En sus más de 100 años de industria petrolera, Venezuela ha tenido varios y difíciles conflictos con la transnacional estadounidense ExxonMobil y hay un acumulado muy extenso de cómo esta compañía ha participado en eventos que han significado inestabilidad política en nuestro país.
Aunque esta empresa fue fundada bajo ese nombre en 1999, el registro es mucho más extenso, dado que esta corporación se fundó sobre las bases de otra gran empresa del pasado: la Standard Oil Company.
El ciclo Creole Corporation-Standard Oil
Venezuela inauguraba su entrada al siglo XX con una revolución política, la "Revolución Liberal Restauradora" representada por Cipriano Castro, un líder de corte nacionalista. El gobierno de Castro fue signado por su ruptura con los centros tradicionales de poder internacional, cuando enfrentó un embargo y bloqueo marítimo en las costas venezolanas implementado por las potencias de le época, Gran Bretaña y Alemania, y en menor medida Italia, concretamente en el año 1902.
Ya para entonces Venezuela había dado concesiones a empresas petroleras, como la Compañía Nacional Minera Petrolia del Táchira y la New York and Bermúdez Company con capital estadounidense, que desarrollaban la explotación de hidrocarburos y creaban las bases para la incursión del país en esta industria.
En 1905 Cipriano Castro promulgó una Ley de Minas que se constituyó en la base legal de las concesiones petroleras. Esta código permitía el traspaso de concesiones y otorgaba derechos a la explotación del petróleo por lapsos de 50 años, con beneficios impositivos para el Estado venezolano, los cuales se consideraban cuantiosos para entonces.
Pero luego vino el golpe de Estado de Juan Vicente Gómez, el cual, según diversos análisis en la historiografía venezolana, tuvo intereses petroleros detrás.
De acuerdo con Argenis Agüero, antropólogo e historiador, la llegada de Gómez implicó "el reparto de concesiones petroleras, considerándose esa actitud como un verdadero regalo a las personas cercanas a él, quienes después procederían a vender sus acciones al capital extranjero" mediante acciones de lobby que serían aplicadas por las transnacionales.
Aquel proceso implicó la desaparición de La Petrolia, primera empresa venezolana, y las compañías que resultaron más beneficiadas con los regímenes concesionarios y adquisición de otras asociaciones fueron la angloholandesa Royal Dutch Shell y la norteamericana Standard Oil of New Jersey, propiedad del magnate John D. Rockefeller. Standard Oil se situaría en Venezuela bajo el nombre de Creole Petroleum Corporation.
El nombre de la Standard Oil volvería a aparecer en la cuestión política venezolana durante la presidencia de Isaías Medina Angarita. Medina había promulgado una reforma petrolera mediante una Ley de Hidrocarburos en 1943 que implicaba la participación del Estado venezolano al 50% de dichos beneficios en los desarrollos petroleros. El recordado "fifty-fifty" o "50 y 50".
Medina estableció además la obligación para los concesionarios de pagar no solo los impuestos consagrados en dicha ley sino todos los impuestos generales que se establecieren. La obligación fijaba las regalías en 16,5%, por lo que las compañías petroleras quedaron además sujetas desde ese momento al pago del impuesto sobre la renta de 30%. Esa fue entonces la ley que otorgaba más beneficios al Estado venezolano en razón de su actividad petrolera.
Por tal código y en razón del cambio en la correlación de beneficios a las petroleras, los vínculos entre Medina y el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt se habían vuelto tensos, pero entonces Estados Unidos hizo esfuerzos para mejorar su articulación con los países petroleros debido a su competencia con Reino Unido por los yacimientos energéticos de Venezuela y de países de Asia Occidental.
El Departamento de Estado, por su lado, nombró a Max Thornburg como asesor de la negociación entre las petroleras estadounidenses y el gobierno venezolano, ya que la tensión había escalado al punto de que Medina había declarado "persona no grata" al presidente de la Creole Petroleum, filial de la Standard Oil.
