La subasta de Citgo Petroleum, filial clave del Estado venezolano en Estados Unidos y confiscada ilegalmente por su gobierno, se encuentra en sus etapas finales, lo que marca un momento crucial no solo para Venezuela sino también para el resto de los países que posean inversiones en territorio de ese país. Según reportes recientes el proceso judicial, que culminará con la venta forzada de Citgo, parece acelerarse a pesar de las protestas del gobierno del presidente Nicolás Maduro.
La empresa, que posee refinerías estratégicas en Texas, Luisiana y Pensilvania, representa el activo más valioso de Venezuela fuera de sus fronteras, con una importante red de oleoductos y más de 4 mil estaciones de servicio en Estados Unidos.
Su pérdida significaría un golpe financiero, pero también un acto simbólico de despojo que reafirmaría el apetito por el control de los recursos del país que posee Washington. Empresas como Vitol y Koch Industries, junto con otras corporaciones y fondos buitre, han presentado ofertas milmillonarias, algunas superiores a los 8 mil millones de dólares. El proceso forma parte de una estrategia política que se intenta encubrir bajo la apariencia de justicia legal.
El valor real de Citgo oscila entre los 11 y 13 mil millones de dólares, pero las expectativas de recaudación tras la subasta no superarían los 8 mil millones, lo cual evidencia un claro interés estratégico por parte de los compradores, más allá del valor comercial inmediato.
Con sanciones económicas que ya han minado gran parte del comercio exterior venezolano, esta subasta aparece como una nueva herramienta de presión, disfrazada de litigio mercantil. Empresas como ConocoPhillips lideran el frente de reclamos multimillonarios utilizando tribunales estadounidenses para avanzar en su agenda de expolio contra el país sudamericano.
Historia breve de un despojo
Las bases "legales" de la operación de despojo fueron fallos de cortes estadounidenses que reconocieron a Juan Guaidó como "presidente interino" en 2019, una figura sin legitimidad constitucional. Este operador intentó tomar el control de los activos venezolanos en el extranjero, incluida Citgo, y sus movimientos fueron avalados por la primera administración Trump, en particular por el entonces secretario de Estado y exdirectivo de la CIA, Mike Pompeo, quien transfirió el control total de la empresa a la autoproclamada "Junta directiva ad hoc", a la PDVSA fake de Guaidó, en abierta violación del derecho internacional.
Desde entonces el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha presentado múltiples acciones legales para frenar este saqueo. En 2021 el ejecutivo nacional presentó una demanda ante la Corte de Delaware para recuperar el control de Citgo, en la que denunció la ilegitimidad del "nombramiento" de la PDVSA fake. Sin embargo, estas acciones han sido sistemáticamente bloqueadas por tribunales estadounidenses, que priorizan intereses corporativos y políticos por sobre el derecho internacional.
El caso Crystallex, que dio inicio a todo este proceso hace 17 años, sentó un precedente peligroso: permitió que un tribunal estadounidense determinara que PDV Holding —matriz de Citgo— era responsable de las deudas estatales venezolanas. Esta interpretación jurídica, criticada incluso por expertos en derecho internacional, abrió la puerta a que más de una docena de acreedores comenzara a ejecutar embargos sobre activos venezolanos.
Misión Verdad ha demostrado que detrás de esta maniobra se encuentran no solo intereses económicos sino también una clara voluntad política para debilitar el Estado venezolano, aislarlo financieramente y preparar el terreno hacia un cambio de régimen. La participación de testaferros y directivos vinculados con la oposición, muchos de ellos sin legitimidad ni representación real, fue fundamental en este proceso.
Pese a ello, el gobierno venezolano no ha dejado de reclamar legalmente el caso. Ha recurrido a instancias internacionales, entre ellas la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y ha promovido campañas diplomáticas en organismos multilaterales para denunciar la instrumentalización del sistema judicial estadounidense para fines geopolíticos. Estos esfuerzos buscan tanto recuperar Citgo como también visibilizar el uso indebido del derecho privado internacional como arma de guerra económica.
La sombra permanente de Marco Rubio y la oposición extremista
Una de las figuras centrales detrás del despojo de Citgo es el actual secretario de Estado Marco Rubio, quien desde hace años ha actuado como arquitecto principal de las políticas de hostilidad contra Venezuela. Desde su escaño en el Senado impulsó leyes y sanciones que han servido de marco supuestamente legal para el embargo de activos venezolanos en territorio estadounidense.
