El mito de la justicia independiente

Este argumento extorsivo es utilizado contra Venezuela para considerarla un Estado fuera de la ley. Sin embargo, ninguno de los países que realizan esta acusación puede decir lo mismo de sus instituciones, ni de su justicia, por más que se llenen la boca hablando de este tema. Como los derechos humanos, la división de poderes es solo un trapo rojo agitado con fines políticos, invisibilizando la realidad de cómo funciona el aparato judicial a nivel regional y global.

Difícilmente se pueda decir que las justicias de Brasil, Paraguay, Estados Unidos, España y Europa sean independientes de los poderes fácticos que gobiernan estos país. Ni que sus jueces, fiscales y demás integrantes del aparato de justicia representen algo más que los intereses del poder económico y empresarial. 

La elección de los jueces

Bien vale ser honesto sobre este mito con una parte de la raíz del asunto. ¿Cómo son elegidos los jueces en la mayoría de los países? ¿Por votación democrática o arreglos entre la clase política y económica de estos países?

En realidad es por la segunda razón, ya que la mayoría de los países eligen a sus jueces a partir del nombramiento de organismos especiales, como Consejos de la Magistratura, que están compuestos por miembros de los congresos nacionales, junto a abogados y representantes de la justicia. La designación de jueces de la totalidad de Cortes Supremas de todos los países son decididos a partir de las negociaciones entre las fuerzas políticas que componen el congreso, reflejando los intereses de su élite política y económica.

Los jueces ya desde su nombramiento no son ni independientes, ni autónomos, sino que pasan por un complejo juego, que incluye el cabildeo con miembros del poder judicial, para poder ascender en el organigrama. Un esquema de lealtades e intereses que frecuentemente influyen en sus decisiones.

Por eso podemos ver que países como Honduras y Paraguay solo tienen jueces afines a los dos principales partidos del país: Liberal y Conservador, en el caso del primero, y el Colorado en el segundo. Mientras que en España abundan los magistrados franquistas reconvertidos en seguidores del Partido Popular y los mandatos conservadores de la monarquía y las grandes empresas del país.

Incluso en algunas oportunidades resulta que los propios poderes fácticos terminan dirimiendo sus conflictos a través del poder de representación que tengan en la justicia, como sucedió en el año 2000 cuando la Corte Suprema de Estados Unidos de mayoría republicana dio como ganador a George W. Bush luego de un comprobado fraude realizado contra el candidato demócrata Al Gore. En ese momento, la justicia estadounidense ni fue independiente, ni actuó separada del poder.

El funcionamiento de la justicia en la era transnacional 

Sin embargo, también es una gran media verdad que la justicia sea independiente por no depender de los políticos, única forma en la que juristas y politólogos miden si el poder judicial de una nación respeta la división de poderes y el Estado de Derecho. Media verdad porque es difícil que se pueda llamar independiente si está estrechamente relacionada con poderes económicos locales y transnacionales. El poder judicial es una estructura infiltrada por poderes fácticos, entre más ligado al Departamento de Estado de EEUU esté mucho mayor es su nivel de penetración.

Ya que en una era de globalización, el poder judicial, como corporación autónoma, también funciona de acuerdo a los intereses transnacionales que se mueven a su alrededor. Violando la mayoría de veces el fundamento de su origen de que deben velar por los intereses del Estado de Derecho que representan.

Por caso sabemos que no hay fallos judiciales que hayan metido presos a los dueños de los banqueros que quebraron el sistema financiero en 2008, ni tampoco hayan llevado a prisión a los financistas del nazismo en Alemania, ni por supuesto tengan en prisión a accionistas de transnacionales que hayan destruido ecosistemas enteros para extraer materias primas para sus industrias.

Ninguna instancia judicial, por más intención que tuviese, ha ido en contra de ninguno de estos ni tampoco ha cumplido cabalmente con sus mandatos. Como sabemos, hay una ley para los pobres y otra para los ricos, al igual que lo para los Estados.

