La Asamblea Nacional de Venezuela (AN), junto a la mayoría de los partidos políticos del país, continúan realizando mesas de trabajo y discusiones a fin de reformar un conjunto de leyes que regulan las actividades políticas y comiciales en el país.

Tanto los partidos involucrados, como las bancadas participantes en la iniciativa, representan la pluralidad que abarca el chavismo y las oposiciones, a pesar de ser notables las ausencias de algunas agrupaciones que cuentan con tarjetas electorales y que integran la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), ya que este bloque decidió no formar parte de la propuesta.

Entre los textos bajo discusión están la Ley Orgánica de Procesos Electorales y la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones. Pero en las deliberaciones ha surgido la necesidad de abordar legislaciones en materias específicas, tal es el caso del financiamiento de los partidos y los grupos de electores. Así lo ha manifestado Jorge Rodríguez, presidente de la AN.

El "diálogo entre partidos" es el nombre que ha recibido este mecanismo de trabajo entre los parlamentarios y las toldas. Sin embargo, sus discusiones se han abierto a una etapa de consultas y aportes desde diversos sectores de la sociedad.

"Los partidos políticos, las organizaciones, los movimientos sociales, los académicos, las universidades, los consejos comunales, es decir que todos y todas puedan dar su aporte y opinión", señaló el presidente del parlamento.

Rodríguez anunció que mediante el trabajo intensivo de los equipos esperan presentar los nuevos instrumentos legales para el próximo 15 de diciembre.

Todo esto surge a partir de necesidades acumuladas durante los últimos años, especialmente por las propias vulnerabilidades del sistema político y del ecosistema de partidos que hacen vida en el país.

Venezuela ha lidiado con operaciones continuadas de cambio de régimen, protagonizadas por sujetos políticos, funcionarios electos en cargos y partidos que han aprovechado las garantías del sistema político para perpetrar actos inconstitucionales. La lista de ejemplos es muy extensa, pero entre los casos más relevantes se pueden mencionar:

• En el año 2002 diversos dirigentes de partidos, gobernadores, alcaldes y diputados tuvieron roles abiertos en el golpe de Estado de abril. 
• Durante las revoluciones de color (guarimbas) de los años 2014 y 2017 diversos dirigentes políticos participaron como organizadores de la violencia política callejera.
• Los diputados opositores electos para el periodo 2015-2020 en la AN cometieron desacato al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), promovieron el golpe institucional, formalizaron la solicitud de sanciones extranjeras al país y juramentaron ilegalmente al entonces diputado Juan Guaidó como "presidente interino" con apoyo, coordinación y estímulo externo.
• Dirigentes de partidos fraguaron rebeliones fallidas como la "Operación Libertad" de abril de 2019 y acciones con mercenarios y paramilitares, como la "Operación Gedeón" del año 2020.

Pese a esta cadena de eventos, tales partidos políticos y muchos de sus dirigentes siguen activos en la vida política venezolana, algunos incluso han sido escogidos a cargos de elección a causa de los boquetes existentes en las leyes vigentes.

Ejes de discusión

Desagregando los elementos, se pueden analizar de la siguiente manera las necesidades y puntos que forman parte de las jornadas de discusión. 

a) Un sistema de partidos ceñido a la realidad política

Rodríguez explicó que la Ley de Partidos Políticos fue redactada en 1965 y, pese a haber sido reformada en el 2010, persisten en ella algunos de los elementos "obsoletos, poco claros, inconclusos y hasta tramposos, por los que cierta gente lee las leyes no para respetarlas sino para ver cómo las elude y cómo hace para colarse".

La regularización de las organizaciones políticas debe pasar por un proceso de adecuación de métodos y autorización de tarjetas. Agregó que hay "un cementerio de partidos políticos en el Consejo Nacional Electoral" e incluso personas que son "propietarios" de un partido con el que trafican, "como vender una tarjeta".

Las debilidades que existen en el sistema político nacional son apreciables desde varios fenómenos. Uno de ellos es que una parte de la oposición está representada en un bloque no formalizado, la PUD, pero participan en el plano electoral bajo una tarjeta de una extinta coalición llamada Mesa de Unidad Democrática (MUD).

Otro fenómeno es el caso de la organización Vente Venezuela, públicamente denominada como "partido político", aunque en el ámbito legal nunca ha formalizado su inscripción ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Las nuevas leyes se perfilarían con vistas a crear los mecanismos para que el sistema de oferta electoral y tarjetas políticas sea representativo de las dinámicas políticas reales y, además, esté ajustado a nuevos parámetros de formalización.

b) Regular el funcionamiento de las organizaciones y sus dirigentes

En Venezuela se da el fenómeno de que diversos partidos y dirigentes actúan en la "zona gris" de la política, valiéndose de prácticas en las que salen y entran de los límites legales. Casos en los que se promueven o ejecutan delitos, como el terrorismo, la violencia callejera y el odio, bajo el paraguas de las libertades políticas de las que gozan las organizaciones político-partidistas.

