El día ha llegado. Donald Trump tomó posesión del gobierno de Estados Unidos con un discurso que ha combinado retórica excepcionalista —amenazando con retomar el canal de Panamá y renombrar el golfo de México—, promesas hiperbólicas —poner la bandera estadounidense en Marte— y ciertas pulsiones nostálgicas de un país que, según él, retomará la senda hegemónica perdida durante los últimos años: the decline is over ("el declive terminó"), dijo.
Como era de esperarse, la inmigración fue el plato principal.
Uno de los primeros objetivos de la segunda administración de Donald Trump, de acuerdo con él mismo, consiste en atender el asunto de la migración ilegal en Estados Unidos. El flujo migratorio de países sudamericanos y centroamericanos hacia el país norteamericano está entre las prioridades del nuevo gobierno republicano.
Entre los orígenes de caravanas migrantes que atraviesan la frontera sur estadounidense se encuentran, sobre todo, nacionales de México, El Salvador, Guatemala, Colombia, pero también de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Trump ha acusado desde hace años al gobierno de Joe Biden de permitir el paso indiscriminado de inmigrantes. Teniendo en cuenta que tal población ha sido la mayor fuerza de la economía real en Estados Unidos, un sector de la sociedad que fue, en gran parte, uno de los motores que impidió que dicho país cayera en recesión en los últimos años, los datos empíricos y el análisis económico demuestran que las medidas de la ya anterior administración demócrata tenían una buena razón para normalizar el flujo inmigratorio —aquí un buen artículo publicado el 13 de marzo de 2024, del británico Michael Roberts al respecto—.
Pero ello está a punto de paralizarse. En su discurso inaugural de este lunes 20 de enero como el 47.º presidente de Estados Unidos, Trump anunció que una de sus primeras órdenes declarará el estado de emergencia en la frontera sur, enviará tropas y restablecerá una política que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México la fecha de una audiencia judicial en territorio estadounidense: la política "Remain in Mexico" (en castellano: "Permanece en México"), puesta en práctica durante su gobierno anterior, entra otra vez en escena.
Además, reporta el New York Post:
"Trump planea poner fin a varias políticas de inmigración de la administración Biden, incluida la libertad condicional humanitaria masiva, que otorga una consideración especial a los migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. El programa CBP One, una aplicación que permite a los migrantes registrarse y solicitar la entrada legal a EE.UU. desde México, también se suspenderá".
Asimismo, el medio neoyorquino informa que, según funcionarios de la nueva Casa Blanca, el presidente republicano tiene "planes para designar pandillas migrantes organizadas, incluido el Tren de Aragua de Venezuela, como organizaciones terroristas", vía orden ejecutiva.
Todo ello sería un esfuerzo por establecer una segunda edición, reloaded, de Maganomics, la cual considera que debe haber una reducción de la inmigración. En un artículo de noviembre pasado, el mencionado economista Roberts cita un informe reciente del Consejo Americano de Inmigración, el cual:
"Encuentra que, si el gobierno deporta a una población de aproximadamente 13 millones de personas que en 2022 carecían de estatus legal permanente y se enfrentaban a la posibilidad de expulsión, el coste sería enorme: alrededor de 305 mil millones de dólares".
Se trataría de una política que, obviamente, tendría impactos a corto, mediano y largo plazo para la economía y la sociedad estadounidenses.
Contradicciones sobrevenidas
Pero, sin duda, estas medidas entrarían en franca contradicción con una estrategia de "máxima presión" pregonada y exigida por los halcones y neoconservadores contra Venezuela, Marco Rubio y Mike Waltz, quienes formarán parte del gobierno de Trump 2.0 en puestos claves de política exterior.
Así lo advierte el editor en jefe de Americas Quarterly, Brian Winter, en un artículo publicado el 14 de enero pasado, en el que recoge la opinión de "unas dos docenas de personalidades de la política y del mundo empresarial de toda América" y asegura que "nadie sabe hasta qué punto Trump y su equipo adoptarán un enfoque agresivo [respecto a Venezuela, Cuba y Nicaragua]. Algunos analistas creen que evitará volver a las políticas de 'máxima presión' de su primer mandato por miedo a desencadenar una ola migratoria aun mayor".
En efecto, parte de Washington, al menos en el ala legislativa, ha tomado nota de la experiencia anterior en cuanto a la política exterior de la Casa Blanca respecto a nuestros países, y al parecer está bien consciente de que la "máxima presión" reloaded entraría en conflicto directo con los intereses geopolíticos y económicos de Maganomics, muy a pesar del reporte de Axios del 18 de enero que apuntaría, entre líneas, a un retorno de aquella política contra Venezuela, sin realmente nombrarla.
El informe del Servicio de Investigación del Congreso estadounidense, publicado el 13 de enero, fue explícito en concluir que las sanciones unilaterales que devinieron en un criminal bloqueo económico, comercial y financiero contra Venezuela "contribuyeron a la migración secundaria a Estados Unidos".
Citamos:
"La Administración Trump buscó promover la democracia y los derechos humanos en Venezuela mediante el uso de una estrategia de sanciones de 'máxima presión' para tratar de obligar a Maduro a ceder el poder. Las sanciones resultaron insuficientes para lograr ese objetivo y pueden haber exacerbado una crisis económica en curso que contribuyó a la emigración masiva, incluso hacia Estados Unidos".
Recordemos que el Servicio de Investigación del Congreso estadounidense es bipartidista y, por lo tanto, sus informes pueden atribuírsele como expedientes cuyas conclusiones comparten ambos partidos tradicionales.
Lo deducido por el Congreso ha sido también suscrito por otras instituciones e investigadores, de distintas tendencias ideológicas y políticas, de los datos empíricos sobre la relación sanciones-migración. Destacan:
- Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) (informe del economista opositor Luis Oliveros)
- Universidad de Albany, de la Universidad Estatal de Nueva York (informe de Joel Alexander López)
- Universidad de Denver (informe del economista opositor Francisco Rodríguez)
- Consejo de Derechos Humanos de la ONU (informe de la relatora especial Alena Douhan)
Incluso The Washington Post reportó el 10 de mayo de 2023 que "los demócratas liderados por legisladores de la Cámara de Representantes de los estados fronterizos están instando al presidente Biden a poner fin a las sanciones de la era Trump contra Cuba y Venezuela, que han golpeado las economías de esos países y contribuido a un aumento de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos".
De modo que existen múltiples fuentes que comprueban los efectos directos de las sanciones unilaterales durante la era de la "máxima presión" sobre la migración venezolana.
Visto el hecho de que Trump 2.0 tomará medidas drásticas en torno a la inmigración en Estados Unidos, un retorno a la política exterior referente a Venezuela durante su primer gobierno no parece conveniente, mucho menos audaz. Implicaría una contradicción estratégica ya que el "flagelo" que intenta subsanar, por un lado, se vería incentivado y alimentado, y por otro, toda vez que se ha comprobado la correlación directa entre sanciones ilegales y flujo migratorio desde Venezuela.
¿Qué prevalecerá en este primera parte de su naciente gobierno? ¿El "sentido común" que preconizó durante su discurso inaugural o los intereses del ala extremista del sur de la Florida?
Todo está por verse, pero las evidencias acerca del tema están puestas sobre la mesa.
La "máxima presión" sería inútil para alcanzar los objetivos migratorios planteados y jerarquizados como los más importantes para su naciente administración. Lo que además enviaría un mensaje contradictorio a sus votantes: el no cumplimiento de sus promesas y su vinculación en guerras y conflictos en el extranjero, desatendiendo la "era dorada" que ha prometido construir.