¿Por qué a Colombia le incomoda la venta de gasolina venezolana en pesos?

Con el tiempo la política de Colombia en materia fronteriza con Venezuela deja ver cada vez más sus costuras. La aparente ambigüedad de ese gobierno en pro de la regularización de la normalidad económica fronteriza da cuenta, al parecer, de una muy bien estructurada política de sistemático y ordenado desangre de la economía y los recursos venezolanos.

El día 2 de enero de 2017 Venezuela abrió tres estaciones de servicio para surtir de combustible a ciudadanos colombianos que deseen pagar en pesos en territorio venezolano. Dos estaciones de servicio en Ureña (Táchira) y una en Paraguachón (Zulia) se activaron en la iniciativa piloto. Se abriría el paso fronterizo vehicular sólo hasta los puentes y antes de las aduanas, lo que permite el paso vehicular colombiano sólo para esos fines. Estas estaciones surtirían combustible a 1 mil 200 pesos el litro, el equivalente a 40 centavos de dólar, siendo ese precio comparativamente más bajo que el precio del combustible en condiciones regulares y de contrabando en Colombia, que oscila entre 50 y 70 centavos de dólar el litro.

La medida venezolana de venta de gasolina en pesos a ciudadanos colombianos es una alternativa que, modestamente, intenta hacer una contribución en la contención del delito de contrabando de gasolina desde Venezuela hacia Colombia. Antes del torniquete fronterizo implementado por el gobierno de Venezuela en 2015, cifras oficiales de los dos gobiernos dieron cuenta de la gravedad del problema del contrabando. Según el Ministerio que rige la materia en Colombia, unos 14 millones de galones de combustibles (unos 52 millones de litros) mensuales era lo requerido para el norte de Santander.

Antes del cierre de frontera, el suministro por parte de Ecopetrol a este departamento apenas alcanzaba 4,5 millones de galones mensuales (apenas un 32%). El contrabando según cifras oficiales del Gobierno venezolano hacia este departamento de Colombia había superado los 30 millones de litros de combustible al mes, lo que permite suponer que el déficit registrado en el suministro de gasolina era saldado desde Venezuela vía contrabando.

La respuesta de Colombia

Al respecto de la venta desde gasolineras venezolanas a colombianos, la ministra de relaciones exteriores de Colombia, María Angela Holguín, expresó que la frontera con Venezuela no se abrirá para el paso de vehículos, ya que a su juicio el tema de la gasolina "no nos interesa, estamos bien". Agregó que "Cúcuta tiene que mirar hacia Colombia, así como todo el norte de Santander, Arauca y la Guajira (…) esa decisión que tomamos no la vamos a cambiar, no vamos a abrir la frontera, el día 20 de diciembre tuvimos una reunión donde dijimos esto es lo que vamos a hacer, no queremos seguir dependiendo de Venezuela", detalló.

En este sentido, la canciller precisó que a pesar de que habían dicho que se abriría el paso de carros gradualmente, ante esta nueva decisión de las estaciones de servicio "la vamos a aplazar, porque no queremos otra vez, después de lo que hemos logrado en Cúcuta, de que vivamos con la gasolina colombiana, no estemos en el vaivén de las decisiones de Venezuela, porque hoy abren, pero no sabemos si en un mes vuelven a cerrar (...) No vamos a dejar que otra vez nos invada la gasolina de contrabando en la frontera, para eso está trabajando todo el Ministerio de Defensa", señaló Holguín.

En teoría, Colombia estaría saldando por medio de Ecopetrol las necesidades de combustible en su territorio.

Pero lo cierto es que en Cúcuta la gasolina venezolana sigue mercadeándose en las calles por grandes y pequeños pimpineros, cuyo esplendor de sus negocios fue en 2015, todavía son expresión de desangre y foco de extracción de la gasolina venezolana. Un paranegocio fuertemente aupado por asimetrías monetarias inducidas como las generadas por el Dólar Cúcuta y Dólar Today, pues los abismos monetarios son, al mismo tiempo, causa directa de la corrupción. Tales diferenciales pueden pagar cualquier tipo de soborno y mafias que compran o someten a funcionarios de ambos lados de la frontera. Colombia está muy al tanto de esa realidad.

