A poco más de dos meses del terremoto que sacudió a Venezuela y tras el sismo que semanas después golpeó a Colombia, la forma en que ambos países han gestionado la emergencia permite poner en perspectiva un relato que desde algunos medios hegemónicos y sectores políticos abiertamente enfrentados al gobierno venezolano ha buscado instalar una imagen desfavorable de la respuesta de Caracas.

La comparación obliga a mirar más allá de los titulares y de las declaraciones políticas: ¿qué hicieron realmente las autoridades de cada país cuando tuvieron que rescatar sobrevivientes, remover estructuras, recibir ayuda y atender a las comunidades afectadas?

Escombros: cuando remover no puede estar por encima de rescatar

En una emergencia sísmica, retirar los escombros antes de descartar la presencia de sobrevivientes puede comprometer las posibilidades de rescate y también la recuperación e identificación de las víctimas. En Colombia, el 17 de agosto —una semana después del terremoto— el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), David Santiago Tamayo, tuvo que solicitar expresamente a alcaldes y gobernadores que no pasaran a la fase de remoción hasta tener certeza de que no había esperanza de encontrar sobrevivientes. La entidad estableció además que, allí donde sí procediera la intervención, debía existir un comité de demoliciones, acordonamiento y participación de personal especializado, Fiscalía y Medicina Legal.

Este episodio demuestra como la propia autoridad colombiana debió reafirmar tardíamente el orden de prioridades de una operación de rescate. No se trata solamente de cuándo comenzaron a entrar las máquinas, sino de si existió desde el comienzo un criterio suficientemente claro para determinar cuándo una estructura dejaba de ser un escenario de búsqueda y pasaba a convertirse en un sitio de remoción.

La advertencia de la UNGRD adquiere mayor relevancia porque, al momento de formularla, todavía se mantenía activa la búsqueda de sobrevivientes en Cali.

En Venezuela, el tratamiento posterior de los escombros permite mostrar otro componente de la gestión: la remoción fue incorporada a una estrategia técnica de recuperación, con evaluación de daños, estimación del volumen de residuos, sobrevuelos con drones y helicópteros y habilitación de centros temporales para clasificar y reciclar materiales. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) situó la gestión de los residuos dentro de una nueva fase de la emergencia, orientada a retirar millones de toneladas de manera segura, digna y ambientalmente responsable.

Mientras en Colombia la propia autoridad nacional tuvo que intervenir para recordar que la remoción debía quedar subordinada a la búsqueda de sobrevivientes, en Venezuela la gestión de los residuos terminó articulándose con una evaluación técnica de daños y una planificación específica de su clasificación, retiro y disposición.

Ayuda internacional: Venezuela abrió las puertas, Colombia puso límites

En una catástrofe de esta magnitud, la capacidad de un Estado también se mide por su disposición a sumar capacidades externas cuando estas pueden contribuir a salvar vidas. Venezuela optó desde las primeras horas por solicitar y coordinar asistencia internacional. A petición de las autoridades venezolanas, Naciones Unidas activó su mecanismo de coordinación de búsqueda y rescate y, durante los primeros días, 71 equipos USAR procedentes de 31 países llegaron al país para trabajar junto a los organismos nacionales y locales. Las agencias de la ONU comenzaron evaluaciones rápidas durante las primeras 72 horas y posteriormente ampliaron la asistencia humanitaria.

El contraste con Colombia resulta especialmente significativo porque allí sí existían ofertas de ayuda extranjera que inicialmente no fueron aceptadas para las labores de rescate. El gobierno colombiano sostuvo que contaba con capacidades nacionales suficientes y, mediante la UNGRD, comunicó que no consideraba necesario activar equipos internacionales de búsqueda y rescate. La decisión generó cuestionamientos cuando países como México, China, Brasil y otros habían ofrecido enviar equipos, mientras que posteriormente sí se autorizó la entrada de determinados grupos internacionales.

Llegar a los afectados: de la emergencia inmediata a la reconstrucción

Una emergencia no termina cuando las cámaras abandonan el lugar del desastre. En Colombia, diez días después del terremoto, la propia Organización Internacional para las Migraciones (OIM) advertía que todavía había comunidades a las que no se había podido acceder o a las que apenas se había llegado una vez. Jean-Philippe Antolin, especialista de la organización, resumía la situación señalando que "todo sigue siendo urgente": había comunidades con dificultades para acceder a servicios básicos, niños sin escuelas y poblaciones que habían perdido viviendas, centros de salud y espacios comunitarios.

Para entonces, unas 282 mil personas aparecían como afectadas según los datos preliminares de la UNGRD. Buena parte del impacto se concentró en Chocó y otras zonas que ya arrastraban graves déficits de infraestructura, transporte, salud y comunicaciones. A diez días del evento sísmico, algunas comunidades no habían recibido la asistencia de forma regular. "Hay comunidades a las que todavía no se ha podido acceder, o a las que solo se ha llegado una vez", dijo Antolin.

En Venezuela, la respuesta fue incorporando progresivamente una segunda fase. No solamente atender a quienes habían quedado en refugios o perdido sus bienes, sino establecer una estructura permanente para devolverles vivienda y condiciones de vida. El Plan Venezuela Renace fue activado como una política que reunió las capacidades de Barrio Nuevo Barrio Tricolor, la Corporación Juntos Todo es Posible y la Misión Venezuela Bella, bajo una estructura destinada a coordinar la recuperación de viviendas e infraestructura. El programa partió de una verificación técnica de los inmuebles y desarrolló un esquema de clasificación de las viviendas según su condición, mientras el Estado habilitaba campamentos transitorios y mecanismos de seguimiento de las familias afectadas. A finales de agosto ya se habían evaluado 60.785 viviendas, y el balance oficial registraba 335 viviendas entregadas a damnificados.

La dimensión social del plan también se trasladó al terreno financiero. El Fondo Venezuela Renace fue dotado inicialmente con 200 millones de dólares, mientras que la banca pública y privada fue incorporada al esquema para facilitar la restitución de viviendas. Para inmuebles de hasta 70 mil dólares, el Estado estableció un subsidio de hasta 80%, y para viviendas entre 70.001 y 100.000 dólares, un subsidio de 50%; el resto puede financiarse hasta por 25 años, con 12 meses de gracia y una tasa preferencial de 5%.

El 28 de agosto, el Banco de Venezuela anunció además los primeros 238 créditos sociales preaprobados para familias afectadas, con la incorporación progresiva de nuevos beneficiarios a partir del censo y la información levantada por las instituciones. Paralelamente, el plan extendió la intervención a escuelas, infraestructura y actividad económica. El despliegue anunciado por el Gobierno contempla más de 17 mil viviendas y una población beneficiaria estimada en 77 mil personas, mientras que más de 18 mil trabajadores participan en las labores de recuperación.

Lo relevante, entonces, es que exista una estructura capaz de mantener identificadas a las familias afectadas cuando desaparece la emergencia de los titulares. En el caso venezolano, el censo de damnificados, la evaluación técnica de decenas de miles de viviendas, la atención en campamentos, la restitución habitacional, los subsidios, los créditos sociales y la recuperación de escuelas y espacios productivos forman parte de una misma cadena de intervención.

El alcance de esa política todavía debe medirse por su ejecución completa y por la capacidad de resolver los casos pendientes, pero ya existen indicadores concretos de que la respuesta ha ido trasladándose de la contingencia hacia un esquema de recuperación integral.