Dom. 14 Abril 2024 Actualizado 9:29 am

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Los salarios y las pensiones son también una variable política. ¿Es un tema tratado de manera responsable? (Foto: Archivo)

Las variables reales en torno al dilema salarial

El salario público y las pensiones han sido componentes claves de la economía venezolana, especialmente por su expresión macroeconómica al incidir en el funcionamiento del Estado y, también, en la cotidianidad de amplias capas sociales. Por esa razón ambos factores, en conjunto, se comportan como variables político-sociales sumamente ligadas.

Como sabemos, este ítem —llamémoslo el de la "nómina pública— actualmente está en el centro de una discusión que va más allá de la economía, toda vez que ha recaído a niveles mínimos, tal como ocurrió entre los años 2019 y 2020, y se ha convertido en preocupación sensible para amplias mayorías de la población trabajadora.

A inicios del año 2022 el salario mínimo —sin contar con otros beneficios— y las pensiones se calculaban por sobre los 30 dólares estadounidenses (USD) al cambio del promedio oficial publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV), pero durante 2022 dicho valor se desplomó hasta llegar a cotas mínimas por causa de la devaluación.

Sin embargo, la cuestión de la nómina pública es mucho más extensa que su matemática elemental. Tiene matices.

Cuestiones sobre la nómina pública

En la Venezuela bolivariana se acumuló un historial económico-político sobre el salario público y las pensiones especialmente porque el Estado asumió una política expansiva en su nómina de trabajadores y fue muy inclusiva en la incorporación masiva de la población al sistema de seguridad social.

Ello explica que la nómina nacional sea, al día de hoy, cercana a las 7 millones de personas, incrementada sobre la base de un sistema de pensiones que está constitucionalmente regido por un valor equivalente al salario mínimo oficial y que, en Venezuela, se puede optar a la pensión, en el caso de las mujeres al alcanzar los 55 años de edad, mientras que para los hombres se fijó en los 60 años. Venezuela pensiona a su población en edad muy temprana , lo cual ha sido un logro inequívoco del chavismo.

Pero la nómina pública también ha tenido otros hitos. Por ejemplo, cuando en 2008 el presidente Hugo Chávez anunciaba que el salario mínimo —por ende las pensiones— alcanzaba los 372 USD, aunado a un bono de alimentación que llevaba sus ingresos a un mínimo de 557 USD, el más alto de América Latina, al punto de casi triplicar el promedio de los valores regionales —que para el momento era de 212 USD—.

¿Cuál era la dimensión política de estos referentes? Primeramente, que el país gozaba de una importante bonanza petrolera que durante un ciclo entero —desde 2005 hasta 2013— se apalancó en el precio internacional del crudo, cuyos valores eran entonces superiores a los 75 USD por barril, en algunos momentos superiores incluso los 100 USD.

Pero, además de ello, el significado de la política distributiva de la renta petrolera se había consolidado como un referente esencialmente chavista, extendido más allá de la presidencia de Chávez. En su momento, en el año 2013, el presidente Nicolás Maduro hizo ajustes salariales que colocaron el sueldo base (y pensiones) en los 380 USD el cual, conjuntamente con bonificaciones adicionales, se robustecía hasta alcanzar los 510 USD mensuales.

En 2015 se produjeron las primeras medidas coercitivas estadounidenses, y en el año 2017 el bloqueo se formalizó evolucionando en categorías cada vez peores, asfixiando la economía a niveles jamás vistos, restringiendo integralmente las exportaciones del Estado venezolano, el cual ha sido históricamente el principal aportador de divisas al tejido económico.

Para el año 2020 el país registró una pérdida de 99% de sus ingresos en divisas, comparadas con las que ingresaban en 2014. En números, si en 2014 ingresaban 56 mil millones de USD, en 2020 ingresaron solo 400 millones.

La sinceridad política de 2008, e incluso de 2013 —con Maduro en la presidencia—, era la de una medida distributiva sostenida en las exportaciones petroleras. No era un asunto "tabú", en ambos ciclos el gobierno venezolano defendía orgullosamente que los ingresos del Estado eran el motor del salario. Sobre esa misma sinceridad se explica el declive registrado en 2020 con el que vino aparejado el bajísimo nivel de los sueldos públicos y pensiones. Por ello, no en vano, Maduro insiste tanto en el daño del bloqueo al país.