Pero su rol va más allá: ha mantenido contactos constantes con dirigentes de la oposición extremista venezolana, lo cual ha facilitado su acceso a estructuras financieras y judiciales importantes.
La "Directiva ad hoc" ha fungido como herramienta completamente ilegal desde el punto de vista constitucional y corporativo para operaciones opacas, contratos sospechosos y movimientos de capital cuestionables. Varios de sus miembros han sido investigados por lavado de dinero, corrupción y por permitir que fondos buitre se apoderaran de los activos de Citgo, sin que haya habido consecuencias reales por sus actos en Estados Unidos.
Rubio respaldó públicamente esta directiva, recibió donaciones de lobbies petroleros e intervino directamente ante el Departamento del Tesoro para garantizar que la empresa permaneciera bajo el control de estos personeros. En 2019, junto al senador Ted Cruz envió una carta a Trump en la que pedía que se evitara cualquier intento del gobierno venezolano por retomar el control de la empresa, acción coordinada con altos representantes de la oposición venezolana radicada en Miami.
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) abrió una investigación a Guaidó y Vecchio, entre otros, por corrupción y malversación de fondos que recibieron de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).
El objetivo es saber adónde fueron a parar los aproximadamente mil millones de dólares que se les proporcionaron entre 2018 y 2020 bajo el pretexto de "ayuda humanitaria". Además, con la creación de cargos ficticios como el otorgado al excomisario Iván Simonovis, crearon un sistema de extorsión dirigido a personas con algún tipo de vínculo con la industria petrolera venezolana bajo dos modalidades:
- Si la empresa tenía una deuda con Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), se le recomendaba demandarla en Texas para el pago. Aseguraron a estas que, durante los juicios, acordarían pagar la deuda y los honorarios legales, pero exigieron una participación de 20% de las ganancias del proceso.
- Presionaron los negocios para que contrataran un abogado específico con vistas a optar por la licencia OFAC, que tenía un costo de 3 millones de dólares, mediante el argumento de que les garantizaban que recibirían la licencia.
En la actualidad el secretario de Estado enfrenta acusaciones de haber recibido fondos de la Fundación Simón Bolívar de Citgo y actuar como lobbista de ExxonMobil mientras influyentes republicanos habrían bloqueado avances en la investigación. El caso sigue desarrollándose al tiempo que Rubio mantiene su agenda desestabilizadora en la región.
Documentos filtrados por Wikileaks muestran cómo funcionarios estadounidenses y líderes opositores trabajaron juntos para asegurar el control de Citgo, incluso antes de que se iniciara oficialmente el proceso de subasta. Estas acciones, lejos de responder a un interés público, parecen obedecer a una agenda de beneficios particulares, en la que empresarios cercanos a Guaidó y a la élite opositora buscaban lucrarse con la gestión de Citgo.
Un plan político (mal) disfrazado de litigio
La subasta de Citgo no es simplemente un caso de derecho corporativo: es parte de una campaña mucho más amplia de asfixia económica y política, y de saqueo corporativo, contra Venezuela. Bajo el pretexto de cumplir con fallos judiciales y demandas de acreedores, Estados Unidos y sus aliados Juan Guaidó, Leopoldo López y Carlos Vecchio, entre otros, están consumando un despojo sistemático de los activos venezolanos en el extranjero.
Este proceso forma parte de una estrategia integral que combina sanciones económicas, manipulación judicial, injerencia electoral y propaganda. Citgo, como símbolo de la capacidad productiva venezolana en el exterior, representa un objetivo estratégico crucial en esta guerra cada vez menos discreta.
Aunque el gobierno liderado por el presidente Maduro ha enfrentado enormes dificultades para hacerse escuchar en los tribunales estadounidenses, su resistencia diplomática y legal sigue firme. Nunca está de más denunciar la verdadera naturaleza de este expolio y recordar al mundo que detrás de cada procedimiento legal hay un plan político diseñado para minar a un país soberano.
En los próximos meses, con la audiencia final prevista para el 18 de agosto y la posible ratificación del ganador por parte del Departamento del Tesoro, el destino de Citgo estará sellado. Pero también lo estará el juicio histórico sobre quiénes realmente buscaron proteger los intereses de la soberanía de la filial de PDVSA y quiénes, bajo máscaras legales y falsos relatos, contribuyeron a su desmantelamiento.