Desde inicios del presente año, el tema de la gasolina se ha convertido en un termómetro de la tensión social y económica que vive una nación venezolana presionada al extremo por las medidas coercitivas unilaterales de Washington.

La gasolina, vital para la movilización humana y económica del país, ha sido el blanco de ataque preferido por la Administración Trump en meses recientes, llegando al extremo de convertir una operación de importación tradicional en un conflicto geopolítico directo con la República Islámica de Irán, justificado por la supuesta violación de las “sanciones” estadounidenses contra ambos países.

Desde el año 2017 con las sanciones punitivas contra PDVSA y su filial Citgo, Washington ha apostado al debilitamiento del circuito refinador venezolano bloqueando la capacidad de compra de repuestos e insumos fronteras afuera, lo que ha traído como consecuencia el fallo de las operaciones de refinación y por ende problemas en el abastecimiento pleno del mercado interno de combustibles.

En los últimos dos años, estas medidas de restricción operativa a las importaciones de PDVSA han escalado al bloqueo de buques petroleros, el aislamiento de empresas aseguradoras y navieras internacionales con el objetivo de generar un cortocircuito en la producción de petróleo y su transformación posterior en las refinerías.

Pero las últimas maniobras de bloqueo y embargo se han agudizado. Frontalmente se han desplegado instrumentos judiciales y amenazas con tono militar por parte de EEUU con la vista puesta en paralizar el suministro de manera definitiva, como una apuesta adicional para reavivar la agenda de cambio de régimen promoviendo el descontento y la irritabilidad social de la población.

En resumen, el tema de la gasolina se ha convertido en una batalla política no sólo por la gestión gubernamental frente a la agresión externa, sino por el disputado relato sobre las consecuencias del bloqueo económico. Las “sanciones” que bloquean la importación del combustible han dividido a los actores de la oposición y además ha expuesto a Washington como un factor que agudiza la crisis en tiempos de pandemia.

La tensa llegada de cinco buques iraníes en mayo de este año permitió resolver coyunturalmente la escasez de suministro a nivel nacional, mientras se apuntalaba, en paralelo, la recuperación de las refinerías venezolanas. Este proceso de recuperación tampoco ha sido lineal, pues ha estado sometido a vaivenes y hechos impredecibles como un incendio en la refinería de Cardón (estado Falcón) recientemente.

Pese a que el daño ocasionado (y acumulado) por las “sanciones” representa el principal obstáculo para la reactivación de las refinerías, recientemente transcendió a la opinión pública que la refinería de Cardón finalmente ha reanudado sus operaciones, un signo positivo contra el intenso embargo aplicado contra la nación caribeña por parte de Estados Unidos.

Según ha informado la agencia Reuters, el reformador de Cardón

“con capacidad de 45.000 bpd, es una unidad de procesamiento de nafta que produce componentes de alto octanaje utilizados en la preparación de mezclas, pero ahora está produciendo unos 25.000 bpd de gasolina que van directo al mercado interno”.

Esta recuperación en Cardón se suma a la de la refinería El Palito que, según Reuters, también está produciendo 20.000 bpd.

También hay perspectivas positivas de que arranque esta semana la planta de craqueo catalítico de Cardón, lo que permitirá ser alimentada por la planta Alto Vacío 3, ya operativa, contribuyendo a un aumento de la producción de gasolina para el mercando nacional.

Las fuentes consultadas por Reuters advierten que esta reanudación en cadena de las unidades básicas de refinación se ha dado en la última semana, lo que evidencia el intenso trabajo de la industria petrolera por suplir la demanda de gasolina del mercado nacional frente a un cuadro de asedio externo inédito.