La acusación del Departamento de Justicia contra el líder secuestrado de Venezuela, Nicolás Maduro, es una diatriba política que se apoya significativamente en el testimonio bajo coacción de un testigo poco confiable. A pesar de las ediciones del Departamento, pudiera exponer a más estadounidenses la propia historia de narcotráfico de la CIA.

Al asalto militar estadounidense del 3 de enero contra Venezuela, para secuestrar al presidente Nicolás Maduro y a la primera dama Cilia Flores, le siguió la publicación de la acusación de ese mismo día que reemplaza a la inicial del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) contra los dos secuestrados así como su hijo, Nicolás Maduro Guerra, y dos aliados políticos cercanos: el ex ministro de interior Ramón Rodríguez Chacín, y el actual ministro de la misma cartera, Diosdado Cabello. El DOJ también arrojó a la mezcla de acusados al líder del Tren de Aragua (TDA), Héctor "Niño" Guerrero, situándolo en el centro de la narrativa.

La acusación se reduce a 25 páginas de una diatriba acusando a Maduro y a Flores de conspiración para traficar "miles de toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos", apoyándose considerablemente en testimonios de testigos coaccionados sobre presuntos envíos que en gran medida se dieron fuera de la jurisdicción estadounidense. Acusa a Maduro de "haberse asociado con narcoterroristas" como el TDA, ignorando evaluaciones de inteligencia recientes que concluyeron que no tenía control sobre la banda venezolana. Finalmente, la parte acusadora abultando la imputación al ponerle cargos a Maduro por "posesión de ametralladoras", un delito risible que fácilmente se le pudiera aplicar a cientos de miles de estadounidenses enamorados de las armas bajo una ley anticuada de 1934.

Los fiscales del DOJ cuidadosamente esquiva data precisa sobre las exportaciones de cocaína venezolana hacia Estados Unidos. En cierto punto, describen "toneladas" de cocaína; en otro, se refieren a los envíos de "miles de toneladas", una figura astronómica que hipotéticamente pudiera general cientos de miles de millones en ingresos. En ninguna parte mencionan el fentanilo, la droga responsable de las muertes por sobredosis de casi 50 mil norteamericanos en 2024. De hecho, la "Evaluación nacional de amenazas de las drogas" de la DEA emitido bajo la administración Trump este año escasamente menciona a Venezuela.

Al recurrir a un lenguaje vago y deliberadamente expansivo, engrasado con términos subjetivos como "corrupto" y "terrorismo", el DOJ construyó más una narrativa política contra Maduro que un caso legal concreto. Mientras repetidamente se refiere al Presidente como "el gobernante ilegítimo y de facto del país", no logra demostrar que de jure es precisamente eso bajo las leyes venezolanas, y por lo tanto no será capaz de baipasear precedentes legales internacionalmente establecidos que le conceden la inmunidad que se le confiere a los jefes de Estado.

Aún más, la acusación depende de testigos transparentemente desconfiables y coaccionados como Hugo "El Pollo" Carvajal, un exgeneral venezolano que llegó a una negociación secreta para reducir su sentencia por narcotráfico ensuciando el caso contra Maduro. Se dijo que Carvajal era una figura clave de la así llamada red de narotráfico del "Cartel de los Soles" que el DOJ alega que es dirigido por Maduro. De aparecer para testificar contra el líder venezolano secuestrado, el público estadounidense pudiera descubrir que el "cartel" no fue fundado por el presidente venezolano depuesto o alguno de sus aliados, sino por la CIA, para traficar drogas en las ciudades estadounidenses.

Por más chapucera y politizada que pudiera ser la acusación, esto le ha permitido a Trump enmarcar su forajida “Doctrina Donroe” como una política agresiva de actuación policial, envalentonando al presidente estadounidense para lanzar más amenazas para secuestrar o liquidar jefes de Estado que se atraviesan en el camino de su desenfreno por recursos. Esto parece ser el propósito real del espectáculo en el courtroom imperial que vendrá.

Usando el bulo del "narco-terror" como un arma

El peso del caso contra Maduro descansa sobre la denuncia de que los acusados "se involucraron en tráfico de drogas, incluyendo en asociación con grupos narco-terroristas". Según el DOJ, Maduro conspiró con el TDA, así como con los carteles mexicanos de Sinaloa y los Zetas para traficar entre 2003 y 2011. Sin embargo, estos carteles no habían sido designados como organizaciones terroristas extranjeras por la administración Trump hasta febrero de 2025, una maniobra obviamente diseñada para justificar el secuestro de Maduro y ponerle picante a la acusación.

