Qué busca Luis Almagro con la instalación de un TSJ paralelo en la OEA

La instalación de este "tribunal" fue calificada por el titular del supremo venezolano, Maikel Moreno, como un "intento de golpe judicial" y una acción ilegal que contraviene los procedimientos jurídicos internacionales.

Este viernes fue atipíco en el Salón de las Américas de la Organización de los Estados Americanos (OEA), ni una de las banderas de los países miembros del organismo fueron instaladas, tampoco ninguna de sus delegaciones estuvieron presentes en la "ceremonia" que se celebró por la mañana. No era para menos, por primera vez un secretario general de esa instancia abría las puertas del ente que administra para la instalación, calificada de "insólita" por la agencia EFE, de un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) paralelo, nombrado por la Asamblea Nacional en desacato en el clímax de las protestas violentas de la oposición venezolana el pasado mes de julio.

Durante la ceremonia de este tribunal, destacó la presencia de los alcaldes prófugos de la justicia venezolana David Smolanksi, Gustavo Marcano y Ramón Muchacho, junto a parte del grupo de ex presidentes de la iniciativa IDEA, conformado entre otros por Laura Chinchilla, Andrés Pastrana y José María Aznar, y una delegación minoritaria de figuras acusadas de planear distintas acciones armadas en Venezuela, como el ex general Antonio Rivero y el dirigente de Voluntad Popular, Carlos Vecchio. Todos ellos ubicados en los asientos de adelante en lugar de los representantes de países de la región ausentes en la ceremonia.

Durante su instalación, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, afirmó que el "TSJ en el exilio tiene el deber de abrir un camino institucional y darle un sentido a la justicia en este país". Lo que en opinión de su supuesto presidente, Miguel Ángel Martín, debe estar enfocado en "abrir un canal humanitario" y trabajar por los derechos humanos de Venezuela.

Martín aclaró, por otro lado, que el TSJ paralelo sesionará en la OEA, Colombia y en "una oficina privada en Washington". Unas horas después, Almagro se reunió en la tarde con el secretario del Departamento de Estado, Rex Tillerson, ex CEO de ExxonMobil.

Antecedentes y objetivos

Los antecedentes más inmediatos de este tipo de instancias paralelas, apoyadas desde el exterior, son las de los Consejos Nacionales de Transición de Libia y de Siria. En ambos casos, la palabra transición permeó el enfoque de ambas instancias, que fueron reconocidas por la Liga Árabe, la organización regional espejo de la OEA en el mundo árabe musulmán, junto a Estados Unidos y la Unión Europea, los dos principales promotores de las agresiones contra estos dos países.

La conformación de un TSJ paralelo en el Salón de las Américas recoge ese espíritu, después de que el gobierno paralelo no fuese armado por la Asamblea Nacional, posterior al plebiscito opositor realizado para legitimar esta decisión el 16 de julio. Visto de esta manera, el TSJ paralelo justamente debería actuar en pos de un desplazamiento progresivo de las autoridades institucionales venezolanas para finalmente dar con un cambio de régimen.

Sin embargo, su enfoque radica en ser tan solo un pivote débil para agresiones jurídicas y diplomáticas contra el país. Una especie de figura institucional ad hoc de Luis Almagro para movilizar el expediente jurídico-diplomático contra Venezuela con el fin de agotar la mayoría de instancias posibles que le permitan a Estados Unidos acceder al uso de la fuerza, bajo el argumento de que no hay manera de reencauzar al país hacia una "democracia" por los mecanismos convencionales, enfoque adoptado por la representante de Estados Unidos en la ONU, Nikki Haley.

El funcionamiento anunciado del TSJ paralelo

De acuerdo al supuesto presidente de esta instancia, Miguel Ángel Martín, el trabajo del tribunal transicional se va a enfocar "en emitir decisiones sobre los problemas que aquejan al país, como la crisis humanitaria e institucional". Desde este punto de partida, Martín sostiene que "van a trabajar internacionalmente a través de la justicia transnacional para perseguir las graves violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad de los que son sospechosos miembros del régimen".

