilizó la plataforma X para promover una recolecta de fondos destinados a financiar una operación militar mercenaria contra el país. Aunque la iniciativa no logró el respaldo esperado, sí generó un impulso mediático significativo entre sectores extremistas, y en adelante Prince se situó como un actor clave en la agenda de intervención contra Venezuela.

Ahora, con su propuesta de deportaciones masivas, él aprovecha ese mismo momentum político y mediático. Esto refleja una contradicción política clave: por un lado, promueve una agenda intervencionista bajo el pretexto de la "liberación" de Venezuela mientras que, por otro, propone medidas agresivas contra los migrantes, incluidos los venezolanos. Esta incoherencia expone su oportunismo, característico de alguien que ha construido su carrera sobre propuestas cuestionables y operaciones privatizadas.

Su atropellada trayectoria como empresario de la industria mercenaria y su historial de iniciativas claramente mediadas por la corrupción y la ilegalidad, como "Ya Casi Venezuela", indican que esta plataforma de deportaciones a granel podría ser otra maniobra más en su repertorio de proyectos polémicos, más cercanos a la estafa que a un plan que le sirva a Trump.

Sacar provecho a la agenda política

La implementación de este mecanismo muestra tanto serios cuestionamientos legales como también la posibilidad de violar principios fundamentales del debido proceso.

La creación de un grupo de contratistas con la facultad de realizar arrestos equivale a delegar funciones estatales en actores privados, lo que entraría en conflicto con legislaciones estatales y federales.

Además, la propuesta de realizar audiencias de deportación masiva sin garantías procesales adecuadas abre la puerta a demandas y bloqueos judiciales.

Más allá de su viabilidad jurídica, la fórmula de Prince encaja en un patrón ya conocido: la conversión de la seguridad y el control migratorio en un lucrativo negocio para empresas privadas.

Blackwater y otras compañías de seguridad han obtenido contratos millonarios en operaciones militares y de vigilancia, y la privatización de las deportaciones sería una extensión de ese modelo, en la misma línea de la proliferación de cárceles privadas y la subcontratación de tareas fronterizas.

En este esquema evidentemente no se aborda la migración como un asunto humanitario —que no lo ha sido nunca— sino como una oportunidad de negocio.

Ahora bien, la repatriación forzada de millones de personas en un periodo corto no solo ignora las causas estructurales de la migración —muchas de ellas derivadas de políticas coercitivas implementadas por Washington—, sino que también muestra una aproximación a la falta de supervisión independiente y abre la puerta a posibles abusos y arbitrariedades en el proceso.

Lo cierto es que la propuesta de Prince se enmarca en una lógica de externalización de funciones estatales y militarización de procesos que deberían ser parte del andamiaje gubernamental.

En definitiva, Prince aprovecha lo que se considera "crisis" para cabildear sus iniciativas y emprendimientos, siempre bajo el pretexto de resolver problemas que, en gran medida, han sido exacerbados por las mismas políticas que él defiende.