En su puja por condenar a Maduro, el DOJ indudablemente luchará para superar la conclusión alcanzada en un memo del 7 de abril de 2025 por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI, por sus siglas en inglés) de que el líder venezolano no controla al TDA, que efectivamente fue desmantelado a través de un enorme allanamiento militar-policial en 2023 en la cárcel de Tocorón que servía como la base de operaciones de la banda. Un reporte de InSight Crime, organización financiada por el Departamento de Estado, también complica el caso del DOJ, revelando que "pocos crímenes atribuidos a miembros del supuesto Tren de Aragua en Estados Unidos parece carecer de conexión con el grupo ampliado o su liderazgo en Venezuela".

De hecho, muchos de los supuestos crímenes por los que se le acusa a Maduro se dieron fuera de las fronteras y jurisdicción de los Estados Unidos. El DOJ alega, por ejemplo, que en septiembre de 2013 "funcionarios venezolanos despacharon aproximadamente 1.3 toneladas de cocaína en un vuelo comercial del aeropuerto de Maiquetía al Charles de Gaulle en París".

En 2018, cinco ciudadanos británicos fueron condenados en una corte francesa por orquestar el envío de drogas con ayuda de miembros de bandas colombianas e italianas, pero no venezolanas. Al momento del incidente, el gobierno de Maduro reconoció que funcionarios corruptos de bajo nivel permiteron el paso de drogas a través de la seguridad del aeropuerto. Caracas ultimately arrestó a 25 personas, incluyendo militares y el administrador de Air France, un hecho prominente omitido de la acusación.

La evidencia del involucramiento de Maduro en el escándalo, según el DOJ, era que el envío de drogas se dio "a apenas meses luego de que Maduro sucediera en la presidencia venezolana". No fue ofrecida ninguna otra prueba para demostrar su culpabilidad.

La denuncia avanza alegando que Maduro "facilitó el movimiento de aviones privados bajo cobertura diplomática" para evitar escrutinio policial al aterrizar en México. Citando un testimonio bajo coacción de un defector del gobierno, acusa a Diosdado Cabello de coordinar el embarque de 5.5 toneladas de cocaína en un jet DC-9 a México. Ninguna de estas afirmaciones resistirá en un tribunal estadounidense.

Como explicó la defensora pública y analista legal Eliza Orlins, "los vuelos que ocurren por completo dentro de Venezuela no cruzan el espacio aéreo estadounidenses, no complican territorio aduanero de los Estados Unidos, y no, por sí solas, violan la ley estadounidense. La acusación intenta impulsar estos movimientos domésticos dentro de la jurisdicción criminal estadounidense al aseverar que la cocaína involucrada en última instancia estaba destinada para los Estados Unidos. La intención dolosa aquí hace todo el trabajo".

Porque la mayoría de los incidentes específicos citados ocurren dentro de México bajo los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el DOJ sin querer implica a estas tres administraciones pro-estadounidenses, que les dieron forma a las políticas sobre narcóticos en coordinación con Washington. De hecho, el principal policía durante los primeros de estos dos gobiernos, el antiguo jefe de la Agencia Federal de Inteligencia Genaro García Luna, fue condenado en una corte federal en 2023 por presidir una conspiración multimillonaria con el cartel de Sinaloa. El ex embajador en México, Robert Jacobson, reconoció que Estados Unidos sabia sobre los vínculos con los carteles de García Luna pero, insistió, "tuvimos que trabajar con él".

El doble rasero hondureño

El DOJ también implica que el gobierno pro estadounidense del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, refiriéndose a Honduras como un punto de "transbordo" en el que "los traficantes de cocaína que operaban en aquellos países pagaban una porción de sus propias ganancias a políticos que los protegieron y los ayudaron". Hernández fue condenado por una corte federal en 2023 por traficar más de 400 toneladas de drogas a los Estados Unidos, pero este diciembre recibió un perdón del presidente Donald Trump luego de una campaña de cabildeo de los principales donantes de Trump buscando mantener el desregulado criptoparaíso de Próspera en la costa de Honduras.

Durante su conferencia del 3 de enero anunciando el secuestro de Maduro y su esposa, Trump agresivamente defendió la decisión de perdonar a Hernández, alegando que había sido "juzgado muy injustamente". Pero el mismo fiscal del DOJ que redactó la acusación original de 2020 de Maduro, el lealista de Trump Emil Bove, fue responsable de la imputación de Hernández. Por contraste al caso de Maduro, la denuncia contenía evidencias concretas de su colaboración con grandes carteles transnacionales, incluyendo pruebas fotográficas y audiovisuales, como fue detallado Anya Parampil y Alexander Rubinstein para The Grayzone.

