El gobierno de los Estados Unidos ha publicado la Licencia 44A. Este documento, emanado del Departamento del Tesoro estadounidense, pone fin a la Licencia General N.º44 y consiste en una medida de afianzamiento del marco coercitivo contra Venezuela.

La Licencia 44A establece nuevos términos para, en un lapso de 45 días, crear condiciones a fin de liquidar operaciones comerciales internacionales con la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). EL nuevo instrumento también limita la relación con las entidades venezolanas Banco Central de Venezuela (BCV) y Banco de Venezuela (BDV), que funcionan como brazos del relacionamiento financiero del país petrolero.

Sin embargo, la Licencia 44A establece términos con vistas a que las empresas que hayan invertido en Venezuela en el marco de la inmediata anterior realicen gestiones en el Departamento del Tesoro para que este decida si pueden continuar o no operando en Venezuela.

El nuevo instrumento cambia el enfoque y modelo de gestión de las licencias para Venezuela ya que sustituye su orientación general por un modelo de licencias individualizadas, que implica la acción discrecional de Estados Unidos para determinar el destino de las agendas de inversión tanto de las empresas petroleras y gasíferas extranjeras que están en Venezuela, como de la propia relación de PDVSA con sus aliados.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ha calificado las licencias como instrumentos coloniales y neocoloniales. Según sus palabras, estos mecanismos pretenden "condicionar" y "tutelar" el relacionamiento energético de Venezuela.

"Es una licencia colonialista porque Estados Unidos pretende monitorear, controlar, tutelar la industria petrolera de Venezuela", reclamó el Presidente. "Nosotros hemos tomado nuestro propio curso de trabajo, nuestro propio modelo económico, con amenazas, con sanciones hemos aprendido a recuperarnos", afirmó el mandatario.

Considerando que en Venezuela las actividades de hidrocarburos están bajo gestión del Estado, se entiende que las sanciones y licencias son mecanismos coercitivos basados en el "castigo" y en el supuesto "incentivo" para condicionar el desarrollo de la política venezolana pero, además, para regular de manera concreta la relación de Venezuela frente a otros países, lo que a juicio del mandatario hacen de este tipo de medidas aparatos para vulnerar la soberanía nacional sobre el uso de sus recursos naturales.

La derogación de la Licencia General N.º44 y la publicación de un nuevo instrumento coercitivo, según el mandatario venezolano, es una medida hecha a solicitud de algunos factores de la oposición venezolana como Leopoldo López, Julio Borges y María Corina Machado.

Carácter colonial o neocolonial de la Licencia 44A:

El neocolonialismo, como concepto, hace referencia al control remanente que distintas potencias geopolíticas ejercen sobre Estados menos desarrollados, según Carlota García en un análisis para el sitio web El Orden Mundial.

Mientras que el colonialismo fue una forma de ocupación territorial y política que permitió el dominio económico, el neocolonialismo se caracteriza por el control indirecto a través de la explotación y el comercio de los recursos naturales y de la influencia cultural. Este fenómeno asegura el dominio de los antiguos colonizadores, mientras que ralentiza el desarrollo de antiguas colonias, refiere la autora.

El término "neocolonialismo" surgió en los años sesenta con la descolonización de África. Lo acuñaron figuras como el filósofo francés Jean-Paul Sartre o el líder independentista de Ghana, Kwame Nkrumah.

Con el uso del término criticaban que la economía de los Estados recién independizados se controlaba desde el extranjero, pues las nuevas naciones se incorporaron a un mundo ya industrializado y dominado por antiguas potencias occidentales, refiere García.

El término ha evolucionado en su uso en las últimas décadas y refiere prácticas de sujeción de los países frente a grandes potencias mediante acciones de presión, cabildeo e intimidación para cambiar sus decisiones o reducir el margen de maniobra de los gobiernos en su política interna o en su política exterior.

Estas presiones se realizan mediante la instrumentalización de medidas de orden político, económico y militar. Por lo tanto, en muchos casos las sanciones, y también las licencias, deben considerarse como ejercicios de hostigamiento económico.

