¿Habrá un estallido social en México?

En México recientemente ha recrudecido la conflictividad social y se ha producido el conato de lo que podría considerarse un "estallido social" a cuentagotas, dado el advenimiento puntual del aumento de los combustibles, conocido como "el gasolinazo" del gobierno de Enrique Peña Nieto.

La medida del "gasolinazo" está enmarcada dentro de una reforma energética, que se supone resolvería las profundas asimetrías generadas en la pauperizada industria petrolera mexicana. La Secretaría de Hacienda (SHCP) de México anunció que desde el primero de enero las gasolinas de tipo magna, premium y diésel sufrieron un incremento promedio del 14,2%, 20,1% y 16,5% respectivamente.

Esta alza generará un impacto en las estructuras de costos asociadas a sectores como alimentos, manufacturas y transporte, los cuales son altamente sensibles en una economía en la que los salarios sistemáticamente se ven más depreciados de cara a una política estructurada por el Estado mexicano para hacer "más competitiva" la mano de obra y que precariza el ingreso de la clase trabajadora en ese país.

Saquemos cuentas

Aunado al tema de los costes de productos sensibles a la población que indudablemente van a variar luego del "gasolinazo", en México los salarios ya lucían bastante minúsculos para cubrir servicios básicos como electricidad, gas doméstico, agua, aseo urbano y renta (o alquiler), entendiendo que al menos un 35% de la población de ese país vive en condición de arrendatarios. El salario mínimo diario en México es de 80 pesos al día. Dado que en ese país existen políticas de flexibilización laboral los horarios de jornadas e ingresos son ambiguos dependiendo del tipo de empleo. Pero en promedio y por ley un salario mínimo mexicano alcanza los 2 mil 433 pesos al mes.

En México una factura eléctrica de consumo doméstico familiar puede costar en promedio un 40% del salario mínimo mensual mexicano, una factura de agua un 35% del ingreso mensual, la factura de gas un 35%. Medido por su capacidad adquisitiva, el salario mexicano es el más bajo de América Latina y el más bajo dentro de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), dicho así por ese mismo grupo de países y publicado por Forbes. Dicho de otra manera: sólo para pagar servicios elementales un salario mínimo mensual es insuficiente en México.

Si hacemos una comparación con Venezuela, una factura de electricidad residencial cuesta en promedio (recordemos que hay variación si se trata de zonas residenciales o zonas populares) 280 bolívares. Una factura de agua unos 150 bolívares. El gas doméstico en promedio unos 500 bolívares. Para enero de 2017 el salario mínimo integral básico y obligatorio mensual es de 104 mil 358 bolívares. Esto indica que cubrir esos servicios esenciales en Venezuela equivale a más o menos un 1% del salario mínimo.

Volviendo a México, cargar un tanque de combustible de 40 litros equivale a 653 pesos. Siendo el salario mínimo mensual de 2 mil 433 pesos, llenar el tanque sólo una vez equivale a más del 25% del salario mensual. Es decir, con un ingreso mínimo mensual mexicano sólo se podrían pagar menos de 4 cargas de combustible. En Venezuela, pagando la gasolina más costosa (de 95 octanos a 6 bolívares el litro) con el salario básico integral se podría llenar el tanque de gasolina de 40 litros más o menos unas 430 veces.

En México el caldo de la conflictividad social está servido. El entramado de debilidad institucional, precarización de la vida de las clases populares, desigualdad creciente y desbarajuste de condiciones elementales de bienestar, hace mella a una sociedad mexicana cada vez más movilizada, aunque sus fuerzas sociales emergentes se encuentren atomizadas.

Hay que sopesar la conjugación de factores exógenos a la realidad mexicana como componente de un probable desbordamiento en México. Esto tiene mucho que ver con el ascenso de Donald Trump al poder en EEUU. Para empezar, el reacomodo del área de libre comercio de Norteamérica (Nafta) supone la amenaza de un proceso de desinversión en México por parte de algunos sectores de la economía norteamericana, si es que Donald Trump no termina doblegado por el establishment neoliberal que rige la política gringa y cumple sus promesas electorales.

10% de los mexicanos vive de remesas

Ese es un factor a considerar, pues un escenario donde se penalicen con impuestos las exportaciones mexicanas a EEUU, aunado a un proceso de relativo desmembramiento de activos transnacionales en ese país, sufrirían las variables de PIB industrial y empleo, consecuencia de una pérdida de la competitividad de la economía mexicana.

La cuestión migratoria también es un factor a considerar. Las remesas enviadas a México por parte de inmigrantes legales e ilegales mexicanos en EEUU son cuantiosas y además alcanzan a buena parte de la población mexicana, especialmente agrupada en sectores socioeconómicos vulnerables. El segundo ingreso en divisas de México, luego del petróleo, es en remesas, cosa que dista mucho de la creencia de exportaciones de manufacturas mexicanas como talante de esa economía.

La segunda exportación mexicana es, más bien, mano de obra barata. Para México la entrada de remesas durante 2014 representó 1.85 puntos porcentuales del PIB, gracias a que alcanzó los 23 mil 645 millones de dólares de acuerdo a los datos del Banco de México. Las remesas familiares desde los Estados Unidos representaron casi un 90% de las remesas recibidas en México, lo cual lo posiciona como el cuarto país que más remesas recibe del mundo, el primero de América Latina según el Banco Mundial.

