Guatemala: un laboratorio judicial para la exportación

Los escándalos de corrupción que salpican al presidente Jimmy Morales se dan en la superficie mientras por debajo se trabaja en experimentar una nueva forma, mucho más eficiente, de dirigir una nación desde una instancia multilateral de la ONU, auspiciada principalmente por Estados Unidos.

Breve historia de un laboratorio

A principios de 1980, la dictadura de Ríos Montt masacró a 75 mil personas en menos de 18 meses en las áreas rurales e indígenas consideradas como zonas de influencia del movimiento guerrillero. En estos poblados se eliminó cualquier tipo de oposición local y se estableció una autoridad única de gobierno bajo la forma de comisionados y Patrullas de Autodefensa Civil, integrada por los hombres que sobrevivieron a estas masacres y fueron obligados a sumarse a ellas.

Uno de estos poblados fue el de San Bartolo, donde dos décadas después se conoció que uno de los elementos constitutivos de esta estrategia fue la esclavización sexual de las mujeres de estas comunidades. Con especial saña se las obligaba a prostituirse con los soldados y miembros de las unidades paramilitares, o directamente se involucraba a todos los hombres de estos pueblos en violaciones masivas en iglesias y escuelas a la vista de todos, entre muchas otras atrocidades documentadas por las investigadoras Matilde González y Stephanie Kron en El Negocio de la Guerra.

Este experimento de reingeniería social en estas áreas sirvió para quebrar moralmente a todos los integrantes de estas comunidades al transformarlos en victimarios y ubicarlos automáticamente en un bando por la fuerza, de acuerdo a estas investigadoras que recogieron testimonios de muchas de las afectadas que al día de hoy viven con muchos de los militares y civiles que tiempo antes fueron sus violadores.

El macabro laboratorio de San Bartolo no fue un caso aislado en la guerra sucia en Guatemala, sino que formó parte de una serie de estrategias que fueron probadas por Estados Unidos en este país, después del golpe al presidente Jacobo Árbenz en 1954. Muchas de las cuales luego fueron aplicadas sistemáticamente en el resto del continente durante las dictaduras militares que gobernaron por varias décadas la región.  

Radiografía regional de un nuevo ensayo

En 2017, en América Latina no existe la doctrina del enemigo interno, ni una guerra contra el comunismo, ni el poder militar como la principal estructura de ocupación por parte de Estados Unidos en la región. Este paradigma de intervención se modificó sustancialmente y las formas de aproximación indirecta fueron sustituidas, en parte, por la formación de un ejército de técnicos ubicados en áreas estratégicas que puedan afectar la acción del Estado, como el Ministerio Público, las policías federales, los servicios de inteligencia y el poder judicial. 

Los programas Umbral y Puentes de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) son los mejores ejemplos para graficar esta nueva estrategia. El primero fue clave en formar a técnicos en estas áreas que posibilitaron el golpe a Fernando Lugo en Paraguay, mientras que el segundo hizo lo mismo en Brasil con el juez Sergio Moro como figura clave para la caída de Dilma Rousseff y la judicialización de toda la clase política-empresarial del país, bajo la figura de la "lucha contra la corrupción".

Guatemala, en ese sentido, es un laboratorio judicial regional donde se ensaya la puesta en marcha de un envase político que institucionalice a la justicia como un árbitro de la política interna, como antes sucedía con el poder militar durante los años 60, 70 y 80. Desde esta perspectiva, es que se dimensiona el apoyo del Departamento de Estado al mandato de la Comisión Internacional de Lucha contra la Impunidad (Cicig) de la ONU, totalmente financiada por Estados Unidos.

Dado que el mandato de la Cicig se encuentra apuntado a instalar en el país una estructura de jueces, fiscales y procuradores, formados por esta matriz de pensamiento, que dependa de una instancia supranacional para que pueda avanzar en luchar contra la corrupción de los mismos políticos, que unos años antes fueron el brazo ejecutor de la guerra sucia en Guatemala con hechos tan macabros como el de las mujeres de San Bartolo.

