Las declaraciones recientes del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, introducen un elemento clave para leer el momento actual: tras el evidente fracaso de las operaciones psicológicas asociadas al despliegue militar estadounidense en el Caribe, las facciones opositoras y sus aliados externos han agotado estos recursos para producir un cambio de régimen en Venezuela.

El paso restante de ese libreto, explica Rodríguez, sería forzarlo a través de la ejecución de una operación de bandera falsa destinada a generar víctimas y proyectar un escenario de crisis fabricada.

El viraje no ocurre en el vacío. Durante las últimas semanas, Washington ha concentrado medios militares y mediáticos en torno a Venezuela sin lograr el efecto buscado: ni fractura institucional ni desestabilización interna. Las acciones armadas presentadas como "operaciones antidrogas", los ataques contra embarcaciones civiles y la reiteración del discurso sobre el narcotráfico han terminado por exponer una estrategia sin resultados, sostenida solo por la propaganda.

En este contexto, la denuncia de Rodríguez se inscribe como una advertencia política: ante la imposibilidad de fabricar un colapso desde dentro, el plan apunta a simularlo. Es el único recurso disponible para quienes, desde Miami y Washington, insisten en mantener abierta una agresión armada que ha extenuado una parte de su campo operativo.

La bandera falsa como recurso precipitado

Como advertimos en entregas anteriores, la acumulación de buques de guerra, aeronaves y plataformas encubiertas —como el MV Ocean Trader— busca crear un marco de provocación que empuje a Venezuela a una respuesta militar directa. Sin embargo, la estrategia no ha generado el efecto esperado.

La presencia de destructores de la clase Arleigh Burke, drones Reaper, cazas F-35 y buques de asalto anfibio como el USS Iwo Jima solo está consolidando una imagen: la de un dispositivo de presión sostenida sin capacidad de alterar el equilibrio interno venezolano.

En esa misma línea, nuestro columnista Franco Vielma subraya que este despliegue no responde a una lógica de "interdicción de drogas", sino a una reconfiguración geoestratégica regida por la Doctrina Monroe 2.0, un intento de reinstalar el control directo de Washington sobre el Caribe como zona de exclusión de facto. Bajo esta política, las operaciones armadas contra embarcaciones civiles y la militarización de la cuenca caribeña representan una reedición de las guerras de ocupación del siglo XX, ahora bajo el disfraz jurídico del narcoterrorismo.

El fracaso de este dispositivo ha dejado a los promotores del cambio de régimen, tanto en Venezuela como en Estados Unidos, con un margen de maniobra cada vez más estrecho. La disputa entre Marco Rubio y Stephen Miller, revelada por The Guardian, muestra cómo el conflicto interno dentro del gabinete de Trump ha desatado una carrera por quién impulsa una línea más agresiva contra Caracas.

Rubio, desde su cargo de secretario de Estado y asesor interino de Seguridad Nacional, ha empujado la militarización de la región; Miller, desde el Consejo de Seguridad Interna, ha orquestado los ataques ilegales contra embarcaciones venezolanas, donde ya se cuentan al menos 14 civiles muertos, según filtraciones citadas por el mismo medio británico.

Ante la falta de resultados, los operadores de Washington trasladan la ofensiva al terreno simbólico y mediático. De allí la denuncia del jefe parlamentario Jorge Rodríguez sobre un plan de bandera falsa destinado a fabricar un episodio violento en el país y atribuírselo al gobierno.

El esquema involucra a María Corina Machado como articuladora local, en coordinación con redes externas ligadas al entorno de Marco Rubio, para provocar un hecho con alto impacto visual y mediático que justifique sanciones o una "intervención humanitaria". En esta etapa, la guerra psicológica sustituye al fuego real.

Lo que se presenta como "diplomacia de las cañoneras" también muta en operaciones de percepción, cuyo propósito es político. Sin embargo, el cuadro actual reduce los márgenes de éxito de estas maniobras a su mínima expresión.

Defensa integral y desorden en el centro del poder

Las divisiones dentro de la estructura política estadounidense se han hecho visibles en lo relativo a Venezuela. El debate abierto en el Congreso por los ataques navales y el despliegue militar en el Caribe reveló la falta de consenso entre las instituciones sobre la pertinencia, la legalidad y el propósito de esas acciones.

Miembros de los Comités de Servicios Armados y de Seguridad Nacional, tanto demócratas como republicanos, advirtieron que el presidente actúa sin autorización legislativa ni objetivos claros. Al mismo tiempo, exasesores como Juan González, con acceso directo a los informes de inteligencia de la Casa Blanca, han reconocido que no existen pruebas que vinculen a Venezuela con el narcotráfico, lo que desmonta el argumento central de la operación militar.

Así, mientras el Pentágono busca mantener la presión armada y el Departamento de Estado insiste en sostener la narrativa del narcoterrorismo, en el Congreso crece la resistencia a involucrar al país en un nuevo frente bélico sin justificación. La política hacia Caracas se ha convertido en un punto de fricción entre los distintos niveles del poder estadounidense.

Ese desacuerdo explica la deriva hacia métodos indirectos y de provocación. Ante la imposibilidad de lograr sus objetivos por la vía militar o diplomática, los operadores políticos recurren al expediente de la bandera falsa.

Se trata de un patrón conocido en la estrategia de guerra híbrida: fabricar la apariencia de crisis cuando la realidad no ofrece condiciones para una. En esta etapa, el ataque no se libra tanto con armas como con imágenes manipuladas, rumores expandidos y operaciones psicológicas.

Frente a ello, el país ha consolidado un sistema de defensa que combina capacidad militar y cohesión social. Los Ejercicios Militares Especiales dirigidos por el ministro y general Vladimir Padrino López verificaron la operatividad de 355 Áreas de Defensa Integral (ADI) y 15.751 Bases Populares de Defensa Integral (BPDI), confirmando que cada municipio cuenta con una estructura de mando y respuesta propia.

Estas redes, que integran a la milicia, la FANB, los cuerpos policiales y el poder comunal, refuerzan una doctrina de defensa descentralizada, capaz de detectar y neutralizar cualquier intento de sabotaje o insurgencia fabricada.

Mientras en Washington prevalece la falta de acuerdo sobre cómo proceder frente a Venezuela, en suelo nacional se consolida una arquitectura política y militar coherente, basada en la unidad de mando y en la defensa territorial como principio.

Ese contraste define el momento actual: una potencia global dividida en sus decisiones frente a un país que afianza su cohesión interna y su capacidad para anticipar la agresión, incluidas las falsas banderas, rasgadas políticamente por el agotamiento de maniobras.