Diversos medios de comunicación indicaron la presencia del avión de siglas estadounidenses Phoenix Air Gulfstream III, propiedad del gobierno de Estados Unidos, en el aeropuerto internacional Maiquetía, en Venezuela.

En esta ocasión el avión habría transportado a Roger Carstens, exsubsecretario de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de Estados Unidos y actual enviado presidencial especial para Asuntos de Rehenes de ese país desde el año 2020.

Trascendió que este funcionario habría estado en contacto con varios detenidos estadounidenses en Venezuela y se habló de la posibilidad de que se preparara un canje, el cual podría implicar el regreso al país petrolero del diplomático Alex Saab, secuestrado y judicializado en suelo norteamericano.

El evento transcurrió con hermetismo. No hubo pronunciamiento oficial pero trajo a colación la cuestión de fondo: el estatus real de los vínculos de ambos gobiernos en tiempo presente, en un contexto en que las negociaciones parecen estancadas.

Avances, parálisis y retroceso

Durante varias oportunidades del año pasado la administración de Joe Biden envió funcionarios a Venezuela que fueron recibidos por el presidente Nicolás Maduro, lo que daba por sentado de manera pública que habían establecidas vías de comunicación y negociación entre Washington y Caracas.

En octubre fueron canjeados venezolanos y estadounidenses, en lo que sería el acuerdo más importante entre ambos países en años, decisión que relajó en mínima medida las tensiones.

En la Mesa de Diálogo instalada en México, en noviembre de 2022, las delegaciones del chavismo y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) habían logrado un acuerdo social que alcanzaba un monto de 3 mil 200 millones de dólares estadounidenses para atender materias como la salud y el suministro eléctrico. Estos recursos, pertenecientes al patrimonio de la nación, serían descongelados por el gobierno estadounidense para ser canalizados mediante entes adscritos al sistema de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

También, en noviembre de 2022 el gobierno estadounidense emitió la Licencia GL 41, la cual autoriza a la transnacional petrolera Chevron a reanudar algunas operaciones que se encontraban suspendidas en Venezuela. Aunque esta Licencia aclaraba importantes límites para la actividad de Chevron, abrió perspectivas que suponían aliviar de manera muy modesta las presiones contra las actividades económicas petroleras en el país caribeño.

En enero de 2023 la llamada "Asamblea Nacional de 2015" (AN-15), reconocida en el presente por el gobierno de Joe Biden, puso fin al "interinato" de Juan Guaidó, con lo cual se cerró un ciclo de cuatro años de agenda basada en dicho pseudo-gobierno superpuesto. Entonces, se consideró que se abriría una nueva etapa en la relación entre Venezuela y Estados Unidos sin el obstáculo del reconocimiento al "gobierno interino" y que, por defecto, los vínculos podrían fluir efectivamente para continuar el desarrollo de acuerdos mínimos.

Pero el dinamismo en estas negociaciones se estancaría desde entonces.

En concreto, la habilitación por parte del gobierno estadounidense de los recursos del acuerdo social subscrito en México no se hizo efectiva, y no hay perspectivas realistas en el presente de que dicho compromiso sea honrado.

El pasado 1 de mayo la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) publicó la Licencia General Nº 42 que establece la autorización para liquidar los activos de la filial de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), Citgo Petroleum Corporation.

Dicho documento abrió la puerta para "indemnizar" a los acreedores internacionales que han demandado a la filial; de concretarse, significaría la pérdida absoluta del principal activo del Estado venezolano en suelo extranjero.

En enero pasado el gobierno colombiano, mediante su empresa estatal Ecopetrol, solicitó a la OFAC una Licencia para autorizar compra de gas a Venezuela, pero tal solicitud no ha contado con respuesta.

El Departamento de Estado recrudeció las tensiones con Venezuela al autorizar a la exdiputada y prófuga de la justicia, Dinorah Figuera, a tener acceso a cuentas bancarias con aproximadamente 347 millones de dólares de Venezuela, congelados en bancos de ese país.

Figuera desfalcaría esos recursos bajo la espuria titularidad de la AN-15, con lo cual la administración Biden daría oxígeno político y financiero a una nueva forma de gobierno paralelo venezolano.

Los estadounidenses han incumplido pautas acordadas y más bien han previsto sostener la presión contra Venezuela, lo que ha dinamitado con acciones retrógradas las posibilidades y alcances en el contexto de negociaciones entre ambos países.