La función del Ministerio Público y la justicia como un cuerpo

Bajo el programa Seguridad y Reforma Judicial, la Usaid financió 22 millones de dólares al Ministerio Público de Guatemala entre 2011 y 2016. En ese lapso, la Fiscal General de la República, Thelma Aldana, se convirtió en la responsable judicial de movilizar en el país el expediente armado por la Cicig, que en 2015 llevó a gran parte del gabinete presidencial a la cárcel y al presidente Otto Pérez Molina a renunciar después de una ola de movilizaciones en su contra por estar implicado en una red de sobornos denominada La Línea.

Desde la puesta en marcha de la Cicig en 2006, la Usaid destinó 111 millones de dólares en el "Desarrollo de la Justicia" con especial énfasis en organizaciones anticorrupción y una amplia gama de ONGs de "participación ciudadana". Lo que le permitió construir una red de aliados en la justicia guatemalteca y sectores académicos y comunicacionales, que fueron claves para convertir la agenda de la Cicig en parte de las demandas de gran parte de los guatemaltecos, como Misión Verdad describió en abril de este año.

Este dispositivo se puso de nuevo en escena cuando el presidente Jimmy Morales intentó expulsar al Alto Comisionado de la Cicig, Iván Velázquez, como respuesta a una investigación judicial en su contra que éste presentó a la misma hora en que el primer mandatario se reunía con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para transmitir sus críticas sobre el funcionamiento del organismo, que en su opinión presiona a congresistas del país para sancionar una reforma constitucional de la justicia.

Inmediatamente, la Corte Constitucional anuló la expulsión de Velázquez por no haberlo decidido en una "reunión de gabinete". Mientras la Corte Suprema, con el apoyo de otras instancias judiciales, aprobó un antejuicio de mérito contra el presidente Morales por la investigación por presunto financiamiento ilegal en su campaña, que esta semana el Congreso de la República bloqueó con una votación de 105 diputados a favor y 25 en contra, un poco antes que el oficialismo retomara la ofensiva para emitir leyes contra el Ministerio Público y la Cicig.

No hay imagen más nítida de la estrategia estadounidense que está en la que todas las altas instancias de la justicia guatemalteca actúan en defensa de una comisión internacional. Porque de hecho el centro del conflicto de poderes se encuentra especialmente basado en la resistencia de los partidos, herederos de los militares de la guerra sucia, a consentir la desarticulación de sus estructuras de poder, y la institucionalización del mandato de la Cicig, basada en la reforma constitucional de la justicia.

La institucionalización de un poder paralelo

Según el Alto Comisionado de la Cicig, esta reforma presentada por el organismo busca generar una estructura de ascensos en el sistema de justicia que debilite el poder de las "mafias" en la selección de jueces en base a un nuevo sistema de carrera, aparte de acelerar los procesos de antejuicios de mérito para destituir a funcionarios públicos elegidos por el voto, que debilitaría sensiblemente a la corporación política de Guatemala.

Estos argumentos de alta efectividad mediática esconden la búsqueda de institucionalizar una meritocracia judicial, cuya base de poder pase de los partidos políticos tradicionales del país hacia la estructura armada por Estados Unidos con la Cicig. En síntesis: trasladar la lógica de su funcionamiento con el Ministerio Público a todo el sistema judicial para consolidar una nueva forma de gobierno, directamente conducida por un poder transnacional representado en la figura del jefe del Departamento de Asuntos Políticos de la ONU, el ex subsecretario de Estado Jefrey Feltman, de quien depende esta instancia.

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Biografía oficial de Feltman según la web de la ONU

Guatemala, en ese sentido, es una especie de reedición de lo que fuese Chile después de la caída de Salvador Allende como laboratorio de las políticas neoliberales que luego fueron conocidas como Consenso de Washington. En tiempo y forma, la gran diferencia es que apuesta a institucionalizar un mecanismo de gobierno global, o tutelaje, mucho más imperceptible y sofisticado, en base a un consenso general en la sociedad guatemalteca (y global), centrado en la lucha contra la corrupción de sus gobernantes.

En esa dirección, este modelo de intervención es el final del camino de la judicialización de la política en América Latina, que como demuestra el caso guatemalteco, no apunta solamente a acabar con el progresismo regional, sino a extraer de la ecuación a los políticos como intermediarios de los Estados-nación. Sin embargo, el grado de éxito de este experimento radica en el pulso de poder con los mismos políticos guatemaltecos que hasta hace poco cumplían esta misma tarea en el país.

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