Existen múltiples factores que inciden al momento de entender por qué el virus se propaga con mayor o menor velocidad en cada país del mundo. Allí entran variables circunstanciales, como el tipo de clima de la región, la afluencia de viajeros extranjeros o la susceptibilidad de la población (Italia y Europa en general tienen mayores riesgos de mortalidad por tener un grueso de población anciana).
Sin embargo, los elementos relacionados a los protocolos de prevención y contención que tome cada país también alentarán o disminuirán la transmisión en el territorio, cuestión que hemos abordado en un informe anterior, al revisar la estrategia que Venezuela ha diseñado basándose en la experiencia china y europea.
Chile, Ecuador y Perú: reacciones al crecimiento exponencial de contagio
Siguiendo las estadísticas que publica la universidad estadounidense Johns Hopkins en tiempo real,el medio chileno BioBio Chile determinó que, por número de habitantes, “Chile lidera la lista de los países de América del Sur en propagación (con) un 1 caso por cada 114 mil personas”.
Al día de hoy, el país tiene 201 casos confirmados, por lo que Piñera decretó el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe.
Santiago informó del primer caso registrado el 3 de marzo. Se trataba de un médico chileno que llegó desde Singapur el 25 de febrero. De la identificación del contagiado a que el gobierno de Sebastián Piñera pasara a medidas que todavía no se acercan en contundencia a las que está tomando Venezuela, transcurrieron 12 días y 155 contagios.
Dice el estadista chileno Eduardo Engel:
“Chile en cinco días pasó de 23 a 155 casos. Italia en cinco días pasó de 21 a 470 casos. En esta comparación partimos casi en el mismo nivel (23 y 21) y ya estamos en el crecimiento exponencial. La primera conclusión es que estamos mejor que Italia, pero que se haya más que duplicado el número de casos entre ayer y hoy sí es muy preocupante”.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno de Piñera? Las primeras acciones trascendentales ocurrieron cumpliendo las casi dos semanas de propagación del coronavirus.
El 14 de marzo el ejecutivo chileno informó que el país había entrado en la fase 3 de la enfermedad (contagio comunitario) con 43 casos de contagio. La batería de medidas anunciadas para contrarrestar la situación estuvo compuesta por aislamientos parciales a los grupos que tuvieran contacto con casos contagiados.
Así, en el sector laboral solo asumirían cuarentena obligatoria de 14 días los empleados que “hayan tenido contacto estrecho comprobados con casos de COVID-19”.
Igualmente con el sector de educación: se suspendería las clases de un curso completo de estudiantes por 14 días si se confirmaba un caso de COVID-19. Si existía dos o más el plantel escolar entraría en aislamiento.
Se prohibieron las reuniones de grupos mayores de 500 personas, un mayor control migratorio de las personas que arribaran de países contagiados y el permiso para que funcionarios públicos mayores de 75 años pudieran realizar su trabajo desde el hogar.
El lunes 16 de marzo, Piñera se dirigió a la nación chilena para anunciar que habían entrado en la fase 4 de la pandemia (la etapa “más dura” según el mandatario, en la que se produce la transmisión sostenida del COVID-19) y que tomarían nuevas medidas, entre ellas:
-Cierre de fronteras terrestres, marítimas y aéreas durante 15 días a partir del 18 de marzo.
-Sanciones para quienes no cumplan la cuarentena.
-Suspensión de clases por 14 días en todos los establecimientos educacionales.
-Prohibición de eventos públicos con más de 200 personas.
Hasta los momentos, el protocolo sanitario mantiene el sistema de cuarentenas parciales, permitiendo incluso el funcionamiento normal de centros comerciales y supermercados en todo el país.
Sobre estas restricciones, Cristóbal Cuadrado, académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, evalúa que “hay mucho que implementar. Hay cuarentenas que sabemos que no se están siguiendo y el gobierno tiene que hacerlo, porque esa es la forma más efectiva de evitar la propagación del virus”.
Hasta los momentos, Ecuador registra 111 casos y 2 personas fallecidas, ambas mayores de 50 años.