Jorge Rodríguez explicó que algunos dirigentes "han llegado al extremo de reivindicar el fascismo como una forma de participación política". Recalcó que cada vez que hay una elección en Venezuela se desata una ola de violencia y "salen a la calle a matar gente" en caso de no resultar vencedores.

A juicio de Rodríguez y demás diputados de la bancada chavista, los factores que suelen colocarse fuera del marco político no deberían gozar de los derechos y garantías que ofrece el propio marco.

Esto sugiere que las nuevas leyes podrían establecer mecanismos para ampliar las penalizaciones y la lista de faltas de tipo políticas, administrativas y judiciales para inhabilitar o judicializar, en los casos necesarios, a actores y organizaciones que incurran en ciertas prácticas.

Las normas electorales venezolanas también serían ajustadas conforme a otros nuevos estatutos, como la Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares.

En Venezuela se han reproducido fenómenos en los cuales diversos agentes de la oposición venezolana han tenido participación abierta en golpes de Estado consumados, golpes de Estado fallidos, sedición, delitos de odio y apología al neofascismo y al clasismo, pero muchos se han mantenido en el ruedo y han sido elegidos a cargos.

Uno de los fraudes más usuales a la Constitución es el ejercicio de la "política" por sujetos que han promovido las sanciones e intervenciones contra el país. Estas acciones podrían considerarse como actos de Traición a la Patria en el Código Penal venezolano.

Pero la judicialización de todos los actores políticos que han incurrido en estas prácticas implica varios problemas. El contexto demanda mecanismos alternativos, como otras formas de penalización de dirigentes y de partidos, quienes podrían quedar excluidos de la elegibilidad política.

c) Actualizar el marco legal de acuerdo a las nuevas realidades políticas

Rodríguez enfatizó que las tareas legislativas van mucho más allá de regular a los actores políticos.

Indicó que también hay que reglamentar y legislar los mecanismos de consulta popular, así como el de la organización territorial para la distribución de cargos.

En el debate han surgido propuestas para el uso de herramientas de voto digital para consultas populares o "referendos en línea", bien sea para ejercer el infogobierno o para diversas modalidades de consultas refrendarias, dado que las nuevas tecnologías de uso personal no han sido integradas a las dinámicas del ejercicio del voto.

Entre otras propuestas surgidas están la paridad de género para los cargos de representación, la revisión del sistema de adjudicación de candidatos electos por cociente electoral (cantidad de cargos de representación por circunscripciones electorales), la doble vuelta electoral y los criterios para la construcción del registro electoral permanente.

En este debate se han planteado propuestas para la postulación por sectores de candidatos a la AN dado que la conformación de curules al parlamento se basa únicamente en modalidades territoriales, sin considerar las realidades sectoriales.

Seguramente, las nuevas leyes contemplarán mecanismos para el desarrollo de la actividad partidista en el país puesto que hay fenómenos del tiempo presente que ni siquiera son mencionados en las leyes actuales. Uno de ellos es el uso de las redes sociales y los mecanismos de propaganda político-electoral en el espectro digital, que carece de regulaciones efectivas dentro de estos marcos legales.

Es probable que las nuevas normas que regirán la vida de los partidos y organizaciones hagan énfasis en degradar la ambigüedad de la labor de algunas Organizaciones No Guberamentales (ONG) en Venezuela, en consonancia con la letra de la nueva Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines.

Diversas ONG han funcionado como mecanismos de financiamiento indirecto a partidos, dirigentes políticos u otras instancias de acción coyuntural y directa. Pero además, se podría considerar que algunas funcionan de hecho como constructores de opinión pública y son subsidiarias a diversos partidos políticos valiéndose de prácticas que son difusas y que no han sido reglamentadas.

Si bien en Venezuela se han realizado elecciones casi todos los años, esto no quiere decir que el país haya actualizado consistentemente su ordenamiento legal para regir el sistema electoral, de partidos y de participación política.

Hay temas de interés, metodologías, regulaciones y experiencias que no se han desplegado por el rezago legislativo en esta materia. Muy probablemente la discusión que ha organizado la AN sea la oportunidad para inyectar elementos novedosos en las formas, precisamente, de hacer política con este cúmulo de instrumentos.