Medina fue derrocado en 1945 en un golpe fraguado por civiles y militares, una asociación liderada por Rómulo Betancourt y el entonces joven oficial Marcos Pérez Jiménez. La estadounidense Creole Petroleum era entonces la mayor concesionaria en Venezuela y los intereses de Estados Unidos resultaron garantizados luego del golpe.
El ciclo ExxonMobil
En 1999, no solo ExxonMobil Corporation recibía un nuevo nombre. También Venezuela fue renombrada "República Bolivariana", e inauguraba con ello una nueva época de cambios a partir de la refundación de su Estado y cambios en la institucionalidad del país.
El entonces presidente Hugo Chávez también desarrolló una política de transformaciones en términos de los aspectos esenciales de la economía, por lo cual promulgó en el año 2001 un conjunto de leyes entre las cuales estaba una nueva reforma a la Ley de Hidrocarburos, la que rige la materia petrolera venezolana.
La revelación de que ExxonMobil pagó los honorarios de los abogados de Guyana en la Corte Internacional de Justicia plantea serias dudas sobre la imparcialidad en la controversia del territorio Esequibo. https://t.co/yP8VJMel3e
— MV (@Mision_Verdad) November 27, 2023
Mediante una acción conjugada por los altos gremios empresariales de Venezuela, con apoyo del gobierno estadounidense y con el soporte de las transnacionales petroleras en Venezuela, Hugo Chávez fue derrocado el 11 de abril de 2002 y depuesto de su cargo por casi 48 horas.
En aquel entonces, la reforma de la Ley de Hidrocarburos, pero además el nombramiento de la nueva directiva de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) liderada por Gastón Parra Luzardo, sería la supuesta justificación para una paralización de la nómina gerencial de la estatal venezolana en el marco de las acciones de protesta previas al golpe de abril.
Nuevamente, los tentáculos de las transnacionales extranjeras en Venezuela, con ExxonMobil incluida, tendrían una nueva acción abierta vía operación de cambio de régimen, apenas meses luego del golpe de abril.
A finales del año 2002 Guaicaipuro Lameda, presidente saliente de PDVSA, organizó junto a Juan Fernández, representante del grupo llamado "Gente de Petróleo", un paro patronal y sabotaje petrolero a gran escala, mediante una nueva acción coordinada con la principal patronal privada Fedecámaras y otros gremios del sector privado.
La paralización de la industria petrolera puso en jaque al país, pero no logró el objetivo de deponer al presidente Chávez, quien durante años acusó al gobierno estadounidense y a las transnacionales de haber orquestado esos intentos de golpe, en razón de sus reformas en materia concesionaria.
Durante la difícil relación con las empresas estadounidenses, Chávez intentó crear distensiones mientras avanzaba en su plan de reformas petroleras. En el año 2007 el mandatario inició una nueva etapa de nacionalización de la industria y sus grandes yacimientos bajo regímenes concesionarios con participación mayoritaria de empresas extranjeras, entre las cuales se encontraba ExxonMobil, la cual todavía permanecía en el país.
Chávez creó la modalidad de empresas mixtas, un método concesionario y de consorcio mediante el que el Estado venezolano se haría con la mayoría accionaria en sus desarrollos petrolíferos, y las empresas extranjeras se mantendrían como asociados minoritarios.
En este proceso, todas las empresas extranjeras radicadas en Venezuela fueron invitadas a participar. Pero las estadounidenses ExxonMobil y ConocoPhillips se rehusaron a la modalidad, por lo cual sus inversiones fueron expropiadas y pagadas a las empresas dentro de los términos de la legislación venezolana y sus mecanismos de arreglos.
ExxonMobil inició desde el año 2008 un proceso legal en suelo estadounidense y ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) que sigue teniendo repercusiones hasta el presente. La empresa ha demandado al Estado venezolano por cifras mil millonarias, como supuesto pago por daños y perjuicios por las nacionalizaciones que el Estado realizó durante el proceso de formación de empresas mixtas.
El empleo de Guyana como plataforma del despojo y el asedio
La cuestión de la reclamación histórica y legal de Venezuela sobre el territorio Esequibo ha tenido un repunte particular y vertiginoso desde el año 2015, año cuando ExxonMobil comenzó a consolidar sus bases en Guyana.
