La vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, arribó el 8 de julio a Viena, Austria, para participar en el 9.º Seminario Internacional de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), una de las plataformas más relevantes del ámbito energético global.

El seminario, celebrado los días 9 y 10 de julio de 2025, se desarrolló bajo el lema "Trazando caminos juntos: el futuro de la energía global", y reflejó el espíritu de cooperación que define al mecanismo OPEP+ y su interlocución ampliada con actores energéticos globales.

Este espacio de alto nivel reúne a ministros de países miembros de dicha instancia y de la Declaración de Cooperación, a representantes de naciones consumidoras, directores de organismos internacionales, ejecutivos de las principales corporaciones del sector, instituciones financieras, especialistas y medios internacionales.

En un contexto de creciente fragmentación geopolítica, volatilidad económica y presión sobre los mercados energéticos, el seminario sirvió como una plataforma clave para promover el diálogo entre todas las partes y la toma de decisiones sobre temas estratégicos como la estabilidad del mercado petrolero, las inversiones a largo plazo, la innovación tecnológica, las transiciones energéticas y la lucha contra la pobreza en el rubro.

Las sesiones de trabajo incluyeron paneles ministeriales, mesas redondas de alto nivel y espacios de articulación entre los sectores público y privado.

La novena edición del seminario coincide con el 65.º aniversario de la fundación de la OPEP y el 60.º aniversario del establecimiento de su sede en Viena, lo que confiere a esta edición un carácter conmemorativo. En este marco, la participación de Venezuela cobra especial relevancia, no solo por su papel fundador dentro de la organización sino también por su posición geopolítica como proveedor de hidrocarburos en medio de un sistema internacional en reconfiguración.

Por la seguridad energética

La Ministra de Hidrocarburos ofreció una evaluación contundente y estructurada de los desafíos globales vinculados con la seguridad y la transición energética, además de las inversiones en hidrocarburos, subrayando el impacto directo de las medidas coercitivas unilaterales sobre el equilibrio del mercado mundial en el sector.

Uno de los ejes centrales de su discurso fue el Trilema Energético, concepto que articula tres elementos fundamentales: abastecimiento, accesibilidad y sostenibilidad. La vicepresidenta Rodríguez advirtió que, sin garantizar estos tres componentes de manera simultánea, no puede hablarse de verdadera seguridad energética.

Recalcó, en ese sentido, que la inversión debe ir acompañada de una visión realista y equitativa, alejada de exclusiones geopolíticas y de dogmas que ignoren la centralidad de los hidrocarburos en el actual sistema energético global.

Citó como ejemplo la advertencia del ministro saudita sobre la persistencia de la pobreza energética y señaló que "no podemos hablar de inversión ni de seguridad si los pueblos del Sur Global no tienen garantizado el acceso seguro a la energía".

Rodríguez cuestionó el optimismo tecnocrático que acompaña ciertas narrativas sobre la transición energética, pues indicó que "los 2,2 billones de dólares invertidos en energías renovables no garantizan emisiones netas cero para 2050", y señaló además que la mitad de esa inversión se dirige todavía a fuentes fósiles, lo que refleja las limitaciones estructurales de una transición que, en los hechos, continúa dependiendo de los hidrocarburos.

Esta observación se alinea con los datos globales que muestran que alrededor de 84% del consumo energético mundial sigue estando cubierto por combustibles fósiles, los cuales también son insumos imprescindibles para tecnologías verdes. Y es que, a grandes rasgos, esto se debe a la confiabilidad, disponibilidad e infraestructura existente en el espectro de los hidrocarburos.

Incluso, tal como advirtió el propio secretario general de la OPEP, Haitham al Ghais, en un artículo titulado "What does 'green' really mean?", muchos de los llamados "sistemas verdes", como turbinas eólicas y paneles solares, dependen de procesos industriales intensivos en emisiones, como la producción de acero, cemento, plásticos y la minería de minerales críticos como el litio, el cobalto y el níquel.

De hecho, el concepto de "energía verde" se ha utilizado como un eslogan que simplifica de manera excesiva los complejos equilibrios que deben gestionar los responsables de políticas energéticas. En sus palabras: "No hay fuente energética perfecta ni libre de impactos. La energía del futuro debe contemplar todas las fuentes, sin importar el color con que se etiqueten".

