Recientemente han tenido lugar nuevas suspicacias sobre el manejo de los bienes venezolanos en el extranjero, esta vez por posibles negociaciones tras bastidores entre integrantes del clan Guaidó ante el caso de la petrolera ConocoPhillips.

Fue revelado a la opinión pública un documento de la Corte Distrital de Delaware, Estados Unidos, donde se sugería el alcance de un acuerdo del "gobierno" de Juan Guaidó a beneficio de la petrolera ConocoPhillips, por el orden de 1 mil 287 millones 664 de dólares en el marco de reclamos de la petrolera estadounidense contra la República.

Luego de que Venezuela perdiera un arbitraje que favoreció a ConocoPhillips, el gobierno a cargo del presidente Nicolás Maduro procedió a efectuar pagos a la petrolera estadounidense, pero estos se vieron interrumpidos desde 2018 por la entrada en vigencia del bloqueo financiero contra el país.

Tras una seguidilla de escaramuzas legales, ConocoPhillips ha mantenido posición de presión y se mantiene en litigio en Delaware, demandando al país, en un proceso judicial donde solo es reconocido al falso "interinato" como representante del país.

Corte de Delaware señaló un acuerdo entre Guaidó y ConocoPhillips

El referido documento emanado por la Corte de Delaware no aclaró las condiciones de pago del presunto acuerdo, que podría considerarse "inexplicable" por la declarada "insolvencia" que el gobierno fake ha dicho tener.

Adicionalmente, el documento por el compromiso de pago de más de 1 mil 278 millones de dólares resultó sumamente llamativo, dado el registro reciente que ha dejado ConocoPhillips en su interés por cobrar ilegalmente su "deuda" a Venezuela.

La petrolera estadounidense ha propuesto un proceso de declaración de quiebra de la estatal venezolana Citgo Petroleum, para proceder a su liquidación y tomar sus activos como forma de "pago". También intentaron tomar la refinería de Citgo en Houston con el mismo objetivo.

La delicadeza del contexto

Los señalamientos emanados en el documento fueron directo al "gobierno" fake de Juan Guaidó, planteándose la posibilidad de que junto a sus acólitos fuera del país, estuvieran negociando los activos de Citgo de espaldas a partidos de la oposición y al país en general, y sin estar sujetos a mecanismo alguno de contraloría nacional.

El contexto del documento emanado desde la Corte de Delaware es también sumamente delicado. Justo cuando proceden los diálogos y negociaciones entre el chavismo y las oposiciones en México, hay discusiones en la búsqueda de acuerdos en pro de la recuperación de los activos nacionales retenidos en el extranjero.

Recientemente ha tenido lugar la captura de la empresa Monómeros Colombo-Venezolanos, la segunda empresa nacional más grande en el extranjero con sede en el país vecino. El gobierno colombiano a cargo de Iván Duque ha asumido estos activos en un evento que debe considerarse una clara apuesta al fracaso de los diálogos en México.

La toma de Monómeros contó con el aval, público, notorio y comunicacional de Juan Guaidó, quien respaldó la medida del gobierno colombiano, la cual incluso desplaza a la directiva que él mismo había propuesto en Monómeros, e incluso recibiendo el rechazo de partidos que lo apoyan, quienes se comunicaron con Iván Duque manifestando su rechazo.

El consentimiento de Guaidó con la captura de Monómeros evidentemente desató las alarmas una vez publicado el documento de Delaware, pues estaría revelando la posibilidad de que Guaidó esté negociando Citgo de manera favorable a ConocoPhillips, tal como pudo haberlo hecho de manera discreta con el gobierno de Duque, al cual terminó apoyando luego de la toma de Monómeros.

Estas situaciones, en conjunto, plantean la posibilidad de que Guaidó esté operando a dos bandas, pretendiendo incorporar a la oposición venezolana abstencionista a la ruta política nacional mediante los diálogos en México, pretendiendo amnistía e impunidad, mientras en el extranjero apuesta a la entrega de los bienes nacionales y fabricando la imposibilidad de que sean devueltos al gobierno legítimo.

"Aclaratorias", contradicciones y dudas

En un comunicado, la autodenominada "Procuraduría Especial de la República", o lo que es lo mismo, la procuraduría del gobierno fake sostenido por la varita estadounidense, señaló que ni ésta ni Guaidó han celebrado algún acuerdo de pago con la empresa ConocoPhillips.

"No existe tampoco acuerdo alguno de venta, proceso de venta, ni cesión de acciones de PDVSA, PDV Holding y/o Citgo Petroleum Corp. en marcha con la empresa ConocoPhillips u otros acreedores de la República de Venezuela", dijeron en el comunicado.

