Durante la Memoria y Cuenta de la semana pasada, la presidenta encargada Delcy Rodríguez indicó datos relevantes sobre el desempeño de las actividades petroleras en el país durante 2025.

Señaló hitos, como el alcance de la meta de 1 millón 200 mil barriles de petróleo al día (bpd).

Rodríguez informó que la producción petrolera experimentó un incremento del 12,9% en los últimos 12 meses. En consecuencia, la actividad petrolera en el país creció un 16% en su producto interno bruto (PIB).

Según indicó, buena parte de esos resultados fueron posibles por el modelo de Contratos de Participación Productiva (CPP), que aparecen reseñados en la Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos, vigente desde 2020.

Durante 2025, la figura de los CPP facilitó la inversión directa de 900 millones de USD en las actividades petroleras del país.

La presidenta encargada también solicitó formalmente a la Asamblea Nacional una reforma para "blindar" legalmente los CPP. Esta modificación busca modernizar el marco jurídico para facilitar la captación de inversión extranjera y nacional, permitiendo una mayor participación de capitales privados en la operación de campos petroleros.

En este sentido, Venezuela dará consistencia ahora a un proceso de reforma en la gestión concesionaria de los yacimientos petroleros nacionales.

EL CONTEXTO DE LA LEY ANTIBLOQUEO

En agosto de 2017, el 1er gobierno de Donald Trump divulgó su primera gran batería de sanciones ilegales contra las actividades petroleras de Venezuela. Como parte del menú de acciones ejecutadas, se impuso la privación de la estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) de cualquier mecanismo de financiamiento internacional.

Esto consistió en sacar a PDVSA del mercado internacional de bonos petroleros inhabilitando sus posibilidades de financiamiento mediante mecanismos de deuda.

Diversas cuentas de PDVSA en el extranjero fueron congeladas, junto a otros activos (como Citgo Petroleum, en suelo estadounidense). Fue en 2019 cuando el gobierno de Washington vetó a Venezuela del mercado energético internacional, colocando toda su producción bajo la denominación de "petróleo sancionado".

Con el marco discrecional de las sanciones ilegales, se volvió muy cuesta arriba para PDVSA realizar cualquier alianza con alguna empresa petrolera internacional.

En consecuencia, toda la actividad comercial, de inversión o financiamiento basada en los hidrocarburos venezolanos, pasó a un contexto difuso, sosteniéndose fundamentalmente en la estructura emergente de un sistema comercial y de inversiones alterno, no público y absolutamente discrecional.

En este sentido es necesario señalar algunas particularidades de la actividad petrolera. Es un ramo que amerita constante inversión, esta es necesaria para sostener niveles de producción y cubrir los requerimientos de la cadena de insumos, refacciones, bienes de capital y recursos humanos que mueven esta actividad.

Para 2019, PDVSA no tenía condiciones para colocar crudo en el mercado internacional. Esto quebró el flujo de caja de la empresa. La producción en campos declinó una vez que colapsaron los depósitos de crudo sin despacharse, acarreando altos costos adicionales por almacenamiento en buques.

En este contexto nació la Ley Antibloqueo. Aprobada por la entonces vigente Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

CUESTIONES PRáCTICAS

Hay muchos ejemplos prácticos sobre la Ley Antibloqueo y su ejecución. Uno de ellos es que, según la vigente Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH), las empresas facultadas para comerciar con crudo venezolano deben tener un registro público amplio y verificable, de al menos dos años, como comercializadoras internacionales de productos petrolíferos.

En el contexto de bloqueo ilegal contra Venezuela, emergieron diversas comercializadoras registradas en países aliados como Irán, Rusia, Qatar, Turkiye, y China, entre otros, que no cumplían ese requisito. Entonces, para permitir el flujo evasivo al bloqueo de petróleo venezolano, era necesario inaplicar esa condición, sin cambiar la LOH, o sin desmantelarla o derogarla por completo.

La Ley Antibloqueo emergió en un marco de ambigüedad planificada y gestionada. Se trata de un instrumento legal que se superpuso sobre otras leyes nacionales, incluyendo las orgánicas, para gestionar la cuestión económica y social, evitando un colapso lineal de la principal actividad económica del país y nodo central de la vida nacional.

Su desarrollo y puesta en práctica, se tradujo en la inaplicación selectiva de ciertos puntos clave de otras leyes, a fin de dar practicidad a la gestión de gobierno en un contexto inusual, acelerado y cambiante.

Los Contratos de Participación Productiva (CPP) son reseñados en la ley como un mecanismo de asociación entre el Estado venezolano y el capital privado de diverso origen para atender a las necesidades de financiamiento, operacionales y comerciales de la industria petrolera venezolana.

El Artículo 28 de la ley faculta al Ejecutivo para diseñar y aplicar mecanismos excepcionales de contratación y pago, priorizando la producción nacional para fines de derechos fundamentales, generación de divisas y gestión de entidades afectadas por sanciones

Ha tenido una ejecución práctica para atraer inversión petrolera y de gas, permitiendo a empresas privadas operar campos con ciertos beneficios, sin necesariamente crear empresas mixtas, a cambio de aumentar la producción, como respuesta a las sanciones internacionales y flexibilizando la gestión bajo PDVSA.

