Desde la autoproclamación de Juan Guiadó en enero de 2019, la empresa Citgo Petroleum ha estado en el centro de una extendida batalla política, legal y narrativa por el control de sus operaciones.
Algunos antecedentes
Esta filial de la estatal de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en los Estados Unidos está compuesta por tres enormes refinerías con una capacidad de procesamiento de 769 mil barriles diarios y más de 4 mil estaciones de distribución de gasolina repartidas en 30 estados de la Unión. Semejantes magnitudes le dan a Citgo Petroleum un valor de mercado superior a los 8 mil millones de dólares, lo que la ha convertido, desde hace años, en un activo muy codiciado.
Incluso antes del salto al vacío de Guaidó, Citgo ya estaba en la mira por parte del gobierno estadounidense. El 21 de mayo, 24 horas después de la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales, el presidente Donald Trump emitió la Orden Ejecutiva 13835 con el objetivo de prohibir la venta, transferencia o uso como garantía de cualquier entidad en territorio estadounidense donde el gobierno venezolano tuviese una participación superior al 50%.
Lógicamente la medida de restricción apuntaba a Citgo, pero también iba dirigida a bloquear la capacidad de financiamiento externo del estado venezolano, ahogando su ingreso en divisas, según analizó un foribundo economista opositor en su momento.
En su momento, la maniobra fue interpretada como el primer paso de un embargo oficial sobre la empresa, una visión que terminó confirmándose tiempo después.
En agosto de 2018, la ofensiva legal de la corporación Crystallex (donde el abogado José Ignacio Hernández, futuro “procurador” de Guaidó, formó parte de su equipo jurídico) conquistó una posición de fuerza en la Corte de Delaware a cargo del juez Leonard Stark. El argumento de que el control accionario de PDVSA sobre Citgo la convertía en un alter ego de la República Bolivariana de Venezuela, favoreció el reclamo de la minera canadiense de cobrarse un antiguo litigio con los activos de Citgo Petroleum.
En 2018 el gobierno estadounidense no solo avanzó en arrebatarle el control de la empresa al estado venezolano; ahora se sumaba una seria amenaza de despojo definitivo, que ha adquirido una vigencia cada vez más peligrosa en meses recientes dada la actuación del procurador fake de Guaidó, quien puso a Citgo en bandeja de plata a las mismas corporaciones con las que había trabajado años antes.
A los pocos días del salto al vacío de Guaidó, durante la primera quincena de febrero, sus partidarios en la Asamblea Nacional nombraron una nueva junta directiva para Citgo y PDVSA Holding rebasando todo el marco jurídico existente, encabezada por Luisa Palacios y Carlos Jordá, ambos ligados al sector financiero y petrolero estadounidense.
La decisión se tomó como un paso práctico de la campaña de “protección de activos”, orientada a encubrir el saqueo de los activos nacionales bajo la mampara de la lucha contra la corrupción del gobierno de Nicolás Maduro.
Carlos Vecchio, nombrado como emisario de Guaidó en los Estados Unidos, se movió con contundencia y rapidez. En marzo realizó una visita “protocolar” a Citgo para remarcar que el gobierno paralelo tenía el control efectivo de la empresa.
Vecchio argumentó que, con el cambio ilegal de directiva, “no solo estamos protegiendo nuestros activos, también evitamos que continúe la destrucción y que perdamos la empresa”.
Para ocultar la gravedad del secuestro de Citgo, Vecchio apeló a la demagogia para distraer a la opinión pública. La idea consistía en prometer que los venezolanos se verían beneficiados en última instancia: “Todo ese dinero tiene que ser utilizado para más oportunidades de desarrollo económico y social, que genere empleo y pueda llevar el salario mínimo, no a 5 dólares como está ahorita, sino a elevarlo muchísimo más para incrementar el poder adquisitivo”.
