Kristi Noem encarna la cosmovisión MAGA que Donald Trump ha convertido en credo oficial en su segundo mandato. Hija de granjeros de las grandes llanuras, forjó su identidad de "outsider" en cuatro periodos en la Cámara de Representantes (2011‑2019) y se proyectó como gobernadora de Dakota del Sur (2019‑2025), donde desafió los mandatos sanitarios y defendió la "independencia energética" frente a rivales como Venezuela.

Ese currículum, y una lealtad sin fisuras, le valieron una confirmación en el Senado y el juramento como octava secretaria del Departamento de Seguridad Nacional.

Desde ese despacho Noem dirige la ofensiva antiinmigrante de la Casa Blanca. En sus primeras semanas eliminó el Estatus de Protección Temporal para Venezuela (TPS), decisión con la cual expuso a más de 350 mil personas al borde de la deportación masiva. De inmediato lanzó una campaña publicitaria multimillonaria que conmina a los "ilegales" a autodeportarse o ser "cazados" por el Estado.

Respaldada por el tercer presupuesto más grande del gobierno federal, coordina redadas exprés, vuelos colectivos hacia prisiones centroamericanas y la militarización permanente de la frontera en alianza con gobernadores afines. Para la narrativa MAGA Noem no solo custodia las puertas de la nación: las blinda con la convicción de estar librando una cruzada civilizatoria.

El rostro institucional del trumpismo radical

Noem irrumpió en la política desde la legislatura de Dakota del Sur (2006‑2010), saltó a la Cámara de Representantes en plena ola Tea Party (2011‑2019) y, tras dos triunfos consecutivos en la gobernación (2019‑2025), fue confirmada el 25 de enero de 2025 como octava secretaria del Departamento de Seguridad Nacional con 59 votos a favor en el Senado. Su ascenso se cimentó sobre la imagen de ranchera inflexible que obedece sin titubeos los dictados de Donald Trump.

Desde sus primeros días en Washington ha sido portavoz y operadora del Big Energy. En 2012 reaccionó negativamente ante la decisión del entonces presidente Barack Obama de cancelar el oleoducto Keystone XL:

"Con esta decisión el Presidente dice no a un proyecto minuciosamente estudiado que crearía 130 mil puestos de trabajo. No nos equivoquemos: si no trabajamos con Canadá para utilizar este recurso energético, lo harán los chinos y seguiremos siendo tan dependientes como siempre de las importaciones de energía de lugares como Venezuela y Oriente Medio".

Noem se pronunció a favor de la construcción acelerada del Keystone XL en una carta destinada al Comité de Conferencia sobre la Ley de Transporte ese mismo año. Su argumento central: reducir la influencia económica "de países como Venezuela, y así evitar que los dólares estadounidenses apuntalen regímenes peligrosos como el de Hugo Chávez".

La pandemia de covid-19 catapultó su figura nacional. Se negó a imponer confinamientos, mascarillas obligatorias o límites de aforo, mantuvo abiertos centros religiosos y hasta un espectáculo de fuegos artificiales en Mount Rushmore. Esa postura reforzó su aura de defensora de la libertad individual, la convirtió en estrella de los medios conservadores y la puso en la baraja de posibles vicepresidencias antes de su fichaje para el Departamento de Seguridad Nacional.

Fue la primera gobernadora republicana en enviar tropas de la Guardia Nacional a la frontera con Texas, lo cual respaldó la Operación Estrella Solitaria del gobernador Greg Abbott. La decisión, replicada luego por Indiana, Oklahoma, Florida, Georgia, Missouri y Arkansas, buscaba "desalentar a los migrantes ilegales".

A mediados de 2024 Noem figuraba como una de las principales candidatas a integrar la fórmula presidencial de Trump, pero la publicación de sus memorias desató una tormenta mediática: en uno de los pasajes más controversiales narraba cómo mató a un cachorro que, según ella, tenía "comportamientos incontrolables". La anécdota congeló su proyección como posible vicepresidenta.