En dicha aclaratoria, la procuraduría paralela explicó que "como es usual en los procesos judiciales" en los Estados Unidos, los jueces solicitan a las partes presentar su propuesta preliminar para reparar a la contraparte, en caso de una decisión desfavorable.

"Bajo este supuesto procedimental, se designó un auxiliar de justicia denominado 'Special Master', quien solo ha iniciado un proceso para la valoración de la empresa y ha revisado las informaciones aportadas por algunos acreedores que pretenderían participar de un hipotético proceso de venta", se lee en el texto.

En el detallan que este "Special Master" produjo un informe público en el que ha dejado constancia de los montos (pagados y adeudados) informados por los acreedores, y en el que señala que las partes de Venezuela han indicado que han llegado a un acuerdo con ConocoPhillips respecto al monto pendiente de la Sentencia de ConocoPhillips.

"Debe aclararse que, tal indicación, además de ser errónea, no implica de ningún modo, ni puede hacer presumir o concluir, que el Gobierno interino ha celebrado algún acuerdo de pago con dicha empresa. Tampoco significa, y es falso que los montos que haya pagado previamente la República o PDVSA a los acreedores, hayan sido efectuados por el Gobierno interino, pues los montos incluidos en las relaciones presentadas por dichos acreedores y expresadas en el documento en cuestión, fueron realizados previamente por el régimen de Maduro, o a través de depósitos (escrow) ya realizados por el régimen antes de febrero de 2019", aclararon.

Sin embargo, en una serie de tuits, el economista antichavista Francisco Rodríguez, responsable de la consultora Torino Capital, fustigó las aclaratorias de la procuraduría fake, poniéndolas en duda y señalando que la "defensa" ante Delaware genera dudas sobre su "capacidad y competencia".

Rodríguez señaló, refiriendo un documento, que es una respuesta de la procuraduría fake al "Special Master" designado para el caso, que la "defensa" de Venezuela en Delaware en ningún momento cuestionó el señalamiento de acuerdo, ni apuntó la existencia de un "error", tal como indicaron en su comunicado.

"En otras palabras, el comunicado del gobierno interino reconoce que sus abogados omitieron pedir a la corte que aclarase el supuesto error del experto judicial y dejaron pasar el lapso para aclaratorias a este informe", indicó el economista.

Seguidamente agregó: "Esta omisión no es nada trivial. El informe del experto provee la evidencia a ser usada por la corte en su decisión sobre el futuro de Citgo. La corte decidirá sobre un posible proceso de venta partiendo del supuesto, no corregido, de que existe un acuerdo con Conoco", indicó desde su cuenta en Twitter.

"La aclaratoria de la Procuraduría Especial, por tanto, no hace más que sembrar serias dudas sobre la capacidad y competencia de la representación legal ejercida por los abogados del gobierno interino en la defensa judicial de los activos de la República", remató Rodríguez.

¿Negligencia o actos deliberados? Los riesgos son evidentes. El funcionamiento del gobierno fake como una caja negra en el extranjero ha demostrado el desarrollo de prácticas claramente lesivas a la República en el más obvio secretismo.

Las posibilidades de un desmembramiento de Citgo para responder a demandas de los "acreedores de deuda" (llamados así por el gobierno fake) se ciernen en un cuadro de clara complejidad.

El destino de Citgo frente a la Corte de Delaware pende de un hilo, y no es otro que el otorgamiento de licencias o autorizaciones de la OFAC (Office of Foreign Assets Control, por sus siglas en inglés, instancia dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense) que podrían autorizar la liquidación de Citgo o la toma de sus instalaciones y bienes financieros.

Recientemente la OFAC extendió la "protección" de Citgo hasta enero de 2022, inhabilitando temporalmente a los tribunales estadounidenses para desmembrarla como pago a empresas demandantes como Crystallex y ConocoPhillips.

Coincidencialmente, la nueva extensión de la OFAC expirará luego de que concluya el actual mal llamado período de "extensión" del "mandato" que la "Asamblea Nacional" que sostiene a Guaidó se ha dado a sí misma, aunque sea inexistente en la vía de los hechos.

Lo que quiere decir que, a menos que ocurran importantes acuerdos en México, y acorde a los eventos del cuadro político nacional, como la expiración definitiva del gobierno fake, el destino de Citgo quedará estrictamente en manos de la Corte de Delaware, si la OFAC decide no sostener congelamiento que hoy mantiene a raya a los tribunales.

Si el cuadro judicial evoluciona desde el actual punto, es evidente que Citgo podría ser desmembrada.

Esta situación podría explicarse mediante eventos de deliberada negligencia de la procuraduría fake, o mediante acuerdos ocultos que Guaidó podría estar fraguando mientras tiene representantes políticos en México.