Hernández rogó por su caso a Trump en una carta de 2025 afirmando que había sido sometido a un "juicio amañado" y condenado "sobre la base de declaraciones sin corroborar de narcotraficantes convictos".

Su señalamiento cuestionable también aplica al proceso del DOJ de Maduro, cuando muchos de los alegatos más dramáticos contenidos en su imputación son tomadas de un narcotraficante condenado que hizo un acuerdo secreto con fiscales acusadores para reducir su sentencia a cambio de testificar en contra de Maduro: el ex general venezolano Hugo "El Pollo" Carvajal.

"Testigo estrella" coaccionado llega a un acuerdo secreto con fiscales estadounidenses

El jefe de la inteligencia militar bajo el gobierno de Hugo Chávez de 2004 a 2011, Carvajal es citado siete veces en la denuncia del 3 de enero como testigo a presuntas acciones criminales de Maduro y su círculo interno. Carvajal primero fue arrestado en 2014 en Aruba bajo estas acusaciones, pero fue devuelto a Venezuela para mayor disgusto de las autoridades estadounidenses. En 2017, mientras enfrentaba un par de acusaciones en Estados Unidos, repentinamente el general se puso en contra de Maduro, a quien denunció como un dictador. Carvajal llegó a respaldar abiertamente el proyecto de cambio de régimen de la "presidencia interina" de Juan Guaidó -controlada por Estados Unidos- en 2019, presentándose a sí mismo como un desertor corajudo mientras redituaba con Washington con su supuesto conocimiento del estado profundo venezolano.

Ese mismo año, mientras Carvajal buscaba asilo en España, Estados Unidos formalmente le exigió a Madrid que lo entregara. Ahora enfrentando la posibilidad de la extradición, ofreció una serie de entrevistas "reveladoras" a medios como el New York Times, haciendo lo posible por legitimar virtualmente cada uno de los señalamientos que buscaba la administración Trump usar contra Maduro.

El para entonces senador Marco Rubio apenas podía contener su excitación frente a la perspectiva de exprimir a un "insider" chavista para que testificara en un futuro caso contra Maduro. Carvajal "pronto vendrá a Estados Unidos para ofrecer información importante sobre el #RégimenDeMaduro", tuiteó Rubio el 12 de abril de 2019. "Un mal día para la #FamiliaCriminalDeMaduro".

No fue hasta 2023 que Carvajal finalmente fue extraditado y sometido a juicio por la corte del Distrito Sur de Nueva York. Luego de declararse culpable de "narcoterrorismo" en junio de 2025, el Miami Herald reportó que había llegado a un acuerdo que le concedería "una reducción de sentencia considerable si ofrece 'asistencia sustancial' a las investigaciones estadounidenses".

El acuerdo secreto de Carvajal revela el juego que ha jugado desde que por primera vez emergió como un desertor. Sus alegatos contra Maduro han sido ofrecidos bajo presión, todos diseñados para satisfacer a sus futuros carceleros en los Estados Unidos. Desde entonces ha complacido una de las teorías de la conspiración de Trump al acusar en una carta de junio de 2025 al presidente estadounidense que Maduro, a través del sistema de votos Smartmatic, había manipulado las elecciones presidenciales del 2020 que favorecieron a Biden.

La desvergonzada indulgencia a Trump y el acuerdo secreto pudieran destruir su credibilidad como testigo contra Maduro.

En la acusación del 3 de enero de Maduro, el DOJ aseveró que Carvajal y Diosdado Cabello "trabajaron con otros miembros del régimen venezolano" para "coordinar el envío" de 5.5 toneladas de cocaína desde el aeropuerto internacional Simón Bolívar a Campeche, México, en un jet privado en 2006. Este incidente sigue siendo una fuente de intriga intensa, puesto que la propiedad sobre el jet DC-9 está a nombre de dos compañías oscuras apunta hacia la dirección de la inteligencia estadounidense.

Mientras que los detalles sobre el potencial involucramiento encubierto del gobierno de los Estados Unidos en el envío de la droga de 2005 sigue siendo nebuloso, es un hecho establecido que la CIA fundó y operó el "Cartel de los Soles" con el que el DOJ ahora acusa a Maduro, Cabello y otras figuras políticas de alto nivel de controlar.