De hecho, las remesas de EEUU a México tienen un papel importante en la reducción de la pobreza, según el Banco Inter-Americano de Desarrollo refiriéndose a ese tema. En general las remesas sirven como una fuente de "ingreso complementario". Según datos del informe del Banco Mundial: "La Pobreza en México: Una evaluación de las Condiciones, Tendencias, y la Estrategia del Gobierno (2004)", para la población más pobre de las zonas rurales del país, las transferencias de remesas constituyen el 19.5% de su ingreso. En 2016 las remesas pudieron haber alcanzado a un 10% de la población mexicana, quienes palearon su situación económica gracias a estos envíos.

En un escenario en que se endurezca la política migratoria norteamericana, las consecuencias aguas abajo en la sociedad mexicana se pierden de vista dados los niveles de indefensión económica de los estratos populares en ese país.

Estallido como reacción natural

Aunque muchas veces los detonantes de los estallidos sociales son económicos, las causas profundas de estos yacen fuera de este espectro. Se basan, más bien, en el conjunto de relaciones que podemos denominar como políticas.

Sociológicamente hablando, en México ocurre una ruptura en las formas de legitimidad y se ha consagrado más bien un ámbito de influencia autoritaria de las relaciones sociales. México podría definirse como un Estado fallido en términos estrictos, si entendemos que los niveles de deslegitimación abarcan no sólo el espectro del Estado como estructura funcional, pues las formas de deslegitimación alcanzaron casi todos los espacios de la vida nacional mexicana (partidos, instituciones, clero, etc.).

Max Weber, uno de los clásicos de la sociología que más se refirió a las causas generadoras de los fenómenos de "conflictividad social", define tres tipos puros de dominación legítima que son: de carácter racional, tradicional y carismático.

Todas las formas de autoridad se encuentran fracturados en México. No hay un Estado que concentre en sí mismo la creencia en la legalidad y el ejercicio de la autoridad (autoridad legal). No hay en México una autoridad moral en la cual descansa la creencia cotidiana en la santidad de las tradiciones que rigieron, ni la legitimidad de los señalados por esa tradición para ejercer la autoridad (autoridad tradicional). No hay en México un liderazgo que descansa en la entrega extracotidiana a la santidad, heroísmo o ejemplaridad de una persona y a las ordenaciones por ella creadas o reveladas (autoridad carismática), de cara al agotamiento de casi todos los liderazgos políticos.

México es un Estado fallido por toda la línea

Frente a esa realidad, debido a la distracción, los mecanismos disuasivos de la recreación de la democracia, la manipulación de masas por parte de la prensa y los paliativos generados desde la economía de mercado, se ha contenido en la percepción pública del desgaste real, sistémico, del modelo político, económico y social en ese país.

Frente al debilitamiento sistemático de formas convencionales de autoridad se ha impuesto la lógica de los mercados y la competitividad. La imposición del modelo económico en México es la quintaesencia de la consagración de un modelo autoritario de relaciones sociales donde la reducción del Estado ha significado incluso su desmontaje por formas de corrupción que han transversalizado a la sociedad mexicana.

Esto al punto de la consolidación de cárteles de la droga, mafias e instauración de la violencia articulada, como expresión dramática de un Estado fallido, que ha perdido el control de algunos de sus territorios a manos de factores criminales. A la sombra de esta tragedia, factores sociales se han tenido que organizar en milicias o autodefensas comunitarias para asumir el rol que el Estado ha dejado vacío.

Otra cuestión a considerar sobre México es que además de la persistencia de claros catalizadores del conflicto, existe una inamovilidad de la política y la economía de cara a la gente. Es la sensación de que "nada se puede hacer" por las vías condicionales de la política, es decir, el voto o cambiar de partido de Gobierno no tiene diferencia alguna para buena parte de los mexicanos.

La sensación de que la movilización y la protesta no logran nada. La percepción de que la política como ejercicio es un fracaso en ciernes y la despolitización se impone como hecho político entre grandes sectores sociales históricamente pauperizados.

La población parece tan concentrada en las rutinas de la eterna crisis económica, que la política y la organización no tiene lugar, con honrosas excepciones. Esto indica que los problemas políticos de México son ya una cuestión estructural, histórica, perenne. En realidad lo que se conjuga allí es una olla de presión, fuerza natural de la política que impulsa por cinética los estallidos sociales, los desbordamientos o las reacciones aisladas pero continuadas de conflicto social.

La predictología sobre el estallido social suele ser complicada. Por lo tanto no nos aventuramos a asegurarlo tratándose de México. No obstante, no hay que negar que todos los componentes están servidos y 2017 será definitivo en ese sentido.

Otra de las posibilidades previstas en el entramado político mexicano es la resiliencia de la gente, esto podría venir por la vía electoral de cara a unas próximas elecciones presidenciales, pero eso dependerá de otras cuestiones y los bemoles de Andrés Manuel López Obrador y el Movimiento por la Regeneración Nacional (Morena). Todo en un país donde ha habido serias dudas de su transparencia electoral y frente a un mismo candidato, López Obrador. No ha de extrañarnos si algún día se produce el estallido pero por cuestiones electorales como detonante.

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