El país anunció el primer caso el 29 de febrero, una mujer que había viajado desde España hacía dos semanas atrás (14 de febrero). Presentó síntomas dos días después de llegar a Guayaquil.
Emergieron varias contradicciones sobre el manejo de este caso por parte de las autoridades sanitarias, que el medio ecuatoriano Expreso recopiló en un reportaje.
La ministra de Salud, Catalina Andramuño informó que todos los familiares de la contagiada “estaban cumpliendo el aislamiento”. Sin embargo, una funcionaria del ejecutivo confirmó que su hermana, que había tenido contacto con ella, no estaba en cuarentena.
A Andramuño también se le espetó la falta de rigurosidad en la detección temprana y el rastreo de los otros 288 pasajeros que viajaron a bordo del avión en el que estuvo la paciente. La autoridad sanitaria no dejó claro si se había contactado al grupo y si estaban cumpliendo el protocolo de aislamiento.
Tanto la paciente cero como la hermana fallecieron por el COVID-19.
El 7 de marzo, una semana después de hallar al paciente cero en la ciudad de Guayaquil, se realizó una desinfección de la Metrovía, transporte público que traslada alrededor de 400 mil usuarios diariamente.
Cuatro días más tarde, el presidente Lenín Moreno decretó emergencia sanitaria en todo el territorio. A través de esa decisión, se dispuso mayores medidas de control en puntos de ingreso nacional, aplicación de restricciones para eventos masivos, medidas de prevención en los transportes públicos y flexibilidad laboral para los empleados que lo requieran.
Especialistas locales cuestionan la falta de acceso a datos sobre la evolución del brote. “El acceso a información de cualquier tipo de brote es fundamental porque nos permite evaluar modelos, distribución geográfica, gravedad de los pacientes (…) cuando uno ve que aquí no hay datos, los toma de los otros países y eso muchas veces no es replicable en nuestra realidad”, dice el doctor Esteban Ortiz, experto en salud pública.
Del 15 al 16 de marzo, los casos oficiales ascendieron de 21 a 58 personas, un incremento del 56,7% en menos de 24 horas.
Ahora, todo el país está bajo toque de queda, estado de excepción y restricción vehicular, “medidas extremas” que si no se cumplen, “pudiéramos llegar a tener 800 mil contagiados”, dijo Lenín Moreno en una alocución.
Por su parte, el gobierno de Perú tiene registro de 117 casos confirmados, la segunda tasa más alta de COVID-19 por número de habitantes después de Chile. 70 de los casos están concentrados en Lima, la ciudad capital.
El paciente cero fue reportado el pasado 6 de marzo. El presidente de Perú decretó estado de emergencia nacional el domingo 15 de marzo; implica la inmovilización de la ciudadanía y el cierre total de las fronteras durante 15 días.
Entre las medidas tomadas bajo el estado de emergencia, destaca la implementación de un subsidio de 380 soles (US$100, aproximadamente) a 9 millones de peruanos para atajar las complicaciones económicas que puedan presentarse en los 15 días de aislamiento obligatorio que ordenó Vizcarra.
Bolivia, Brasil y México minimizan el impacto del coronavirus
Los conflictos políticos internos entre la presidenta de facto Jeanine Áñez y otros factores de poder en Bolivia no han permitido que se defina un solo programa para tratar los 13 casos confirmados en el país y contener su expansión en el territorio.
Hasta la llegada del virus, Áñez desestimó las medidas de prevención y contención ensayadas con resultados positivos en países asiáticos. En cambio, emitió órdenes inconexas que prohibían, por ejemplo, el cierre de sitios para el esparcimiento en horario nocturno sin tocar los horarios laborales.
Las restricciones migratorias han sido influenciadas por la presión regional de países que sí han tomado esas medidas con anticipación. El 14 de marzo, Bolivia prohibió los vuelos hacia y desde Europa, también el ingreso de pasajeros de China, Corea, Italia y España.
Las autoridades nacionales, presionadas por varios gobiernos regionales a decretar el cierre de fronteras, accedieron solo a prohibir vuelos hacia y desde Europa y vetar el ingreso a ciudadanos y viajeros procedentes de China, Corea, Italia y España.