Un portavoz del Departamento del Tesoro de EEUU consultado por Voice Of America indicó, refiriéndose a la licencia 7B, que dichas medidas sobre Citgo tenían como objetivo prohibir “que cualquier beneficio vuelva al régimen ilegítimo de Maduro”. A partir de ese momento, y como complemento de la Orden Ejecutiva 13835 del año anterior, Venezuela no tendría acceso a las ganancias reportadas por Citgo, ni tampoco a combustible, repuestos y otros insumos demandados por PDVSA.
Reacomodo de las sanciones
El 28 de enero de 2019, el secretario del Tesoro de EEUU, Steven Mnuchin, y el para ese entonces asesor de seguridad nacional John Bolton, anunciaron la inclusión de PDVSA en la Lista de ciudadanos especialmente designados y personas bloqueadas (SDN, por sus siglas en inglés), de conformidad con la Orden Ejecutiva 13850, emitida en noviembre de 2018.
La medida implicaba el embargo definitivo de PDVSA y sus filiales, bloqueando cualquier transacción con empresas estadounidenses y abriendo paso a las temibles sanciones secundarias. Al instante fueron emitidas al menos 9 licencias generales que permitían algunas operaciones bloqueadas por la designación de PDVSA, como la extensión de las operaciones de Chevron en Venezuela, ciertas transacciones con determinados bonos y otras actividades de comercialización de Citgo.
De todas estas licencias destaca la 7B que permite a Citgo operar en el mercado estadounidense. Con este instrumento, que se ha renovado ininterrumpidamente desde 2019 hasta la actualidad, Washington obstaculiza que los dividendos de la empresa vayan a Caracas y, al mismo tiempo, “autoriza” que el equipo de Guaidó mantenga un control efectivo de la filial.
Es decir, a la vez que sostiene la situación de embargo favorece una administración tutelada de los golpistas a través de la licencia 7B y otras de características similares.
Boicot energético y financiero
Al día de hoy la empresa se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad, sobre todo después de que el juez Leonard Stark determinara, a finales de mayo de este año, que Crystallex puede cobrar su histórico reclamo con la venta, en condiciones de remate, de las refinerías de Citgo.
El revés jurídico fue un golpe catastrófico a la gestión de la “protección de activos” de Guaidó y en especial a su procurador fake, José Ignacio Hernández, quien debilitó la defensa de los intereses nacionales de Venezuela al sustituir a la procuraduría general de la República frente a los tribunales estadounidenses.
Estos acontecimientos han generado un sinfín de reacciones que han desmantelado la poca credibilidad que le quedaba a Guaidó. En paralelo, el gobierno estadounidense ha intervenido modificando y extendiendo algunas de las licencias del año pasado para evitar que Citgo sea rematada como ya lo ordenó el juez Stark de la corte de Delaware.
Mientras tanto la gerencia ilegal de Citgo intenta fingir normalidad. En febrero de este año, a modo de “aniversario” por el secuestro de la directiva, la nueva gerencia emitió un “reporte de desempeño” donde destaca el cambio de orientación estratégica de la empresa y cómo se enmarca en el boicot energético (y financiero) contra Venezuela.
“También tomamos pasos críticos para mejorar la resiliencia de nuestras operaciones optimizando rápida y eficientemente nuestra lista de crudo, reemplazando el crudo venezolano con crudos económicos de Colombia, México y Ecuador y al mismo tiempo aumentando nuestras carreras de crudo ligero en Estados Unidos. El crudo estadounidense liviano de bajo precio ahora representa el 48% del suministro total de crudo de CITGO y el 64% del total de crudo de la Costa del Golfo de EEUU”, indica el reporte.
Este cambio y sustitución de las rutas de suministro ha beneficiado a compañías petroleras tanto en Estados Unidos como en países de la región que son rivales comerciales de PDVSA y que se han aprovechado inteligentemente de las sanciones de EEUU como un instrumento de competencia desleal y de guerra comercial.
El reporte también indica que “Estos esfuerzos no solo nos han ayudado a servir mejor al mercado estadounidense, sino que también nos han permitido convertirnos en un importante exportador de productos refinados; de hecho, las exportaciones ahora representan el 25% de la producción total de CITGO”.
