Las elecciones primarias son la opción predilecta de un sector de la oposición venezolana para definir candidato presidencial, esto en el contexto de la atomización que experimenta. Sin embargo, persisten dudas al respecto debido a que otros sectores aún dudan acerca de si participar o no, ya sea por la falta de consenso sobre la asistencia técnica del CNE o por mera división entre facciones.
Ya ha comenzado la movilización de precandidatos a lo largo del territorio nacional sin ningún tipo de impedimento, ni siquiera económico. Algunos de ellos están afiliados a la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la misma coalición política que apoyó el "interinato" y que tuvo en el exdiputado Juan Guaidó la personificación del fracaso de la antipolítica.
Una oposición financiada con fondos del Estado
El pasado 4 de mayo Bloomberg publicó una nota en la que informaba que dicha coalición, articulada en la figura de la Asamblea Nacional elegida en 2015 (AN-2015), se hizo del control de, al menos, 347 millones de dólares provenientes de las cuentas bancarias venezolanas congeladas en Estados Unidos.
La apropiación que ha hecho el antichavismo de los fondos del Estado venezolano retenidos por Estados Unidos no es algo nuevo, la misma nota de Bloomberg afirma que han dependido de dichas fuentes para financiar sus operaciones desde 2019 debido a que el Departamento de Estado de Estados Unidos certificó a los "funcionarios de la oposición" (sic) para recuperar el acceso.
Así lo detalló Alejandro Plaz, fundador de la ONG Súmate y exrepresentante de la Junta Directiva Ad Hoc del Consejo de Administración del Gasto del interinato, quien dijo en una rendición de cuentas que el dinero destinado a promover el cambio de régimen en Venezuela —o Fondo para la Liberación de Venezuela y atención de Casos de Riesgo Vital— no es un presupuesto nacional sino un fondo creado por la AN-2015 mediante una "ley especial".
La vigencia de este supuesto cuerpo legislativo es inexistente, funciona a través de otro constructo pseudolegal denominado "Comisión Delegada Legislativa" y está encabezada por la también prófuga de la justicia venezolana, Dinorah Figuera, quien funge como "presidenta" desde enero pasado cuando fue electa por el grupo remanente de exdiputados que sostienen dicho parapeto. Figuera pertenece al partido Primero Justicia (PJ), en el cual milita también el precandidato inhabilitado Henrique Capriles Radonski, y ha negado que los fondos retenidos al Banco Central de Venezuela (BCV) estén bajo su administración o en sus cuentas personales.
Sin embargo, la AN-2015 se aprobó a sí misma la "reforma parcial de la Ley del Fondo para la Liberación de Venezuela y atención de Casos de Riesgo Vital" el 30 de diciembre pasado para inyectar poco más de 49 millones de dólares al, así llamado, "Estatuto de Transición a la Democracia para Restablecer la Vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela". Los gastos que contempla el artificio legal incluyen tres programas:
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Defensa y fortalecimiento del Poder Legislativo Nacional y la Protección Social de sus integrantes: 7 millones de dólares.
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Protección y defensa de la democracia: 35 millones de dólares.
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Funcionamiento del Consejo de Administración y Protección de Activos, de la Junta AD-hoc del Banco Central de Venezuela y de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA): 7 millones de dólares.
El programa "Protección y defensa de la democracia", que concentra más recursos, tiene un monto similar al usufructuado en 2022, incluye bonos a activistas de partidos políticos de oposición aun cuando en el papel dice que está destinado a "actividades de formación, organización y apoyo al activismo ciudadano para restituir el orden constitucional, la defensa de los derechos humanos y la exigencia de elecciones libres, justas y transparentes".
En la sesión del 21 de marzo pasado Gustavo Marcano, quien preside el Consejo de Administración y Protección de Activos, remitió un informe con la estimación de la deuda por concepto de litigios, por lo que además de los 49 millones de dólares ya descritos se aprobarían otros recursos para el pago de los bufetes de abogados que supuestamente trabajan en la defensa de activos como Citgo.
Ni durante el interinato ni bajo la presidencia de Figuera se ha especificado cuánto es el sueldo de los diputados, pero tras una declaración de la presidenta de PJ, María Beatriz Martínez, se pudo conocer que en años anteriores los pretendidos parlamentarios recibieron salarios que oscilaban entre los 1 mil 200 y 1 mil 500 dólares.
¿Primarias con fondos del Estado?
El sector político cuya legitimidad se ampara en la anuencia de la Casa Blanca y de otros países satélites de Estados Unidos ha demostrado que la transparencia no es su fuerte. Así lo ostentó antes, durante y después del "Cucutazo", también con la quiebra de la petroquímica Monómeros y las consiguientes denuncias de Humberto Calderón Berti. Entre lo que ha informado Bloomberg y lo que declaran como "Fondo para la Liberación" la diferencia es cercana a los 300 millones de dólares.
La Constitución venezolana estipula en su artículo 67: "No se permitirá el financiamiento de las asociaciones con fines políticos con fondos provenientes del Estado". En vista de lo expuesto, ocurre un trasvase de fondos del Estado hacia las agendas particulares de los partidos sumados al G3+1, en particular al financiamiento de las elecciones primarias, en caso de que se realicen.
Por otra parte, en el debate respecto a la asistencia técnica del CNE cabría abordar el problema sobre el origen de los fondos para las campañas. Una de las funciones del Poder Electoral, según el artículo 293 del texto constitucional, es controlar, regular e investigar los fondos de financiamiento de las organizaciones con fines políticos —numeral 9—, por lo que el mencionado trasvase de fondos sería un oportuno objeto de investigación por parte del ente rector.
El punto importante en materia política-institucional atañe a la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, que data de 1965. En su artículo 6 dice que dichas formaciones "expresarán en su acta constitutiva que no suscribirán pactos que los obliguen a subordinar su actuación a directivas provenientes de entidades o asociaciones extranjeras", lo que evidentemente contraría a la actuación de algunos partidos.
Teniendo en cuenta que dicha ley es de la década de 1960, y que hay evidencias de que parte del erario público, saqueado en entidades financieras en el extranjero vía bloqueo, está siendo utilizado para fines políticos, se hace necesario la actualización y robustecimiento de este instrumento legal que podría permitir tomar medidas importantes en un contexto de latrocinio protagonizado por sectores opositores en los últimos años. El fortalecimiento de los mecanismos públicos para la contraloría y transparencia de dichos elementos se atendería con herramientas punitivas, y es allí donde la Asamblea Nacional vuelve a insertarse en el centro de la dinámica política nacional.
La existencia misma de la AN-2015 pone en peligro la ruta electoral que exige la oposición debido a que el régimen de "sanciones" causa daños a la estabilidad social y económica nacional, también porque miembros de los mismos partidos —Voluntad Popular, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y PJ— que han confirmado que irán a primarias reciben fondos del Estado que han sido retenidos por un gobierno extranjero.
El escenario prefigurado anteriormente se suma al desembolso de 55 millones de dólares que las agencias injerencistas de Estados Unidos han asignado a las ONG para fortalecer el sector "democrático". Dicho monto es solo 20% del acumulado desde 2011: el aumento del financiamiento a estas organizaciones encaja con la intención de fortalecerlas para reflotar la base política opositora frente al deterioro de la percepción pública de los partidos opositores.