Autoridades regionales de Oruro, Sucre, Tarija y Cochabamba anunciaron la aplicación de una “cuarentena urbana de 14 días” para frenar la pandemia siguiendo una línea de acción opuesta a la del gobierno central.
A estas cuatro regiones, se sumó Santa Cruz.
El gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro ha estado vinculado a múltiples controversias por el incumplimiento de protocolos sanitarios propuestos por la OMS, bajo el argumento de que hay una “neurosis” por la pandemia.
El país ha registrado 234 casos de coronavirus y una víctima fatal. El plan de contingencia implementado por la administración de Bolsonaro para atacar al virus no incluye la suspensión de actividades laborales o educativas, tampoco la prohibición de grandes concentraciones de personas o el control férreo de las fronteras y aeropuertos internacionales.
Algunas gobernaciones han tomado sus propias medidas de seguridad, que incluyen el cierre de escuelas y la limitación de las concentraciones. Ante esto, el presidente de Brasil opinó que no coincide en las decisiones porque “afecta la actividad económica (…) muchos ya contrajeron esto a pesar de los cuidados que se toman, esto va a pasar más tarde o más temprano”.
Bolsonaro y su gabinete omiten las recomendaciones sanitarias incluso a nivel personal, lo que ha derivado en que 11 personas vinculadas al ejecutivo brasileño dieran positivo en la prueba de coronavirus y que el propio presidente brasileño se la tuviera que realizar, dando negativo pero quedando bajo cuarentena.
Esa última orden médica también fue ignorada por Jair Bolsonaro, yendo a concentraciones donde tuvo estrecho contacto físico con sus seguidores.
Recordemos que el mandatario viajó a Estados Unidos el 7 de marzo, aun cuando, para esa fecha, hacía más de una semana que Brasil había descubierto el primer contagio de COVID-19 en América Latina.
En el estado de Florida, se reunió con figuras militares del Comando Sur y con el presidente Donald Trump.
De regreso a Brasil, se les detectó el virus al jefe de prensa de Bolsonaro y a otros cinco funcionarios más, quienes estuvieron presentes en la reunión de los presidentes.
Según especialistas sanitarios, si no se toman medidas estrictas como las que han ejecutado países asiáticos, la enfermedad puede extenderse sin control.
“Si no hacen nada, puede ser terrible. Ya no estamos en la fase de contención, de evitar, sino en la de suavizar sus efectos y reducir el número de personas afectadas”, explica el físico Roberto Kraenkel, estudioso del comportamiento de las epidemias.
Brasil sigue el modelo británico de Boris Johnson, que planeaba dejar que el virus se esparciera para “crear inmunidad”. Ante la presión internacional, el premier inglés ha cambiado el enfoque a las medidas de aislamiento.
Algo similar ocurre con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
“El coronavirus COVID-19 está en México desde el 28 de febrero y no puede contenerse”, dice el sitio web oficial de la presidencia. La estrategia de AMLO se basa en campañas de prevención “para disminuir el riesgo de contagio”. Recomiendan reforzar normas de higiene y limitar el contacto físico en los saludos.
El plan “jornada nacional de sana distancia”, propuesto por la Secretaría de Salud federal, indica la suspensión de las actividades escolares y otras que no sean esenciales, además pide evitar que los niños tengan contacto con los adultos mayores. El protocolo sanitario inició el lunes 23 de marzo.
Así, las medidas de distanciamiento están limitadas a grupos específicos y no hay irrupción de las actividades laborales, tampoco restricciones en grandes concentraciones de personas.
El ejemplo también lo ha puesto el presidente AMLO. Sigue participando en eventos públicos y desatiende las medidas sanitarias mínimas para evitar el contagio del nuevo coronavirus.
El lunes 16 de marzo, la Secretaría de Salud informó que 29 personas habían sido diagnosticadas con COVID-19, aumentando la cifra oficial, que cerró el día anterior con 53 infectados, a 82 casos oficiales. Sumado a esto, hay tres ciudadanos que tienen un diagnóstico reservado y 171 posibles casos que están siendo evaluados.