De esta manera, la nueva directiva de Guaidó ha blanqueado las sanciones destructivas de EEUU a nombre de un reacomodo operacional de Citgo. Así que, mientras por un lado Washington bloquea y amenaza a buques, aseguradoras y navieras involucradas en el comercio de gasolina con Venezuela, por otro lado Citgo aumenta sus exportaciones de combustible a costa de la escasez producida por las sanciones en Venezuela.
Un reportaje del New York Times en 2018 indicaba que Citgo enviaba a Venezuela “alrededor de 29 mil barriles al día de combustibles refinados, como gasolina”. Además, añade el medio estadounidense, “Citgo (…) importa 175 mil barriles de crudo venezolano cada día?—?casi uno de cada cinco barriles que el país exporta al mundo?—?, lo que brinda al gobierno de izquierda dólares que necesita desesperadamente”.
En tal sentido, la sustitución de compras de crudo venezolano no sólo golpea duramente las finanzas venezolanas y las de PDVSA, sino que los 29 mil barriles diarios que se enviaban a Venezuela en 2018 ahora muy seguramente se exportan y las ganancias que genera no vuelven al país. Un modelo perfecto de saqueo y corrupción.
A su vez, al tener controlada Citgo, Washington agudiza el bloqueo a los combustibles y la sequía de divisas, los dos vectores principales de la guerra económica.
Un reportaje reciente publicado en Reuters remarca que la escasez de gasolina se debe a la fractura de las relaciones naturales entre Citgo y PDVSA, su casa matriz, a causa de las sanciones de EEUU:
“Pero estos llamados intercambios con su principal socio, Citgo, que es su subsidiaria de refinación en Estados Unidos, fueron interrumpidos cuando el gobierno del presidente Donald Trump sancionó a PDVSA en enero de 2019 como parte de su campaña por expulsar del cargo al presidente Nicolás Maduro”, precisa el periodista Luc Cohen.
A beneficio de los tenedores
En aquel reportaje fue consultada la venezolana Luisa Palacios, quien ahora mismo se desempeña como presidenta de la junta directiva de Citgo por nombramiento de Guaidó. Según La Tabla, Palacios forma parte de una familia oligárquica caraqueña y ha trabajado para instituciones financieras estadounidenses desde hace largo tiempo.
Palacios le dijo al New York Times en 2018 que
“La integridad de Citgo como una compañía está en riesgo (…) No veo cómo PDVSA pueda conservar Citgo, porque todo Citgo está comprometido por un lado o el otro con diferentes tipos de prestamistas, y acreedores descontentos están logrando afectar su estabilidad”.
El marcado interés de Palacios por los prestamistas de Citgo ha quedado impreso en los reportes de desempeño de la nueva directiva.
“Cuando asumimos nuestro papel como miembros de la junta en febrero pasado, nuestra primera tarea fue colocar a CITGO sobre una base financiera sólida. Durante 2019, refinanciamos exitosamente el 70% de la deuda agregada de CITGO y CITGO Holding, logrando reducir los costos de la deuda de CITGO Holding en $220 millones en 5 años”, reseña el informe mencionado.
En otro informe más reciente se afirma que el
“6 de julio de 2020, la Junta Directiva de CITGO aprobó el pago de dividendos recomendado de aproximadamente $63 millones a su matriz inmediata, CITGO Holding, Inc., que se pagó el 29 de julio de 2020”. Pocos días después, “CITGO refinanció exitosamente su Préstamo B a Término 2021 con el producto de una oferta privada de pagarés senior garantizados al 7.00% con vencimiento en 2025. La oferta de pagarés se suscribió en exceso, lo que permitió a CITGO aumentar la oferta a $1.125 mil millones y proporcionar liquidez adicional”.
Estos informes establecen toda una línea de prioridades financieras de la nueva junta directiva con respecto al destino final de las ganancias generadas por la empresa.
