La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU agregó en su lista negra a tres ciudadanos mexicanos y un total de ocho empresas registradas en este país vinculadas al programa de intercambio de petróleo por alimentos con Venezuela.

Según la página oficial del Departamento del Tesoro, se trata de los ciudadanos Joaquín Leal Jiménez, Olga María Zepeda Esparza y Verónica Esparza García, y de las empresas Libre Abordo y Schlager Business Group, a quienes, desde ahora, se les prohíbe hacer negocios en Estados Unidos y el uso de sus activos en el país norteamericano.

Otras seis empresas mexicanas relacionadas a Libre Abordo y Schlager fueron sancionadas, y también fueron incluidos dos nuevos buques petroleros, uno con bandera panameña y el otro de Liberia.

El secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció la medida con tono de celebración. A través de su cuenta en la red social Twitter, el alto funcionario acotó:

“Hoy, Estados Unidos tomó medidas para impedir que el régimen de Maduro robara petróleo de Venezuela. Estas sanciones se dirigen al esquema del régimen ilegítimo “petróleo por comida” que no tenía intención de proporcionar alimentos a la población. Estamos con los venezolanos en su búsqueda de la libertad y la prosperidad”.

Estas nuevas medidas de presión refuerzan el cerco económico y financiero en curso sobre Venezuela, país caribeño que lucha contra la pandemia de Covid-19 en medio de acciones de bloqueo y embargo que buscan limitar su respuesta sanitaria.

A principios de junio la empresa Libre Abordo se declaró en bancarrota, y a través de un comunicado a la opinión pública, informó que sufrió diversas presiones por parte de autoridades estadounidenses para anular el programa de intercambio de petróleo por alimentos acordado con el gobierno de Venezuela, aun cuando la entidad mexicana afirmaba estar protegida por las licencias del Departamento del Tesoro que autorizan el intercambio con Venezuela por razones humanitarias.

Libre Abordo aseveró que la intimidación recibida por parte de Estados Unidos y la caída de los precios internacionales del petróleo, la empujaron a la quiebra.

Desde hace un mes, la agencia Reuters ya venía informando que el FBI estaba trabajando junto al Departamento del Tesoro de EEUU para desmantelar las empresas mexicanas que participaban en el intercambio de petróleo venezolano.

La información de esta persecución subterránea estuvo acompañada por la retórica amenazante de Mike Pompeo, Elliott Abrams y el halcón Mauricio Claver-Carone, dirigida a cohibir las relaciones de PDVSA con empresas petroleras internacionales.

Desde finales de año 2019 había empezado a funcionar el programa de intercambio con Libre Abordo y Schlager Business Group, cuya finalidad era la importación de alimentos y otros bienes básicos a cambio de crudo.

Washington se percató y rápidamente movilizó su aparataje de inteligencia en función de romper el acuerdo, evidenciando con ello que las sanciones, lejos de la narrativa usual de “cortar las finanzas de Maduro”, están diseñadas para generar el mayor sufrimiento posible a la población venezolana.

Luego del fracaso sideral de la Operación Gedeón a principios de mayo, la Administración Trump reorientó sus acciones en el tablero de la guerra económica internacional. Efectivamente el bloqueo financiero se ha agudizado este último mes, lo que confirma que es su principal instrumento de poder para apuntalar a Guaidó y sostener la agenda de cambio de régimen, en ausencia de una estrategia coherente.

Muestra de ello fue la intimidación contra Irán por el envío de cinco buques cargados con combustible y aditivos químicos a los fines de reactivar las refinerías venezolanas y así reponer el escaso inventario de gasolina que había paralizado al país durante un mes.

Pero estas nuevas sanciones han venido a responder a otros factores internacionales.

El pasado 15 de junio, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó ante los medios que estaba dispuesto a suministrar gasolina a Venezuela.

AMLO expresó:

“No nos ha hecho ninguna solicitud. En el caso de que nos hiciera la solicitud y fuese una necesidad humanitaria, lo haríamos (…) México es un país independiente, soberano, tomamos nuestras propias decisiones y no nos metemos con las políticas de otros países, es autodeterminación de los pueblos (…) Nadie tiene derecho a oprimir a otros, ninguna hegemonía puede aplastar a ningún país”.

Estas declaraciones representan el primer posicionamiento formal del gobierno de AMLO contra las sanciones aplicadas sobre Venezuela, y la Administración Trump ha respondido con una nueva tanda de medidas coercitivas contra empresas mexicanas.

Oficialmente el gobierno de AMLO está siendo presionado mediante instrumentos económicos para cohibir su política exterior independiente de Washington.

Por otro lado, hace pocas horas se confirmó el regreso de México al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como miembro no permanente, luego de 10 años de ausencia.

La participación de México en el Consejo de Seguridad implica un incremento notable de su influencia en la política internacional y el desarrollo de un enfoque de diálogo y respeto a la soberanía nacional que ha roto con la complacencia a Washington de administraciones anteriores.

Sobre esto el embajador ante Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, afirmó que la posición mexicana en el Consejo de Seguridad hará respetar el derecho internacional, apostando al diálogo como mecanismo de resolución en los conflictos internacionales.

Desde enero de este año, México asumió la presidencia pro témpore de la CELAC, organismo internacional impulsado por el presidente Hugo Chávez en 2010 con el propósito de crear una alternativa regional frente a la moribunda Organización de los Estados Americanos (OEA).

Venezuela, a través de su vicepresidente sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura, Jorge Rodríguez, hizo acto de presencia, en enero de 2020, en la reunión celebrada en México para hacer oficial el traspaso de la presidencia pro témpore del organismo multilateral.

El hecho puso en vigor el distanciamiento del gobierno de AMLO del intento de golpe encabezado por Guaidó e impulsado por Estados Unidos.

Hace pocos días, AMLO presentó un documento que revela un plan de la oposición a su gobierno, donde también participan grupos económicos y mediáticos, con el objetivo de desplazar al actual presidente del poder político.

La idea básica consiste en “impulsar el Bloque Opositor para avanzar en dos momentos: ganar la mayoría de la Cámara de Diputados en 2021 y retirar a AMLO de la Presidencia de la República en 2022 mediante la revocación de mandato”, según reportó La Política Online.

El paralelismo con la estrategia de los golpistas en Venezuela es notable.

Washington parece estar trabajando en dos estrategias en paralelo: la del golpe interno mientras presionan a AMLO para intentar alinearlo a la persecución económica y financiera contra Venezuela.