Ataques a la Ley Contra el Odio: razones y miseria política

Los 120 días de violencia dejaron un saldo de al menos 30 crímenes de odio, realizados en un contexto de evidente demonización de una parte de la población, que por su color de piel o rasgos físicos, era identificada como chavista. A raíz de esta tragedia, es que hoy Venezuela tiene una ley contra el Odio y por la Convivencia y Tolerancia Política, duramente atacada por políticos y medios que aún desconocen este tipo de crímenes ocurridos en el país.

Breves relatos de los crímenes de odio

Lamentablemente, el caso de Orlando Figuera se convirtió en el mayor emblema de la intolerancia política en Venezuela, luego de que fuera quemado en Altamira, una plaza del este de Caracas, por una turba que lo acusaba de chavista. Los videos y fotografías de la quema de su cuerpo, que tiempo después le propiciaría la muerte, recorrieron todo el mundo sin que ningún medio ni político opositor condenara vehemente el hecho, ni a sus responsables.

Fotografiados con estos grupos, los dirigentes políticos Henrique Capriles y Freddy Guevara, entre tantos otros, los promovieron como héroes en la misma plaza Altamira, que al finalizar los días violentos de abril, mayo, junio y julio habían dejado un saldo de varias personas quemadas y linchadas por ser considerados chavistas o infiltrados del Gobierno debido a su fisonomía física. En ninguno de estos casos los seguidores de la oposición aislaron y repudiaron a los violentos.

En escala igual, este fenómeno se reprodujo en distintas partes de Venezuela con algunos casos escalofriantes como los de:

  • Héctor Anuel, quien cayó de su moto producto de una bomba molotov arrojada en un enfrentamiento entre chavistas y opositores en Lechería, Anzoátegui, el pasado 19 de julio. Encapuchados de oposición, luego de caído y quemado, filmaron un video mientras lo apedreaban y lo difundieron en las redes sociales, sentando un grave precedente en la difusión de este tipo de hechos con fines netamente de promoción.
  • Almelina Carrillo, enfermera de 47 años, quien pasaba por una concentración chavista en Caracas cuando recibió desde un edificio el impacto de una botella de agua congelada, dirigido contra las personas que asistían vestidas de rojo a una manifestación. Producto de este impacto en su cabeza, Almelina Carrillo perdió su vida pasadas unas horas. El día anterior, en la red social Twitter, el sociólogo y miembro del consejo editorial de El Nacional, Tulio Hernández, escribió que había neutralizar a los miembros del Plan Zamora hasta con "materos", en un claro llamado a atacar chavistas. Hoy en día, Hernández se encuentra en España, donde se autodenomina un "perseguido del régimen".

En estos días, además de estos casos, también se registró innumerables linchamientos ocurridos en zonas de presencia de los grupos denominados como "La Resistencia". El por entonces Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, dijo que en julio hasta ese mes se habían registrado 30 crímenes de odio en todo el país, mayoritariamente no investigados ni esclarecidos por el Ministerio Público de la ex Fiscal de la República, Luisa Ortega Díaz. Uno de estos, ampliamente citado por Saab, había sido el de un hombre golpeado y atado a un poste de luz en El Paraíso, Caracas, con inscripciones en su cuerpo que decían "sapo del Gobierno".

¿Desde dónde parte la Ley Contra el Odio?

Por estos días, esta violencia fue acompañada por declaraciones de dirigentes políticos que incitaban a la violencia en la calle, en consonancia con medios digitales como El Estímulo que hablaban de "rebeliones desconocidas", y cuentas de Twitter que identificaban a chavistas con nombre, apellido y domicilio en claras maniobras para estimular ataques en su contra. Ninguno de estos casos fue criticado en los medios privados, ni considerado una violación a los derechos humanos por ONGs interesadas en Venezuela como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, ambas financiadas con el mismo dinero.

Por supuesto, la inacción del Ministerio Público de Luisa Ortega Díaz permitió que este ciclo violento de odio se retroalimentase y reprodujera a unos niveles alarmantes. A tal punto que llegado el mes de julio, ya se podía hablar de la existencia de grupos de exterminio en algunas partes de Venezuela, dispuestos a linchar y quemar a todo aquel que en sus áreas de influencia no respetase sus reglas. En ese contexto, a principios de agosto se realizó la elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), con un saldo mortal de 29 muertos, dando como resultado la vuelta a la normalidad en el país.

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Portada de la Revista Climax del 25 de mayo de 2017

Este contexto es el que se invisibiliza cuando se refiere al primer tema que la ANC debía tratar antes que ninguno: el de los crímenes de odio y las víctimas de los días de violencia. Dado que hacerlo conllevaría a que los actores políticos, los medios y las ONGS tuvieran que responsabilizarse por su papel de cómplices activos y pasivos de estos hechos. En los que llegaron a tratar a encapuchados y escuderos como "héroes de la libertad" haciendo uso de un reportaje de la agencia Reuters, destinado a glorificarlos como hacedores de un nuevo país para todos los venezolanos.