Entre las nuevas prioridades se encuentran el endeudamiento, el pago a los tenedores de deuda y la maximización de los dividendos que, paradójicamente, son recibidos por una “casa matriz” que también es controlada por Guaidó.
La premisa de Carlos Vecchio de emplear el dinero de Citgo para generar “más oportunidades de desarrollo económico y social en Venezuela” ha demostrado ser una farsa. Luisa Palacios y Carlos Jordá, ambos en la cúspide del manejo ilegal de Citgo, se han alineado contra los intereses de Venezuela.
Dinero en helicóptero
Una organización importante dentro de esa gigantesca red que es Citgo es la Fundación Simón Bolívar (FSB, en adelante), una fundación privada sin fines de lucro establecida en el año 2006 para proveer de asistencia médica a un variado panorama de casos en Venezuela y también en EEUU.
La organización, previo al rapto de Guaidó, se había destacado como una fuente de apoyo para la atención médica de niños y niñas enfermos de cáncer, a quienes se les cubría el tratamiento médico, además del traslado y la manutención, en Estados Unidos.
Luego del cambio ilegal de directiva, esta finalidad ha dado un giro de 180 grados. La FSB se ha convertido en una fuente de transferencia de ingresos hacia una galaxia de intereses de variadas dimensiones.
En marzo del presente año, la junta directiva ilegal nombrada por Guaidó designó a Mariela Poleo fue como presidenta de la Fundación Simón Bolívar de Citgo.
Su perfil en la página web de Citgo destaca que
“Poleo trabajó durante más de 20 años en EQUINOR ASA (antiguamente Statoil) donde se desempeñó en varios cargos globales, incluyendo la Jefatura de Finanzas y Control (contralora) para la exploración en Norteamérica y desarrollo de proyectos aguas afuera. En los diferentes cargos que ha desempeñado, Poleo ha supervisado presupuestos de miles de millones de dólares, manejando planificación estratégica, riesgo y análisis financiero para grandes proyectos en Norteamérica, Suramérica, Noruega y África”.
En los primeros días de agosto de este año, la FSB anunció una subvención de 1 millón de dólares a tres organizaciones benéficas internacionales: AID FOR AIDS International, FOOD FOR THE POOR INC. y la Fundación Panamericana de Desarrollo (FUPAD).
Según indica el reporte consultado, AID FOR AIDS International utilizaría los recursos para dotar de “suplementos nutricionales” a 6 mil niños en Venezuela, FOOD FOR THE POOR INC. destinaría su parte para atender a 36 mil migrantes venezolanos en Cúcuta, mientras que la Fundación Panamericana de Desarrollo proporcionaría 1,4 toneladas métricas de medicamentos para 7 mil venezolanos.
La subvención dada por la FSB parece demasiado alta para los requerimientos expuestos por las organizaciones benéficas seleccionadas:
La organización AID FOR AIDS fue fundada en 1996 y según su página web oficial tiene como objetivo proporcionar medicamentos y retrovirales a personas con VIH/SIDA. Por esa razón resulta curioso que la subvención conseguida tenga como base la distribución de suplementos nutricionales, aun cuando no es el objetivo declarado de la organización benéfica.
Adriana Cisneros de Griffin, presidenta de la Fundación Cisneros y vicepresidenta de la organización empresarial venezolana, figura entre los miembros fundadores de AID FOR AIDS. Según Poderopedia, María Eugenia Maury Arria, actual esposa del ex diplomático Diego Arria, es la presidenta de AID FOR AIDS, aunque en la página oficial de la organización se reconoce actualmente en el cargo a Laura Messina.
En eventos de la organización, sin embargo, puede observarse a María Eugenia Maury compartiendo con Diego Arria y Laura Messina, dejando ver su lugar directivo en el organigrama.
Por otro lado, la Fundación Panamericana de Desarrollo (FUPAD) fue creada en el año 1962 como una organización afiliada a la Organización de Estados Americanos. Recibe financiamiento del gobierno de los Estados Unidos y así lo declara públicamente. El centro de su actividad se ubica en Colombia, donde hace gala de su cooperación con instituciones estadounidenses como el buró antinarcóticos e instancias de seguridad como la Policía colombiana.
