A través de un comunicado emitido por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el gobierno de Venezuela ha expresado su rechazo al proceso de despojo de la empresa Citgo Petroleum Corporation (Citgo) llevado a cabo por las autoridades estadounidenses.

El texto califica la venta forzosa de Citgo como un "nuevo capítulo de agresión multiforme" ejecutado por Estados Unidos contra la nación, con el objetivo de saquear los activos pertenecientes al pueblo venezolano.

El gobierno denuncia la exclusión de PDVSA y del propio gobierno del proceso judicial, hecho que les ha impedido la posibilidad de defender sus derechos en los tribunales estadounidenses.

El plazo para la recepción de ofertas dirigidas a la adquisición de la empresa en Estados Unidos finalizó la semana pasada, bajo la supervisión del juez federal de distrito en Delaware, Leonard Stark. Este suceso representa un paso crítico en el proceso de venta de la refinería de petróleo venezolana, pausada al menos hasta agosto por una orden del gobierno estadounidense que impide a los tenedores de bonos tomar el control del 50,1% de las acciones de la empresa.

En respuesta a esta situación, Venezuela ha afirmado que "no reconocerá la venta forzosa de Citgo" basada en el argumento de que se está llevando a cabo sin respetar las garantías económicas, el debido proceso y el derecho a la defensa que cualquier nación civilizada debería garantizar.

El Gobierno Bolivariano ha anunciado que tomará "todas las medidas necesarias" para evitar la consumación del despojo definitivo de Citgo, y se reservará además el derecho de actuar contra aquellos que adquieran, faciliten o negocien acciones de esta filial de PDVSA.

El comunicado destaca que el saqueo se realizó con la complicidad de sectores de la oposición que, denominados "Asamblea Nacional de 2015" y liderados por Juan Guaidó, Leopoldo López y Julio Borges, han intentado hacerse con el control de las instituciones venezolanas desde 2019.

Durante su programa "Con Maduro+", el presidente Nicolás Maduro declaró:

"El Gobierno de Estados Unidos, en complicidad con esta mafia de los apellidos (extrema derecha), pretende robarle Citgo en los próximos días a Venezuela (...) Tiene que haber cárcel para todos los involucrados en el robo de Citgo. Tiene que haber justicia".

Según un análisis realizado por la estatal petrolera venezolana, desde 2018 el gobierno de Estados Unidos ha emprendido acciones que van contra el comercio internacional con la intención de tomar el control de Citgo. Estas medidas incluyen la usurpación de Juan Guaidó como "presidente interino" y la designación de una nueva junta directiva para Citgo y PDV Holding. 

En enero de 2021 el juez Leonard Stark autorizó a Crystallex a continuar con la venta de acciones de la filial de PDVSA, a favor de una adjudicación de 1 mil 400 millones de dólares. Posteriormente, en 2023, nuevos acreedores se sumaron al caso, entre ellos empresas como ConocoPhillips, Rusoro Mining y Koch Industries.

En total, se aprobó la participación de 17 acreedores en la subasta de las acciones de Citgo, por un monto total de 20 mil 800 millones de dólares. Más de 80% de esta deuda se basa en la afirmación de que Guaidó y su equipo utilizaron fondos de la empresa para financiar actividades extensivas, con lo cual incurrieron en la figura de alter ego.

El tribunal estadounidense confirmó que el falso gobierno de Guaidó utilizó directamente las filiales comerciales de PDVSA en Estados Unidos, lo que impidió que la empresa matriz recibiera dividendos. Por otra parte, la administración de Donald Trump consintió que la oposición venezolana accediera a las cuentas bancarias de la estatal en territorio estadounidense.

El valor estimado del despojo, entre 11 mil y 13 mil millones de dólares, implica la pérdida de activos estratégicos que van desde refinerías hasta oleoductos y estaciones de servicio, lo que afecta directamente la capacidad de producción y distribución de hidrocarburos en Venezuela. 

Más allá de las pérdidas económicas, la confiscación de Citgo genera una profunda incertidumbre y desconfianza en el ámbito internacional. Estados Unidos, al quebrantar el velo corporativo, crea un precedente peligroso que debilita la confianza en el sistema financiero global.

En el terreno diplomático, la situación exacerba las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, y así se complica el desarrollo de acuerdos bilaterales y se crea un ambiente de desconfianza que tornará aun más complicadas las futuras relaciones entre ambos países.

Es crucial situar el actual momento crítico que atraviesa Citgo en el contexto electoral del 28 de julio. Tanto la Plataforma Unitaria Democrática como María Corina Machado, que respaldan la candidatura de Edmundo González Urrutia, comparten una responsabilidad significativa en la confiscación de los activos venezolanos en el extranjero. Esto se evidencia a través de su histórico apoyo a las políticas de sanciones y presiones, así como su respaldo al fallido plan Guaidó.

Dicha realidad, que ha profundizado las fracturas dentro de la oposición, con sectores intentando desligarse de la imagen negativa que conlleva la amenaza de pérdida de Citgo, es un reflejo exacto de lo que es el verdadero plan de gobierno de los candidatos que enfrentan al presidente Nicolás Maduro: entrega de la soberanía y las riquezas nacionales a los intereses corporativos transnacionales y a la geopolítica estadounidense.