A pesar de los pulsos diplomáticos y los intentos de injerencia política desde Madrid, los vínculos energéticos entre Venezuela y España se han sostenido. 

En marzo de 2025 el país ibérico aumentó 8% sus importaciones de crudo, hasta alcanzar 5,31 millones de toneladas, según datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores). De ese total, 296 mil toneladas (5,6%) provinieron de Venezuela, un flujo que contradice la retórica de presión diplomática de Madrid a partir de la decisión de otorgar asilo a Edmundo González Urrutia, y evidencia una interdependencia que no se puede ignorar.  

Esto cobra un peso simbólico y geopolítico particular si se pone en perspectiva con los mensajes emitidos desde la Asamblea Nacional venezolana a finales de 2024. En ese momento el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, exhortó a romper relaciones diplomáticas, consulares y comerciales con España, calificando de inaceptable su injerencia tras el reconocimiento por parte de su Congreso a Edmundo González Urrutia como "presidente electo" de Venezuela. "La paciencia tiene un límite", expresó Rodríguez entonces, invocando la soberanía nacional y denunciando el apoyo de la institución peninsular a la agenda de cambio de régimen.

En esos días el presidente Pedro Sánchez, sin reconocer formalmente a González Urrutia como supuesto "presidente electo", se reunió con él en el Palacio de La Moncloa. Durante este encuentro dijo que su gobierno trabajaría "en favor de la democracia, el diálogo y los derechos fundamentales del pueblo hermano de Venezuela".

La maniobra del Parlamento español buscaba forzar al gobierno a concretar una ruptura formal —que implicaba fracturar el lazo energético—, lo que habría representado un espaldarazo para el sector extremista de la oposición. No ocurrió. Los datos muestran que Venezuela ha reforzado su posición en el sector energético, mientras el gobierno de Sánchez, en un panorama de menor oferta de otros mercados —sus principales proveedores Brasil, México y Estados Unidos, disminuyeron sus entregas con respecto a marzo de 2024—, ha bajado el perfil de sus pronunciamientos y atenuado su presión sobre Caracas.

Ruptura como defensa: AN aplica el principio de reciprocidad 

El choque se profundizó a partir de septiembre de 2024, cuando Edmundo González arribó a Madrid. Pocos días después, el 10 de septiembre, el Congreso español debatió y aprobó una Proposición no de Ley impulsada por el Partido Popular (PP), que exhortaba al Ejecutivo a reconocer a González y a promover sanciones contra el gobierno venezolano. El documento, de carácter simbólico pero políticamente significativo, fue aprobado con 177 votos a favor, 164 en contra y una abstención.

Este gesto se sumó al asilo político brindado por España al excandidato de la Plataforma Unitaria. Sin embargo, el gobierno español nunca oficializó dicho reconocimiento en el plano ejecutivo, alineándose con la posición de la Unión Europea: cuestionar el proceso electoral venezolano, sin apoyar un nuevo experimento de "gobierno paralelo", tras el desgaste provocado por la experiencia fallida de Juan Guaidó.

La tensión se agravó más cuando, en el mismo mes, Venezuela denunció la desarticulación de un plan terrorista que involucraba a seis extranjeros, dos de ellos ciudadanos españoles vinculados con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de España, acusados de reclutar mercenarios para ejecutar asesinatos selectivos contra altos funcionarios del Estado venezolano. 

Frente a un escenario marcado por declaraciones políticas hostiles y hechos que comprometen la seguridad nacional, la Asamblea Nacional venezolana optó por elevar el tono institucional y propuso formalmente la ruptura de relaciones bilaterales como mecanismo de protección soberana, medida que finalmente no se materializó porque Madrid había entendido suficientemente bien el mensaje y cotejó los efectos energéticos negativos de causar el rompimiento de las relaciones diplomáticas.