No se puede hablar de la nómina pública en Venezuela sin hablar de su columna vertebral, su fuente histórica de recursos: las exportaciones del Estado. Cualquier análisis de lo primero, sin incluir lo segundo, está en el terreno de la demagogia y lo majadero.

Es así como el bloqueo a las exportaciones del Estado es la condición objetiva, incuestionable e ineludible sobre la cuestión salarial en el presente.

La nómina pública es hoy el principal insumo para toda una fundamentación política, que es en muchos casos irresponsable y tendenciosa.

Para ponerlo más simple: justamente las oposiciones políticas que han pedido el bloqueo al país, los llamados "críticos" y otros factores pescadores en río revuelto intentan capitalizar políticamente el tema mediante ejercicios de demagogia que alcanzan niveles excepcionales. Lo hacen una comidilla política.

Además de ello, frente a las demandas legítimas de sectores que exigen un ajuste salarial, azuzan el descontento inmoralmente al desconocer, obviar, banalizar y ocultar las causas de la deficiencia de recursos.

El problema que ha surgido en relación con la nómina pública ha sido entonces intervenido, instrumentalizado como el factor central del momento presente de la economía venezolana. Esto por su funcionabilidad múltiple pues atiza el descontento por encima de las agendas gremiales: también propone intentos de paralizar el Estado y, de paso, sepultar el hito del levantamiento del PIB que se ha registrado —sobre 22% entre enero y septiembre de 2022— a despecho de la continuidad del bloqueo como condición objetiva.

La economía, entonces, se vuelve el lugar de los ánimos exasperados, de la frustración así como de las demagogias. Los números se vuelven irrelevantes pese a su contundencia y adquiere lugar la crispación debido a que es en ese terreno hacia donde se pretende trasladar la discusión.

¿Un salario no dependiente de la renta?

Siendo el asunto de la nómina pública un campo de disputa múltiple, precisamente ha sido el presidente Maduro el único que lo ha mencionado de manera responsable. No solo por las obligaciones de su cargo sino por su propio estilo, en muchos casos, sin tapujos.

El primer mandatario nacional ha admitido el bajo nivel salarial y de pensiones. Ha dicho que está trabajando en una fórmula para su aumento y, sobre todo, ha hablado de crear un sustrato para hacerlo sostenible.

Ha incorporado eso como parte de las siete líneas de trabajo político para el chavismo este año. Las líneas uno y dos implican emplear la restitución del salario como un instrumento para detener la desigualdad que se está gestando por el crecimiento económico actual, según el que solo los privados se están beneficiando. Es obvio que en el directorio económico hay un conocimiento crudo y pleno del metabolismo que ha adquirido la economía nacional.

Pero, nuevamente, tal como el presidente lo ha dicho múltiples veces al tratar la materia económica, reaparece la urgencia de superación del rentismo como modelo ya que su propio significado es el nudo gordiano de la economía venezolana. Por eso el bloqueo apuntó ahí, por eso la base material fue en declive, por eso los salarios están como están.

Ir a una revisión del sistema salarial y de pensiones supone el examen honesto de la economía nacional, el cual deja como resultado, entre otras aristas, que es preciso diseñar políticas sobre un asiento distanciado de la renta tradicional por exportaciones. Tal como la conocimos fue desfigurada, no existe, el bloqueo la mató. Por lo tanto, no es posible considerarla como fundamento material, ya no es posible financiar la nómina pública desde ella, perdió significado como referente político-social.

El año 2022 dejó algunas cifras que fueron presentadas por el presidente venezolano en su Memoria y Cuenta el pasado enero.

La actividad petrolera furtiva al bloqueo, la cual se mantiene a niveles mínimos, reportó al Banco Central de Venezuela (BCV) unos 4 mil 758 millones de USD. Consideremos ello como lo que queda de la renta petrolera, que corresponde apenas con 8% de los niveles históricos anteriores al bloqueo.