Estos contratos buscan dar seguridad jurídica y ventajas tanto a los socios como al Estado venezolano, mediante la recuperación más rápida de la inversión (en menos de un año), menores cargas fiscales y mayor participación de las empresas aliadas en la producción.

Según algunas fuentes, las empresas que han participado en los CPP en Venezuela en materia petrolera incluyen compañías internacionales como China Concord Petrolem, Hainan Breey Energy, North American Blue Energy Partners, Vulcan Energy Technology y Miller Energy, así como empresas nacionales como Inversiones Alvorada & Cladoca (Cladoca).

Se trata de empresas que han protegido sus bienes financieros del alcance de gobiernos occidentales para evitar sanciones segundarias por trabajar en Venezuela.

Algunas de estas asociaciones se han concentrado en campos clave como los de PetroCedeño y PetroZamora.

Sin embargo, es necesario aclarar que muchos de los CPP podrían desarrollarse en un esquema bajo llave, o bajo información sujeta a resguardo, ya que la misma Ley Antibloqueo indica la necesidad de protección de datos sobre las alianzas a fin de proteger a las partes involucradas en los acuerdos.

INVERSIONES, RECURSOS Y GEOPOLÍTICA

La presidenta encargada Delcy Rodríguez ha instado a la actividad legislativa para incorporar elementos de la Ley Antibloqueo en una nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos.

Todo esto apunta en dos direcciones elementales; la primera de ellas es la de asegurar el tránsito de la economía venezolana y sus actividades energéticas, desde una etapa de intenso bloqueo, a una de nuevas licencias y levantamiento parcial de sanciones ilegales.

En segundo lugar, aprovechar la experiencia de los CPP para dar forma a nuevos esquemas concesionarios y modelos de negocios. La reforma parcial de la LOH reuniría los elementos esenciales vigentes, junto a los que se experimentaron en los últimos años.

Rodríguez señaló que la LOH vigente se diseñó cuando Venezuela tenía suficientes campos maduros desarrollados para captar inversión. La nueva reforma busca facilitar la entrada de capitales específicamente en campos vírgenes o "verdes" (sin intervención previa o infraestructura), los cuales no fueron priorizados en el pasado.

Venezuela cuenta en el presente con 14 mega campos petroleros que aglutinan el 60% de las reservas certificadas en el país. Ello sugiere que hay un 40% de las reservas estimadas, en importantes segmentos del territorio nacional donde no hay inversión acorde para la producción petrolera.

Los mecanismos CPP, "blindados" en una nueva Ley de Hidrocarburos, podrían incrementar la inversión internacional, propiciar el aumento de barriles extraídos y cambiar el horizonte productivo en los próximos años. Pero también podría ofrecer nuevas oportunidades geopolíticas.

La cuestión petrolera venezolana se ha desarrollado bajo el dilema de la órbita occidental o no occidental de los recursos venezolanos. Pero las realidades objetivas sugieren otras cuestiones.

Como que Venezuela posee 303 mil millones de barriles en reservas que no han sido abordadas ni desarrolladas. El contraste es evidente, entre la cantidad de reservas y el nivel de producción actual.

Otro elemento a considerar, es que el país ha pasado una década bajo una lluvia de sanciones coercitivas que cayeron de manera directa sobre su industria de hidrocarburos, cuando lo que han debido llover han sido las inversiones, considerando el valor estratégico de tratarse de la primera reserva global de crudos.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ha indicado que, en 2050, el mundo consumirá unos 123 millones de bpd.

Mientras que la Agencia Internacional de Energía (EIA por sus siglas en inglés) ha indicado que el 80% de los pozos petroleros del mundo superaron su pico máximo de producción y están en declive.

Esos datos sugieren que sólo los países con grandes cantidades de producto en reserva, deben estar destinados a recibir la mayor inversión a mediano y largo plazo. De cara a esos datos, el caso venezolano ha sido una excepción.

Es una cuestión objetiva, que el país es lo suficientemente grande y posee los recursos en una cuantía tal, que la mayoría de las grandes empresas petroleras de los diversos bloques de poder mundial, caben en Venezuela.

Esa es una de las premisas que ha sugerido Delcy Rodríguez, al indicar el restablecimiento de relaciones energéticas con Estados Unidos, ratificando el interés del país en asociarse en varios ejes "también con China, Rusia y otros países", ha dicho. Considerando que, hasta 2019, el país norteamericano seguía siendo el segundo principal cliente del petróleo venezolano, hasta que las medidas coercitivas del propio Washington lo permitieron.

El replanteo estratégico a lo interno y externo de los hidrocarburos venezolanos, podría concretarse mediante mecanismos eficaces, como la integración de los CPP a la Ley de Hidrocarburos, preservando la propiedad absoluta del Estado nacional sobre PDVSA como empresa rectora y central de esta actividad en el país.