¿Cuál es el hilo que conecta la reciente ofensiva anticorrupción del Gobierno Bolivariano con las "sanciones" estadounidenses, el destino inmediato de la recuperación económica y el amplio contexto geopolítico actual? A continuación un serie de datos y proyecciones de análisis que contribuyen a tener una mirada estratégica del tema más importante de lo que va de año.
Como ha trascendido en medios y vocerías oficiales, uno de los frentes más importantes de la ofensiva anticorrupción en proceso recae sobre PDVSA y su conexión con la Superintendencia de Criptoactivos (Sunacrip), asociada según lo dicho con la gestión de las exportaciones.
En principio, habría que revisar el pasado reciente para comprender por qué la operación anticorrupción tiene un acento especial en estos dos organismos del Estado.
El ciclo de agudización de "sanciones" estadounidenses contra PDVSA entre 2017-2019 implicó un fuerte golpe contra la industria, su red de socios comerciales y el potencial productivo de empresas mixtas constituidas con petroleras internacionales.
Los resultados más dañinos del golpe fueron tres:
- Caída de la producción a mínimos de aproximadamente 500 mil barriles diarios en 2020.
- Sequía de divisas, a tal punto que en 2020 solo ingresaron alrededor de 700 millones de dólares.
- Fractura de los canales para la comercialización regular de las exportaciones.
En febrero de 2020, en un nuevo escalamiento para hundir PDVSA y, por ende, agudizar el caos económico, ocurrió un evento catastrófico: Washington impuso "sanciones" ilegales contra Rosneft Trading S.A., filial de la petrolera rusa Rosneft, la cual venía comercializando el petróleo venezolano en el mercado internacional esquivando las presiones.
Ante este cuadro resulta lógico inferir que el peso de las negociaciones de PDVSA incidió sobre un esquema alternativo de intermediación y triangulación, basado en entidades privadas, navieras y empresas distribuidas geográficamente en distintos países, articulado para recibir los pagos por las ventas de crudo mediante rutas no convencionales. Este mecanismo tenía tiempo funcionando, pero convivía con la intermediación de Rosneft Trading, algo muy parecido al esquema que, por ejemplo, ha aplicado Irán para exportar petróleo y evitar el daño del acoso estadounidense.
Bajo esta lógica, según distintas investigaciones y datos de circulación pública Rusia dispuso que algunos bancos nacionales recibieran los pagos a nombre de PDVSA, que luego serían convertidos en dólares y entregados a la república.
El aumento de los precios del hidrocarburo con el recrudecimiento de la guerra en Ucrania en febrero de 2022 potenció la revalorización de las exportaciones de PDVSA lo que, sumado al funcionamiento del esquema alternativo de comercialización, contribuyó a estabilizar la producción petrolera en torno a los 700 mil barriles diarios el año pasado.
La recuperación de ingresos fue otro saldo positivo en 2022, según reseñan los datos de la Memoria y Cuenta de este año, con los cuales el gobierno consiguió estabilizar el tipo de cambio como parte de su estrategia de reactivación económica a través de intervenciones monetarias, y entre cuyos efectos estuvo mitigar la inflación, recuperar el aparato productivo y alcanzar un crecimiento del PIB aproximado de 15%.
Pero la intensificación del conflicto en Ucrania también trajo consecuencias negativas. El incremento de "sanciones" contra Rusia con vistas a desconectarla del SWIFT y del sistema financiero occidental en general agregó complicaciones a la viabilidad del esquema, y ocasionó retrasos en la repatriación de recursos y obstáculos operativos con las entidades intermediarias.
A esto también se suma la inestabilidad de los precios del petróleo, los cuales han decaído recientemente por la guerra de descuentos que actualmente existe en el mercado, una expectativa internacional de poco crecimiento de la economía mundial para este año y las secuelas de la crisis bancaria estadounidense que se ha extendido hacia Europa y que golpea los indicadores del mercado petrolero atados a los contratos de futuros.
Dicho contexto implica un desafío creciente para la estrategia de recuperación económica integral emprendida por el presidente Maduro ya que un menor flujo de caja en la estatal petrolera, la presión de los precios a la baja y las complicaciones operativas ocasionadas por la guerra en Ucrania obstruyen el manejo económico de la inflación y las perspectivas de crecimiento económico para este año.
Se trata de un momento delicado, en el que lo avanzado en este sentido puede obstaculizar los logros en materia económica alcanzados hasta ahora y revivir el fantasma de la hiperinflación.
Es altamente probable que, dado este cuadro, la arquitectura Blockchain-criptomonedas haya ganado peso como una alternativa que buscaba resolver las debilidades operacionales antes expuestas, lo que puede arrojar luz sobre los orígenes de una trama de corrupción sustentada en la opacidad, desvíos y pérdidas milmillonarias para el Estado venezolano.
No es un caso estrictamente venezolano. El ecosistema cripto es frecuentemente utilizado por Estados "sancionados" para viabilizar su comercio exterior y esquivar sanciones, con lo que además se han completado operaciones financieras y se han obtenido recursos al margen del sistema controlado por Estados Unidos.
En este sentido, la conformación de un sector mafioso con poder de decisión sobre estos canales de pagos y comercialización de la principal fuente de ingresos del país resulta perjudicial política y económicamente en tanto no solo el futuro inmediato de la recuperación se ve comprometido sino el propio horizonte de sobrevivencia económica, en el corto y mediano plazo, del país.
Con esta visión de conjunto se entiende que un frente importante de la operación especial anticorrupción se ha centrado en reestructurar la Sunacrip y atacar focos de corrupción en PDVSA en aras de preservas las rutas alternativas de obtención de ingresos nacionales —el ecosistema cripto entre ellas— y también optimizar un mecanismo novedoso, efectivo que, según lo revelado hasta ahora, ha sido cooptado por mafias orientadas al aprovechamiento personal de recursos de la república, justo cuando más los necesita para seguir consolidando las políticas públicas de bienestar social y recuperación.