La transnacional estadounidense se ha insertado en todo el sistema político y estatal de Guyana para impulsar un conjunto de reformas institucionales y legales, que pretenden habilitar al país para construir, casi desde cero, un régimen concesionario petrolero.
La gravedad de este caso está en que los desarrollos petrolíferos guyaneses se están posicionando sobre aguas por delimitar y que son parte de la fachada marítima del territorio Esequibo, en reclamación por Venezuela en el marco del Acuerdo de Ginebra suscrito entre Venezuela, Reino Unido y la entonces colonia británica guyanesa en 1966.
La gran falla de origen del Estado guyanés está en que se trata de una república formada por límites territoriales difusos. Una creación más del colonialismo inglés, tal como ha ocurrido en otras latitudes mundialmente famosas, como el Estado de Israel, constituido sobre la ocupación de territorio palestino por vía de "herencia" de un espacio usurpado mediante el mandato británico de Palestina.
Guyana ha sido un enclave colonial que ocupa territorio reclamado por Venezuela y Surinam. Pero el diferendo territorial cuenta ahora con nuevos elementos peligrosos, ahora que Guyana ha implementado un proceso de transnacionalización del Esequibo.
Desde entonces, la "diplomacia Exxon" es un peligroso denominador de las relaciones internacionales de Guyana. Esta empresa hizo lobby al más alto nivel del sistema de la Organización de Naciones Unidas (ONU), instando a su Secretario General, Ban Ki-moon, a que autorizara a Guyana a llevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sin el consentimiento de Venezuela como una de las partes.
Pero además hay admisiones públicas del gobierno de ese país de que ExxonMobil paga los servicios legales a su beneficio ante la CIJ, en una clara interferencia de la petrolera estadounidenses en los asuntos de dos Estados en situación de controversia territorial.
Uno de los elementos de mayor gravedad en este caso es que Guyana ha delineado bajo concesión un bloque para operaciones petroleras costa afuera (offshore) llamado Stabroek, de unos 60 mil km2 que se extienden desde la fachada marítima legal de Guyana hasta una línea arbitraria trazada unilateralmente por Guyana que alcanza la fachada marítima del estado venezolano de Delta Amacuro.
Técnicamente, al trasnacionalizar ese espacio marítimo y considerando la delineación del espacio marítimo legal de Trinidad y Tobago, Venezuela pierde su salida al océano Atlántico.
La organización londinense Global Witness reportó en 2020 que Guyana estaba aplicando acuerdos sumamente desventajosos, dejando de percibir 55 mil millones de dólares en las arcas públicas, y mostraba que el contrato de producción de petróleo de ExxonMobil con Guyana está muy inclinado a favor de la transnacional.
El informe de esa organización también alegó que ExxonMobil usó tácticas agresivas y amenazas para presionar a funcionarios guyaneses sin experiencia, con vistas a que firmaran el acuerdo. Meses después ExxonMobil, con apoyo del gobierno de Guyana, cuestionó la acusación de Global Witness y, más tarde, en 2021 la organización eliminó el documento de su portal web, lo que hace presumir la posibilidad de que la compañía estadounidense ya ha corrompido las estructuras del gobierno guyanés.
Vía Guyana, ExxonMobil estaría no solo usurpando recursos en áreas por delimitar, además estaría comprometiendo la integridad territorial venezolana tal cual como existe en el presente, lo cual implica riesgos muy graves.
Pero reviste especial seriedad la gran posibilidad de que la corrupción promovida por ExxonMobil en las estructuras del poder en Guyana alejen al país vecino de los escenarios de distensión política que puedan transcurrir mediante el mecanismo del Acuerdo de Ginebra de 1966, único instrumento suscrito por ambas partes que obliga a un arreglo de la controversia.
Con abogados pagados por ExxonMobil, el gobierno guyanés ha solicitado a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que valide el fraudulento Laudo Arbitral de 1899 e inste a Venezuela a detener su referéndum consultivo pautado para el próximo 3 de diciembre, un golpe por elevación al libre desarrollo de la política venezolana y su estabilidad.