Las autoridades sanitarias dispusieron de 9 mil 100 pruebas para detectar COVID-19 en distintos laboratorios del país, sin embargo han aplicado menos del 10% para descartar casos sospechosos, según un promedio calculado por el portal Animal Político.
Ante las quejas por el manejo de las pruebas de coronavirus, el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell Ramírez dijo que comparar la cantidad de pruebas que se hacen con la eficacia de los protocolos sanitarios carecía de “sentido técnico y científico”.
Los estados de Guanajuato, Jalisco, Yucatán, Tamaulipas y Michoacán decidieron suspender clases este martes para evitar los contagios, aunque el gobierno federal programó el cierre de escuelas a partir del 20 de marzo y hasta el 20 de abril.
Argentina define un protocolo moderado contra el virus
65 casos había reportado Argentina en el informe sobre el avance del coronavirus del 16 de marzo. Al momento de divulgarlo, el Ministerio de Salud dijo que el país seguía en “fase de contención” y no había evidencias de transmisión comunitaria, siendo que la mayoría de los casos son importados.
Uno de los nuevos casos se trata de una médico que dio positivo en la provincia del Chaco. La paciente sospechaba ser “un caso autóctono, no viajé a ningún lado ni estuve en contacto con ninguno de los casos que dieron positivo en Chaco”. La ministra de Salud anunció que va a tomar el diagnóstico como “posible caso de circulación viral” (contagio autóctono).
Hasta el domingo, el gobierno de Alberto Fernández no había concretado un paquete de acciones para atacar la virulencia de la enfermedad.
Ese día se anunció un grupo de medidas, todas enmarcadas en aislamientos parciales: interrupción de clases en todos los niveles escolares por dos semanas, cierre de fronteras por 15 días, licencia laboral para las personas mayores de 60 años, cancelación de aglomeraciones, cierre de parques nacionales y restricción comercial exceptuando a los pequeños comercios.
El mandatario argentino aseguró que “una cuarentena generalizada para el país es mucho (…) tendría consecuencias económicas muy negativas, que ni siquiera ayudan a resolver el problema de la pandemia”.
Según una consulta elaborada por la encuestadora D’Alessio Irol, el 48% de los encuestados consideró las medidas “adecuadas y oportunas”, mientras que un 46% opinó que eran “adecuadas pero tardías”.
El COVID-19 no detendrá la deportación de migrantes de Estados Unidos hacia Centroamérica
La región de Centroamérica fue una de las últimas en recibir la pandemia, pero de todos modos se ha propagado con rapidez. En 76 horas hubo un incremento de 77% en los casos infectados, pasando de 73 a 129 personas diagnosticadas, según una actualización difundida el lunes 16 de marzo por la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).
Ricardo Castañeda, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, opina que la región está mal preparada para combatir una epidemia de salud y una recesión económica al mismo tiempo.
Panamá (55) y Costa Rica (41) son los países que reportan más casos, teniendo el primero un fallecimiento por la enfermedad. Belice, Nicaragua y El Salvador no reportaban casos cuando fue difundido el reporte.
Honduras y Guatemala tendrán que enfrentar la pandemia con gobiernos penetrados por la corrupción, con sistemas de salud pública deficientes. Ambos tienen el peor puntaje en la región en el Índice de Acceso y Calidad de la Atención Médica (HQA, por sus siglas en inglés).
Según Castañeda, Guatemala tiene “capacidad para atender a la población que había en 1970, pero no para la población que hay en 2020”. Mientras que Honduras no ha logrado controlar un brote mortal de dengue que azota a sus habitantes: nueve personas han muerto y hay 9 mil 595 casos confirmados hasta el cierre de esta nota.
Los mandatarios de los gobiernos que conforman el SICA sostuvieron una reunión virtual el 12 de marzo, con excepción del presidente de El Salvador, con el objeto de “articular esfuerzos para implementar medidas regionales de contención, para prevenir la propagación y garantizar la salud de todos los habitantes de la región”.
