La unión cívico-militar en la mira del Departamento de Estado

La estrategia de mecha lenta se acelera e internacionaliza cada vez más, los centros de poder global no cesan en su empeño de hacer estallar una conmoción social en Venezuela que le dé capacidad de maniobra a su fachada política para hacerse del poder de facto. El plan Zamora y ciertas detenciones de terroristas antes de las movilizaciones, causó el desinfle de la expectativa sobre el impacto de la marcha opositora del 19 de abril. 

Antecedentes y recursos

El plan diseñado y financiado desde fuera de nuestras fronteras para el golpe de abril de 2002, incluyó mercenarios infiltrados en las movilizaciones de ambos grupos que generaron el caos necesario para que el relato mediático culpara a los "colectivos chavistas", herederos de la satanización mediática emprendida en contra de los círculos bolivarianos en aquel entonces. Reeditando esta estrategia y legitimando las acciones violentas de sus aliados internos, el Departamento de Estado de EEUU se ha referido al "uso de bandas armadas colectivas bajo el control político de los líderes del partido PSUV para reprimir a los manifestantes mientras que las fuerzas de seguridad responsables de mantener el orden público permanecen ociosas", en su última declaración contra Venezuela.

Sin embargo, el hostigamiento contra Venezuela por esta vía narrativa no es nueva ni tampoco utilizada con carácter de excluvisidad, forma parte de un recurso mediático y político global utilizado en otros países adversos a Washington y con anterioridad en Venezuela: busca imponer la matriz de "Estado fallido" y de "terrorismo de Estado", sobre la base de falsas torturas y persecusiones, calcando las experiencias de intervención en otros países soberanos.

Ya en Venezuela, ante el desgaste de esa matriz por la vía de la "crisis humanitaria" (enfocada en alimentos y medicinas), y de la tesis del "autogolpe", judicializar mediática y políticamente al país como un promotor de "grupos civiles armados" y de la "militarización de la sociedad" (terrorismo de Estado) viene a ser un recurso alternativo para rellenar el expediente contra el país coordinado por el Departamento de Estado, que con su última declaración intentó unificar aliados regionales (con especial énfasis en Juan Manuel Santos), vocerías políticas internas de la oposición, medios transnacionales y locales y ONGs a este único relato pro-intervención.

Este relato sirvió de excusa para el desmontaje de la Revolución Sandinista en Nicaragua (vía financiamiento gringo a los Contras) o el golpe contra Aristide en Haití, por ejemplo. También, a partir de montajes, para legitimar la intervención contra Libia bajo el falso bombardeo del ejército libio sobre "manifestantes" en la plaza Verde de Trípoli. O en 2014, cuando Obama firmó un decreto ejecutivo para facultar al Pentágono en el entrenamiento de mercenarios para derrocar a Al-Assad, que colocaba como principal objetivo deponer "regímenes autoritarios" y "luchar contra el terrorismo" en Medio Oriente, en un mismo marco discursivo de represión contra "la oposición siria". Hoy ese relato evoluciona demonizando y vaciando de contenido a las milicias iraníes y de otros países próximos que colaboran con el ejército sirio en la lucha contra el terrorismo en Siria, calificándolas como "paramilitares" para reforzar la intervención en la nación árabe.

Todas estas agendas pre-bélicas acá mencionadas tuvieron como centro la criminalización del Estado y de su aparato de seguridad, inseparable de la población en el marco de la defensa integral de la nación, como sucede en Venezuela.

En tal sentido, bajo el comando del Departamento de Estado (como en los casos anteriores), existe una fuerte maniobra de cartelización política y mediática y de satanización programada contra el Estado venezolano, acusándolo de armar civiles para que repriman a "manifestantes", bajo la clara intención de presionar un punto de inflexión en cuanto a la severidad con la que debe tratarse la situación venezolana desde instancias extranjeras, el centro del golpe contra Venezuela. Aunque en los casos anteriores fue utilizado como excusa para financiar grupos irregulares/mercenarios que enfrentaran directamente a los Estados-objetivo, en Venezuela se utiliza, por ahora, para seguir estimulando un endurecimiento del asedio y una mayor demonización de sus autoridades legítimas y del chavismo en general, ya acosado con sanciones y criminalizado directamente por distintas agencias estadounidenses. Dando pasos adelantados en el ansiado punto de no retorno de la confrontación violenta apoyada desde el extranjero, con base al ataque a su unión cívico-militar y su fuerza pública. 

