La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) electa en Venezuela en 2017, tal como lo han señalado el presidente Nicolás Maduro y el presidente de dicha instancia Diosdado Cabello, culminará sus actuales funciones al iniciar el próximo ciclo legislativo en enero de 2021.

Con la elección de una nueva Asamblea Nacional (AN) el 6 de diciembre, se prevé la regularización de la institucionalidad parlamentaria y quedan entonces en entredicho todas las expectativas de 2017 que dieron nacimiento a la ANC.

Para empezar, no habrá una nueva Constitución nacional. ¿Cumplió entonces sus objetivos la ANC?

2017: conflicto e institucionalidad

El año 2017 ha sido uno de los más caldeados de la historia contemporánea de Venezuela. Y quizá ese calificativo sea insuficiente.

Se trató del cenit del ciclo político que inició luego de las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015 y que, con la mayoría de más de dos tercios de la AN a cargo de la oposición, el antichavismo dirigió un periplo de inestabilidad política que hoy perdura.

El punto máximo de 2017 se explica por la violencia política abierta desatada con la acumulación de centenas de muertos en las calles venezolanas. Fue uno de los momentos más peligrosos en la historia nacional, por acercar al país entero a un punto bastante cercano al de una confrontación civil mediante focos de violencia paramilitarizada y germinal que aupaban la sedición militar interna y la intervención extranjera.

En simultáneo, el antichavismo supo crear condiciones idóneas para un quiebre institucional, pieza clave en su esquema de revolución de colores y conflicto de variantes irregulares.

La AN provenía de un periodo de enfrentamiento contra los demás poderes públicos, embistiendo con más énfasis al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo, promoviendo una sedimentación del Estado y el desmembramiento de las demás instancias de poder.

En el momento máximo de la violencia, la oposición había logrado cooptar a la Fiscal General del momento Luisa Ortega Díaz.

Las autoridades venezolanas tenían entendido que las siguientes cartas irían en el empleo de dicho cargo para completar las piezas de un pretendido juicio político contra el presidente Maduro, estrategia que ya había fallado desde 2016, dado que, según la Constitución nacional, el Poder Legislativo en solitario, sin las instancias del Poder Moral (como la Fiscalía), no podría emprender un enjuiciamiento al Presidente.

La ANC fue electa en medio de una vorágine de caos, pero al consagrarse cumplió el objetivo urgente de detener la violencia, mediante un acompañamiento de dicha elección con diálogos en secreto con dirigentes antichavistas.

Esta institución fungió como una estrategia de “solución electoral” que allanó las condiciones para la recuperación de la paz pública, la gobernanza y la estabilidad. Pero también fracturó a la oposición, pues para su elección estos se relegaron de participar y, en consecuencia, se colocaron en arenas fuera de la política.

La ANC se convirtió en un pasadizo político que, para los opositores, se convirtió en un callejón sin salida. Mediante los poderes supraconstitucionales de la ANC el país recuperaría la estabilidad, Tarek William Saab asumió la Fiscalía General, el quiebre de las instancias de poder nacional fue contenido y el llamado a elecciones tomó cuerpo.

La estrategia de la violencia, ahora empantanada frente a una institucionalidad nuevamente inamovible, desembocó en la obligatoriedad para los antichavistas de ir a elecciones o seguir cavando su fosa política. El resto de la historia, con los resultados electorales de las elecciones regionales y municipales de ese año, la conocemos.

La ANC también creó los mecanismos de emergencia institucional, mediante vías excepcionales, para adelantar las elecciones presidenciales en 2018.

Aunque una parte de la oposición, que tanto se ufanó en poner en disputa el cargo de Miraflores, se abstuvo y boicoteó las elecciones, estas tuvieron lugar y el presidente Maduro fue reelecto. El resquebrajamiento de la derecha se profundizaría con una contundencia que hoy perdura. El chavismo ganó gobernanza.

