El miércoles de la semana pasada el presidente Nicolás Maduro interpuso ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un recurso contencioso electoral para que, en sus propias palabras, esta instancia del máximo ente judicial del país se "avoque a dirimir los ataques contra el proceso comicial y aclare todo lo que haya que aclarar sobre este asunto".

Repaso y evolución del contencioso

Acto seguido, en una rueda de prensa internacional, el mandatario afirmó: "He pedido que sea el TSJ de manera soberana quien procese lo que se llama un contencioso electoral. Aquí cada candidato, cada partido, el CNE, serán citados; la Sala Electoral tendrá capacidad para hacer todos los peritajes y determinará la verdad".

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Declaraciones a los medios del presidente Maduro en el TSJ (Foto: EFE)

El recurso del Jefe de Estado fue recibido por la presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez. Al día siguiente, la Sala Electoral oficializó la admisión del mismo e inició la convocatoria de los excandidatos presidenciales para comparecer y entregar todos los documentos de relevancia jurídica en torno a los comicios del 28 de julio.

Posteriormente se procedió a la firma de un acta en la que todos los excandidatos se comprometieron a cumplir con las solicitudes del máximo tribunal del país.

Luis Eduardo Martínez, Claudio Fermín, Daniel Ceballos, Javier Bertucci, Antonio Ecarri, Benjamín Rausseo y José Brito suscribieron el documento, en ausencia del excandidato de la PUD, Edmundo González Urrutia, quien de forma ilegal se proclamó ganador de la contienda mediante la publicación de "actas" no validadas en una página web.

Recientemente el presidente del CNE, Elvis Amoroso, previa solicitud del TSJ, consignó las actas de escrutinios, acta de totalización definitiva, de adjudicación y acta de proclamación, así como las pruebas del ataque cibernético al ente electoral ante el tribunal, con el propósito de nutrir el peritaje solicitado en el contencioso.

El día de hoy estaban pautadas nuevas comparecencias de excandidatos y representantes de partidos políticos, y nuevamente resaltó la ausencia de Edmundo González.

Giro político e institucional

Durante la última semana, el contencioso ha generado un intenso debate político y jurídico en el país, con ecos de relevancia en el escenario geopolítico internacional. Cada convocatoria y comparecencia ante el máximo tribunal atrae la atención de los medios e influye decisivamente en el tono y las posturas tanto de factores nacionales como foráneos.

En medio de la agenda de golpe —durante y posterior al 28J— sustentada en acosos diplomáticos, violencia criminal en las calles y ataques —cibernéticos y de vandalización— a la infraestructura del CNE tras el resultado favorable a Nicolás Maduro, este movimiento basado en el ordenamiento jurídico venezolano supuso un giro en el tablero que le permitió recuperar la iniciativa al canalizar por la vía institucional el conflicto postelectoral planteado desde el 29 de julio.

Como primer efecto político inmediato, el contencioso ha llevado al sector extremista de la oposición a una situación de debilidad y contradicción.

La negativa de presentar y entregar las "actas" en el TSJ rivaliza con la premisa de un supuesto triunfo indiscutible. La centralidad del TSJ, además, dibuja un escenario de encrucijada para este grupo opositor: no asistir implica debilitar su relato de "victoria", pero comparecer lleva consigo el costo político de frustrar a sus seguidores, con todas las expectativas depositadas en avanzar hacia una "transición" —ala de la agenda del golpe— que desaloje a Nicolás Maduro del poder.

En un segundo plano, el recurso en el TSJ ha esterilizado el escenario de confrontación y violencia en virtud de los resortes jurídicos y constitucionales del país. La Constitución ha entrado en escena, afirmaba este grupo de análisis en un artículo reciente, a modo de complemento de lo dicho por el presidente Maduro en el TSJ: "Como aquel primero de mayo de 2017 en la avenida Bolívar, he apelado a la Constitución por la paz de Venezuela", con lo que rememoraba la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para suprimir, por la ruta constitucional, el ciclo de desestabilización y caos que marcó al país ese año.