Deportaciones, cárcel-espectáculo y lujos a 50 mil pies

Nada más desembarcar en el órgano federal de seguridad interna, Kristi Noem aplicó la máxima trumpista de "cerrar la puerta y tirar la llave". El 1 de febrero de 2025 firmó la orden que revocó el TPS para venezolanos, programa que involucra a unas 350 mil personas desde 2023; la medida fijó el 7 de abril como fecha límite para abandonar el país, o enfrentar la expulsión expedita.

Sin embargo, esto no se aplicará en los plazos pretendidos. El juez federal Edward Chen, del Distrito Norte de California, falló a favor de posponer la decisión. "Los actuales beneficiarios venezolanos del TPS podrán contar con sus beneficios de forma válida hasta el 2 de octubre del 2026", dictó el magistrado, decisión que dejó en suspenso la aplicación de las expulsiones masivas.

Semanas después Noem viajó a la megacárcel Cecot de El Salvador, donde el gobierno de Nayib Bukele encierra a miles de deportados, incluidos centenares de venezolanos etiquetados falsamente de pertenecer a la banda criminal el Tren de Aragua. Con cámaras alineadas y reclusos semidesnudos al fondo, la secretaria proclamó que aquel modelo "demuestra cómo se contiene el crimen antes de que cruce nuestra frontera".

Para cimentar el relato de la "meritocracia migratoria", Noem presuntamente habría avalado la idea de un reality show titulado The American, en el que la propuesta es que grupos de solicitantes compitan entre pruebas físicas, trivias de civismo y "simulacros de frontera" por un puñado de green cards.

El rigor con los migrantes contrasta con la comodidad que busca para sí misma: en la petición presupuestaria de 2026 la secretaria incluyó 50 millones de dólares para un jet Gulfstream de largo alcance, basada en el argumento de que el actual avión "carece de autonomía y seguridad" para las rutas internacionales que exige su agenda.

En conjunto estas posturas —revocar protección, exhibir prisiones extranjeras, gamificar la ciudadanía y volar en un jet de lujo— dibujan la lógica de Noem: una mezcla de severidad simbólica, propaganda mediática y privilegio personal que refuerza la narrativa con la que el trumpismo justifica su agenda hemisférica.

Venezuela como chivo expiatorio

Desde su época de congresista Kristi Noem ha tejido a Venezuela en un relato de amenaza triple. En un boletín de 2014 advirtió que, "sin la independencia energética de Norteamérica, países como Irán, Rusia y Venezuela pueden manipular el mercado usando la energía como arma política contra nosotros y nuestros aliados". Repitió esa línea como gobernadora cuando las sanciones contra el país se intensificaban.

En 2023 dictó la Orden Ejecutiva 2023-02, que vetó contratos estatales con empresas ligadas a "gobiernos extranjeros malvados", lista que incluyó Caracas y La Habana.

Ahora su accionar en el segundo mandato de Donald Trump revela una estrategia deliberada de construcción simbólica de Venezuela como un enemigo funcional al proyecto MAGA. En esa narrativa nuestro país es un vector omnipresente de desestabilización hemisférica cuya amenaza justifica la línea dura en política migratoria y exterior.

El poder del Departamento de Seguridad Nacional radica en su alcance transversal: creado en 2002 como respuesta a los eventos del 11 de septiembre, absorbe funciones que van desde la lucha antiterrorista, pasando por orden público, guardias costeras y ciberseguridad. Su magnitud lo ubica como la tercera agencia federal, solo detrás de Defensa y Asuntos de Veteranos, lo que le otorga un peso decisivo en la administración de políticas internas con proyección internacional.

Noem, al frente de este órgano, ayuda a proveer el marco discursivo que legitima sanciones, redadas y detenciones sumarias, trasladando el expediente venezolano de la retórica de campaña a la maquinaria burocrática del Estado, bajo el paraguas de la seguridad nacional.