Crisis política y deuda constitucional

Los factores que fueron formulados para inducir la crisis política venezolana no fueron estrictamente lineales. Hubo simultaneidad en toda esta confluencia de eventos. Recordemos que, desde 2016, el choque institucional promovido por la oposición terminó colocando a la AN en desacato frente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Una vez anulados sus actos administrativos, se produjo un vacío legislativo.

Para los opositores, tal vacío era congruente y hasta necesario en su estrategia de desmembramiento institucional. Pero el chavismo logró resolverlo por vía de la ANC, pues esta instancia plenipotenciaria asumió la cuestión legislativa dejando sin efecto los resultados de la crisis parlamentaria inducida. La ANC ha dado viabilidad administrativa y formal a los demás poderes en su funcionamiento y ha legislado en materias esenciales.

Sin embargo una parte de la crisis política persistió. Las heridas de una institucionalidad que había sido violentada siguen expuestas como fracturas en el pacto social y también en el tejido político del país.

Desde entonces, se ha hablado de regularizar la política nacional. El presidente Maduro ha sido quien insistentemente y promoviendo las próximas elecciones parlamentarias, ha dicho que una nueva AN debe avocarse a darle uniformidad a las instituciones nacionales.

La crisis que aún se sostiene pasa por las reflexiones que han surgido estos años sobre nuestro gran pacto político y social: la Constitución Bolivariana.

En 2017 se habló de su reforma o la promulgación de una nueva por vía de la ANC, pues ese es el principal objeto de dicho parlamento. Pero tal deuda quedará pendiente. No será satisfecha. Esta deuda constitucional pasa a ser también una deuda política.

Las oportunidades de profundizar en el espíritu de la Constitución de 1999 quedan postergadas. También quedan diferidos, nuevamente, los objetivos que fueron planteados de la mano de Chávez en la frustrada reforma a la Constitución y que fue imposible por orden popular mediante referéndum.

La Constitución de 1999 apenas ha tenido una enmienda desde su aprobación por voto y aunque resume en gran medida los valores del sentir nacional, aunque es la carta de refundación de la República, sigue siendo considerada por muchos como una obra inconclusa, una intención por desarrollar. De ahí que el saldo político de la ANC ha quedado extraordinariamente por encima de lo esperado en unos ámbitos, pero evidentemente incompleto en otros.

Vale decir que el destino previsto para la ANC no sorprende a muchos. El chavismo ha sabido calibrar el cuadro político entendiendo que, por las premuras impuestas en un estado de emergencia y excepcionalidad (que Washington ha logrado que se vuelva perenne), muchas veces hay que sacrificar en lo estratégico para ganar en lo táctico. Y esa ecuación funciona, aunque normalmente asumamos que siempre debe ser al revés.

Dicho de otra forma, el chavismo ha puesto todas sus energías y énfasis en sostener esta institucionalidad, y esta República, frente a un conjunto de amenazas formidables y hasta imprevistas. Para ello se ha apalancado en los grandes consensos nacionales, el objeto ha sido sostener el centro de gravedad política y todo ello recae en la Constitución vigente, en sus instituciones, en sus mecanismos y, sobre todo, en el espíritu de identidad nacional que ella aguarda.

Esta Constitución fue, en 2009, el primer objeto concreto en la disputa venezolana que lleva más de 20 años. Luego de confrontar primeramente a Chávez, fue la Constitución el principal objeto de la diatriba nacional.

El chavismo ha logrado colocar a los opositores en un punto en el que (al menos de la boca para afuera) dicen defender la Constitución. Lo hacen como maniobra narrativa y política, pues aun violentándola e intentando desmantelarla, la reconocen como un texto que resume grandes consensos y es un indiscutido pacto político y social. Ello le da una vigencia que va mucho más allá de lo jurídico y normativo.

La ANC tendrá un desenlace y su invocación pasará a la historia como un momento en la política venezolana en que se hizo lo impensable. Como un punto máximo de la estrategia y la cohesión política, donde las fuerzas sociales del chavismo se atrincheraron de maneras en que las circunstancias lo exigieron. El desarme de la guerra fue su principal conquista y hoy somos beneficiarios de ello.