Caso Venezuela y denuncias de mercenarios infiltrados (otra vez)

Las operaciones de bandera falsa no son nuevas en Venezuela, desde aquellos disparos en Plaza Altamira en 2002 en los que el responsable de tres muertos y 28 heridos, Joao Gouveia, fue vinculado al Gobierno por operadores mediáticos hasta este 19 de abril cuando han responsabilizado a "colectivos chavistas" de la muerte de dos jóvenes que en realidad ni participaban en movilización alguna. Los altos dirigentes del antichavismo, Freddy Guevara y Julio Borges, se hicieron eco de estas versiones fortificando el relato de supuestas violaciones de derechos humanos permitidas por el Estado venezolano.

Uno de los dos casos fue resuelto policialmente, el autor del disparo es abiertamente opositor y disparó contra motorizados que pasaban cerca de su residencia asesinando a Paola Ramírez (23 años), quien transitaba por la zona.

La mediática global se carteliza en torno a la desinformación sobre Venezuela, la meta es consolidar el imaginario de "Estado fallido". Por eso, necesitada de noticias estremecedoras que apuntalaran su agenda, también se apuró a rebotar la especie de que grupos chavistas de choque habían asesinado al joven Carlos Moreno (17 años) en las inmediaciones de San Bernardino, Caracas, cerca de la manifestación chavista. Sus familiares expresaron que no estaba vinculado a ninguna movilización. Momentos después y a pocas calles, una enfermera que pasaba cerca de la misma manifestación fue gravemente herida en la cabeza por una botella lanzada desde un edificio, hecho que el mismo aparato mediático calló como de costumbre. Una nota de Misión Verdad ilustra las manipulaciones de los medios en torno a este caso y otros, endosando las responsabilidades a "los colectivos".

Para elevar la tensión interna y la presión internacional sobre Venezuela, a la mediática global se suman voces gubernamentales como la de Santos, un alto comisionado de la ONU y ONGs como Human Rights Watch han sembrado la tesis de la militarización del país y de la presencia de civiles armados, lo cual justificaría el deseado desenlace de una intervención preventiva a partir de denuncias internacionales de "terrorismo de Estado", en el marco del Plan Zamora y la unión cívico-militar. 

El presidente Nicolás Maduro y el diputado Diosdado Cabello han advertido sobre la infiltración de sicarios y mercenarios disfrazados de "colectivos chavistas" y cuerpos de seguridad en distintas movilizaciones que pudieran detonar el caos que se ha diseñado. En este sentido, la coordinación del Departamento de Estado en torno al expediente contra Venezuela por la vía del "terrorismo de Estado" tiene también un marco operativo, como mecanismo para generar un hecho desencadenante de nuevas movilizaciones. La noche del mismo 19 de abril fue asesinado Niumar José Sanclemente Barrios, un sargento de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en la avenida Perimetral de San Antonio de Los Altos, estado Miranda. Tenía 28 años de edad. Al mismo tiempo fue herido un coronel, alcanzado por disparos de un motorizado que atacó a un grupo de militares que mantenían un cordón de seguridad frente a encapuchados que lanzaban bombas incendiarias y objetos contundentes.

El relato tremendista que culpa al Gobierno de la violencia que genera el antichavismo es fundamental para el circuito discursivo entre políticos y medios, ya no solo en Venezuela sino por parte de gobernantes de derecha como Juan Manuel Santos, quien acaba de emitir opinión frontal contra la Revolución Bolivariana, en una embestida que busca arrinconar, superando las formas de la diplomacia, lo que se hizo usual desde hace un mes en la OEA.

Además está el financiamiento de la violencia por parte de partidos de derecha como Primero Justicia, quienes en la actualidad se benefician más por las muertes de venezolanos en las calles que por sus votos. Las confesiones de sus operadores son elocuentes, Guido Rodríguez encabezó el ataque a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura en Chacao el pasado 8 de abril de 2017 y, desde que fue apresado en flagrancia, confesó que dirigentes de Primero Justicia le pagaron para causar hechos vandálicos ese día. Voceros de este partido acusaron nerviosamente al Gobierno de torturarlos aun cuando en los videos estas personas relatan sus versiones con aparente tranquilidad. Instituciones y gobiernos, que callando legitimaron esos hechos evidenciados por imágenes y videos, rechazan la supuesta tortura cuando no hay evidencia alguna.

Es descomunal la intoxicación mediática respecto al conflicto en Venezuela, se ha desatado toda la artillería desinformativa para sembrar confusión, la matriz de la militarización se ha intensificado para preparar el terreno psicológico (como en los casos anteriores, valga resaltar) para que sean legitimadas operaciones de bandera falsa ejecutadas por grupos violentos pagados por la oposición, con la cobertura engañosa y confusa de que eran "colectivos". La pata geopolítica de esta última gran maniobra encabezada por el Departamento de Estado, tiene a la unión del pueblo venezolano y las FANB como objetivo, piedra de tranca que intentan derribar para desatar su agenda de golpe y caos.

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