El presidente de Colombia, Gustavo Petro, marcó un contraste claro con las políticas de su controvertido predecesor al afirmar que no romperá relaciones diplomáticas con Venezuela a pesar de las tensiones derivadas de la aguda campaña de desprestigio hacia el país vecino, a la que ha respondido con críticas influenciadas por presiones externas.

Aunque Petro no asistió a la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro el pasado 10 de enero, al alegar preocupaciones por asuntos internos de Venezuela, dejó en manifiesto que su gobierno no pretende intervenir y, más importante aun, que no contempla un distanciamiento diplomático.

Este enfoque responde a realidades geopolíticas y económicas ineludibles. La ruptura de relaciones durante el mandato de Iván Duque resultó ser un golpe contundente para el comercio binacional, instrumentalizado como factor para promover un "cambio de régimen".

Según reportes económicos, la disminución del intercambio comercial entre ambos países alcanzó niveles críticos al caer desde más de 7 mil millones de dólares en 2008 hasta apenas 200 millones en 2020, equivalentes a una reducción de 97%, lo que evidenció el impacto negativo derivado de las tensiones políticas.

El actual gobierno colombiano entiende que el relacionamiento con el país vecino no solo abre puertas al comercio tradicional sino que también reviste una importancia estratégica en el ámbito de los recursos energéticos.

La nación neogranadina identifica en Venezuela una fuente clave de suministro de hidrocarburos, alineada con la agenda gubernamental de la actual administración colombiana para reestructurar su matriz productiva. Dado que las reservas de gas en territorio colombiano resultan insuficientes para sostener la política de transición hacia fuentes renovables propuesta, la cooperación energética colombo-venezolana se presenta como una opción estratégica.

Aprovechar lo que existe

Colombia enfrenta una encrucijada energética que pone de manifiesto tanto sus limitaciones actuales como su potencial a largo plazo.

La sostenibilidad de dicho sector, fundamental para el desarrollo económico del país, exige políticas públicas que impulsen una exploración más eficiente en vista del elevado costo que implica este proceso, y que además optimicen la comercialización de los recursos disponibles.

El debate sobre la política de recursos estratégicos del gobierno de Petro ha sido objeto de críticas y tergiversaciones en los medios de comunicación, influenciados principalmente por sectores opositores como los liderados por Álvaro Uribe Vélez.

De hecho, desde los medios se repite adrede la afirmación sobre la suspensión de los contratos existentes de exploración y explotación de hidrocarburos. Sin embargo, las autoridades han aclarado repetidamente que esta medida no implica la paralización de contratos vigentes sino que busca optimizar los procesos de exploración para maximizar los resultados de los 381 contratos ya otorgados, cuestión que explicó en el año 2023 la entonces ministra de Minas y Energía, Irene Vélez.

El gobierno ha insistido en que su objetivo es garantizar que los contratos actuales produzcan hallazgos significativos, con lo cual se optimizaría la gestión y se aseguraría que las inversiones sean eficientes, con plazos de exploración más ajustados y productivos. La idea es transitar desde un esquema con numerosos convenios ineficientes hacia uno que priorice la calidad y los resultados en la exploración y explotación de los proyectos hidrocarburíferos.

Contrario a lo que sugiere la oposición, Colombia no dispone de reservas suficientes para avanzar significativamente sin buscar alternativas. El país cuenta con reservas probadas de gas natural para aproximadamente 6,1 años, y reservas de petróleo para 7,1 años.

Es decir, según la Agencia de Información Energética de Estados Unidos (EIA, según siglas en inglés), para 2022 Colombia registró 1 800 millones de barriles de reservas probadas de petróleo crudo y casi 3 billones de pies cúbicos (Tcf) de gas natural.

La falta de nuevos descubrimientos y el aumento de la demanda han generado un contexto crítico que requiere medidas inmediatas. Las cuencas identificadas, como las de la región Caribe, presentan un alto potencial, pero es esencial avanzar en el inicio de su producción para evitar déficits energéticos.

Por otro lado, las recientes declaraciones del ministro de Energía, Andrés Camacho, refuerzan la visión del gobierno sobre una transición en el rubro que sea justa y viable, en la que los recursos existentes se gestionen con mayor eficiencia. Esto incluye los prometedores hallazgos offshore en el Caribe colombiano, que se espera entren en producción después de 2030 y puedan garantizar el suministro hasta 2037.

En este contexto es importante señalar que Colombia ya enfrenta desafíos relacionados con el abastecimiento de gas, como el incremento del déficit energético proyectado para 2025 y 2026, y un aumento significativo en las importaciones en respuesta a la crisis hídrica exacerbada por el fenómeno de El Niño.

También la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) dijo en el año 2024 que el suministro de gas natural, en particular, se ha visto afectado durante la última década por la falta de nuevos descubrimientos prometedores y la creciente demanda.

Esta situación pone en evidencia la necesidad de fortalecer políticas públicas que no solo optimicen los procesos actuales sino que también garanticen el autoabastecimiento en escenarios de contingencia.