¿A qué juega Colombia con relación a Venezuela?

La respuesta colombiana no puede entenderse como una decisión aislada. Más bien, forma parte de un entramado de situaciones generadas por el gobierno de ese país para favorecer flagelos económicos y asimetrías claramente perjudiciales para Venezuela. Si el gobierno colombiano está enmarcado en un plan político y económico de asedio a Venezuela, tal cuestión estará por demostrarse en lo sucesivo, si es que no es obvio ya. Colombia se rehúsa a dirimir las demandas monetarias venezolanas para la regularización de la vida fronteriza. El tema de la restricción del paso vehicular a Venezuela, entonces, es la cereza del pastel.

Políticas diseñadas en Colombia, en tiempos de chavismo

El devenir económico fronterizo colombo-venezolano es una dinámica de más de 100 años de comercio, flujo de personas, intercambio de monedas y relaciones socioculturales. Son situaciones más que consolidadas, en este "lugar vivo", como se les llama a estos pasos de gentilicios. Pero al iniciar el chavismo como realidad política en Venezuela, en Colombia comienzan a tejerse normativas que sistemática y ordenadamente comenzaron a distorsionar la vida fronteriza.

Por ejemplo:

El decreto 2195 Ley 681 del año 2000 marca el inicio de la legitimación de "terceros… particulares… en la importación, almacenamiento y distribución de combustible", cuestión que da luz verde a la organización de cofradías dependientes del contrabando. Los decretos 2338, 2339, 3353, 4236 y 4237 de 2004, así como también muy especialmente el decreto 4236 de ese mismo año, hacen especial énfasis en los mecanismos de regularización de cuestiones espurias asociadas a los flagelos del combustible, reconociendo a los actores "introductores" de combustible, así como a sus "mercancías" automáticamente legitimadas al encontrarse en territorio de ese país.

La famosa Resolución 8-2000 o Resolución Externa N°8 del Banco de la República de Colombia (aprobada el 5 de mayo de 2000) que, en teoría (desde la perspectiva colombiana), serviría para contener y regular el cambio monetario fronterizo, llegó para producir una profunda asimetría favorable a Colombia y que es complementaria, no sólo a delitos bachaqueros paraeconómicos de productos de diversa índole: la realidad impuesta por la vigencia del decreto 8 es que en esencia los diferenciales monetarios son el acelerante medular de la paraeconomía del contrabando de gasolina. Es imposible referirnos a los decretos que despenalizan el contrabando sin referirnos al decreto que incentiva monetariamente ese crimen.

Es un tema para el mediano y largo plazo

La afirmación de que Colombia tiene una política no sólo tolerante, sino que está estructurada para la extracción de energía desde Venezuela, yace en la emergencia energética que pesa sobre Colombia desde hace varios años. Básicamente, la extracción de combustibles venezolanos a ese país oxigena no solamente los déficits históricos de suministro en las zonas fronterizas, sirven además para reacomodar el suministro interno nacional y favorecer modestas exportaciones colombianas que son vitales para el sostenimiento de su industria petrolera que irá irremediablemente hacia el declive.

Las reservas petroleras de Colombia se agotan. Según cifras recientes publicadas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) de Colombia, las reservas de petróleo de este país alcanzan los 2 mil 058 millones de barriles, por lo que desde el año 2015 se prevén sólo cinco años y medio de autosuficiencia, lo que quiere decir que para el año 2020 este país requerirá de la importación casi total de combustible. Ecopetrol podría estar frenando de hecho (con gasolina venezolana) los embates que integralmente han sufrido en época reciente. El costo de producción de un barril de petróleo en Colombia alcanza los 35 dólares, valor similar al de los precios promedio de su crudo en 2016. A expensas de despidos masivos en su industria y una caída brutal en su PIB petrolero, Ecopetrol sobrevive este ciclo de precios bajos a un costo inmenso, sin hallar nuevas reservas en sus estudios de sísmica.

