Recorte de pensiones en Argentina: datos y claves del día después

Reprimieron a golpes y perdigones, cuatro veces en cinco días, a abuelos, jóvenes y ocho diputados opositores, en manifestaciones de 500 mil personas como pocas veces se habían visto en los últimos 12 años en Argentina. La causa fue el recorte a la reforma de pensionados desde el Congreso, el quite de dinero a los jubilados con un nivel de rechazo en las encuestas de 66%. Así, sin quererlo premeditadamente, el gobierno de Mauricio Macri por primera vez unió a toda la gente que se le opone, y reveló su verdadera característica impopular y empresarial.

Una reforma hecha a los golpes

Con un Congreso sitiado por un operativo de seguridad, la reforma previsional fue aprobada mientras en las afueras las escenas reflejaban un uso desproporcionado de la fuerza para desmovilizar la tercera manifestación en su contra. La culpa ha sido trasladada a los manifestantes en los choques con las fuerzas de seguridad, apostadas para evitar una "conspiración golpista" para detener el funcionamiento del parlamento, según los voceros oficiales del gobierno de Macri.

En los canales de televisión hicieron un esfuerzo denodado por utilizar la violencia como elemento distractor de lo que realmente sucedía adentro del recinto parlamentario, donde diputados de oposición continuamente pidieron levantar la sesión para evitar un baño de sangre. Se hizo sin ningún tipo de éxito en las mociones que presentaron en esa dirección, unitariamente, una y otra vez para utilizar la presión de la gente afuera en beneficio de hacer derivar la legislación.

En el día se había pasado de la cacería a personas supuestamente violentas, que atacaban a policías con piedras, a protestas espontáneas con cacerolas que en Buenos Aires habían avanzado de nuevo para rodear el Congreso. Una postal que el gobierno de Macri tampoco iba a dejar perder, desechar y enterrar en el escarmiento con la segunda represión del día a abuelos con cacerolas, hijos con niños y nietos en bicicletas. De la misma manera fue en la tarde, ferozmente contra personas indefensas que se desmovilizaban.

Adentro la mayoría de los diputados del partido de Macri, Cambiemos, evitaban hablar de la reforma. Al finalizar la noche, habían conseguido los votos necesarios para aprobar la reforma previsional con los alrededores del Congreso destruidos, negocios con vidrios rotos y la calma de Buenos Aires aplazada. Al retirarse, después de aprobada la ley, uno de sus diputados, Mario De Negri, no tardó en contradecir el discurso oficial: dijo que la reforma no le quitaría dinero a los jubilados argentinos. Según él, no podía asegurarlo.

La primera dosis de ajuste

En términos simbólicos, la reforma previsional de Mauricio Macri es la primera medida de su gobierno que es percibida como regresiva para la mayoría de los argentinos, hasta el punto de que ni siquiera puede ser defendida en la televisión por los periodistas sospechados de recibir sobres de manila con dinero de los servicios de inteligencia del gobierno argentino. Sencillamente, fue un pica y extiende que hizo crecer con el tiempo la movilización en su contra, hasta en la propia Buenos Aires, donde dos meses antes el gobierno había ganado con más de 50% de los votos.

Tanto así que se instaló un clima de opinión generalizado en contra de la medida que creció aún más después de que el pasado jueves fuese levantada la primera sesión por falta de quórum, en un contexto de alta represión. Por lo que este lunes el foco mediático y discursivo oficial se centró en las acciones de grupos violentos en las afueras del Congreso para desviar la atención en pos de fortalecer los argumentos a favor de la reforma, con el claro fin de invisibilizar las masivas muestras de rechazo y obviar el dispositivo represivo para imponer el avance de la reforma.

Un descontento obvio si se tiene en cuenta que la reforma de Macri prevé una sensible disminución de dinero a jubilados, madres con niños en condiciones de pobreza, trabajadores con hijos y veteranos de la guerra de las Malvinas. 17 de 43 millones de argentinos son los afectados. Con varios agregados de fondo en el futuro cercano, como el aumento hasta los 70 años de retiro laboral de los argentinos y el desfinanciamiento de las cajas de jubilaciones en el largo plazo a través del recorte deliberado a sus ingresos.

Todos motivos que encontraron un punto de sensibilidad compartida por amplios sectores, sindicales, sociales y urbanos, que identificaron inmediatamente un asalto a los bolsillos de sus allegados y, sobre todo, de sus familias. Con argumentos oficiales insólitos, el diputado Pablo Tonelli dijo que la reforma "hacía perder dinero pero no poder adquisitivo a los afectados", dejando un saldo desfavorable para el gobierno que hizo que el presidente argentino pidiera una cuota de confianza a los oponentes de la reforma una vez sancionada.

Una reforma que es parte de un paquete

La necedad de Macri por imponer el recorte de jubilaciones se explica por ser parte de las leyes presentadas por su gobierno como una suerte de salto hacia adelante para la Argentina, después de las elecciones parlamentarias. Básicamente, un paquete compuesto por una legislación tributaria, previsional y laboral, cuya importancia inmediata se centraba en las dos primeras para asegurar dinero fresco al gobierno, y recortes de gastos para achicar el déficit fiscal, con el fin de mostrar signos al mercado para captar más deuda e inversiones extranjeras, según la vocería oficial.