Finalmente, el gobierno de Petro reitera su agenda de no suscribir nuevos contratos de exploración, pero aclara que esta decisión no afecta la continuidad ni el aprovechamiento de los convenios actuales.

Lejos de ser una medida que promueva la dependencia de otros países, esta decisión busca maximizar el potencial nacional. No obstante, la integración de fuentes externas confiables, como las ofrecidas por Venezuela, será indispensable para enfrentar los desafíos inmediatos y así garantizar la seguridad energética de manera sostenible.

Nuevos descubrimientos y la urgente integración

El descubrimiento de gas natural en la cuenca marina de La Guajira, frente a las costas de Colombia, es un hito que puede transformar la dinámica energética del país. Este hallazgo, realizado por el consorcio Petrobras-Ecopetrol, ha puesto sobre la mesa la posibilidad de duplicar las reservas gasíferas de Colombia, con un estimado de seis billones de pies cúbicos (Tcf) en los pozos Sirius-1 y Sirius-2.

Sin embargo, este descubrimiento no significa una solución inmediata para los retos energéticos de Colombia, que enfrenta una creciente demanda de gas natural y la necesidad de diversificar sus fuentes de suministro.

A pesar de la magnitud del hallazgo, la realidad es que este recurso no estará disponible para satisfacer las necesidades inmediatas del país. Según las proyecciones de Petrobras y Ecopetrol, el gas proveniente de los nuevos pozos no comenzará a producirse de manera significativa hasta 2029 o 2030, con una producción inicial de 13,3 millones de metros cúbicos por día.

Entonces, por un lado, el descubrimiento ofrece un potencial de gas que podría satisfacer hasta 80% de la demanda actual del país y, por otro, su explotación efectiva está aun en sus primeras fases y no se espera que el recurso sea plenamente aprovechado antes de la próxima década. Esto implica que Colombia tiene un margen de aproximadamente seis a siete años antes de que el déficit de gas se haga más pronunciado.

En este sentido, Colombia se enfrenta a una presión creciente para garantizar la disponibilidad de gas natural a corto y mediano plazo. A pesar de las grandes expectativas sobre el descubrimiento, la infraestructura disponible en el país, como la terminal SPEC LNG en Cartagena, es limitada y, aunque se está ampliando la capacidad de regasificación, el proceso es lento.

Por lo tanto, la opción de recurrir a importaciones de gas sigue siendo esencial para mantener el equilibrio entre oferta y demanda, especialmente durante la transición hacia la explotación de los nuevos pozos.

Es en este contexto de urgencia energética donde la cooperación con Venezuela cobra relevancia. A pesar de los desafíos geopolíticos y económicos, Venezuela sigue siendo un actor clave en el sector energético de la región. Las vastas reservas de gas natural de Venezuela, que se estima tienen una vida útil de más de 300 años, podrían ser la solución inmediata que Colombia necesita para cubrir su déficit en los próximos años.

El gasoducto Antonio Ricaurte, que conecta a ambos países, es una infraestructura neurálgica que ya existe y puede ser rehabilitada para comenzar a transportar gas desde Venezuela hacia Colombia. Con una capacidad inicial de 25 millones de pies cúbicos diarios, este gasoducto representa una oportunidad para reducir los costos de transporte en comparación con la dependencia de Estados Unidos para importar gas natural, cuyas tarifas son más altas y menos sostenibles.

La rehabilitación de esta infraestructura permitiría a Colombia acceder a gas venezolano de manera eficiente y a un costo mucho más competitivo.

Además de la opción del gasoducto, existe la posibilidad de aprovechar el gas natural licuado (GNL), una alternativa que podría abrir nuevos mercados para el gas de Venezuela y Colombia. Venezuela, con su vasta capacidad de producción del rubro, también se asoma como opción en este espectro con la participación de Repsol y ENI en la comercialización del gas.

En este escenario Colombia podría beneficiarse de una estrategia mixta que combine el uso de gasoductos para satisfacer las necesidades internas con la exportación de GNL para generar ingresos adicionales y consolidar su posición en el mercado internacional.

El futuro de la cooperación entre Colombia y Venezuela está condicionado en gran medida por las sanciones ilegales impuestas por Estados Unidos, que representan un obstáculo relevante para el desarrollo de relaciones comerciales y energéticas fluidas.

No obstante, la rehabilitación de instalaciones como el gasoducto Antonio Ricaurte, que se presenta como un activo estratégico para garantizar el suministro de gas hacia Colombia a precios más competitivos frente a otras alternativas externas, será determinante con vistas a avanzar en una colaboración efectiva.

El fortalecimiento de la infraestructura gasífera binacional, guiado por un enfoque pragmático y de buena vecindad, ofrecerá una oportunidad única para consolidar nuevas rutas de exportación y cooperación en la transición energética. Este esfuerzo podría convertirse en el pilar de una relación estable y productiva que no solo beneficie a Colombia y Venezuela sino que también contribuya al bienestar y la estabilidad regional.