Adicionalmente se presentó la buena noticia de que la recaudación fiscal en el país aumentó 97% en 2022. Mediante nuevos impuestos y un aumento en el rigor de la recaudación, el Estado llevó a sus arcas el equivalente a unos 4 mil 744 millones de USD.

Estas cifras refieren la principal fortaleza del presupuesto nacional. Son claramente mejores que las del año 2020, pero equivalen a apenas 17% de los ingresos netos en divisas que el país recibía en 2014.

Estimaciones no oficiales refieren que llevar la nómina pública a una modesta cifra de 50 USD mensuales equivale a 7 mil millones de USD para el presupuesto de un año. Otra estimación pública, como la de Luis Bárcenas de la firma privada Ecoanalítica, indica que si el salario elemental y pensiones se llevan a 100 USD mensuales, ello costaría al Estado más de 13 mil millones de USD.

¿De dónde puede surgir el fondo de financiamiento para las nuevas tablas de sueldos y pensiones? Si reconocemos que el bloqueo contra el país continuará como condición objetiva y asfixiante, entonces la composición de la fuente de recursos para la nómina pública debe ser diametralmente distinta.

Hay dos consideraciones adicionales:

  1. El Estado venezolano no renunciará a sus obligaciones de presupuesto y en materia de gestión para destinar casi absolutamente todos sus recursos con el fin de sostener salarios y pensiones. Carecería de sentido atender los sueldos de trabajadores públicos si estos no tienen ningún volumen de trabajo o gestión que realizar, ya que se concretaría una paralización del Estado que en nada puede contribuir a la recuperación económica.
  2. El Ejecutivo se ha mostrado determinado en no aplicar medidas de financiarización del presupuesto público mediante emisión monetaria o aumento exacerbado de la liquidez. Este ítem —que cuenta tristemente con el grupo de "críticos anti-monetaristas"— implica la superación de un debate pseudo-ideológico. Para el gobierno venezolano sí hay demostraciones contundentes de que en el contexto actual de la economía venezolana la emisión desproporcionada de liquidez tiene efectos directos en la depreciación del bolívar, incrementando el tipo de cambio.

Siendo esas las condiciones, expresadas con la contundencia de las cifras y políticamente, entonces la recaudación fiscal, la reconducción del presupuesto público, la emisión muy moderada de liquidez, nuevos regímenes concesionarios, el desarrollo de las actividades de recaudación del Estado en materia de servicios y el aumento de su actividad productiva en sus empresas deben ser la nueva fuente del presupuesto público y, por ende, de la nómina de trabajadores y pensionados.

El gobierno nacional nuevamente tendrá que aplicar acciones excepcionales, esta vez para poder aumentar la base de presupuesto del Estado. El gran desafío será hacer sostenible la nómina.

El área fiscal seguramente será de atención. Probablemente habrá una nueva matriz de impuestos y reglas tributarias que deben ser aplicadas en amplísima escala y detalle.

De esa manera, el asunto económico de la nómina estatal podrá contar con una base de financiamiento invulnerable a la causa de su caída: el bloqueo. Pero no implica el fin de la diatriba. Serán comunes los pronunciamientos en contra de medidas tributarias y veremos a algunos que actualmente se rasgan las vestiduras por los salarios cortándose las venas en defensa del capital privado. Las demagogias no van a escasear.

Sin embargo, a mediano plazo, la economía venezolana tendrá que adaptar más aún sus sistemas de reglas para poder sortear el momento.

Por una parte, el Ejecutivo venezolano entiende perfectamente que es necesario contener la continuidad de una economía hemipléjica, paralizada en parte. Una en la que quienes están dentro de la esfera de los salarios privados y las remesas pueden consumir, y otra en la que los dependientes del Estado no pueden hacerlo por sus bajos ingresos.

Por otro lado, la superación del cuadro actual conlleva que la economía pueda verse beneficiada integralmente si ese segmento de casi 7 millones de personas recupera al menos una parte significativa de sus capacidades adquisitivas, lo cual implica un aumento del consumo, del crecimiento y la retroalimentación de las actividades.

Sobre esos aspectos, estamos hablando de economía. Pero, en el contexto actual, lo políticamente correcto es situarnos en las condiciones reales y tratar esta cuestión con la seriedad y responsabilidad que merece.

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