¿Venezuela cayó en default? Claves de una nueva puesta en escena

Este viernes el ente fiduciario Wilmington Trust declaró que la empresa Electricidad de Caracas, la cual forma parte de la estatal Corpoelec, no había pagado a tiempo los intereses de parte de su deuda, emitida bajo el bono EDC2018. Sin embargo, la corporación pública informó que el dinero había sido depositado a principios de octubre.

La falsa cesación de pagos de Venezuela

El bono es un instrumento financiero por el cual una determinada empresa pública o privada obtiene financiamiento para afrontar gastos o nuevas inversiones. Así fue como la Electricidad de Caracas, quien forma parte de Corpoelec luego de su nacionalización en 2007, emitó el bono EDC2018. Este instrumento establece un conjunto de compromisos de pagos y sus plazos respectivos, así como la tasa de interés (8,5%) a cancelar.

Según el ente que gestiona este bono, Wilmington Trust, el pago por intereses a los tenedores debía realizarse el 9 de octubre con un periodo de gracia de un mes. Valiéndose de esto es que Wilmington Trust argumenta que ya pasados estos días no ha recibido los 27 millones de dólares que debía abonar Corpoelec en intereses, lo que en teoría colocaría a la primera empresa pública del Estado venezolano bajo la categoría de incumplimento de pagos o default.

Inmediatamente la cuenta oficial de Corpoelec informó unas horas después que el pago por el título había sido enviado a Wilmington Trust, en el contexto de afectaciones en la transacción por "cambios en la operatividad" del pago. Ningún medio especializado en finanzas se hizo eco de esta información, en un claro intento de instalar la narrativa de un "default generalizado" en Venezuela, acorde con las pretensiones que persiguen las sanciones financieras de EEUU y las presiones del Departamento del Tesoro.

Sanciones y bloqueo de pagos

La comunicación emitida por Wilmington Trust no parece inocente, pues coincide con el retraso en la cancelación del bono PDVSA 2017, a raíz de las dificultades originadas por las sanciones financieras de la Administración Trump contra la empresa y el Estado venezolano. PDVSA y la República han tenido que buscar mecanismos de triangulación para poder abonar los pagos a tiempo y otras alternativas de cancelación, debido al retardo programado que impone el Departamento del Tesoro para inspeccionar los fondos venezolanos.

Dado que el pago de PDVSA17 no tiene periodo de gracia, medios y calificadoras de riesgo han especulado con que un eventual retraso en este pago finalmente llevaría al país a una cesación de pago. A tal punto que este mismo viernes, antes de filtrarse el falso impago de Corpoelec, se esperaba un pronunciamiento sobre el tema de la Asociación Internacional de Swaps y Derivados, organismo comercial encargado de pagar los seguros en caso de que una deuda sea incumplida.

Incluso, el ministro de Finanzas de Venezuela, Simón Zerpa, denunció la semana pasada que Euroclear Group, encargado de procesar el pago de bonos, había bloqueado ilegalmente los pagos de Venezuela. Esto enmarcado en un trimestre donde la nación se encuentra cubriendo un total de 3 mil millones de dólares en deuda pública y de PDVSA. Por esto es que la agitación de un supuesto default de Corpoelec toma mucha más relevancia.

Retrasos y objetivos finales de esta maniobra

Como desde esta tribuna se planteó, este tipo de ataques apuntan a afectar la reputación crediticia de Venezuela. Con un claro objetivo inmediato relacionado a la convocatoria de este próximo lunes, dirigida a los tenedores de bonos venezolanos interesados en la pronta reestructuración de la deuda del país, ordenada por el presidente Nicolás Maduro.

Por lo que producto de una dificultad originada en las sanciones económicas al país, montan una puesta de escena de default para desestimular cualquier interés en la propuesta realizada por Venezuela. Como hicieron durante noviembre de 2016, cuando el banco JP Morgan emitió un informe donde afirmaba que PDVSA había entrado en cesación de pagos por supuestamente no haber hecho a Citibank, pagos por concepto de interés en uno de sus bonos.

Una afirmación que tiempo después se demostró como falsa, pero que apuntó a afectar la credibilidad de la estatal petrolera luego de que refinanciara parte de su deuda un mes antes.

Ahora la diferencia radica en que el simulacro de default de Corpoelec y PDVSA se une a la deliberada campaña apuntada a evitar que la mayoría de los tenedores de bonos venezolanos se pongan de acuerdo en una reestructuración de la deuda venezolana. Por esa razón una coyuntura específica con el bono Eclear18, producto justamente de las sanciones que exacerban los retrasos y limitaciones a la hora de cancelar los pagos, es tergiversada con el fin de imponer una narrativa de "default generalizado".

Persiguiendo este objetivo, la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento de Tesoro emitió un comunicado que resalta que cualquier renegociación venezolana sería permitida en caso de ser aceptada por la Asamblea Nacional opositora, y no ser firmada por el vicepresidente Tareck El Aissami y el ministro Simón Zerpa, ambos sancionados por la Administración Trump. Maniobra que busca inhibir a los tenedores de participar de esta operación por estar dirigida por la Comisión Presidencial para la Reestructuración de la Deuda Venezolana, integrada por El Aissami y Zerpa.

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