Del lado de los periodistas y medios, por otro lado, llama poderosamente la atención quienes hoy critican la ley contra el Odio, y que sin embargo fueron víctimas de la violencia en sus propias filas por ser confundidos con "chavistas o periodistas del Gobierno". Especialmente, en el caso de Efecto Cocuyo, dirigido por Luz Mely Reyes, quien por esos días vivió en carne propia un intento de linchamiento contra su propio hijo por su color de piel y su pelo rizado en una manifestación opositora.

Razones y críticas a la Ley contra el Odio por parte ONGs y medios

Este cuadro hacía más que necesaria una legislación que se dedicase de forma específica a los crímenes de odio, la incitación a la violencia y la promoción de mensajes de guerra. Sobre todo, si se tiene en cuenta que el solo hecho de que exista impunidad sobre estos hechos, los estimula y reproduce en un círculo vicioso que termina por tener saldos lamentables en vidas y daños materiales. Sin embargo, el origen mismo de la Ley contra el Odio sigue sin ser reconocido, y los señalamientos se dirigen a que es un mecanismo para coartar la libertad de expresión y criminalizar la protesta social, según ONGs como Espacio Público y Amnistía Internacional, que poco y nada dijeron sobre quemados y linchados.

Los artículos calificados por polémicos por las mencionadas organizaciones son:

  • El art. 13, referido a la prohibición de cualquier propaganda o mensaje a favor de la guerra y toda apología de odio nacional, racial, étnico, religioso, político, social, ideológico, de género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género y de cualquier otra naturaleza que constituya incitación a la discriminación, la intolerancia o la violencia.
  • El art. 20, que sanciona con prisión de diez a veinte años a cualquier persona que promueva o incite al odio, la violencia o la discriminación contra un grupo de personas, o una persona por su pertenencia, real o presunta, a un grupo social, político, religioso, de orientación sexual, de expresión de género o de otro tipo.

  • Y los art. 11 y art. 22: el primero referido a la prohibición de inscripción de cualquier partido político que en sus estatutos, actas constitutivas, y otras, promueva el fascismo, la intolerancia, el odio nacional, racial, religioso o de cualquier tipo. Y el segundo a la posibilidad de la revocatoria de licencias a medios radiales, televisivos y gráficos que emitan este tipo de mensajes señalados en los artículos antes mencionados, además del bloqueo de cuentas de redes sociales y páginas web que incurran en el mismo comportamiento.

Ninguno de los artículos mencionados escapa a las legislaciones de países como Alemania y Francia (donde recientemente ha sido despojada de su inmunidad una parlamentaria por emitir un mensaje violento). Sin embargo, el centro de la crítica es que puede prestarse a una interpretación sesgada en contra de quienes pretendan protestas por razones sociales. Otro argumento ampliamente falso, si se tiene en cuenta que la misma ley establece que ante cualquier problema de interpretación debe prevalecer "la alternativa legal que más respete los derechos humanos".

Objetivos de fondo de la Ley contra el Odio

Estas críticas por motivos obvios ni siquiera nombran la condición de agravante, en el caso de los hechos punibles relacionados a crímenes de odio, como podrían ser tipificados los linchamientos y quema de personas durante los días violentos de este 2017. Por la simple razón de que desconocen el núcleo central de esta legislación apuntada a prevenir y erradicar conductas extremistas, basadas en la eliminación física del otro por su condición racial, social o política, reflejada en los tres meses que invadieron las calles de violencia.

Dado que el resto del cuerpo de la Ley contra el Odio apunta a fomentar y promover valores de paz y convivencia pacífica, incluida la creación de una comisión para instrumentalizar la ley y las denominadas brigadas de paz encargadas también de distribuir mensajes y contenidos en medios dirigidos para tal fin.

Todo esto, por otro lado, tiene sentido en que esta legislación, contrario a lo que creen sus detractores, parte de la base de trabajar en pos de establecer una convivencia pacífica entre distintos tipos de grupos de personas heterogéneas. En función de evitar llegar a escenarios de conflictos fraticidas que busquen el desmembramiento del territorio venezolano, tal como se ha hecho en otros puntos del planeta por motivos netamente geopolíticos, bajo la promoción de diferencias étnicas, tribales, religiosas, políticas o nacionales.

En algunos de ellos, como Siria e Irak, justamente una vez pasados los episodios violentos, se vienen dando procesos de reconciliación en las áreas más afectadas por conflictos sectarios, religiosos y políticos. Lo que demuestra que el espíritu de la Ley contra el Odio no está errado, en tanto y en cuanto se dirige a anticiparse y desalentar por distintos mecanismos, conductas o mensajes que promuevan estos mismos caminos contra la estabilidad de la República, entre ellos las criticadas sanciones.

Después de todo, si la Ley contra el Odio hubiese estado en práctica durante los días aciagos de 2017, la glorificación de verdaderos grupos violentos, como los de la plaza de Altamira o de Lechería, habrían sido puestos mucho más en entredicho. Quizás justamente por eliminar el terreno no legislado por el que se movían es que se oponen tanto a la aplicación de esta ley.

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