Repsol se aferra a sus operaciones en Venezuela 

Las importaciones españolas de crudo venezolano experimentaron un auge sin precedentes en 2024. En diciembre se registró un incremento de 116,1% respecto al año anterior, al alcanzar más de tres millones de toneladas, lo que representó en ese momento 4,7% del total de crudo importado por España, según datos de Cores. Se consolida de esta manera como el tercer mayor comprador de petróleo venezolano, solo detrás de China e India.

Este ascenso no es fortuito. Desde que Europa tomó la decisión de comprometer su abastecimiento al disminuir el consumo de uno de sus principales proveedores, Rusia, países como España se han visto obligados a diversificar rápidamente sus fuentes de energía. En este panorama, Venezuela se ha ido consolidando como un actor influyente para su seguridad energética.

En una publicación anterior se destacó cómo la energética española Repsol, en colaboración con la italiana Eni, ha afianzado su operatividad en Venezuela a través del estratégico Campo Perla, considerado el mayor yacimiento de gas natural de América Latina. Este proyecto, operado por la empresa mixta Cardón IV, alcanzó una producción inicial de 150 millones de pies cúbicos, cifra que lo posiciona como un activo clave para el suministro energético europeo. Sin embargo, su desarrollo se vio interrumpido por las sanciones estadounidenses.

Las condiciones cambiaron en 2023 cuando Repsol obtuvo una autorización del Departamento del Tesoro para exportar gas natural licuado (GNL) desde Campo Perla. Este avance se consolidó en abril de 2024 con la renovación de la Licencia General 44A por parte de la OFAC, lo cual permitió la expansión de operaciones mediante la empresa mixta Petroquiriquire. Dicha ampliación incluye el desarrollo de los campos Tomoporo y La Ceiba, que aportan 20 mil barriles diarios adicionales de crudo a la producción.

En marzo de este año surgió un nuevo obstáculo: el presidente Donald Trump impuso un arancel de 25% a todos los países que compren petróleo venezolano, maniobra que afecta directamente a empresas como Repsol, las cuales mantienen acuerdos vigentes con PDVSA. Medios españoles calificaron esta decisión como una "agresión económica abierta" contra los aliados europeos, quienes ya enfrentan un escenario complejo tras las sanciones a Rusia.

Por su parte, la ministra portavoz de España Pilar Alegría difundió la respuesta del gobierno de Sánchez a la medida de Trump:  

"Si esos aranceles afectan directamente los sectores productivos de nuestro país y productos españoles y europeos, como ya ha sucedido en el caso del acero y el aluminio, Europa y España trasladarán una respuesta contundente de defensa de los productos y los productores españoles".

Recientemente el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, manifestó confianza en mantener la producción:

"Tenemos un diálogo directo y abierto con las autoridades estadounidenses, y trabajamos junto a ellas con el objetivo de mantener nuestros activos y operaciones en Venezuela en el futuro. Así que estamos hablando, tenemos ese canal abierto y prefiero seguir trabajando en esa relación franca y directa con el gobierno de Estados Unidos".

El giro español ante condiciones desfavorables

La voluntad de España de sumarse a la presión internacional contra el gobierno de Nicolás Maduro terminó revelando una recomposición más rápida de lo esperado. En lugar de prolongar el enfrentamiento, Madrid ha optado por reducir tensiones al desplazar a las figuras del sector extremista de la oposición del centro de la agenda y enfocar sus esfuerzos en salvaguardar el vínculo energético con Caracas.  

El tema de González Urrutia se fue diluyendo del debate público español, a la par de que aumentaron las importaciones de crudo venezolano. Repsol, por su parte, persiste en consolidar su posición dentro del sector de hidrocarburos venezolano, incluso en un entorno regulatorio complejo marcado por el endurecimiento de sanciones ilegales y la implementación de barreras arancelarias.

El pragmatismo se impone al discurso político, constriñendo los intentos de injerencia política bajo el peso estratégico de los hidrocarburos. Sin estridencias, el Estado venezolano reafirma su relevancia como proveedor confiable para la seguridad energética europea y trasciende los esfuerzos por aislarla del tablero internacional.