En Chile, la Convención Constitucional, compuesta por 155 representantes elegidos a través de una jornada electoral en mayo, han iniciado sus trabajos con el objetivo de adoptar una nueva Carta Magna del país.

El evento es el resultado de las manifestaciones que iniciaron en 2019 contra el modelo neoliberal que impera en el país.

Debido a las restricciones sanitarias asociadas a la pandemia, los miembros de la Convención Constitucional juraron el domingo en los jardines del ex Congreso de Santiago.

El evento tuvo lugar a las 10 de la mañana (hora local), con la juramentación y elección de la presidencia. Sin embargo, la sesión quedó suspendida hasta la tarde debido a que un grupo de constituyentes exigían que se detuviera la represión por parte de grupos policiales contra personas que habían salido a marchar en el centro de la ciudad, en el marco de la celebración del acto.

La sesión fue reanudada más tarde y los constituyentes eligieron a Elisa Loncón, representante del pueblo mapuche y académica de la Universidad de Santiago, para presidir la Convención Constitucional.

"Loncón obtuvo 96 votos, el candidato de Chile Vamos Harry Jürgensen se quedó con 33 preferencias, la periodista Patricia Politzer (Independientes No Neutrales) con 18 e Isabel Godoy, del pueblo colla, con 3. También hubo tres votos en blanco", reseñó el medio chileno El Mostrador.

Culminada las votaciones y conocido los resultados, la dirigente mapuche dio un discurso que inició saludando en mapudungún, su lengua originaria, e invitando a todo el pueblo chileno a refundar el país sudamericano.

“Este sueño es un sueño de nuestros antepasados. Este sueño se hace realidad. Es posible refundar este Chile. Establecer una nueva relación”, dijo Loncón.

Los 155 miembros de la asamblea constituyente están conformados por 77 mujeres y 78 hombres, con 17 escaños para los pueblos indígenas. Muchos de sus miembros representan a fuerzas independientes de los partidos tradicionales.

Su tarea es redactar la constitución que sustituirá a la actual, que se mantiene vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet. El debate debería durar como máximo un año. Una vez concluido su trabajo, la nueva Constitución de Chile se someterá a referéndum en 2022.