Parte central de este paquete son los 90 mil millones de pesos quitados a los pensionados para tapar los varios huecos de recaudación, abiertos con la eliminación de impuestos a grandes productores de la soja y la minería. La necedad de Macri bien se explica por esto, dado que cierra un acuerdo más amplio con gobernadores de todo el país, donde se comprometen a recortar empleos públicos e impuestos a empresarios a cambio de dinero fresco para afrontar el gasto de sus provincias apretadas por la situación económica de Argentina, aparte de una cuota importante de esa porción para la administración del principal distrito del país dirigido por su partido: Provincia de Buenos Aires.

La importancia reside en que el bloqueo de esta reforma, en palabras del propio Macri, haría inviable el rumbo de su gobierno, dado que el paquete representa la profundización de su política económica, enfocada en una extremista posición neoliberal, favorable a gradualmente construir las bases para redirigir el gasto del Estado en función de los empresarios y bancos para que el país crezca "vía inversiones". Una búsqueda que se ve con este paquete, ya que sus principales objetivos son reducir el subsidio a personas y flexibilizar el empleo para disminuir el costo que los privados gastan en este rubro.

Sin embargo, la inviabilidad de este plan no era por la sanción o no del recorte a pensionados, sino por el hecho de que su venta al exterior es para mostrar signos al "mercado" que muestren a una Argentina responsable a sus dictados, para que sigan fluyendo impresionantes cantidades de deuda prestada por bancos, hoy calculada en más de 100 mil millones de dólares. Se adhiere el grave problema de que ese dinero se dirige hacia los gastos del Estado, sin generar fuentes alternativas de ingreso, y principalmente hacia un perverso esquema especulativo que permite la fuga de 40% de los dólares que entran por esta vía.

Todo lo que deriva en un loop ya vivido por Argentina: la del continuo ajuste para pagar una (cada vez más) apretada deuda.

La puesta en escena de un gobierno represivo

El gradualismo del gobierno de Macri tiene ejes fundamentales para institucionalizar el ajuste, a medida que genera las condiciones a largo plazo para consumar los cambios propuestos. El ejemplo de los pensionados es el más evidente: dado que, además de quitarle dinero en el corto plazo, desfinancia en el largo el sistema de seguridad social para posibilitar el regreso del esquema de administración privada dirigido por los bancos. Sin embargo, buena parte de esta estrategia se basa en la persuasión, a través del engaño deliberado, de amplias franjas de la población para que no muestren rechazo ante estas medidas.

Esta es la primera vez que esa burbuja mediática construida por el macrismo se rompe en la opinión pública, dejando al desnudo el dispositivo de poder duro con el que el gobierno de Macri cuenta para imponer medidas impopulares. Un menú de disciplinamiento social que se vio en toda su dimensión cuando las fuerzas de seguridad emprendieron la persecución contra los manifestantes, amparados en órdenes nacidas de la matriz oficial relacionada a la conspiración violenta dirigida a detener el funcionamiento del Congreso.

Tesis apoyada por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, ávido de inventar expedientes de conspiración contra manifestantes por tener cuadernos con dibujos considerados como "manuales de terrorismo", y remachada por los medios privados hasta el hartazgo para posibilitar la consumación legal del despojo a los pensionados.

Se impuso, por otro lado, ante una oposición que alcanzó un espíritu de movimiento amplio, sin conducción clara que en la calle dirigiese una manifestación espontánea y masiva. Sin embargo, con una dinámica propia que estuvo cerca de poner a la deriva una de las medidas más emblemáticas y estratégicas para la gobernabilidad de Macri, lo que demuestra una falta de fuerza en lo inmediato que hace recalcular al gobierno sobre la posibilidad de una reforma laboral, donde se abra la posibilidad nuevamente de que sindicatos, movimientos sociales, políticos y ciudadanos del común se rebelen en las calles por ser una legislación que abarata despidos y flexibiliza condiciones laborales.

Esta es una foto de un gobierno que hace unos días avanzaba cómodo en sus medidas de ajuste con causas judiciales a opositores, como la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, armadas a discreción, sin que pensara que en frente se le pudiese armar un movimiento que le hiciese recular. En un contexto donde no le queda más que ir hacia adelante con la consolidación de un gobierno represivo en caso de continuar por el mismo rumbo.

Por eso quizás no sea tan viable sancionar ajustes con el Congreso sitiado por las fuerzas de seguridad. Sobre todo porque, al parecer, la verdadera elección en torno a su política de ajuste puede jugarse mucho en una calle que masivamente salió y que acaso saldrá en su contra.

De este devenir es probable que se defina el futuro y estabilidad de una Argentina que se dirige hacia una zona gris, fuera de las leyes, donde vale todo para dirimir los conflictos de poder, lejos del endiosado Estado de Derecho.

Esto sucede hoy en buena parte de América Latina, donde precisamente no abunda el ejercicio del gobierno por legitimidad. Muchos menos bajo el respeto a la preferencia de la mayoría de la población, considerada por Macri como intrusos en su propio país que, si protestan, lo hacen "conspirando" para derrocar al gobierno con más respaldo del poder económico privado de los últimos 30 años de la Argentina.

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