En el caso venezolano, la estructura de sanciones y licencias tienen objetivos concretos, el primero de los cuales es efectuar un cambio de régimen. Pero persiguen otros proyectos secundarios como el de desarrollar mecanismos de injerencia en la política venezolana al intentar condicionar el desenvolvimiento de las instituciones nacionales con el fin de favorecer a un sector específico de la política interna: la oposición venezolana.

Los ejes políticos de las licencias hacia Venezuela, como el de "elecciones libres" y la condición de "habilitar" a figuras específicas impedidas de participar en elecciones —el caso de María Corina Machado— supondrían para las propias autoridades venezolanas una franca violación a la propia Constitución Nacional.

Además de estar inhabilitada, Machado no cuenta con las condiciones políticas previstas en leyes nacionales, como la Ley Orgánica de Procesos Electorales, pues esta establece que quienes aspiren a cargos públicos deben tener una actitud demostrada de respeto a la Constitución. Machado es una flagrante violadora del Artículo 130 de la Constitución venezolana por no "resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la Nación", mediante múltiples manifestaciones públicas, notorias y comunicacionales.

Y este es un aspecto importante sobre la Licencia 44A. Al basarse en la discrecionalidad política del gobierno estadounidense para favorecer a grupos políticos afines en Venezuela, emplean a esos sectores dirigentes opositores en el país en aras de legitimar y apoyar públicamente las presiones, y así construir una opinión pública de "respaldo" a tal especie de medidas coercitivas. En otras palabras, las prácticas e intenciones neocoloniales son posibles gracias al apoyo de acólitos locales de las potencias extranjeras.

Adicionalmente, el carácter selectivo por razones geopolíticas de las licencias estadounidenses instrumentadas en Venezuela es sumamente evidente. Se centran en promover el beneficio de Estados Unidos y sus seguidores del Occidente colectivo, mientras que mantienen al margen a países como China y Rusia, aliados petroleros de Venezuela, quienes soportan presiones por parte de Washington por relacionarse con PDVSA.

Estados Unidos busca el beneficio único de sus empresas y acólitos, pero pretende restringir el acceso de Venezuela al mercado internacional de crudo y gas en condiciones favorables.

Venezuela, entre licencias y evasión del bloqueo:

Por su parte Venezuela, de manera muy pragmática, ha aprovechado las condiciones de flexibilización al bloqueo que han significado las licencias, fundamentalmente, para retomar acuerdos con empresas que ya estaban en el país desde antes de las medidas coercitivas publicadas por la Administración Trump en agosto de 2017.

Esto explica que empresas como la estadounidense Chevron, la española Repsol, la italiana ENI y la francesa Maurel & Prom hayan relanzado vínculos con PDVSA para efectuar actividades en campos petroleros y gasíferos que habían abandonado en los últimos años.

Entretanto, el periodo de flexibilización de seis meses que culminó con el fin de la Licencia General N.º44 no significó un cambio en la relación de propiedad de los desarrollos conjuntos entre PDVSA y estas empresas. Tales asociaciones, bajo el régimen venezolano de Empresas Mixtas, se mantuvieron invariables con porcentajes a favor de la estatal.

Adicionalmente, ninguna otra empresa estadounidense logró en ese periodo un acuerdo con condiciones ventajosas o mayoritarias en los yacimientos petrolíferos y gasíferos venezolanos.

Venezuela ha aplicado una política de aprovechamiento máximo de las condiciones de flexibilidad de las licencias, pero sin degradar las condiciones predominantes de PDVSA para la explotación de los recursos.

Simultáneamente a las licencias, el país ha mantenido su esquema de relaciones comerciales energéticas a modo evasivo al bloqueo, suministrando hidrocarburos en el mercado alterno internacional, donde convergen otros grandes proveedores bajo sanciones, como es el caso de Rusia e Irán, a fin de reducir la dependencia y vulnerabilidad del país al marco impuesto por Estados Unidos mediante los susodichos instrumentos.