Aunque la FUPAD se presenta como una organización con fines humanitarios, datos e investigaciones la involucran en actividades más cercanas a la injerencia externa propalada por Washington. Según una investigación de la abogada Eva Gollinger de 2010, “uno de los programas de la FUPAD, por lo cual recibió 699 mil 996 dólares del Departamento de Estado en el 2007, fue dedicado al desarrollo de los medios independientes en Venezuela” y el periodismo vía “tecnologías innovadoras”.
Y justamente en el registro de actividades públicas de la FUPAD puede verse esta orientación hacia iniciativas mediáticas. Recientemente ha puesto en marcha una escuela de youtubers en Colombia y las tareas de “ayuda humanitaria” solo se han reducido a la entrega de insumos de higiene a migrantes colombianos retornados de Venezuela.
No existen registros de que la entrega de “ayuda humanitaria” a los 36 mil migrantes venezolanos, razón por la cual consiguió la subvención de la FSB, esté llevándose a cabo.
FOOD FOR THE POOR INC. es una de las organizaciones humanitarias más grandes de Estados Unidos y tiene un marcado perfil cristiano. El “apoyo humanitario” a Venezuela ha sido más que todo declarativo y en sus registros de prensa no resalta una actividad sistemática, lo que genera amplias dudas sobre las razones de fondo para recibir la subvención de la FSB.
La organización reconoce que ha trabajado desde hace años con el Comando Sur de los Estados Unidos en el despliegue de sus operativos “humanitarios”. En concreto, durante el mes de octubre de 2018, colaboró con insumos y personal en el despliegue del USNS Comfort por América Latina en el marco de las presiones pre bélicas contra Venezuela.
Por otro lado, la FSB también ha anunciado la selección de 15 proyectos con perfil humanitario que recibirán un total de 475 mil 343 dólares en donaciones. Repasemos algunas de ellas:
La organización Engagement Foundation Group declara recibir donaciones y financiamientos de particulares interesados en proveer de insumos, alimentos y materiales médicos en Venezuela. Aunque afirma tener 500 voluntarios con los que ha desplegado “ayuda humanitaria” a migrantes y refugiados de varios países, incluida Venezuela. Sin embargo, su registro de actividades es más bien reducido. La directiva de la organización está en manos de Valeria Viera (directora ejecutiva), Constanza Viera (ejecutiva asistente) y Marta Viera-Blanco, familiares del nombrado ilegalmente como embajador en Canadá, Orlando Viera-Blanco.
También figura la ONG Chamos, fundada en 2007 en Reino Unido y dedicada a la recaudación de “fondos para apoyar y mejorar los programas locales dedicados a mejorar las vidas de los niños vulnerables en Venezuela”. La presidenta de la organización es la venezolana Mariana Siblesz-Álvarez, quien en julio de este año participó en el seminario “Desarrollo social de Venezuela: más allá de sus fronteras”, auspiciado por la Sociedad y Cámara de Comercio Venezolana Británica.
En el evento participaron Lala Lovera, directora ejecutiva de “Comparte por una Vida” (Colombia); Roberto Patiño, director de “Alimenta La Solidaridad”, y Felipe Muñoz, asesor de la Presidencia de la República de Colombia. Estuvo moderado por Peter West, presidente de la sociedad.
En abril de 2019, Mariana Siblesz-Álvarez participó en un evento Grupo Parlamentario de All Party (APPG) de Reino Unido sobre Venezuela, donde compartió con la embajadora fake de Guaidó, Vanessa Neumann.
En una publicación en Facebook de Chamos dejó constancia del momento: “Estamos encantados de acompañar a la Dra. Vanessa Neumann, Representante Oficial del Presidente Juan Guaidó en Reino Unido. También queremos expresar nuestra gratitud al Departamento de Desarrollo Internacional de Gran Bretaña por compartir sus contribuciones para ayudar a la crisis humanitaria en Venezuela”.