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Extracto de entrevista al diario español ABC

Según su punto de vista, "la ejecución inicial de esas sentencias puede que no sean en Venezuela, sino que se pueden hacer a través de la jurisdicción internacional, ya que gran parte de los delitos de los que acusan a las autoridades venezolanas corresponden a ésta por estar referidos a narcotráfico, terrorismo, lavado de capitales, tortura y lesa humanidad".

De esta manera, este tribunal paralelo serviría para blanquear expedientes recabados por el Departamento de Estado, ONGs financiadas por el propio aparato de Estados Unidos, y la propia ex fiscal Luisa Ortega Díaz, actualmente prófuga de la justicia venezolana y presunta colaboradora de Estados Unidos, de acuerdo al Miami Herald.

Para esto utilizarían la figura de justicia transnacional, a partir de la Convención de Palermo sobre Delincuencia Organizada, para perseguir a las autoridades venezolanas como parte de organizaciones criminales. En esa dirección, la función clara del TSJ paralelo es criminalizar toda la política de Venezuela con el fin de "comprimir o limitar las acciones de gobierno", de acuerdo a Ramsis Ghazzaoui, otro de los magistrados paralelos.

Por esta vía intentarían utilizar sentencias exprés del "tribunal en el exilio" para justificar mayores sanciones contra Venezuela, a tono con la estrategia de cerco y asfixia amplificada con el paquete de sanciones económicas y financieras puestas en marcha por la Administración Trump.

Las debilidades de esta estrategia

Toda esta acción tiene sentido dentro de la OEA si se tiene en cuenta que Luis Almagro adelanta, junto al ex fiscal de La Haya, Luis Moreno Ocampo, un expediente de violaciones de derechos humanos para llevar a la Corte Penal Internacional (CPI). Como es obvio, los magistrados paralelos Miguel Ángel Martín y Ramsis Ghazzaoui anunciaron que acompañarán esta maniquea investigación, basada en los testimonios del prófugo ex mayor general Herbert García Plaza, y miembros del partido Voluntad Popular de Leopoldo López.

La maniobra en ese sentido es proyectar al TSJ paralelo y la ex fiscal Ortega Díaz como poderes públicos legítimos de Venezuela para poder presentar casos en estas instancias internacionales, dado que solamente los Estados pueden instruir expedientes en jurisdicciones como la de la CPI. Sin embargo, estos son procesos que llevan un periodo prolongado de tiempo, alejado de la coyuntura actual de cerco contra el país, y se encuentran a merced de la correlación de fuerzas a nivel global para forzar una interpretación jurídica favorable a esta agenda que considere como legítimas estas instancias paralelas.

Incluso, esta jugada política parece sustentada únicamente en la soledad de Almagro y los sectores más reaccionarios de la agenda antivenezolana, como Marco Rubio y el grupo de ex presidentes, por fuera de la coalición de países agrupados en la Declaración de Lima, ausentes en esta presentación descontextualizada en tiempo y forma de las venideras elecciones regionales y los diálogos en República Dominicana, donde algunos de ellos están cerca de convertirse en acompañantes internacionales.

Este aparente aislamiento de la realidad política inmediata es lo que lo diferencia de los ejemplos libios y sirios en términos de posicionamiento a nivel mediático e internacional. A tal punto que termina por aumentarle los costos políticos y diplomáticos a los países que pretendan reconocer al TSJ paralelo de la misma manera que sucedió con las distintas ofensivas dirigidas a aplicar la Carta Democrática contra Venezuela. Como se ha demostrado, en la reciente historia intervencionista antivenezolana, muchas veces se invierte el sentido de aquella frase de cuando "el río suena es porque piedras trae". El nivel de desprolijidad de esta maniobra parece demostrarlo.

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