El gobierno de Perú, administrado por Dina Boluarte, aprobó la entrada de personal militar de Estados Unidos con el presunto propósito de llevar a cabo actividades de cooperación y entrenamiento con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del país andino, desde el 1 de junio hasta el 31 de diciembre de este año. Se trata de un ingreso de tropas con armas militares.

De acuerdo con la Resolución Legislativa Nº 31758, se realizarán actividades de operaciones especiales en colaboración con el Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjunta (Cioec), así como con otras unidades militares y policiales como las Fuerzas Especiales Conjuntas (FEC), las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE) de la Marina de Guerra, el Grupo de Fuerzas Especiales (Grufe) de la Fuerza Aérea del Perú, la Dirección Antidrogas (Dirandro) y la Dirección de Fuerzas Especiales (Diroes) de la Policía Nacional del Perú.

Los entrenamientos se llevarán a cabo en 15 regiones peruanas, incluidas Lima y Callao, donde se encuentran los puertos más importantes de ese país. En el departamento de Lima se está construyendo el puerto más grande del país con mayoría de capital chino involucrado (Chancay), visto por el Pentágono con preocupación y como una amenaza a los intereses estadounidenses en la región.

También, mediante la Resolución Legislativa Nº 31757, la administración Boularte autorizó la entrada de medios aéreos y náuticos y personal militar estadounidense para llevar a cabo actividades de cooperación y entrenamiento con las Fuerzas Armadas en relación con el Ejercicio Militar Internacional Resolute Sentinel 2023.

El ingreso del personal militar extranjero se llevará a cabo en diferentes fechas, pero según lo establecido no se extenderá más allá del 29 de agosto de 2023, supuesta fecha límite para su retiro del territorio peruano.

Esta movida confirma la ocupación estadounidense en el país andino, aun cuando el gobierno niegue el establecimiento permanente de personal militar foráneo. Entre finales del año pasado y los primeros meses de 2023 gran parte de la sociedad peruana se movilizó contra el gobierno de Boluarte tras el golpe contra Pedro Castillo. Las autoridades respondieron con una intensa represión que llegó a cuadros de violencia extrema.

Esto ocurre después de que la Corte Suprema declarara que la protesta no es un derecho protegido bajo la Constitución de 1993 de la era Fujimori.

De hecho, la presidenta peruana hizo una petición en enero reciente de ingreso de personal militar europeo en el marco de las protestas sociales en rechazo del régimen actual, cuando se calcularon movilizaciones en aproximadamente 25% del territorio de Perú, situación que ha escalado a más de 50 muertes de civiles y cientos de heridos debido al alto grado de represión policial y militar.