Colombia además coquetea con consolidar su propia política de fracking para aumentar la vida de sus menguados yacimientos y pozos. La Resolución 90341 de 2014 del Ministerio de Minas de Colombia, que contiene los lineamientos técnicos para el fracking, prevé las cuestiones (económicas, ambientales y sociales) para esos fines. A mediados de 2016 ese país firmó 13 contratos para explotar petróleo con esta controvertida tecnología en yacimientos no convencionales ubicados en Norte de Santander, Santander, Cesar, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Tolima.

Son medidas excepcionales pensadas para circunstancias económicas excepcionales

Estamos ante una paradoja. Una Colombia que agota sus yacimientos y que eventualmente dependerá de combustibles extranjeros y que lidia en el presente con dificultades de suministro interno, niega a un muy modesto suministro de combustibles desde Venezuela a sus ciudadanos en condiciones económicas formales y a un bajo precio para los colombianos (cosa que no les viene mal). ¿A qué juega Colombia? Si la explicación yace en que las recientes declaraciones de Holguín son una respuesta colombiana a las medidas implementadas por Venezuela para el resguardo de nuestro cono monetario, tal explicación es puntual e incongruente con la política estructural toda de ese país en esta materia, especialmente en los últimos 17 años, precisamente los años en que el chavismo dio un cambio de dirección a la estructura política venezolana con su visión antihegemónica yankee (detalle que nos distancia más de la élite política colombiana).

¿Hay alguna alternativa para derrotar integralmente el contrabando de gasolina?

En definitiva sí la hay. La cuestión es que gran parte de la responsabilidad recae exclusivamente en el gobierno de Colombia y tal voluntad parece dudosa, si la enmarcamos en un plan político contra el chavismo y dentro de la "muerte anunciada" de la autosuficiencia energética de Colombia. Una alternativa anteriormente aplicada y que fracasó, fue la venta de gasolina a Ecopetrol para que surtieran desde su lado de la frontera. La gasolina era desviada y los habitantes de Cúcuta y Maicao seguían consumiendo combustibles del contrabando.

Una de las alternativas para dar al traste con estos flagelos yace en la supresión de la causa monetaria del contrabando, el infame Decreto 8-2000 que favorece la manipulación de los diferenciales monetarios. En esa clave reside el meollo del súper lucrativo negocio de contrabando de gasolina.

Pero también hay que mirar la Ley 681 del año 2001 de Colombia, en la cual se delega a Ecopetrol la responsabilidad exclusiva de surtir combustibles al territorio fronterizo colombiano, pues en ella se consolida un monopolio estatal, siendo un hecho que lo que funciona en la realidad es un binomio entre el Estado colombiano y los pimpineros que se sirven del contrabando y surten ese lado de la frontera. Este decreto inhibe la posibilidad de que Venezuela pueda colocar estaciones de servicio venezolanas en ese país en su franja fronteriza. Al colocar los combustibles ahí a un buen precio en pesos, se le quebraría el espinazo a los contrabandistas y Venezuela podría captar pesos para luego adquirir dólares, cuestión que significaría un aporte a la economía venezolana. A la vista de la postura del Gobierno de Colombia, la posibilidad de consagrar esos acuerdos parece lejana.

La insistencia del Gobierno venezolano en iniciar para luego ampliar y consolidar la venta de gasolina venezolana en pesos a ciudadanos colombianos, sería una contribución para atenuar el impacto de un flagelo económico de desangre duro a la energía y recursos venezolanos. Esta medida se abre paso a la par de la eventual apertura de casas de cambio del lado venezolano, para crear alternativas para contener el comportamiento actual del precio impuesto para las monedas en la frontera. Deben ser entendidas estas acciones como medidas excepcionales pensadas para circunstancias económicas excepcionales. La integralidad de la coyuntura económica tiene estos bemoles al detalle que no hay que desestimar, si apuntan a la defensa de nuestra moneda y de nuestros recursos.

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