Pidieron al Banco Centroamericano de Integración Económica “que facilite los recursos que requieran los países para atender esta emergencia”.
Nayib Bukele, quien se negó a firmar el acuerdo, ha decidido tomar sus propias medidas en El Salvador. Decretó cuarentena nacional y prohibió el ingreso de turistas provenientes de países en los que hay contagios de coronavirus.
Sin embargo, las deportaciones desde Estados Unidos no fueron canceladas. Así lo manifestó el comisionado interino de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, Mark Morgan, en una rueda de prensa telefónica citada por el medio El Faro.
Los vuelos para deportar centroamericanos continuarán con regularidad a pesar de que “la amenaza de un riesgo a la salud en la frontera Sur es muy real”, indicó Morgan.
La crisis sanitaria tampoco detuvo la reunión de Nayib Bukele con funcionarios de Trump, efectuada el 6 de marzo, para afinar los detalles en el plan que permitirá el traslado de migrantes que piden refugio en Estados Unidos hasta asentamientos en El Salvador, mientras se tramita su solicitud.
No es un asunto de tendencias políticas, pero Colombia opina distinto
Iván Duque decidió convertir una delicada situación sanitaria que golpea a casi todas las naciones del mundo en una oportunidad de ataque al gobierno de Venezuela.
El gobierno colombiano ordenó un cierre unilateral de las fronteras con Venezuela, razón por la cual la Organización Panamericana de la Salud tuvo que interceder, a petición del presidente venezolano Nicolás Maduro.
Dejar sin autoridad a los 2 mil 219 kilómetros que separan ambas naciones, en medio de la crisis sanitaria del COVID-19, sólo empeoraría el cuadro regional.
“La figura del presidente colombiano como estadista sensato queda en entredicho frente a la comunidad internacional”, sostiene esta tribuna en un análisis sobre este hecho.
El Ministerio de Salud colombiano anunció este martes que el país tiene 65 casos oficiales. Las medidas para enfrentarlo son mucho menos drásticas que las que ha adoptado el modelo venezolano.
De hecho, el gremio de médicos le ha solicitado que extreme las acciones que ha tomado hasta el momento, puesto que ven “con alarma el incremento significativo de los casos de COVID-19 en el país”.
En una carta firmada por varias asociaciones médicas de Colombia, se le pide a Iván Duque que eleve las restricciones “a un aislamiento por tiempo definido con las excepciones pertinentes, ya que ha sido la herramienta más eficaz para el control de la pandemia”. Además, en el documento exigen recursos estatales suficientes para abordar “las necesidades de una real emergencia sanitaria”.
Fractura regional durante la pandemia
En Latinoamérica en conjunto está comenzando a levantar la curva de propagación del COVID-19.
Al revisar los programas sanitarios y de seguridad que están tomando los gobiernos latinoamericanos para aplanar la curva y desacelerar la expansión, estamos también presenciando qué tan efectiva son sus políticas económicas, sociales y migratorias, muchas de ellas ancladas al desgastado modelo neoliberal impuesto por Estados Unidos.
No pasa desapercibido que Sebastián Piñera organizó una teleconferencia con presidentes de los países suramericanos con el objetivo de coordinar un esquema de trabajo regional para combatir la pandemia y no convocó al presidente Nicolás Maduro.
Antes de la reunión, el presidente Alberto Fernández se comunicó con Piñera y le manifestó que “por la gravedad del tema, tratándose de salud pública y teniendo Venezuela frontera con tres países de la región”, tenían que estar todos presentes en la teleconferencia.
El continente fragmentado y desorientado políticamente, en ocasión de una pandemia, sólo puede resultar en programas nacionales desordenados que chocan entre sí; algunos de ellos peligrosos por su irresponsabilidad. La discordia dificulta la recuperación del conjunto.
Mientras tanto Venezuela, con las mismas condiciones adversas de bloqueo, asedio internacional y desarticulación del bloque regional, apuesta por un modelo distinto en la región para poner el valor social por encima de lo económico en situaciones de emergencia global.