La ONG Convite, por su parte, está dedicada a la atención de adultos mayores y realiza un conjunto de programas de formación dirigidos a la elaboración de políticas públicas. La ONG es venezolana y fue fundada en el año 2006. Su director es Luis Francisco Cabezas, quien en el año 2008 tomó un derecho de palabra frente a la Corte Interamericana de los DDHH, a los fines de cuestionar la política de atención a los adultos mayores del estado venezolano. Para Francisco Cabezas, Convite centra sus actividades en “visibilizar la tragedia de la crisis humanitaria” en Venezuela.
La ONG Friends of the Children of Venezuela es una organización sin fines de lucro orientada a la entrega de medicamentos e insumos hospitalarios en Venezuela. La ONG es dirigida por Andrés Caldera Radonski, quien por la similitud en los apellidos, pudiera estar conectado con el político opositor Henrique Capriles Radonski. En febrero del año pasado, Andrés Caldera Radonski en su cuenta Twitter publicó una foto de Henrique Capriles junto a Juan Guaidó, mostrando su apoyo a la agenda golpista en proceso.
Algunas conclusiones
Desde la toma ilegal de la empresa, la junta directiva de Guaidó ha orientado las ganancias de la empresa no sólo a la obtención de nueva deuda (“refinanciamiento”), sino también a la entrega de “dividendos” y faraónicos “programas de ayuda humanitaria” en formato de subvenciones y donaciones, mientras juega a la agudización de la escasez de la gasolina e impide que Venezuela pueda usar los recursos de Citgo para enfrentar la pandemia.
La entrega de las subvenciones y donaciones por parte de la FSB se enmarca en un uso discrecional y parcializado del dinero de la empresa venezolana, donde la mayoría de las ONG y fundaciones beneficiadas tienen relación, directa o indirecta, con la red familiar de figuras políticas venezolanas (Diego Arria, Orlando Viera-Blanco, Henrique Capriles Radonski, Vanessa Neumann, etc.) que han apostado a la campaña de cambio de régimen contra el gobierno venezolano.
¿Es una forma de callar las críticas de un Diego Arria o de mantener en cintura a un Henrique Capriles?
La premisa del uso partidista del dinero de Citgo adquiere mayor vigor dado que la mayoría de las ONG y fundaciones beneficiadas con las donaciones de la FSB no cuentan con una actividad sistemática de entrega de bienes humanitarios en territorio venezolano que justifique su selección para recibir subvenciones. Su base de operaciones, directivos y voluntarios se encuentran fuera del territorio nacional.
Justamente la mayoría de estas fundaciones están radicadas en Estados Unidos y Colombia, y vinculadas especialmente con instituciones que apoyan el golpe de estado contra Venezuela como la OEA y el Comando Sur de los Estados Unidos.
En tal sentido, las subvenciones no concluyen en la ayuda efectiva de venezolanos en situación de dificultad, sino que terminan licuándose en países claramente enfilados en la agenda de confrontación contra Venezuela.
Este giro hacia la politización de las subvenciones ha fracturado el eficiente programa de tratamientos médicos costosos que venía funcionando, y beneficiando a cientos de venezolanos, antes de la toma ilegal de Guaidó.
La mayoría de las organizaciones seleccionadas no realizan únicamente actividades humanitarias. Incluso las que más destacan son aquellas dedicadas a “visibilizar la crisis”, recaudar donaciones y levantar información sobre la “crisis humanitaria”. En resumen, se trata de organizaciones dedicadas a la política.
La administración actual de Citgo desvela un esquema de “capitalismo de amigos”, donde las conexiones familiares y personales representan un vehículo efectivo para alcanzar una posición privilegiada frente a la obtención de recursos y facilidades de negocios.
Bajo estos parámetros endogámicos y de tráfico de influencias nació la burguesía venezolana a la sombra de la renta petrolera en la primera parte del siglo XX. Y con la toma de Citgo ha vuelto a su zona de confort mientras el país diariamente se esfuerza por mantenerse de pie.