Las denuncias de conspiraciones detectadas y desarticuladas en los últimos meses por los cuerpos de inteligencia venezolanos han puesto de relieve la insistencia de algunos sectores de la oposición venezolana en atentar contra la paz y la soberanía del país.

Se trata de cinco planes que, al ser desmantelados, permitieron identificar al menos a 37 militares y civiles implicados. Una vez detenidos, estos individuos proporcionaron información que el Estado venezolano sistematizó y presentó ante la opinión pública. Destaca la participación de miembros de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y de inteligencia colombiana, quienes reclutaron a los conspiradores, aunque autoridades estadounidenses nieguen su vinculación.

El presidente Nicolás Maduro, quien en su memoria y cuenta de principios de enero informó al país sobre estas actividades criminales, ha señalado recientemente que esta situación está poniendo en peligro los Acuerdos de Barbados.

“Hoy los Acuerdos de Barbados están heridos de muerte, los declaro en terapia intensiva, los apuñalearon, los patearon", dijo el Presidente el 25 de enero en un evento de gobierno transmitido por televisión. Lo dicho tiene una relación específica con uno de los puntos del acuerdo, que explícitamente rechaza cualquier forma de violencia política contra Venezuela y sus instituciones.

Sus declaraciones no se limitan a condenar los grupos antichavistas que buscan reeditar la vía de la violencia, la cual en periodos como los de 2014 y 2017 dejó significativos saldos lesivos a la nación, tanto en víctimas mortales como en heridos, destrucción de infraestructuras y alteraciones del orden público. El jefe de Estado ha puesto su confianza en la posibilidad de salvar el esfuerzo político-diplomático puesto en el diálogo.

El gobierno venezolano está actuando en consecuencia a estas intenciones manifiestas. El mismo día, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, declaró en una rueda de prensa que entregará al jefe de la representación de la Plataforma Unitaria ante el diálogo, Gerardo Blyde, las pruebas de los planes conspirativos, y acotó que va a "esperar cuál será la posición de las ocho personas de la Plataforma Unitaria que firmaron ese papel (en Barbados)".

Del mismo modo, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, dirigió una reunión con los jefes de misión de países de la Unión Europea (UE) en Caracas, donde fue suministrada información oficial sobre la situación política, económica, social y preelectoral de Venezuela, dentro del marco del diálogo político.

Los embajadores europeos expresaron su apoyo a los acuerdos de Barbados y mostraron su disposición para intercambiar con las autoridades la posibilidad de conformar una misión de observación electoral europea, cuestión que está sujeta al levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales.

La reactivación de la agenda insurreccional y desestabilizadora ocurre en un contexto cuando la economía nacional sigue consolidando un crecimiento que ha favorecido la cotidianidad de la población, la cual aun resiente los efectos de las posturas políticas que promovieron la violencia y llamaron a sanciones.

El gobierno venezolano ha dejado claro que la única vía que está dispuesto a seguir es la de los "acuerdos de consenso nacional de verdad, cara a cara, sin cartas ocultas, sin planes siniestros para asesinarme o a nosotros, o para llenar el país de violencia", según lo ha expresado el presidente Maduro.

El Estado venezolano tiene el deber y la obligación de garantizar la estabilidad de sus instituciones, por lo que la neutralización de las agendas que atentan contra él no puede convertirse en excusas para que sectores opositores soliciten a la comunidad internacional su intervención en asuntos exclusivos de los venezolanos. Un clima de violencia juega contra la recuperación económica del país, y debe ser condenado desde todos los sectores que hacen vida en Venezuela.