Despejando dudas sobre el contencioso

Volviendo al plano jurídico, el contencioso ha sido objeto de múltiples tergiversaciones y manipulaciones narrativas, informativas y hasta teóricas por diversas partes de la oposición venezolana, quienes han enfilado baterías contra el recurso en sí y también contra el TSJ como parte de una maniobra más amplia de deslegitimación de la institucionalidad venezolana.

Con la intención de elevar la comprensión alrededor del contencioso electoral, Misión Verdad entrevistó a dos abogados expertos en la materia para despejar dudas y confusiones que de manera planificada se han promovido en medios de comunicación y redes sociales.

Para Marietta Henríquez, abogada especialista en materia electoral y veedora nacional por la Fundación Un Pueblo Digno, organización que tuvo 600 observadores en los sufragios del pasado 28J, afirmó que el contencioso es "el instrumento jurídico que establece la Ley Orgánica de Procesos Electorales para dirimir cualquier controversia en el marco de unos comicios. Este recurso está establecido, además, en el artículo 213 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales y también en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia".

Henríquez, además de referir su validez jurídica e institucional citando artículos, indicó que este tipo de actos de impugnación no es una anomalía en la realidad político-electoral venezolana. El "recurso contencioso electoral se da en el marco de cualquier proceso, pudiéramos decir que en las elecciones sindicales, en las elecciones regionales de gobernaciones, de alcaldías, se ha activado", apuntó.

También fue consultado Harold Chirinos, abogado y especialista en procesos electorales de la Universidad Central de Venezuela, quien indicó que un contencioso "busca resolver una controversia en cualquier materia". En el caso de la especie electoral, tras el recurso interpuesto por el mandatario venezolano, "es en la Sala Electoral donde se va a dirimir la controversia con base en el artículo 297 de la Constitución", explicó el abogado.

Chirinos indicó que Maduro realizó esta actuación "ante una serie de circunstancias que han entorpecido el proceso electoral, como las acusaciones no demostradas de fraude o los ataques al CNE, por lo cual el Presidente ha pedido al TSJ esclarecer las irregularidades que han perturbado los comicios, como por ejemplo el tema de las actas no válidas presentadas por Edmundo González".

En cuanto a ello, Henríquez afirmó que Maduro actuó "en su carácter de Presidente de la República, primero porque estamos en presencia de una situación que alteró el evento con actos de violencia e intolerancia. Un sector de la oposición que no salió victorioso en esta contienda comicial pretendió de alguna forma vulnerar esa paz nacional".

Tanto Henríquez como Chirinos coinciden en que el contencioso está arraigado en el orden jurídico venezolano, un elemento que despeja las dudas fabricadas por grupos opositores en cuanto a una supuesta improvisación del mandatario venezolano para obtener ventaja. Los especialistas indicaron que no existe colusión normativa ni usurpación de competencias por parte del CNE, pues ya el ente rector ha publicado los resultados oficiales.

En tal sentido, el contencioso electoral solo está enfocado en dirimir los elementos de irregularidad alrededor de los comicios, para de esta forma esclarecer todos aquellos factores que perturbaron el evento e intentaron minar la credibilidad de los resultados ante el país y el mundo.

Sobre esto en específico, Henríquez apuntó que "le corresponderá a la Sala Electoral del TSJ determinar la certificación de los resultados y, por supuesto, determinar con la presencia del Fiscal General, quien también participa de las audiencias, si hay algún tipo penal que se configuró o que se haya configurado dentro de este marco".

En definitiva, el contencioso también contemplaría la adjudicación de responsabilidades legales para aquellos sectores políticos que utilizaron la elección con fines extraconstitucionales.

Este recurso podría entenderse como un escudo de protección del Estado de derecho frente a una agenda que ha ocasionado un enorme daño a la reputación del sistema electoral venezolano y que ha promovido un conflicto interno de carácter violento sobre la base de una declaración de triunfo no sustentada, en una página web, que violenta los principios más básicos de convivencia y paz contenidos en la propia Carta Magna.