Por tanto, hablar de una transición sin este recurso no solo es inviable, sino conceptualmente erróneo.

El discurso también giró en torno al impacto directo de las sanciones ilegales sobre la inversión energética global. Con base en esto, la ministra Rodríguez fue enfática al afirmar que "26% de la producción petrolera mundial y 46% de las reservas están hoy bajo medidas coercitivas unilaterales", lo cual distorsiona la lógica de las inversiones y compromete seriamente la seguridad del suministro. 

En ese sentido, Rodríguez afirmó que "lo más importante es el equilibrio, donde la geopolítica deje de interferir en las relaciones energéticas del mundo", destacando la urgencia de despolitizar el acceso a recursos fundamentales para el desarrollo. Los factores geopolíticos se han convertido en los principales determinantes del riesgo en los mercados energéticos, y han afectado decisiones de inversión y planificación a largo plazo. Las sanciones unilaterales y tensiones regionales generan volatilidad de precios y alteran las cadenas de valor de los países con vastas reservas, principalmente, como se mostró tras la agresión de Israel —y Estados Unidos— contra Irán.

En efecto, el mundo atraviesa una fase de creciente inestabilidad: según datos de KPMG, en 2023 un total de 92 países estuvieron involucrados en algún tipo de conflicto, frente a los 58 registrados en 2008. Esta tendencia no solo evidencia una aceleración de las tensiones globales sino que ha tenido un costo económico significativo; se estima que los conflictos representaron 13,5% del PIB mundial en 2023. Además, el gasto militar global aumentó 6,8% en términos reales, hasta alcanzar un récord de 2,44 billones de dólares ese mismo año.

Este escenario refuerza la advertencia de Venezuela sobre la necesidad de despolitizar las relaciones energéticas.

En el caso venezolano, la alta funcionaria denunció que existen 1 041 sanciones ilícitas dirigidas específicamente contra su economía, muchas de ellas focalizadas en el sector hidrocarburos. Estas medidas, dijo, no solo buscan reducir la competitividad del país sino obstaculizar su capacidad de captar inversiones en condiciones estables.

No obstante, la Vicepresidenta destacó que Venezuela se encuentra en plena fase de recuperación de su capacidad productiva y proyecta exportar su primera molécula de gas en 2027.

Indicó que, a pesar de las restricciones, existen alianzas estratégicas activas con países como Rusia, China, Irán, India y Türkiye, así como con empresas privadas que siguen operando bajo condiciones complejas, como Chevron, Repsol, Eni y EnerPro.

Sin embargo, subrayó que estas inversiones están sometidas a los vaivenes de decisiones políticas externas, particularmente las del gobierno de Estados Unidos.

En una frase que sintetiza la posición de Venezuela frente a los intentos de embates geopolíticos, afirmó: "Es absurdo pretender excluir a Venezuela, la nación con las reservas de petróleo más grandes del planeta, de la fórmula energética mundial".

Esta declaración resalta la posición estructural de Venezuela en el equilibrio energético global y pone de relieve que cualquier transición seria debe contar con todos los actores relevantes.

La historia energética del mundo ha sido, en esencia, un proceso de adición y complementariedad de fuentes, no de reemplazo ni exclusión. En esa línea, la reflexión de la ministra toma mayor relevancia porque se conecta directamente con su denuncia del impacto de las sanciones unilaterales, que pretenden segregar países con un rol estructural en el suministro global.

De allí se desprende que los Estados deben poder ejercer su derecho soberano a desarrollar sus propios recursos energéticos en condiciones justas y equitativas, sin interferencias externas que distorsionen sus capacidades.

Finalmente, insistió en que las inversiones energéticas deben enfocarse en garantizar precios de equilibrio y acceso universal, especialmente en los países del Sur Global, al tiempo que hizo un llamado a despolitizar las relaciones energéticas y dejar de utilizar el suministro energético como arma geopolítica.

"Lo que hagamos hoy determinará el futuro", concluyó, reafirmando la necesidad de un enfoque pragmático, inclusivo y orientado a resultados concretos en el contexto energético global.