Cartel de los Soles: creado por la CIA, convertido en arma por el Departamento de Justicia

En la imputación original contra Maduro, el DOJ lo acusa explícitamente de liderar un cartel de narcotráfico llamado el "Cartel de los Soles", haciendo referencia a él más de 30 veces.

La versión revisada hecha pública el 3 de junio dice que "comenzando en o alrededor de 1999, Venezuela se convirtió en un lugar seguro para los narcotraficantes dispuestos a pagar por apoyo y protección de funcionarios civiles y militares venezolanos, que operaban fuera del alcance de la policía y las fuerzas armadas colombianas apuntalados por la asistencia antinarcóticos de los Estados Unidos".

Y continúa: "Las ganancias de aquella actividad ilegal fluyó a funcionarios de bajo rango civiles, militares y de inteligencia, que operan bajo el sistema de patronaje conducido por aquellos en la cima, referidos como el Cartel de los Soles".

La red informal de militares corruptos de hecho fue establecida por la CIA bajo gobiernos venezolanos pro-estadounidenses durante los años 80 y 90. Esta verdad incómoda fue presentada a los estadounidenses no por un disidente chismoso, sino por el New York Times y por Mike Wallace en unas revelaciones del programa 60 Minutes transmitido en 1993.

Tres años antes, oficiales de aduana estadounidense interceptaron un alijo de casi mil kilogramos de cocaína pura desde Venezuela. Pero sus superiores en el gobierno les dijeron que el envío había sido aprobado por Langley. Según el Times, la CIA buscó permitir que la cocaína "entrase a los Estados Unidos sin ser incuatada, para allay sospechas. La idea era reunir la suficiente cantidad de inteligencia posible sobre los miembros de las bandas narcotraficantes".

"De verdad me opongo al hecho de que 1000 kilos entraron, financiados por dinero de los contribuyentes estadounidenses", dijo la agregada de la DEA para Venezuela en aquel entonces, Annabelle Grimm, le comentó a 60 Minutes. "Lo encuentro particularmente espantoso".

Para organizar los envíos desde Venezuela, la CIA reclutó a generales de la Guardia Nacional venezolana que fueron entrenados por Estados Unidos. Porque los oficiales de la Guardia usaban parches en sus uniformes que tenían el símbolo del sol, la red informal de la droga fue etiquetada como "el Cartel de los Soles".

En los años luego de que fue expuesto el cartel de la CIA en los medios estadounidenses, desapareció por completo del público, solo pare revivir cuando el gobierno estadounidense comenzó a cazar al general Carvajal, que pudiera pronto aparecer como el testigo clave contra Maduro. Mientras que la corrupción está presente en el ejército venezolano, existen pocas evidencias de algo que se le asemeje al Cartel de los Soles en sus filas.

Como Phil Gunson, el analista del International Crisis Group radicado en Caracas, le dijo a CNN: "El Cartel de los Soles, per sé, no existe. Es una expresión periodística creada para referirse al involucramienteo de las autoridades venezolanas en el narcotráfico".

Un ex funcionaro de alto nivel estadounidense se hizo eco de las palabras de Gunson, describiéndolo como "un nombre inventado usado para describir un grupo ad hoc de oficiales venezolanos involucrados en el tráfico de drogas en Venezuela. No tiene la jerarquía o la estructura de comando y control de un cartel tradicional".

El funcionario le dijo a CNN que la DEA o la Agencia de Inteligencia de Defensa (la DIA) le habían suministrado a Trump con una evaluación "puramente política" del cartel para apoyar su asalto a Venezuela.

La revelación de documentos que se le concederá a la defensa en el juicio de Maduro y Flores arriesga severamente avergonzar al gobierno estadounidense al extraer más evidencias sobre el tráfico de la droga de la CIA. Esto pudiera ser el porqué el DOJ ablandó su lenguaje sobre el Cartel de los Soles, refiriéndose a él en la acusación del 3 de enero como una mera “red de patronaje” en lugar de una organización criminal cohesionada, y apenas lo mencionó dos veces.

Durante sus primeras apariciones en la corte más temprano ese día, el líder venezolano secuestrado se le permitió hablar por un breve momento. "Soy inocente. Soy un hombre decente. Soy presidente…", Maduro dijo antes de ser interrumpido por su abogado.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en The Grayzone el 5 de enero de 2026, la traducción para Misión Verdad y The Grayzone fue realizada por Diego Sequera.