Y muchas veces la justicia termina siendo un terreno para dirimir los conflictos entre las mismas corporaciones. Tal como se vio el año pasado cuando las transnacionales automotrices de Estados Unidos usaron su juzgados para justificar la expulsión de la alemana Volkswagen del mercado estadounidense, afectando seriamente su prestigio y capacidad de competir a nivel global.

El ejemplo de Brasil

Sin embargo, la premisa de que la justicia se encuentra influenciada por el poder transnacional podría sonar abstracta en el contexto latinoamericano. Por lo que bien viene al caso desmenuzar un poco lo que está sucediendo en Brasil, donde se supone que hay una operación judicial contra la corrupción de la clase política y empresarial del país como ejemplo de lo que debería hacerse en otros países, de acuerdo a lo que se nos dice desde los medios.

Lo que no se dice de esta operación es el origen de las dos principales causas judiciales que sirven para esta purga dentro de Brasil. Una es la de Petrobras, la principal petrolera del país, iniciada en tribunales norteamericanos por el bufete de abogados de los bancos JP Morgan y Goldman Sachs. Y otra es la de la constructora Odebrecht que tiene como principal promotor al Departamento de Justicia de Estados Unidos. En ese sentido, los jueces y fiscales a cargo de ambas investigaciones tienen comprobadas relaciones con el aparato judicial estadounidense con cursos pagos por el Departamento de Justicia y la Agencia Norteamericana para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés).

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Medios presentan al juez a cargo de lucha contra la corrupción como un modelo a seguir

Esta dimensión de relaciones en pleno movimiento es la mejor muestra de cómo actualmente las justicia locales de países periféricos son utilizadas para desmantelar el propio Estado de Derecho, al que pertenecen, y sus propios fundamentos de proyección de poder representado en sus transnacionales. Demoliendo en la práctica este mito de que la justicia es solo independiente cuando no depende de los políticos, pero sí de las corporaciones.

¿Poder judicial de ocupación?

Desde esta perspectiva, difícilmente podemos caer en el lugar común de considerar que el cerco contra Venezuela se arma simplemente por la falta de independencia de poderes. Resulta que los verdaderos financistas de la Carta Democrática tienen poca o nula influencia en instancias tan estratégicas como el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Incluso, el fallo del TSJ que se utiliza como punto de inflamación para atacar al país se encuentra relacionado con acuerdos petroleros del Estado venezolano con la petrolera rusa Rosneft, que poco y nada le deben gustar a sus rivales Chevron y Exxon Mobil, conspicuas financistas de toda iniciativa que vaya contra el país.

Este asunto medular traza un serio conflicto de intereses, ya que detrás de esta extorsión de la justicia independiente lo que se encuentra es el intento de prohibirle al Estado venezolano negociar soberanamente la administración de sus recursos naturales.

Otro de los puntos encubiertos también es el hecho de que una justicia venezolana más afín a sus intereses le hubiese permitido avanzar con mayor fuerza en el desmantelamiento del Estado. A partir de validar todas las iniciativas golpistas en contra del resto de poderes del país a imagen y semejanza del modelo de golpes parlamentarios de Honduras, Paraguay y Brasil.

Por eso es que tampoco llama la atención que la propuesta de Almagro en su pedido de aplicación de Carta Democrática sea la de establecer en el país una Misión de Acompañamiento de la OEA para la lucha contra la corrupción, una misma forma de tutelaje a la que hoy se aplica en Honduras y Guatemala para controlar a su clase política para que no termine asumiendo ninguna posición soberana.

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Extracto del informe de Almagro sobre Venezuela de 2016

Después de todo, ese pedido de que en Venezuela haya una justicia independiente lo que esconde es la clara intención de imponer una forma de tutelaje transnacional para que de esta forma se decida el destino de los venezolanos a través del control de su clase política.

Un plan de fondo que, dicho sea de paso, ya se aplica en gran parte de Latinoamérica, sin que sea cuestionado ni puesto en tela de juicio, aunque en esencia represente una forma de ocupación de un país soberano por parte de una potencia extranjera.

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