¿Deshacer la mesa?

En diversas oportunidades, tanto el presidente Nicolás Maduro como el diputado y presidente de la AN, Jorge Rodríguez, han manifestado la inviabilidad de mantener rutas de convenio con la oposición venezolana y con el gobierno estadounidense, por considerar que no cumplen con lo pactado. Han condicionado dicho proceso mediante razones válidas.

Respecto al ámbito público, el nuevo trecho de distancia entre Washington y Caracas impone la percepción de que los jugadores han retirado las cartas de la mesa y la han levantado.

Los cinco rectores principales del Consejo Nacional Electoral (CNE) presentaron sus renuncias recientemente, lo que propició un trance institucional. De acuerdo con varios ángulos del análisis, esta decisión tendría diversas explicaciones. Una de ellas es que el deslizamiento de la diatriba a un nuevo CNE sería resultado de la inviabilidad de las negociaciones y que, imponiendo su mayoría parlamentaria, el chavismo designaría un nuevo ente comicial como mecanismo de presión integral a las oposiciones internas y, por ende, al gobierno estadounidense, mediante una acción de fuerza política que no cede a hostigamientos y no demanda interlocución política. Es decir, el chavismo crearía, mediante otro tren en el CNE, un nuevo inamovible político.

En cambio, la tímida reacción de algunos dirigentes opositores a esos anuncios ayuda a imponer la hipótesis de que este mecanismo tendría lugar a fin de habilitar un nuevo CNE, de que ello estaría pactado con algunos dirigentes opositores y que el chavismo daría cumplimiento a acuerdos discretos previamente alcanzados con antichavistas y el gobierno estadounidense, en favor de un nuevo ente que garantice "elecciones libres", tal como exigen los norteamericanos.

El nivel de incongruencia entre ambas posibilidades es absoluto, pues el marco lógico de los eventos transcurre entre grandes incertidumbres.

Hace poco la dirigente opositora María Corina Machado dijo que las elecciones primarias de la oposición eran al mismo tiempo un acto de legitimación del liderazgo antichavista, y aludió que de ganar esas primarias se haría del control de los mecanismos de diálogo con el gobierno venezolano.

Machado jamás ha convalidado los diálogos con el chavismo y es altamente probable que de abrogarse el liderazgo opositor termine liquidando el mecanismo de México, o lo que queda de él.

Aunque la visita reciente de un funcionario a Caracas ha despertado las posibilidades de un "canje humanitario", el silencio sigue predominando y no hay indicios públicos que brinden mínima certidumbre de vínculos activos entre EE.UU. y Venezuela.

El gobierno de Colombia, encabezado por Gustavo Petro, lideró la Conferencia Internacional sobre el Proceso Político en Venezuela en Bogotá, donde se alcanzaron consensos mínimos, entre ellos la pertinencia de desbloquear Venezuela mediante una forma de "pasos acordados" que vayan en paralelo con el levantamiento de todas las medidas coercitivas.

Pero esa Conferencia no recibió un respaldo sólido de la administración Biden y no ha generado resultados concretos. Su alcance reside fundamentalmente en la discrecionalidad del gobierno estadounidense de cumplir con acuerdos anteriores y desescalar sus "sanciones", mientras que las instituciones venezolanas tendrían que, dadas las circunstancias actuales, elegir un nuevo CNE y que este publique un calendario electoral que constitucionalmente podría desplegarse el año próximo.

En apariencia, el chavismo podría ganar en el desmontaje de medidas coercitivas a cambio de unas elecciones que igualmente realizaría de acuerdo con la Constitución, pero todo el cuadro es ambiguo. Los estadounidenses siguen sin cumplir los acuerdos centrales y más bien parecen actuar para impedir la recuperación de Venezuela y así crear desventajas electorales al chavismo. Todo mientras exigen "elecciones libres".

Una vez que los tiempos están en vías de agotamiento, y a seis meses para el inicio de 2024, el chavismo podría considerar que un posible aflojamiento "a cuentagotas" del bloqueo no ayudaría a deshacer el daño político causado por un acumulado de medidas coercitivas desplegadas de manera contundente desde 2017, hace casi seis años.

En el escenario de que en el corto plazo ocurra un "intercambio humanitario" entre Venezuela y Estados Unidos, es muy probable que este sea un elemento aislado y no se circunscriba en negociaciones integrales. Todo parece estar en un punto muerto.